Desarrollo

Tema 1. Globalización y cooperación

La globalización o mundialización implica  la ruptura de las limitaciones que impedían operar, en todo el globo, en economía, transporte, comunicaciones, legislación, recursos y demás variables que inciden en el marco económico, social o político.

Las fronteras desaparecen progresivamente para los factores que inciden en la economía pero resisten más las fronteras políticas que impiden las migraciones no reguladas, los movimientos de trabajadores, las transferencias tecnológicas y los derechos sociales. Comprender sus mecanismos es necesario para teorizar sobre cooperación y actuar con precisión, al J programas o emprender acciones específicas en los distintos países.

La cooperación al desarrollo no es mera transferencia presupuestaria, sino el conjunto de políticas públicas y privadas, apoyadas por muchos voluntarios, pero cada vez más profesionalizadas, que pretenden colaborar a que los pueblos tengan autonomía económica para una existencia digna y los individuos el desarrollo pleno de sus capacidades como personas.

1. El antecedente europeo

La historia europea ofrece experiencias que enmarcan lo que hoy denominamos cooperación al desarrollo, paz, ayuda y democracia. Merece subrayar:

• El endemismo conflictivo europeo, medieval o moderno, revueltas internas en los feudos y reinos y guerras entre estados, que culmina en las dos guerras mundiales (1914, 1945), y prosigue con las balcánicas, es un ingrediente reactivo para la creación de la Unión Europea.
• Las aspiraciones de paz entre todos los estados fundamentan las teorías de Leibniz (unidad europea), Bentham (Plan para la paz perpetua universal) o Kant (Proyecto filosófico de paz perpetua). Idealizaciones y propuestas jurídico-políticas exploran la posibilidad del orden entre todos los estados, guiado por la ley y las instituciones, que evite las guerras y genere el bienestar. Sin que todos los estados participen de esa organización justa, no se podrá detener la guerra.
• Los movimientos sociales y políticos que reclaman cotas de igualdad y libertad, con instituciones que garanticen su vigilancia y cumplimiento: gremios, cortes, parlamentos, democracia, sindicatos, partidos, asociaciones...
• El impacto estratégico de la segunda guerra mundial con paradigmas de comportamiento político y socioeconómico alternativos, con economías estatales planificadas o economías de mercado:
• «integración mítica de capital y trabajo», representada por el fascismo y el nazismo como fórmula superadora de capitalismo y comunismo, con ausencia de libertades.
• modelo comunista, implementado en 1917 con la revolución bolchevique y que conlleva un poder absoluto del estado en detrimento de las libertades.
• modelo capitalista democrático, el mercado establece las condiciones de competitividad y el estado garantiza el orden público y los servicios necesarios, con garantías de derechos individuales y colectivos.

El hecho de que se denominaran guerras mundiales a las europeas, que implicaron a otros países, es una muestra de que la globalización. EL triunfo de los aliados despejó una de las variables presentes en el conflicto: el modelo totalitario fascista perdía sus posibilidades de existencia y expansión. Se mantenían los modelos liberal y comunista, en un mundo bipolar.

La cristalización geopolítica que se produce después de entre este y oeste, y la posterior formalización del Plan Marshall, así como del COMECON liderado por la URSS, generan una situación asimétrica. Los países del este, además de controlar las  opiniones públicas, encuentran en los países occidentales democráticos,  organizaciones sociales, sindicatos y partidos que tienen profundos lazos y simpatías por las conquistas sociales (pleno empleo) de los países comunistas, que contrastan con la severidad de las condiciones de trabajo y desigualdad de los países capitalistas en crisis.

Evitar el ambiente de las condiciones sociales y económicas en las que anida la radicalización es el primer objetivo del Plan Marshall. Facilitar el mantenimiento de los partidos conservadores en el poder en los países europeos destruidos por la guerra es el correlato político. Mantener en la órbita económica de los EEUU y en el sistema liberal a los que no fueron incorporados a la órbita soviética es la clave de la ayuda. Es ante el primer plan de cooperación y desarrollo a gran escala, con los ingredientes solidarios e interesados que la cooperación occidental implica.

A su vez, la necesaria racionalización de los mercados y el temor al ascenso de los partidos socialistas y comunistas, va a desencadenar la creación de instituciones claves en el desenvolvimiento de la globalización y la cooperación (FMI, GATT...).

Entre las dos guerras se había producido un temblor del sistema económico: la crisis internacional de 1929, consecuencia de la «gran depresión de EEUU. Se había conocido ya antes de la segunda guerra, la crisis macroeconómica y las consecuencias sociales en la microeconomía. Hasta entonces las crisis eran de carácter territorial. Si un estado o un territorio atravesaban estancamientos o retrocesos, se producían migraciones buscando zonas donde la industria se mantenía floreciente y donde se ubicaban los recursos y las materias primas.

El coste del transporte impedía distribuir y deslocalizar la producción, pero en 1929 la crisis afecta a todo el sistema, no hay alternativa espacial. Zonas industrializadas y con recursos y las demás se hallan en estancamiento y recesión. El panorama social es diferente y gravísimo desde el prisma social, las alternativas hubieron de buscarse en acciones micro, se buscan fórmulas alternativas, nuevo paradigma del desarrollo: compatibilizar los factores económicos de las alternativas de inversión con optimización de la solución de problemas sociales. Además de eficiencia económica es preciso exigir adaptación territorial y solución inmediata de la pobreza.

El Plan Marshall está alimentado por esa experiencia. El carácter global de la crisis ha educado también a los gobernantes del carácter sistémico de las acciones económicas: afectan a todos y son influidas por la totalidad de los elementos del sistema.

2. Definir la globalización

Todos los intentos de definir la globalización subrayan la prioridad económica del proceso de globalización aunque con distinto énfasis:

• Theodore Levitt utiliza el término para conceptuar los procesos de transformación e integración de la economía internacional La referencia es el mercado y la descripción objetiva de un fenómeno nuevo en el desarrollo del capitalismo moderno
• Guillermo de la Dehesa la define como un proceso dinámico de libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales.

