Tema 9

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TEMA 9: PROTECCIÓN DEL DERECHO DE CRÉDITO.
1. El principio de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones legales y convencionales.
Este principio de responsabilidad lo proclama el artículo 1911 con carácter de patrimonial y universal: de cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.
Son dos los elementos que componen este principio:

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Patrimonialidad: la responsabilidad del deudor es patrimonial, no personal. Alcanza al conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales cuya titularidad corresponde al deudor; por tanto, no se incluyen los derechos que no tienen valor patrimonial.
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Universalidad: la responsabilidad del deudor es universal: todos sus bienes presentes y futuros. No comprende los bienes pasados.


3. Medios especiales de garantía:
- La cláusula penal: concepto, funciones y efectos.
Obligación con clausula penal es aquella cuyo incumplimiento se sanciona con una pena convencional. Clausula penal es aquella en la que la pena convencional se establece. Pena convencional es la sanción que se pacta que ha de sufrir el deudor, en el caso de incumplimiento de la obligación.
La finalidad pues de la clausula penal es asegurar el cumplimiento de la obligación. La pena consiste normalmente en la obligación de pago de una suma de dinero, pero nada impide que consista en cualquier otra obligación.
Caracteres de la clausula penal en relación con la obligación en la cual se establece.
- Es accesoria
- Es generalmente pecuniaria
- Se refiere no solo al incumplimiento, sino también al cumplimiento defectuoso.
- Sustituye, salvo pacto en contrario, a la indemnización de daños y perjuicios.
Funciones y efectos.
- Función coercitiva: es la función principal de toda clausula penal. Se coerce al deudor, en la obligación con clausula penal, a cumplir ésta, ya que de no hacerlo, despliega su eficacia la obligación accesoria en que cosiste la pena convencional impuesta en la clausula penal.
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Función liquidadora: si no se ha pactado expresamente lo contrario, la pena convencional tiene la función liquidadora de los daños y perjuicios que pueda producir el incumplimiento de la obligación principal, sin que haya que probarlos (art. 1152). Se le llama también pena sustitutiva porque sustituye a la posible indemnización de daños y perjuicios.
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Función cumulativa: tiene excepcionalmente esta función cuando, en caso de incumplimiento, el acreedor puede exigir no solo el cumplimiento de la obligación principal o la indemnización de daños y perjuicios, sino también el cumplimiento de la pena. Es un supuesto excepcional que solo cabe si se ha previsto expresamente.
Por último, el artículo 1154 establece que el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.
No cabe tal modificación si la obligación principal se incumplió totalmente.

- El derecho de retención: concepto y régimen legal.

El derecho de retención es la facultad del acreedor de mantener la posesión de una cosa que debe entregar al deudor, hasta que éste cumpla su obligación relacionada con aquella cosa.
Es pues, un medio de protección del derecho de crédito. No tiene la naturaleza de derecho real sino que es una simple facultad que deriva del derecho de crédito.

El acreedor puede únicamente retener la cosa pero carece de la facultad de persecución y de preferencia: posee la cosa, pero no puede hacerla suya ni enajenarla haciéndose pago con el dinero obtenido.

El derecho de retención no se contempla con carácter general, sino tan sólo en casos concretos:
Casos previstos:
- Artículo 453: sobre la cosa, objeto de posesión, por el poseedor de buena fe respecto a los gastos necesarios y útiles que debe satisfacer el nuevo poseedor.
- Artículos 502 y 522 del usufructuario, sobre la cosa usufructuada por el reembolso de reparaciones extraordinarias e indispensables.

Y en otros tres supuestos, el código recoge el derecho de retención, empleando equivocadamente la expresión en prenda:

- El del contratista que ejecuta una obra en cosa mueble, tiene derecho de retención sobre la misma, hasta que se le pague (art. 1600).
- El del mandatario, sobre las cosas objeto del mandato hasta que el mandante le pague los reembolsos de las cantidades que aquél hubiera anticipado y las indemnizaciones por daños y perjuicios que hubiera sufrido en el cumplimiento del mandato ( art. 1730)
- El del depositario, sobre la cosa depositada, hasta que el depositante le pague los gastos y le indemnice los perjuicios (art. 1780).

