El Bienio Progresista: 1854-1856
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Ante el desacuerdo entre los diferentes partidos y potencias extranjeras, se optó por la candidatura de don Francisco de Asís, primo de Isabel y afeminado: la mejor opción políticamente porque este personaje no molestaba a nadie, pero la peor para Isabel, que se negó a convivir con él.
Sin embargo, a partir de las bodas reales, los moderados perdieron el favor de la Casa Real, que comenzó a maniobrar con los progresistas para obtener la salida del poder de los que habían preparado un matrimonio desgraciado y que se preveía sin posible descendencia, lo que conllevaba un cambio de dinastía.
El Bienio Progresista: 1854-1856.
En 1854 el régimen moderado ha perdido casi todos los apoyos con los que contó en algún momento: la monarquía maniobra con los progresistas tras el asunto de las bodas reales, la oligarquía moderada está dividida ante el clima de corrupción generalizado (sobre todo en el tema de las concesiones de ferrocarriles), la crisis económica provoca paro obrero y, consecuentemente, descontento.
Ante la situación, varios generales moderados, pero opuestos al régimen, se pronuncian en Vicálvaro y publican el Manifiesto de Manzanares, en el que se recogían algunas aspiraciones progresistas: reforma de la ley electoral y una mayor apertura en el derecho de imprenta.
La Vicalvarada, apoyada por levantamientos progresistas en las principales ciudades del reino, propicia que la Reina entregue el poder a Espartero, quien lo compartirá con O'Donnell. Se inicia así el Bienio Progresista.
Siguiendo la pauta marcada por los moderados en 1844, los progresistas convocan elecciones para unas Cortes constituyentes, que inician la preparación de la Constitución 'nonnata' de 1856, ya que nunca fue promulgada.
Además de la labor de las Cortes constituyentes, el gobierno progresista durante el Bienio está marcado por la inestabilidad que provoca el auge del movimiento obrero, que se manifiesta en forma de huelgas, las exigencias de mantenimiento del orden público por parte de la burguesía y la nueva desamortización, esta vez sobre bienes religiosos y civiles, concretamente municipales, llevada a cabo.