A partir de este núcleo conceptual surgen planos de reflexión complementaria

• Cuáles son las causas, los factores en juego (tecnología, transporte, capital, organización empresarial...) que han implementado ese proceso
• Qué ámbitos (social, político, cultural, económico, medioambiental...) se encuentran afectados y qué nivel de resistencia o incorporación manifiestan
• Quién dirige el proceso de globalización y en qué dirección, consciente o inconsciente de los beneficios y daños colaterales
• A quienes beneficia y a quienes perjudica
• Dadas las protestas sociales y las críticas que genera ¿es posible reconducir el proceso y orientarlo hacia una globalización «justa»?
• Qué papel juegan los pueblos, las localidades, la Unión Europea, Japón, EEUU, ios estados emergentes…
• Qué papel sufren los ámbitos que no poseen control sobre el proceso y que reciben los impactos como sujetos inicialmente pasivos.
• En qué medida se ven afectadas las bases culturales, sociales, medioambientales y políticas de sociedades que no están equipadas para asumir los efectos

3. los orígenes

Todos los fenómenos socioeconómicos importantes suelen gestarse durante largo tiempo, aunque sólo resulten descriptibles a partir de ciertos momentos de su desarrollo e impacto cualitativo.

Por ello, el «origen» histórico de la globalización actual se presta a muchas perspectivas, la mayoría carentes densidad suficiente para convertirse en el punto para consensuar un antes y un después de cara a su nacimiento:

• La apertura de las grandes rutas del comercio del renacimiento, con los avances en el transporte terrestre, transporte marítimo, entidad de los Estados para garantizar seguridad y avalar los avances comerciales.
• El descubrimiento de América y el Tratado de Tordesillas, que divide los territorios descubiertos entre España y Portugal. Las potencias promotoras tenían derecho y disposición a utiliza materias exóticas en beneficio propio. El renacimiento científico incidía y se alimentaba de las realidades descubiertas y exploradas.
• Las Revoluciones Industriales
• La Primera, con sus profundas transformaciones económicas, sociales, políticas e institucionales. La sinergia que se produce entre la máquina de vapor, el ferrocarril, el taller de hilado y otras son fundamentales para el auge industrial y permiten la transformación económica generando un mercado internacional y necesitando explorar y abastecerse de materias primas a escala mundial.
• La Segunda, por la sinergia de nuevos desdescubrimientos científicos y la organización científica del trabajo (fordismo), genera nuevas dimensiones al abastecimiento energético, las comunicaciones (canales de Suez y Panamá) y la productividad empresarial, que se salda con nuevos mercados y volúmenes de mercancías transportadas.
• La Tercera. marcada por la valorización del factor conocimiento como ingrediente estratégico del proceso productivo, del auge de la aviación comercial y de la información. Las telecomunicaciones, la computación, la optoelectrónica, la penetración intensiva de las TIC y los transportes, transforman el sistema productivo y la optimización mundial de los recursos, la localización productiva y la producción desterritorializada y descentralizada. (Es la empresa red).
• Las dos guerras mundiales que junto con la crisis del 29 ponen de relieve la globalización del conflicto militar y la afectación del sistema financiero mundial
• Los efectos de la segunda guerra mundial ponen en funcionamiento acuerdos mundiales que tienen como fin distribuir áreas geográficas de competencia y proceder a la reconstrucción, el desarrollo del comercio mundial y las normas de vigilancia y comportamiento institucional;
• Conferencia de Bretón Woods: pone orden en la integración de las economías occidentales, mediante normas que garantizan la estabilidad monetaria, los cambios fijos, la liberalización de los mercados y la supeditación de los intereses del Sur a los del Norte
• Banco Mundial
• Fondo Monetario Internacional
• GATT
• CECA
• EURATOM
• UE, Tratado de Roma
• OMC

Solo la revolución bolchevique y la creación del COMECON, con un ámbito geopolítico y económico diferente, parecen orientarse en dirección contraria.

• La caída del Muro de Berlín se considera la metáfora que mejor escenifica la nueva era de la globalización, alrededor de esa fecha se encuentran muchos fenómenos que son conditio sine qua non para la globalización, como la transformación en primacía neta de los EEUU. Un solo sistema económico al que correspondería un pensamiento único políticamente correcto. Junto a ello, INTERNET, nacida para tareas militares, es transferida a la esfera económica, investigadora y social.
• Los precios baratos de la energía, el crecimiento de los transportes en todos sus modos y la sinergia de las TIC abrazan, en tiempo real informativo y productivo al planeta. La imagen de aldea global de CHOMSKY queda materializada.
• La versatilidad de la carretera como medio de transporte y distribución y el desarrollo de los barcos. El correlato lógico es la modernización y el equipamiento de los puertos. Se configura un nuevo sistema productivo y un tránsito de mercancías que transforma la ecuación industrialización-producción-distribución y se pone en cuestión la industria inmóvil

4. factores que habilitan la globalización

Nos situamos ante un proceso de análisis de variables que han coadyuvado a la cristalización del fenómeno y a su lanzamiento.