Al ser el derecho de retención una figura excepcional,
no cabe aplicarla por analogía; lo cual no obsta que los sujetos de una obligación pacten el derecho de retención en garantía de la misma y en aras del principio de autonomía de la voluntad (art. 1255). Por ejemplo el supuesto de la exceptio non adimpleti contractus: necesidad de cumplimiento simultáneo en las obligaciones recíprocas.


-
Las arras: concepto y clases.

En teoría, las arras son un medio de protección del crédito, aplicable a todo tipo de obligaciones. En la práctica se aplican en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa (art. 1454, CC).

Las
arras consisten en una cantidad de dinero que el comprador entrega al vendedor y si incumple, la pierde aquél y la hace suya el vendedor; si el que incumple es el vendedor, la tiene que devolver duplicada al comprador.
De este concepto hay que distinguir otro que es el de
señal o parte del precio que es una cantidad que el comprador entrega a cuenta del precio, en el momento de la perfección del contrato de compraventa.

Hablamos de arras confirmatorias en el sentido de que acreditan la perfección del contrato de compraventa y constituyen parte del precio.
Las dos clases de arras son:

- Las
arras penales que tienen la naturaleza de clausula penal; si el comprador incumple, las pierde, si por el contrario es el vendedor, pagará el doble de las arras, pero ni uno ni otro están autorizados a desistir del contrato.
- Las
arras de desistimiento o penitenciales que autorizan a las partes a desistir del contrato, estando contempladas explícitamente en el CC en el artículo 1454.

Es la voluntad de las partes contratantes la que decide si estamos ante una señal o parte del precio, o unas arras penales o unas arras de desistimiento. El problema es sino consta la voluntad de las partes. En tal caso hay que entender:

- Primero: si nada se ha dicho y no consta que sean arras, se estima que se trata de señal o parte del precio.
- Segundo: si consta que se trata de arras, pero no de que tipo, se trata de las arras de desistimiento.
- Tercero: si consta expresamente, sólo en este caso, se entiende que se trata de arras penales.


4. Medidas conservativas: examen de las acciones subrogatoria, directa y revocatoria o Pauliana.

- Acción subrogatoria

Se llama acción subrogatoria al derecho del acreedor de ejercitar, concurriendo sus requisitos, derechos y acciones de su deudor, con la finalidad de poder así satisfacer su crédito.
La contempla el
artículo 1111 en su primer inciso: los acreedores después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona.
Es pues un medio de protección del crédito. El acreedor no consigue de forma directa e inmediata satisfacer su crédito, sino favorecer el patrimonio de su deudor, para que éste le satisfaga el crédito. De aquí que la acción subrogatoria es denominada también acción indirecta u oblicua.

Requisitos.

1- Que el acreedor (que se subroga) sea titular del crédito contra el deudor (subrogado) exigible.
2- Que este acreedor tenga interés en el ejercicio de la acción subrogatoria, lo que significa que el deudor esté inactivo o desacertado en perjuicio del acreedor y éste pueda ejercitar los derechos y acciones del deudor en forma más provechosa para su patrimonio.
3- Como derivación del requisito anterior; que el deudor no tenga otros bienes con los que pueda responder del cumplimiento de su obligación frente al acreedor. La acción subrogatoria es un remedio subsidiario, utilizable como protección del crédito, tan sólo si el deudor carece de bienes.

Sujetos.

- El sujeto activo de la acción subrogatoria es el acreedor, titular del crédito que se protege con ella, crédito vencido y exigible. Aunque el artículo 1111 habla de acreedores en plural, no impone que actúen conjuntamente, sino que cualquiera de ellos puede ejercer la acción subrogatoria.
- El
sujeto pasivo no es el deudor, sino el deudor de su deudor: debitor debitoris. Cuando el acreedor, ejercitando la acción subrogatoria, se dirige extraprocesal o procesalmente contra deudores de su deudor, no precisa dirigirse también contra éste.

