Ley de Reforma Agraria
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Las Cortes elaboraron una nueva Constitución, la primera democrática de nuestra historia y una de las primeras en Europa. El país se constituía como una monarquía parlamentaria con estricta separación de poderes: el legislativo correspondería en exclusiva a las cámaras, y el ejecutivo al rey, pero con poderes muy limitados, puesto que 10 ejercería a través de los ministros. Éstos, además, debían responder de su gestión ante las Cortes. El poder judicial quedaba reservado a los jueces. El texto incluía una declaración de derechos detallada,con el fin de evitar posteriores recortes. Se incluían los de libertad, inviolabilidad de domicilio, derecho al voto, de residencia, l~ bertad de enseñanza, expresión, reunión y asociación. Pero es- últimos derechos colectivos tenían limitaciones, característia propia de todo el constitucionalismo liberal burgués. Por su parte, la cuestión religiosa fue objeto de tensos debates. Se aprobó la libertad de cultos, a la que se oponían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de mantener el culto y el clero católicos, contra la opinión de los republicanos. La Constitución ratificaba el sufragio universal y, por tanto, la plena soberanía nacional. Los electores, varones de más de veinticinco años, eligirían directamente el Congreso, pero el Senado se mantenía como .una cámara elitista en su composición, elegida de forma indirecta. También serían elegidos democráticamente los ayuntamientos y diputaciones.
La situación de hambre que vivían los campesinos, sobre todo en Andalucía y Extremadura, había sido afrontada con medidas urgentes por el Gobierno provisional. Se decretó el laboreo forzoso de las tierras incultas y la contratación preferente de los jornaleros de los pueblos colindantes. Pero tanto la izquierda republicana como los socialistas sabían que una reforma agraria era imprescindible si se quería acabar definitivamente con el hambre y con el atraso histórico del país. Con la reforma se trataba de asentar a los campesinos en las tierras de latifundio que, por estar mal explotadas o sin cultivar, se consideraban causa principal de la miseria campesina. Los más radicales exigían la expropiación y el reparto de las tierras a los jornaleros, con o sin indemnización. Otros simplemente proponían el asentamiento de las familias campesinas en las tierras, pero sin tocar el derecho de propiedad. Tras cuatro meses de discusión el proyecto fue finalmente aprobado, en medio de la presión campesina, organizada por la CNT y el PCE en tierras andaluzas y extremeñas, y de una derecha organizada en la Agrupación Nacional de Propietarios Agrarios. o La Ley de Bases para la Reforma Agraria de septiembre de 1932 afectaba a toda Andalucía, Extremadura, La Mancha y Sa lamanca. Declaraba la expropiación de tierras de origen jurisdiccional, las incultas o deficientemente cultivadas y parte de las arrendadas cuyos propietarios tuvieran más de 1.000 pesetas de renta catastral. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de hacer el inventario de tierras expropiables.fón un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios. Aunque era una ley tímida respecto a lo que exigían sindicatos y partidos obreros, en el atrasado campo español significaba una revolución, y como tal fue rechazada por la patronal y los partidos de la derecha. Pero su aplicación fue un fracaso. Se tardó casi un año en completar el registro de propiedades y en organizar el IRA, y además el escaso presupuesto apenas permitía expropiar fincas. A finales de 1934 sólo 12.000 familias habían sido asentadas. La resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivar la aplicación de la ley, fue otro de los motivos. Yel resultado de esa lentitud fue irritar aún más a un campesinado decepcionado del Gobierno de izquierdas y en paro creciente.
La situación de hambre que vivían los campesinos, sobre todo en Andalucía y Extremadura, había sido afrontada con medidas urgentes por el Gobierno provisional. Se decretó el laboreo forzoso de las tierras incultas y la contratación preferente de los jornaleros de los pueblos colindantes. Pero tanto la izquierda republicana como los socialistas sabían que una reforma agraria era imprescindible si se quería acabar definitivamente con el hambre y con el atraso histórico del país. Con la reforma se trataba de asentar a los campesinos en las tierras de latifundio que, por estar mal explotadas o sin cultivar, se consideraban causa principal de la miseria campesina. Los más radicales exigían la expropiación y el reparto de las tierras a los jornaleros, con o sin indemnización. Otros simplemente proponían el asentamiento de las familias campesinas en las tierras, pero sin tocar el derecho de propiedad. Tras cuatro meses de discusión el proyecto fue finalmente aprobado, en medio de la presión campesina, organizada por la CNT y el PCE en tierras andaluzas y extremeñas, y de una derecha organizada en la Agrupación Nacional de Propietarios Agrarios. o La Ley de Bases para la Reforma Agraria de septiembre de 1932 afectaba a toda Andalucía, Extremadura, La Mancha y Sa lamanca. Declaraba la expropiación de tierras de origen jurisdiccional, las incultas o deficientemente cultivadas y parte de las arrendadas cuyos propietarios tuvieran más de 1.000 pesetas de renta catastral. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), encargado de hacer el inventario de tierras expropiables.fón un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios. Aunque era una ley tímida respecto a lo que exigían sindicatos y partidos obreros, en el atrasado campo español significaba una revolución, y como tal fue rechazada por la patronal y los partidos de la derecha. Pero su aplicación fue un fracaso. Se tardó casi un año en completar el registro de propiedades y en organizar el IRA, y además el escaso presupuesto apenas permitía expropiar fincas. A finales de 1934 sólo 12.000 familias habían sido asentadas. La resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivar la aplicación de la ley, fue otro de los motivos. Yel resultado de esa lentitud fue irritar aún más a un campesinado decepcionado del Gobierno de izquierdas y en paro creciente.