Desamortizaciones
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Tema: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS DESAMORTIZACIONES
La desamortización supone un cambio jurídico de la propiedad que de amortizada y vinculada pasa a libre y circulante.
Las desamortizaciones fueron defendidas por los ilustrados para suprimir los bienes vinculados o “bienes de manos muertas” y reactivar la economía. Las principales desamortizaciones fueron desarrolladas por los liberales progresistas.
Las desamortizaciones se realizan en dos fases:
1) incautación por parte del Estado de los bienes de “manos muertas” que se convierten en bienes nacionales.
2) Subasta.
Antecedentes
Las primeras medidas agrarias se inician en la época de Carlos III y continúan con Godoy en el reinado de Carlos IV. Frente al planteamiento de los ilustrados (desamortizar para reformar, aunque levemente la economía agraria), surge el de Godoy: desamortizar para sanear la hacienda pública.
Decretos desamortizadores se plantearon en las Cortes de Cádiz y se desarrollaron en el Trienio Liberal, pero la primera gran desamortización no fue hasta la llegada al poder de Mendizabal.
La Desamortización de Mendizabal
- La llegada al poder del progresismo (Ver libro pág. 154).
- Las reformas progresistas (libro pág. 154-156).
La primera preocupación de Mendizábal, desde que llegara al gobierno en 1835, era el problema financiero. Las arcas del Estado estaban vacías, la deuda pública había alcanzado proporciones gigantescas y el gobierno tenía que hacer frente a una costosa guerra civil que había desorganizado totalmente la administración, por lo que procedió a una liquidación de la deuda mediante la venta a gran escala de los bienes nacionales.
Con anterioridad a su llegada al poder ya se habían promulgado dos decretos en los que se suprimían la Inquisición y la Compañía de Jesús, que habían sido restablecidas, destinándose sus bienes a la extinción de la deuda publica. Ese mismo año, 1835, mediante otro decreto, también se suprimían los conventos y monasterios religiosos que no tuvieran un mínimo de doce individuos profesos, aplicándose sus bienes al mismo fin.
La primera ley desamortizadora: en 1836 se aprobó la venta de bienes raíces (tierras y edificios) que hubieran pertenecido a corporaciones y comunidades religiosas (clero regular) , menos los bienes destinados a servicios públicos o monumentos nacionales. Supuso la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
La segunda ley desamortizadora: las esperanzas de Mendizábal de sanear la Hacienda Pública no se cumplieron, por lo que en 1837 promulgó una segunda ley desamortizadora, concebida más bien como una reforma tributaria. En ella se suprimían los diezmos y se declaraban bienes nacionales sujetos a enajenación casi todos los del clero secular (clero que no pertenecía a órdenes religiosas ni conventos). Pero la aplicación práctica de esta ley fue casi nula, pues la enajenación no debía comenzar hasta 1840 y en este año fue derogado el artículo referente a dicha enajenación.
La oposición a Mendizábal
Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. En un artículo publicado en El Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda.
Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Flórez Estrada volvió a enlazar con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria.
Su propuesta era arrendar en “enfiteusis” por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo.
Esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo advertía que con las ventas todas las clases de la sociedad saldrían perjudicadas y solo ganarían los especuladores.
Resultados de la desamortización de Mendizábal
Al no ser concebida la desamortización como una reforma agraria, las regiones de pequeña y mediana propiedad subsistieron con esta misma estructura, pero en las regiones donde las condiciones geográficas e históricas favorecían el cultivo y la propiedad a gran escala, la propiedad se fue concentrando aun más; este era el caso de la España meridional.
Los grandes propietarios y los miembros de la burguesía, poseedores de títulos de la deuda pública, con los que se podían comprar también los bienes subastados- eran los que tenían más posibilidades de hacerse con las fincas vendidas.
No obstante, la desamortización contribuyó a un incremento de la productividad rural, por el incremento de las superficies cultivadas, a hacer frente a los crecientes gastos de guerra y a asegurar unos ingresos regulares en los años siguientes.
La desamortización de Madoz (Ver: bienio progresista 1854-1856)
La enajenación de las tierras de propios de los pueblos era algo que se estaba gestando desde la época moderada. No es extraño que los progresistas al llegar al poder con la revolución de 1854, decidieran emprenderla. Las circunstancias eran distintas a las de 1836, pues no había guerra civil y los presupuestos se iban cubriendo.
La ley de 1855 de Pascual Madoz iba dirigida a la desamortización general de los bienes del clero, del Estado, de los municipios y de otras “manos muertas” de menor entidad. Hubo resistencia a esta ley. La reina no quiso firmarla por el perjuicio que ocasionaba a la Iglesia. La ley, al infringir lo establecido en el concordato de 1851, hizo que las relaciones diplomáticas entre España y el Vaticano se enturbiasen. El importe de las ventas se destinaría a nivelar el presupuesto del Estado, a amortizar la deuda interior y a financiar obras públicas. Pero el dinero recaudado sirvió, en gran medida, para subvencionar a las compañías ferroviarias.