Objeto.

El objeto de la acción subrogatoria lo constituyen los derechos y acciones del deudor, que no sean inherentes a su persona.
Por derechos y acciones del deudor debe entenderse cualquier tipo de poderes que le competen; pueden ser acciones o derechos, tanto reales como de crédito. Se excluyen los que sean inherentes a su persona, que son los derechos no patrimoniales y los personalísimos, aún patrimoniales.

Forma.

Puede ser extrajudicial y judicial. El acreedor puede dirigirse contra el debitor debitoris, extraprocesalmente, lo cual será suficiente si éste se aviene, sin oponerse.
Lo normal será, sin embargo, que el acreedor la ejercite procesalmente, es decir, por medio de una acción propiamente dicha.

Efectos.

El efecto es incrementar el patrimonio del deudor a fin de que pueda ser satisfecho el crédito. Pero producido aquel efecto, el acreedor deberá exigir al deudor que le pague su crédito, es decir, cumplimiento de la obligación. El acreedor será protegido porque con la acción subrogatoria ha incrementado el patrimonio del deudor. Pero no tiene preferencia alguna en la satisfacción de su crédito.


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Acción directa.

Es la que tienen los acreedores para reclamar del deudor de su deudor lo que importa a la satisfacción de su crédito. Con la acción directa el acreedor se hace pago (y queda satisfecho su crédito) directamente, con lo percibido del debitor debitoris; por tanto no ingresa lo percibido en el patrimonio del deudor (como en la subrogatoria), sino directamente en el del acreedor accionante. Se trata de un medio de protección de crédito mucho más eficaz y más simple que la acción subrogatoria.

El nombre de acción directa hace pensar que se ejercita siempre procesalmente, pero no es así. El acreedor puede reclamar y hacerse pago, directamente del deudor de su deudor. Sólo si se le opone o lo discute, será preciso ejercitar la acción en un proceso.

El Código Civil no contempla la acción directa como figura general. Tan sólo la prevé en supuestos concretos, que son los siguientes:

- 1.- Del mandante contra el sustituto del mandatario (art. 1722).
- 2- Del arrendador frente al subarrendatario, por los actos que se refieren al uso y conservación de la cosa y por el importe del precio del subarriendo que se halle debiendo (artículos 1551 y 1552).
- 3- Artículo 1597: de los que, en contrato de obra, ponen, su trabajo y materias frente al dueño de la obra.
- 4- En la práctica, la acción directa más utilizada es la que compete al acreedor de la obligación nacida de acto ilícito ( mal llamada responsabilidad contractual), es decir, el perjudicado, frente a la Compañía de seguros, que es deudora, por la póliza del seguro , del causante del daño, deudor a su vez de aquél. El perjudicado ( acreedor)


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Acción revocatoria o Pauliana.

Concepto y naturaleza.

La acción llamada revocatoria o Pauliana es el poder que el ordenamiento jurídico confiere a los acreedores para impugnar los actos que el deudor realice en fraude de su derecho, previsto en el artículo 1111.

Es un medio de protección del crédito, más eficaz que el de la acción subrogatoria, porque el acreedor se enfrenta a una actuación peor del deudor: no es la mera inactividad, sino actos fraudulentos.
Su naturaleza es de acción rescisoria. El artículo 1291, relativo a la rescisión de los contratos, prevé expresamente la acción revocatoria en su número 3. Por ello es aplicable la normativa general de la rescisión, contenida en los artículos 1290 y siguientes: su concepto general, los efectos y la subsidiariedad.

Requisitos.

Primero: Perjuicio al acreedor: significa que el acto del deudor provoque una disminución tal en su patrimonio, que el acreedor quede sin posibilidad de que le sea satisfecho su crédito (eventus damni). No es preciso que pruebe previamente la insolvencia del deudor.