• La segunda y tercera revolución industrial reconfiguran la fábrica, la producción, etc. procediendo a una deconstrucción del proceso de elaboración, distribución y venta. Se diseña en ámbitos geográficos propicios por la acumulación de conocimiento, se fabrican partes del producto en distintos lugares, se ensamblan en el lugar propicio para la distribución o dominio comercial, se tiene el domicilio fiscal donde interesa fiscalmente...
• Las nuevas tecnologías y la red informática, condición inexcusable para el triunfo de la empresa en red. La posibilidad de coordinación, de diálogo empresarial, es necesaria para dirigir una empresa que coordina, dirige, adapta al día la demanda, responde a una oferta variable con competitividad creciente. Las TIC han contribuido a desarrollar un nuevo panorama laboral borrando las constricciones geográficas y temporales. INTERNET ocupa un lugar privilegiado entre los factores que posibilitan la globalización. Avanzamos hacia el alfabetismo electrónico general de la población. Los jóvenes han adoptado como propio su espacio y la exclusión informática tiene graves efectos para los reticentes.
• Los medios de transporte han evolucionado hasta niveles de eficacia y eficiencia desconocidos hasta ahora. Los kilómetros de carretera construidos en todos los continentes han aumentado a tal ritmo que estamoscon problemas de colmatación del espacio geográficos y gravísimos problemas medioambientales por la contaminación y la inseguridad que acompaña al transporte por carretera
• La logística en el transporte se ha desarrollado en grado tal que es cada vez más residual. El análisis científico aplicado al movimiento de componentes, compra de materias primas, distribución y almacenamiento, etc. permite optimizar los rendimientos de las flotas. La logística afianza la intermodalidad, utilizando cualquiera de los modos que se adapte a las condiciones de la carga y a la distancia. Apoyándose en las aportaciones de las TIC está en condiciones de optimizar la recogida de carga y la distribución y orientan las rutas en función de la carga.
• La capacidad energética producida, la descubierta en los yacimientos, la capacidad para transportarla y servirla, ha posibilitado un precio de la energía que sustenta la deslocalización de empresas al no hacer económicamente incompatible la producción donde es barata y hay un precario mercado de trabajo y el consumo en los países con alta capacidad adquisitiva. Esta situación es uno de los ingredientes estratégicos del mercado y de las grandes alternativas geopolíticas.
• el nivel científico de las distintas sociedades en sinergia con lo anterior. No sólo el nivel acreditado por los productos y patentes, sino el nivel científico de la población en general y de las empresas que se benefician de los efectos de la difusión científica. La formación de los trabajadores, sus competencias y habilidades y el nivel de acceso a las TIC y su incidencia sobre la productividad, es uno de los factores determinantes. El nivel de acceso a la sociedad del conocimiento genera la falla diferenciadora más importante entre sociedades, regiones y grupos. Unos 70 millones de trabajadores contratados por las multinacionales constituyen el epicentro del trabajo globalizado; denominados autoprogramables, para diferenciarlos de los genéricos, se caracterizan por su formación, nivel de información, conocimiento y utilización masiva de las nuevas tecnologías y su capacidad para adaptarse y capacitarse en función de la demanda. Su trabajo está garantizado y sus ingresos son cada vez más elevados, aunque es cada vez mayor la diferenciación entre altos especialistas y los denominados mileurístas, trabajadores autoprogramables que encuentran una saturación de oferta les que lleva a su proletarización.
• Los medios de comunicación generan la información que complementa la actuación opaca, de los mecanismos empresariales, bancarios, institucionales que operan en todo el hemisferio, establecen una imagen de proximidad, presencia y complementariedad que gravita en las preocupaciones y actitudes de los ciudadanos.
• Las multinacionales son, en el referente simbólico, consideradas agentes activas y visisibles de la globalización. Los procesos de fusión y las asociaciones empresariales se mostraron eficientes para obtener más beneficios. Basados en las posibilidades de las TIC, el precio del transporte, la energía y el mercado de trabajo y la capacidad para formar a sus trabajadores, operan con presencia directa en los ámbitos estatales, sociales y comunitarios, mediante una deslocalización relativa que les permite operar a escala mundial, con trabajadores autoprogramables y las capacidades de las empresas locales, que, manteniendo los precios, les permiten niveles de competitividad una vez saldados los gastos de la deslocalización. Son bien recibidas donde pretenden asentarse, pues crean puestos de trabajo y aumenta el nivel de vida, pero se cuestiona su rentabilidad a medio plazo. El juego de oportunidad que pueden adoptar al no estar presas de un mercado nacional, genera la imagen de que sus estrategias están por encima de las capacidades y prioridades de las leyes y estrategias estatales, utilizándolas a su conveniencia y sin involucrarse en las problemáticas de desarrollo y cohesión social.
• Los mercados de capital. Su integración desde 1990 en un sistema global, activo, consultable y operable de forma indefinida y continua es una realidad constatable. Los grandes capitales están, cada vez más, en poder de nuevas multinacionales ligadas a la tecnología y la comunicación que buscan los momentos de compra y venta de acciones, sin conocer la historia del bien adquirido, sin mantener la más mínima relación cognitiva, emocional, social que no sea la de su rendimiento. Esta dinámica origina flujos inmensos de capital especulativo que entran y salen de los sistemas estatales sin conexión con los objetivos que los gobiernos o la sociedad concreta tenga. Es capital abstracto, desconocedor de la microeconomía. Las crisis económicas reciben un trato alejado de cualquier compromiso del inversor con el interés social.
• La desregulación de los mercados y de las inversiones de capital. La normativa estatal suele estar atravesada de excepciones a la competencia y de primas para los efectos sociales de las inversiones económicas. El neoliberalismo demanda un panorama nítido, Confían que el mercado irá transformando la realidad económica y mejorándola, sin necesidad de ayudas estatales lo que implica eliminar condicionamientos en la contratación de proyectos y mano de obra, en la extracción de materia prima o en la nacionalidad de los capitales. Los organismos económicos internacionales tienen como cometido velar para que no haya interferencias a la competencia, a través de normas claras y obligatorias para marcar las reglas de juego, manteniendo el anonimato, despersonalizando el proceso y estableciendo la vigilancia de los soportes jurídicos de las inversiones. La frontera está en en el respeto a la norma internacional.
• El adelgazamiento del Estado, por la pérdida de soberanía económica frente a las instituciones internacionales y las multinacionales y por la privatización y relegación de los compromisos sociales. Las empresas públicas y la gestión de los servicios, es considerado un ámbito ajeno a la competencia empresarial y susceptible de incorporarse a la empresa privada La normativa social que defiende la contratación laboral debe ser desregulada.
• El Estado del Bienestar es el problema y no la solución para 1a perspectiva liberal de la globalización. La primacía de lo social sobre lo económico que encierra y el keynesianismo de origen estatal que lo alimenta, coarta y reduce las posibilidades de actuación del capital internacional.

La confluencia de estas y otras variables establece el grado de globalización de cada país, aunque ninguno pueda abstraerse a su incidencia.

5. El consenso de Washington

John Williamson, economista, intentó sintetizar las condiciones para que la globalización económica operara sin sobresaltos. Su propuesta contaba con el acuerdo de los grandes grupos económicos norteamericanos y tenía como destinatarios a todos, pero especialmente a los países emergentes que serían sujetos, pasivos, de la globalización.