El gobierno presidido por Narváez suspendió la ejecución de la ley de Madoz en 1856, pero vuelto O'Donnell al gobierno en 1858 la volvió a restablecer, aunque excluyendo los bienes de la Iglesia. En la ley de 1860 el gobierno español prometía a la Santa Sede no hacer en adelante por decisión unilateral ninguna venta de bienes eclesiásticos y declaraba derogada la ley de Madoz en cuanto se opusiera al texto del convenio.
Análisis y Valoración
La importancia de las medidas desamortizadoras es una cuestión discutida, no solo por el dinero que aportó al Estado, o por la superficie desamortizada, sino porque fue una medida que afectó a otros aspectos de la vida social y económica del país.
La desamortización fue una gran oportunidad perdida para repartir la tierra a los campesinos y transformar las bases mismas de la agricultura española. Aunque se pasaron la propiedad de las tierras de una manos a otras porque el campesinado no podía comprarlas. En Cataluña, en cambio, algunos campesinos sí pudieron comprarlas.
La necesidad de obtener dinero planteó la desamortización de forma beneficiosa para quienes tenían medios para comprar, lo que significaba decretar el despojo de los campesinos, puesto que se enajenaba gran parte de sus tierras comunales.
Para el historiador Vicens Vives “pudo ser una verdadera reforma agraria” pero fue una medida que benefició a las clases económicamente fuertes . Para Raymon Carr la venta de los bienes comunales “fue un desastre social”. En cambio Josep Fontana, frente a quienes ven la desamortización como una gran oportunidad perdida para repartir las tierras a los campesinos, considera que la desamortización para “los liberales españoles del siglo XIX era fundamentalmente una medida de Hacienda”. A la pregunta ¿Para qué sirvió la desamortización? responde la de Mendizabal para ganar la guerra civil y salir de la bancarrota y la de Madoz para financiar la red de ferrocarriles.
A modo de conclusión final se pueden establecer las siguientes consecuencias de las desamortizaciones:
- Se acentúa el latifundismo.
- Surge una burguesía terrateniente.
- No mejora la situación del campesinado que incluso empeora.
- Aumenta la producción por el incremento de las tierras cultivadas, no por mejoras técnicas.
La desamortización supone un cambio jurídico de la propiedad que de amortizada y vinculada pasa a libre y circulante.
Las desamortizaciones fueron defendidas por los ilustrados para suprimir los bienes vinculados o “bienes de manos muertas” y reactivar la economía. Las principales desamortizaciones fueron desarrolladas por los liberales progresistas.
Las desamortizaciones se realizan en dos fases:
1) incautación por parte del Estado de los bienes de “manos muertas” que se convierten en bienes nacionales.
2) Subasta.
Antecedentes
Las primeras medidas agrarias se inician en la época de Carlos III y continúan con Godoy en el reinado de Carlos IV. Frente al planteamiento de los ilustrados (desamortizar para reformar, aunque levemente la economía agraria), surge el de Godoy: desamortizar para sanear la hacienda pública.
Decretos desamortizadores se plantearon en las Cortes de Cádiz y se desarrollaron en el Trienio Liberal, pero la primera gran desamortización no fue hasta la llegada al poder de Mendizabal.
La Desamortización de Mendizabal
- La llegada al poder del progresismo (Ver libro pág. 154).
- Las reformas progresistas (libro pág. 154-156).
La primera preocupación de Mendizábal, desde que llegara al gobierno en 1835, era el problema financiero. Las arcas del Estado estaban vacías, la deuda pública había alcanzado proporciones gigantescas y el gobierno tenía que hacer frente a una costosa guerra civil que había desorganizado totalmente la administración, por lo que procedió a una liquidación de la deuda mediante la venta a gran escala de los bienes nacionales.
Con anterioridad a su llegada al poder ya se habían promulgado dos decretos en los que se suprimían la Inquisición y la Compañía de Jesús, que habían sido restablecidas, destinándose sus bienes a la extinción de la deuda publica. Ese mismo año, 1835, mediante otro decreto, también se suprimían los conventos y monasterios religiosos que no tuvieran un mínimo de doce individuos profesos, aplicándose sus bienes al mismo fin.