Segundo: Fraude: dice el artículo 1111 que el acto del deudor haya sido realizado en fraude de su derecho (el del crédito del acreedor) (consilius fraudis).

- Si el acto ha sido hecho a título oneroso, el deudor no es preciso que tenga la intención de dañar al acreedor, sino que basta la conciencia del perjuicio que le causa; y el adquiriente (persona con quien realiza el acto dispositivo el deudor) haya procedido de mala fe, es decir, que conozca el fraude del deudor.

- Si el acto ha sido hecho a título gratuito, el párrafo 1º del artículo 1297 presume que es fraudulento. Por tanto, si el acto gratuito causa perjuicio al acreedor (que es el primer requisito), se presume que se da el fraude (el segundo requisito).

Sujetos.

El sujeto activo es el acreedor cuyo crédito debe ser protegido ante el acto del deudor que le causa perjuicio y que es fraudulento. Aunque el Código civil se refiere a los acreedores en plural, no es preciso que actúen conjuntamente, sino que puede ejercitar la acción cualquiera de ellos.
Por falta del requisito del perjuicio, no puede ejercitar la acción aquel acreedor que tenga su crédito garantizado por otro medio; como la acción revocatoria es subsidiaria, no le haría falta acudir a ella, al acreedor con crédito garantizado.

Normalmente, el crédito del acreedor que se pretende proteger con la acción revocatoria es anterior a ésta. Aunque no deben descartarse los nacidos con posterioridad a la enajenación impugnada si se demuestra que se llevó a cabo en consideración al crédito futuro.

El sujeto pasivo es el deudor que ha realizado el acto objeto de la acción revocatoria y los terceros que hayan adquirido bienes consecuencia de tal acto y que reúnan los requisitos: complicidad en el fraude si fue a título oneroso o basta con la adquisición si fue a título gratuito. No alcanza a terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe.

Objeto

Los actos que puede impugnar el acreedor, es decir, que constituyen el objeto de la acción revocatoria, son cualesquiera actos jurídicos que haya realizado el deudor con los requisitos vistos (perjuicio y fraude) (artículo 1111).Normalmente serán contratos y a ellos se refiere el artículo 1291,3º. También pueden serlo actos de constitución de un gravamen, o incluso de un derecho de obligación o un reconocimiento de deuda.

Asimismo, un pago, en el supuesto que contempla el artículo 1292, a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlo. Una renuncia podría ser objeto de acción revocatoria.

Forma

La acción revocatoria, como acción rescisoria que es, no cabe sino por medio de ejercicio judicial, ejercitando la acción en el proceso declarativo que corresponda según su cuantía.

Un ejercicio extraprocesal podría producir el mismo resultado, si todos los sujetos están de acuerdo, pero no se trataría de una acción revocatoria.



Efectos

La acción revocatoria, como acción rescisoria, produce la ineficacia del acto con efecto retroactivo, ex tunc, al momento de su perfección. Y los bienes se devuelven al patrimonio del deudor.

Pero no es una eficacia total del acto, sino una eficacia relativa, en el sentido de que alcanza tan sólo al acto en cuanto perjudica al acreedor.

El efecto alcanza indudablemente al deudor que realizó el acto perjudicial y fraudulento. Alcanza también al tercero que celebró el acto con este deudor, a título oneroso, si fue cómplice en el fraude, y en todo caso si lo fue a título gratuito y asimismo alcanzará la ineficacia a un subadquiriente (adquiriente del anterior), si a su vez también fue cómplice en el fraude o lo fue a título gratuito.

Duración

Siendo la acción revocatoria una acción rescisoria, tiene el plazo de duración de cuatro años, como establece el artículo 1299, que es de caducidad. Por tanto, se aprecia de oficio y no admite interrupción.
Se computa desde el momento de la perfección del acto, objeto de la acción revocatoria.

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