Los que aceptaran las reglas fundamentales serían considerados fiables y receptores privilegiados de inversiones extranjeras. Los requisitos suponían considerables sacrificios económico-presupuestarios, con efectos sociales importantes, más fáciles para economías consolidadas que para países con un tejido infraestructural deficiente, además de problemas acuciantes de pobreza o desarrollo social. Los objetivos macroeconómicos del Consenso de Washington son;

• La disciplina fiscal. Los países deben adaptarse sin recurrir a la deuda, considerada retardataria y contraproducente para la modernización del sistema que no garantiza su optimización económica y se diversifica hacia el gasto social, por las inmensas necesidades primarias de estas sociedades. El déficit público debe limitarse para que los recursos queden a disposición de las inversiones productivas.
• Es preciso que el estado restrinja una parte importante del gasto público, permitiendo a la iniciativa privada gestionar esferas de servicios gestionados públicamente de forma deficitaria y a costes ajenos al mercado; implica la tarificación de los costes y el pago total por parte del usuario, sin subvenciones y en régimen de competencia abierta lo que supondrá un aumento del coste para el usuario. La imagen del estado del bienestar keynesiano, que interviene en momentos de crisis económica para generar empleo y establecer servicios básicos, es la antípoda de la recomendación del denominado consenso de Washington,
• El sistema impositivo debe reducirse drásticamente, sin gravar las inversiones  o los beneficios bancarios o empresariales, garantía de que el estado del bienestar desaparece y es sustituido por otro de servicios privados, asequibles en función de la capacidad adquisitiva de individuos y familias.
• La privatización de las empresas públicas en muchos casos, de régimen de monopolio, con altas tasas de cobertura social para sus trabajadores y precios «políticos» para los usuarios o consumidores. El impacto es de tal calado que genera, con frecuencia un clima de confrontación (Francia)  contra el gobierno.
• la desregulación estatal de acceso del capital internacional, las inversiones extranjeras.
• Eliminar las fronteras comerciales creando un espacio financiero y económico mundial accesible, sin tasas ni cupos o contingentes que favorezcan a la capacidad instalada nacional, que acepta sólo las normas elaboradas y supervisadas por organismos internacionales.
• No debe estar sometido a restricciones de cuantía en las inversiones, en las tasas de interés, mediante devaluaciones de monedas o precios.
• La entrada libre de inversiones y productos; un mercado de trabajo desregulado, moviéndose en función de la demanda y la productividad; el estado garante pero no gestor.

El Consenso de Washington es una visión coherente y comprensible de los grupos económicos y financieros más potentes. Se redacta el mismo año (1989) de la caída del muro de Berlín. Frente al adversario ideológico que había mantenido la bipolaridad, el modelo de racionalidad económica, de mercado y democracia emerge como única alternativa. Las variables presentadas son de eficacia probada desde el punto de vista económico internacional.

Pero el proceso productivo se asienta sobre sociedades fraguadas en historias culturales y sociales que deben ser tenidas en cuenta cara a los efectos colaterales. El Consenso hace abstracción de estos efectos:

• No asume la movilidad internacional de los trabajadores, sólo de capitales, mercancías y servicios;
• no analiza los impactos sobre sociedades menos adaptadas industrialmente;
• no contempla los impactos sobre la identidad de muchas comunidades
• no asume los efectos medioambientales
• no contempla la gobernanza necesaria para que exista un control
• no contempla las variables más críticas como la pobreza, el hambre y la desigualdad extrema.

EN RESUMEN: No se involucra en las alternativas.

• Los efectos han sido contundentes sobre los países en vías de desarrollo.
• Las condiciones para la renegociación de la deuda han esta enarcadas por dichas propuestas y gerenciadas por el BM y el FMI.
• El saneamiento económico requerido mediante la aplicación de los objetivos planteados ha primado sobre la garantía de los servicios a la población con menor nivel adquisitivo.
• Las desigualdades sociales, en muchos de estos países, son abismales con grandes capas de la población que se mantienen en condiciones de pobreza
• La entrada y salida de capitales ha generado crisis que han sumido en la depresión económica a países enteros, con devaluaciones propias de quiebra.Algunas, cuyo impacto transmitió efectos mundiales, han quedado reflejadas con nombres específicos:
• «efecto tequila» (México 1994),
• «efecto dragón» (sureste asiático 1995),
• «efecto vodka» (Rusia 1998),
• «efecto zamba» (Brasil 1998),
• «efecto tango» (Argentina 2000).
• El proceso ha sido necesarios para la recuperación de países en vías de desarrollo. Las inversiones, a pesar del descontrol y falta de compromiso con el entorno, han permitido generar apoyo para el desarrollo de regiones enteras, ha posibilitado situar productos endógenos en mercados internacionales por encima de las políticas restrictivas y subvencionadoras de los países ricos, rayanas en el dumping empresarial.
• El impacto cultural de los modelos democráticos y de la universalización de los derechos humanos, de la igualdad de la mujer, de los derechos de los niños a la educación y a no ser utilizados como mano de obra, ha sido también fruto de la transmisión de los efectos culturales de la globalización.

Existe, pues, una doble perspectiva del proceso de globalización:

• La que se basa en la concentración y racionalización del proceso productivo, acelerado por la investigación, la tecnología, el transporte y la capacidad hegemónica del modelo liberal. Según ella, el progreso y la modernidad llega a todos los ámbitos, implicando una elevación del nivel de vida, con beneficios culturales y democráticos.
• La que marcan las actitudes críticas con la globalización, en la que los daños colaterales son cuantiosos, el descontrol democrático es considerable y los beneficios del sistema asimétricos.

 

6. Antiglobalización

Los referentes de la globalización objetiva, por sus posicionamientos fácticos son:

• las multinacionales que con su condición de empresa-en-red operan en todo el planeta.
• El capital financiero, que opera por encima de la soberanía estatal es menos notorio, pero manifiesta todo su peso en los momentos de crisis.
• Las instituciones internacionales que favorecen el mercado mundial y vigilan, reaniman el comportamiento de los estados como el FMI, el BM y la OMC. EEUU, por su poderío y capacidad es el referente sintético de la globalización.

En confrontación permanente se sitúa el movimiento antiglobalización. No es una organización estructurada, sino un flujo de organizaciones y personas que se mueven hacia el mismo horizonte desde posiciones diferentes. Cada uno de los movimientos que lo integran coincide en el adversario común pero divergen en las motivaciones y en las reclamaciones concretas ante los diferentes problemas. Sólo la captación clara de su oponente ha permitido una acción consistente y unitaria en grandes momentos, definidos por las reuniones de los órganos institucionales (FMI, el BM, Líderes europeos, G-8...)

La imposibilidad de presentar una alternativa común y a diferir sobre la estrategia pacífica o violenta, ha planteado problemas importantes, pero sin lograr articularse para recibir representación democrática y electoral. Su composición evidencia una policromía notable:

• Sindicatos, que aportan donde se celebren las concentraciones, a sus afiliados;
• ecologistas fragmentados en un sinnúmero de organizaciones;
• ONGs, críticas, aunque subvencionadas por los gobiernos;
• grupos antimilitaristas, anticapitalistas, anarquistas;
• asociaciones indigenistas;
• intelectuales progresistas, izquierdistas, activistas no organizados pero comprometidos con grupos locales activos...