La primera ley desamortizadora: en 1836 se aprobó la venta de bienes raíces (tierras y edificios) que hubieran pertenecido a corporaciones y comunidades religiosas (clero regular) , menos los bienes destinados a servicios públicos o monumentos nacionales. Supuso la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
La segunda ley desamortizadora: las esperanzas de Mendizábal de sanear la Hacienda Pública no se cumplieron, por lo que en 1837 promulgó una segunda ley desamortizadora, concebida más bien como una reforma tributaria. En ella se suprimían los diezmos y se declaraban bienes nacionales sujetos a enajenación casi todos los del clero secular (clero que no pertenecía a órdenes religiosas ni conventos). Pero la aplicación práctica de esta ley fue casi nula, pues la enajenación no debía comenzar hasta 1840 y en este año fue derogado el artículo referente a dicha enajenación.
La oposición a Mendizábal
Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. En un artículo publicado en El Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda.
Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Flórez Estrada volvió a enlazar con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria.
Su propuesta era arrendar en “enfiteusis” por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo.
Esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo advertía que con las ventas todas las clases de la sociedad saldrían perjudicadas y solo ganarían los especuladores.
Resultados de la desamortización de Mendizábal
Al no ser concebida la desamortización como una reforma agraria, las regiones de pequeña y mediana propiedad subsistieron con esta misma estructura, pero en las regiones donde las condiciones geográficas e históricas favorecían el cultivo y la propiedad a gran escala, la propiedad se fue concentrando aun más; este era el caso de la España meridional.
Los grandes propietarios y los miembros de la burguesía, poseedores de títulos de la deuda pública, con los que se podían comprar también los bienes subastados- eran los que tenían más posibilidades de hacerse con las fincas vendidas.
No obstante, la desamortización contribuyó a un incremento de la productividad rural, por el incremento de las superficies cultivadas, a hacer frente a los crecientes gastos de guerra y a asegurar unos ingresos regulares en los años siguientes.
La desamortización de Madoz (Ver: bienio progresista 1854-1856)
La enajenación de las tierras de propios de los pueblos era algo que se estaba gestando desde la época moderada. No es extraño que los progresistas al llegar al poder con la revolución de 1854, decidieran emprenderla. Las circunstancias eran distintas a las de 1836, pues no había guerra civil y los presupuestos se iban cubriendo.
La ley de 1855 de Pascual Madoz iba dirigida a la desamortización general de los bienes del clero, del Estado, de los municipios y de otras “manos muertas” de menor entidad. Hubo resistencia a esta ley. La reina no quiso firmarla por el perjuicio que ocasionaba a la Iglesia. La ley, al infringir lo establecido en el concordato de 1851, hizo que las relaciones diplomáticas entre España y el Vaticano se enturbiasen. El importe de las ventas se destinaría a nivelar el presupuesto del Estado, a amortizar la deuda interior y a financiar obras públicas. Pero el dinero recaudado sirvió, en gran medida, para subvencionar a las compañías ferroviarias.
El gobierno presidido por Narváez suspendió la ejecución de la ley de Madoz en 1856, pero vuelto O'Donnell al gobierno en 1858 la volvió a restablecer, aunque excluyendo los bienes de la Iglesia. En la ley de 1860 el gobierno español prometía a la Santa Sede no hacer en adelante por decisión unilateral ninguna venta de bienes eclesiásticos y declaraba derogada la ley de Madoz en cuanto se opusiera al texto del convenio.
Análisis y Valoración
La importancia de las medidas desamortizadoras es una cuestión discutida, no solo por el dinero que aportó al Estado, o por la superficie desamortizada, sino porque fue una medida que afectó a otros aspectos de la vida social y económica del país.
La desamortización fue una gran oportunidad perdida para repartir la tierra a los campesinos y transformar las bases mismas de la agricultura española. Aunque se pasaron la propiedad de las tierras de una manos a otras porque el campesinado no podía comprarlas. En Cataluña, en cambio, algunos campesinos sí pudieron comprarlas.
La necesidad de obtener dinero planteó la desamortización de forma beneficiosa para quienes tenían medios para comprar, lo que significaba decretar el despojo de los campesinos, puesto que se enajenaba gran parte de sus tierras comunales.
Para el historiador Vicens Vives “pudo ser una verdadera reforma agraria” pero fue una medida que benefició a las clases económicamente fuertes . Para Raymon Carr la venta de los bienes comunales “fue un desastre social”. En cambio Josep Fontana, frente a quienes ven la desamortización como una gran oportunidad perdida para repartir las tierras a los campesinos, considera que la desamortización para “los liberales españoles del siglo XIX era fundamentalmente una medida de Hacienda”. A la pregunta ¿Para qué sirvió la desamortización? responde la de Mendizabal para ganar la guerra civil y salir de la bancarrota y la de Madoz para financiar la red de ferrocarriles.
A modo de conclusión final se pueden establecer las siguientes consecuencias de las desamortizaciones:
- Se acentúa el latifundismo.
- Surge una burguesía terrateniente.
- No mejora la situación del campesinado que incluso empeora.
- Aumenta la producción por el incremento de las tierras cultivadas, no por mejoras técnicas.