Documentos que ha de acompañar la oposición demanda cambiario

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El gobierno dispone del privilegio de plantear de un modo directo el conflicto ante el TC, o bien con carácter previo requerir a la comunidad autónoma autora de la actuación considerada incompetente. Sin embargo, las C. Autónomas se encuentran en todo caso obligadas a realizar el requerimiento al estado o a la C. Autónoma que dictó la disposición, la resolución o el acto origen del conflicto.

1. El requerimiento se convierte así, en unos casos, en un trámite facultativo y, en otros supuestos, en un paso obligado, que se materializa a través de un escrito dirigido directamente a la otra parte. El requerimiento cumple una serie de funciones, permite que el órgano requerido acepte la reivindicación de su autor, y proceda unilateralmente a la derogación de la disposición o acto, o al cese del ejercicio incompetente de facultades, o bien la rechace.

El requerimiento fija el objetivo de la controversia constitucional que se va a realizar ante el TC. El demandante no podrá proponer al Tribunal una controversia distinta a la dibujada en el escrito de requerimiento; cualquier intento por ampliar o modificar la controversia será rechazada por el TC.

Por último para las C. Autónomas el incumplimiento del trámite de requerimiento conlleva la inadmisión de su petición de apertura de un conflicto positivo de competencias.

2. Con la presentación de la demanda se inicia el conflicto de competencia en sede constitucional. El escrito de demanda debe recoger los fundamentos jurídicos en los que se fundamenta el conflicto y se debe acompañar de un certificado en el que asegure el cumplimiento del trámite del requerimiento.

3. El tribunal puede inadmitir por carencia de requisitos formales insubsanables, falta de requerimiento, falta de legitimación…etc.

4. Una vez admitido, el tribunal informa al gobierno o al consejo de gobierno, según la actuación origen de la disputa, el planteamiento e iniciación del conflicto, fijando un plazo para la aportación de documentos y la realización de alegaciones.

5. El tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión, estableciendo un plazo para ello. Después el tribunal dictara sentencia.

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