Uno de los focos de lucha es la demanda de abolición de la deuda de los países en vías de desarrollo, concedida, en los años 70, por el FMI y el BM a gobiernos en muchos casos dictatoriales, a cambio de ajustes económicos con efectos sociales graves para poblaciones castigadas por la pobreza.

En Seattle se produce, en 1999, el mayor impacto mediático producido por un conjunto de factores:

• Se concentran miles de personas (20.000-100.000) protestando contra la globalización y sus instituciones.
• La convocatoria se articula silenciosamente, utilizando uno de los instrumentos claves de la globalización: INTERNET.
• El movimiento sindical AFL-CIO da cobertura formal en protesta por las repercusiones que las reglas de la OMC tienen en las contrataciones laborales.
• La concentración encuentra desprevenida a la administración local que no ha previsto una situación de protesta de masas y violenta.
• la actitud de muchos manifestantes es de confrontación con las fuerzas de seguridad, llegando a producir más de dos millones en daños.
• Numerosos heridos y 500 detenidos.
• La opinión pública queda consternada por el lugar, la violencia, el número de manifestantes.
• Autoridades y funcionarios que debían protagonizar la 3ª Ronda de la Organización Mundial de Comercio no pueden acceder a la sede. La reunión de la OMC termina suspendiéndose, sin alcanzar conclusiones.
• El movimiento antiglobalización proclama su carácter internacional, multisectorial, antisistema, y es consciente de que la popularidad alcanzada se debe a la violencia de bajo nivel.
• Es la posición ante acciones violentas una de las fallas del movimiento. Oficialmente no serían violentas, pero una minoría anarquista y antisistemas logrará rubricar sus manifestaciones con enfrentamientos y destrozos. Esta imagen, servida por televisiones mundiales, restará apoyo al movimiento. Las reivindicaciones de Seattle son clásicas:
• abolición de la deuda externa
• reclamación de un comercio justo;
• control y fiscalidad para capitales en la línea de la «tasa Tobin», defendida por la asociación ATTAC;
• rechazo al trabajo infantil propiciado por las multinacionales;
• oposición a los gastos militares;
• presentación de la OMC y otras como instituciones de intereses de los países poderosos, ajenas a los efectos sociales de sus decisiones.

En Nueva York, el 11/9/01 marca un punto de inflexión, como si las torres gemelas hubieran destruido en su caída gran parte del pensamiento única. El efecto Seattle cae sobre reuniones de la ONU, BM, FMI, el Foro Social, Foro de Davos o Foro de economía Mundial: Washington, Salzburgo, Barcelona donde se celebró por videoconferencia o Génova, con más de 150.0000 y la muerte por disparos de un manifestante.

A partir del 11-S se genera una nueva actitud de la opinión pública y prácticas menos permisivas por parte de los gobiernos. Las sucesivas citas de los organismos internacionales han realizado sus reuniones con zonas de exclusión para protegerse, controles de fronteras y pequeñas manifestaciones sin la mínima permisividad.

El carácter asambleario hace difícil poder hablar de referentes reconocidos desde el prisma intelectual o político. Desde José Bové, miembro de la academia francesa de ciencias, acreditado por su presencia en los foros y por sus acciones contra multinacionales o productos transgénicos, hasta intelectuales como Noam Chomsky (La aldea global), profesor del MIT y figura de la lingüística o Noami Kleim (No logo. El poder de las masas) canadiense, Susan George, estadounidense y francesa (Informe Lugano), Vandana Shiva, india, (Biodiversidad y derechos de los campesinos), Ignacio Ramonet, (Le Monde Diplomatique), el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus (microcréditos), se reparten, junto a otros muchos, teóricos las referencias del movimiento antiglobalización.

7. La Deuda Externa de los países en vías de desarrollo

Los gobiernos tienen la posibilidad de adquirir préstamos en los mercados internacionales y se recurre a ellos porque ofrecen ventajas e intereses bajos para atender necesidades que, de otra forma, deberían esperar largo tiempo.

En los países democráticos existe un control preciso de las cantidades mandadas y un análisis de la sostenibilidad, de la capacidad de devolución, sin detrimento de los compromisos del estado para con sus ciudadanos y queda reseñada la prioridad de las actuaciones, estando destinados, en su mayoría, a infraestructura de transporte, comunicaciones, energía, promoción empresarial o actuaciones de carácter social. Normalmente no existen temas acuciantes para la devolución y el beneficio es mutuo entre donante y receptor.

El problema de la deuda externa hace referencia a países en vías de desarrollo, con una situación difícil, sin recursos que compensen su debilidad competitiva y con sistemas políticos no democráticos o semánticamente democráticos. Existe la confusión de que el objeto de la deuda acumulada por muchos de estos países eran acciones para corregir desigualdades y solventar problemas estructurales de infraestructura para poder competir internacionalmente aumentando la productividad, pero en muchos, el destino declarado o no, ha sido el armamento.

La deuda es ajena a las prioridades de la población, ha sido negociada por gobiernos no legitimados o lo han sido en condiciones de baja calidad democrática, y no ha sido supervisada por los acreedores. Si a la ausencia de control, le sumamos la irresponsabilidad de los organismos acreedores, puede entenderse que la actitud de la población, sea de rechazo y de sentimiento de injusticia. No pueden ser abstraídas las condiciones concretas en que se produce la deuda:

• EEUU solventa su situación de déficit mediante la devaluación competitiva del dólar, que ayuda a mejorar su balanza comercial y produce pérdidas en todas las economías y productos con alto nivel de exportación, cuyo precio está fijado en la moneda americana
• La reacción de la OPEP, tras varias advertencias que no son tomadas en cuenta al dudar de su capacidad de actuación conjunta, se materializa en el alza del crudo, de 1973, que deja sin alternativa energética y produce a una crisis internacional.
• Al no existir alternativa, los países petrolíferos aumentan sus beneficios, invadiendo con sus petrodólares los circuitos financieros, buscando rentabilidad suficiente mediante la concesión de préstamos a precios coyunturalmente baratos. Es la primera oleada de préstamos a gobiernos de países en vías de desarrollo y escaso control, a bajo interés, largos periodos de amortización y carencia generosa.
• La presunción de que todos los estados tienen solvencia garantizada, hace olvidar las cautelas mínimas de la profesión bancaria, incluido que el destino de los créditos se adecue con la razón confesada en los mismos.
• La opacidad generada por la escasa información, la rotación de los gobiernos firmantes, las facilidades y la accesibilidad de los primeros pagos, mantiene el problema hibernado, impagos incluidos, hasta que en 1982, México se declara insolvente para hacer frente que su deuda le reclama
• La contradicción aflora al confrontar las demandas sociales por la pobreza y la desigualdad de estos países presentan y la realidad de que la deuda reclama nada menos que un 5 o 10% del PIB del país.
• L pregunta de medios de comunicación, oposición política, y opinión pública es en qué se invirtieron los préstamos
• La evolución del mercado crediticio y el control progresivo de la inflación produjeron un encarecimiento de las condiciones iniciales.
• La investigación sobre el destino de los créditos y el descontrol de los acreedores arroja conclusiones graves para la explicación a la opinión pública.
• A la prioridad militar, con las presumibles o probadas intermediaciones corruptas, se suma la utilización para intereses particulares de empresas ligadas al poder
• Todo ello se ha materializado en economías frágiles, industria incipiente y débil y necesidades sociales acuciantes, con altas tasas de pobreza objetiva.
• Las diferencias sociales más explosivas se encuentran y aumentan en estos países, donde la élite gobernante y económica, al ser los referentes locales de las multinacionales, forman una casta con ostentación impúdica de su situación.
• La segunda etapa de la deuda se escenifica con la declaración explícita del gobierno mexicano de no poder hacer frente a los compromisos de pago.
• La reacción no se hace esperar y surgen instituciones cuyo objetivo es salvar la mayor parte del capital, como el Club de París donde los estados, en representación de los acreedores públicos, marcan actuaciones, establecen políticas conjuntas y criterios consensuados para llevar a cabo el control.
• El Club de París selecciona, en función del nivel de deuda y dificultad de pago, a 41 países, los denominados PPAE, países pobres altamente endeudados. La reducción de la deuda en un 67%, la adopción de medidas macroeconómicas y de reducción del gasto, dadas las necesidades sociales y la debilidad de sus servicios públicos, supervisadas por el FM. Para el resto, en mejor situación, se dispone del «enfoque Evian» que implica un análisis conjunto con el país afectado para consensuar el nivel de deuda sostenible. Los más endeudados: Benín, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Honduras, Madagascar, Malí, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
• El Plan Brady es otra iniciativa para ayudar a los países a gerenciar la devolución y la renegociación de la deuda mediante bonos, nuevos préstamos, siempre que se sometan a planes de ajuste en sus economías.
• Una de las demandas de ajuste estructural lleva aparejada la subida de impuestos, con el fin de equilibrar los costes de los servicios públicos. Se dirigen al del precio de los productos, impuestos indirectos pagados en función de su consumo y no de la renta personal.
• La evolución de los préstamos obtenidos en los setenta y las nuevas condiciones de sostenibilidad, aumentan el coste de los antiguos y de los nuevos. Según el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) se ha cuadruplicado su coste.
• Quedan fuera del sistema de relación financiera los países de los últimos lugares del IDH no ofrecen garantías de sostenibilidad de la deuda.
• La política de Cohesión económica y social de la UE ha mostrado que la recuperación de zonas deprimidas necesita políticas activas que favorezcan la competencia de las pequeñas y medianas empresas, ajustes estructurales y control del gasto. Los créditos FAD no cumplen los requisitos, pues están más orientados a facilitar la exportación, con garantías para los empresarios europeos, que aumentan la deuda de los países receptores.

Por a presión de la opinión pública y de las propias sociedades endeudadas, el G-8 y otros organismos internacionales han condonado parte de la deuda externa que en 1996 superaba los 2 billones de dólares.

Se están efectuando sin cautela y se pierden opciones para atajar problemas sociales y estructurales de los países a los que se les libera de la deuda. El proceso debería alcanzarse mediante un acuerdo de adicionalidad, según el cual la liberación de la deuda exigiría el compromiso de dedicar la parte condonada a inversiones que mejoren las condiciones sociales, económicas y medioambientales.

España ha tenido una visión excesivamente comercial de la cooperación y de la acumulación de la deuda externa. Los créditos FAD y los CES-CE, dirigidos a garantizar el cobro de las exportaciones que los empresarios efectúan a países muy endeudados, suponen parte de la deuda. Existen también créditos bancarios privados de mayor dificultad para la reducción o cancelación.

La pertenencia al Club de París y su participación en el programa del FMI para PPAE  (HIPC) ha sido seguidista y pragmática. Es ahora cuando se contempla complementar estas políticas con disposiciones españolas que favorezcan a países necesitados y que no sol ventan sus problemas con las políticas internacionales comentadas.

8. globalización y gobernanza

La experiencia de la cooperación ha llevado a conclusiones críticas sobre sus efectos por efectuarse a través de los gobiernos de los países en vías de desarrollo. El aprovechamiento de forma interesada de algunos gobernantes y su entorno produce escepticismo en los países cooperantes y en las organizaciones. Ciertas élites de países pobres han mejorado sus posiciones gracias a la gerencia de la ayuda e impedido una evolución democrática, manteniendo sistemas opacos, basados en tradiciones y en una capacidad represiva incompatible con los objetivos de la cooperación.

Hoy se explícita la exigencia de vincular cooperación y camino hacia la democracia o a su calidad, cuando se trata de países que la practican, pero sin gobernabilidad. La ausencia de marcos de convivencia democrática tiene consecuencias graves para el desarrollo de los pueblos aunque hay ejemplos de aumento de progreso sin ser democráticos (China). La experiencia ha demostrado que la falta de control ha producido compromisos,  como la deuda, que han servido para hundir la economía.

La gobernanza tiene dos direcciones conectadas con la problemática de los PVD:

• las relaciones que un gobierno tiene con sus ciudadanos favoreciendo o dificultando la incorporación y participación de los mismos. Un referente de la gobernanza para este objetivo es el Libro Blanco de la Gobernanza (COM) Su objetivo consiste en aportar reformas que mejoren el sistema democrático europeo y contribuyan a un empoderamiento de las asociaciones y ciudadanos.

Los responsables políticos pretenden que las relaciones ciudadanos-instituciones sean más próximas frente a los altos índices de abstención y la falta de apoyo según el eurobarómetro, mediante una serie de medidas:

• Abrir el proceso de elaboración de las políticas con el fin de asociar a más  personas y organizaciones en su formulación
• Mayor nivel de transparencia
• Mayor responsabilización de todos los participantes
• Información actualizada y en línea en todas las etapas del proceso de decisión
• Diálogo más sistemático con los representantes y organismos regionales y locales en una fase precoz de la elaboración de las políticas
• Mayor flexibilidad en métodos y aplicación de la legislación comunitaria que permita tener en cuenta los peculiaridades regionales y locales
• Normas mínimas de consulta sobre la política de la UE
• Acuerdos de consultas y garantías de transparencia y representatividad de las organizaciones consultadas
• Mejora del diálogo con terceros países
• Simplificación de la legislación
• Identificación de objetivos a largo plazo

Todas estas medidas proponen cinco objetivos de la buena gobernanza:

• Apertura: comunicación amplia con gobierno, organizaciones y ciudadanos con un lenguaje comprensible que permita la confianza mutua.
• Participación: desde el inicio hasta la implementación de las políticas y en la evaluación posterior, los ciudadanos deben tener garantizada su participación
• Responsabilidad: mantener clara la responsabilidad que cada uno asume, en función de su rol y la aplicación de las políticas r.
• Eficacia: las políticas europeas deben tomarse al nivel adecuado, con los objetivos marcados tras un análisis adecuado, conscientes de su impacto y la evaluación de sus resultados.
• Coherencia: a pesar de la complejidad y magnitud de las materias, debe existir coherencia entre la posición de los distintos niveles de actuación y comprensión asequible por parte de la población. La legitimidad de las políticas debe provenir de su racionalidad y de la identificación de los ciudadanos con ellas.

Desde su aplicación, los indicadores de la actitud hacia la UE muestran que:

• el apoyo a la pertenencia a la UE ha aumentado 5 puntos
• la imagen de la UE ha aumentado 6 puntos
• y los beneficios percibidos por la pertenencia a la UE 2 puntos
• y han disminuido las opiniones negativas sobre estos tres indicadores, en especial en cuanto a la imagen de la UE (15% frente a 20%).

La incorporación de los ciudadanos en las tareas políticas e instituciones mediante información de calidad y posibilidades de participación, es el signo de la nueva ciudadanía, con derechos y deberes adecuados a la nueva cultura demorática participativa y corresponsable.

Aplicar estos objetivos en PVD aumentaría las posibilidades de recuperación económica y social y garantizaría que los esfuerzos de la solidaridad serían empleados con un grado máximo de optimización.

La realidad es bien diferente y, en muchos casos, ni siquiera valores democráticos mínimos y los derechos humanos garantizados, las condiciones de las ayudas se tornan difíciles y las organizaciones deben conseguir la independencia de los gobiernos para gerenciarla, rdiendo así una parte de la sinergia que comportan las actuaciones con jmtas. La necesidad de independencia de la gestión de la ayuda es inversa mente proporcional al nivel de gobernanza que un país receptor de la ayuda haya conseguido.

 

• las posibilidades de participación y con los ciudadanos de los distintos países en el proceso de globalización. Otro referente de la gobernanza viene dado por las relaciones que se establecen a nivel mundial: ¿Quién gobierna la globalización?

Ningún país está en condiciones de marcar una dirección a los procesos que se desarrollan aprovechando las condiciones de la globalización ni puede pretender beneficiarse en solitario de los efectos, legitimarlo e imponer tal situación. Todos los procesos están transnacionalizados o descontrolados, pero no sujetos a control estatal alguno. Cabe y urge establecer controles a fenómenos que inciden en la vida cotidiana pero que se generan fuera del control estatal.

A pesar de las críticas a la ONU, no existe otro organismo que pueda marcar una estrategia de diálogo. En su contra está la inoperancia y lentitud de las decisiones y las resoluciones que no se cumplen, con total impunidad cuando se trata de países importantes o protegidos por un país con peso en el Consejo de Seguridad como EEUU e Israel, China, Rusia y los países que se mueven en su esfera.

La realizada por Naciones Unidas, a través de sus Conferencias y Cumbres, le dota de un corpus doctrinal (educación y desarrollo, infancia, medio ambiente, derechos humanos, población, desarrollo, mujer, viviendas y asentamientos o los Objetivos del Milenio) consensuado y en permanente renovación. Las críticas recaen sobre la capacidad para implementar los principios y demostrar que la ayuda tiene un rendimiento óptimo. Los acuerdos adquieren carta de legitimidad y las acciones unilaterales (Irak) que no tienen ese acuerdo, sufren un gran desgaste político.

La Asamblea General de NU produce, en 2001 la Declaración del Milenio en la que se insertan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El desarrollo económico y social de los PVD, la lucha contra el hambre y la pobreza, el reconocimiento de los derechos de la mujer y otros objetivos, habrán de ser contemplados en el proceso globalizador mediante compromisos concretos y objetivos evaluables.

El aumento del diálogo con las organizaciones sociales está caracterizando la nueva etapa porque son quienes sufren los problemas. La gobernanza internacional implica la participación de los gobiernos y la sociedad civil, articulada por las organizaciones sectoriales aunque  interpretado como puenteo y dificultad añadida por los gobiernos. Pero es difícil poder argumentar que tratándose de derechos humanos no es necesario el diálogo. Sin el apoyo de la ciudadanía, todas las políticas quedarían en la inoperancia.

La cooperación al desarrollo comienza en la gobernanza, no en la lucha contra los efectos de la globalización. Controlar las causas implica que exista un ámbito democrático de decisión, para establecer las normas que impiden que determinadas tengan efectos negativos en el desarrollo. Se necesitan instituciones transnacionales que evalúen las actuaciones de empresas, organizaciones e instituciones. Compatibilizar globalización y cohesión económica y social es la clave de la globalización «justa. El problema es quién paga. Evidentemente, los que extraen beneficios de la globalización que deberían admitir que una de las claves de la expansión sostenible es facilitar que todos puedan beneficiarse, pero no se dan las condiciones, por lo que se precisan instituciones que les obliguen.

Pretender que la libertad de movimiento de capitales es el mejor vehículo para generar comercio, incorporar sociedades a la industrialización y aumentar el nivel de desarrollo, es confiar a los mecanismos del mercado la situación social de las comunidades, sin repercutir en beneficio de la sociedad. Hay una clara discrepancia entre economía y política, entre la interdependencia de los mercados y la ausencia de mecanismos globales efectivos de supervisión y control.

Cuando un territorio no tiene ley lo ocupan los poderosos. Curiosamente, son los movimientos más reivindicativos, y aparentemente antisistema, los que con mayor tuerza están reclamando que se intervenga desde instancias internacionales participadas y  se escuche las reivindicaciones de los globalizadores y globalizados.

Los procesos de reacción rápida y cooperación internacional contra la delincuencia internacional y terrorismo indican que, si existe voluntad política, los problemas de la globalización son gestionables a pesar de su complejidad.

James Tobin, propone en 1972 la «tasa Tobin», recogiendo una idea de Keynes sobre la creación de una tasa sobre las transacciones económicas, para vincular los inversores a sus acciones de forma duradera, extiende la propuesta a los mercados de divisas con el fin de que los flujos de capitales internacionales sean desincentivados como para eliminar los movimientos especulativos.

El objetivo de parte del movimiento de capitales se dirige a la especulación en los mercados de divisas, entrando y saliendo con rapidez e información cualificada que les permite recoger beneficios y dejar en situación crítica a divisas débiles. La desregulación creciente de los mercados permite que se produzcan estos movimientos,.

Se estima que un billón y medio de dólares están cada día en movimientos de este ámbito y sólo el 5-8% tienen inversor propiamente dicho. La tasa que se propone, entre el 0,05% y el 0,1% tendría como efectos la recogida de su monto para aplicarla a los PVD. Los posibles 240.000 millones de dólares, sumados, a la ayuda en cooperación y al objetivo del 07%, transformaría los mecanismos de desarrollo y la potencialidad de los programas que se ejecutan como beneficio inmediato.

La dedicación del dinero a proyectos productivos, evitaría las pérdidas de pequeños inversores o fondos de pensiones y la quiebra de empresas desasistidas por los inversores ante el atractivo de los mercados especulativos.

No es menos importante preservar el normal desarrollo y estabilidad de las monedas, especialmente las de economías débiles, para que den confianza al tejido industrial.

El peso que la tasa Tobin volvería a dar a los gobiernos en el control de los capitales es lo que dificulta su introducción. Aunque los fondos estuvieran garantizados por una entidad internacional, se considera una rémora keynesiana de intervención de cuyo desarrollo se desconfía.

La globalización económica, unida a la cultural y política, incide primordialmente en la emigración. Los medios de transporte facilitan los desplazamientos, las legislaciones obstaculizan los flujos, los medios de comunicación, teléfonos móviles y locutorios, mantienen el contacto con las comunidades de origen de los emigrantes y redes familiares asentadas y con suficiente estabilidad en el trabajo, operan como primera base de acogida a los emigrantes nuevos

 

Tema 2. Trabajo social comunitario y cooperación al desarrollo

1. Introducción

El Trabajo Social y la Política de Cooperación para el Desarrollo comparten su juventud. La segunda tiene unos cincuenta años y la primera, los iniciales problemas conceptuales de toda disciplina científica.

Junto a ello se añade su contradictoria evolución. La ausencia de un concepto de desarrollo claramente definido, ha condicionado a las primeras medidas adoptadas internacionalmente en pro de la erradicación de la miseria y de la marginación; un enfoque exclusivamente económico de lo que debe entenderse por progreso ha servido de acicate, para sostener un cambio radical del modelo socioeconómico y político de la realidad social, que en Trabajo Social recibió el nombre de concientización. «Para dificultar su concepto, se une el haber crecido en sentido inverso al desarrollo de las demás disciplinas, las cuales han empezado por producir un tronco común, y cuando ha sido vigoroso, lo han ido diversificando en ramas inconexas que sólo merced a su progresivo desarrollo llegaron a encontrarse, tomando conciencia de que pertenecían a un idéntico árbol, y de que constituían especialidades de algo único y común: el Trabajo Social» (Moix).

Política de Cooperación y Trabajo Social han sabido precisar su finalidad y objetivos específicos. Sus singulares procedimientos propios han convertido a:

• la Política de Cooperación para el Desarrollo en un ámbito especializado de la acción exterior de todo Estado democrático, especialmente donde ha enraizado profundamente la ciudadanía social,
• el Trabajo Social ha terminado imponiéndose como disciplina científica, con objeto propio, metodología particular y ética profesional de hondo contenido humanista.

2. EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Los conceptos están sujetos a una permanente reconceptualización y el cambio social impone, por su dinámica, una persistente modificación. La locución desarrollo constituye un claro ejemplo de adaptación a una realidad social mutante. Numerosos son los intentos de precisión semántica en aras de una intervención que erradique la miseria y la marginación en las que están sumidos muchos países de la tierra.

Barros establece cuatro conceptos distintos y sucesivos a lo largo de la historia de la cooperación:

1. el desarrollo como promoción de la actividad económica a fin de incrementar y acelerar el número de bienes a menor coste y tiempo posibles.
2. la educación universal, para que los individuos participen y aúnen sus esfuerzos en aras del progreso.
3. la dimensión política e ideológica de la educación para sensibilizar y concienciar a las poblaciones de su destino.
4. la globalización de la cultura como un proceso liberador.

N. Kisnerman distingue tres acepciones de desarrollo:

1. económica: desarrollo es identificado con crecimiento y prosperidad económica. El modelo paradigmático a imitar por los países subdesarrollados es el sistema de producción económico-social del capitalismo. La promoción de ayudas tecnológicas y financieras es vital para la transición en estas zonas geográficas extenuadas
2. estructural: el subdesarrollo es directo resultado de las estructuras de dominación interna y dependencia externa que obstaculizan una eficaz utilización de los recursos
3. sociocultural: el incremento económico debe caminar de las manos de los efectos sociales y culturales que produce ya que son los que van determinar la aplicación de las formas de producción importadas

Ander-Egg propone que el desarrollo exige un enfoque comunitario, en el que deben ser tenidos en cuenta la multiplicidad de factores: económicos, culturales, políticos, sociales, etc. Presuponen trabajar con un hombre-actor en el proceso de realización de su propia vida y del proceso histórico de su tiempo y de su pueblo; distinguiendo tres modelos:

1. modelo tradicional que mantiene lo existente

2. modelo desarrollista que moderniza lo establecido

3. modelo revolucionario que transforma radicalmente la comunidad

En los sesenta, la ONU abogó por un crecimiento sostenido en el que el crecimiento económico debía incorporar la redistribución de la riqueza, un modelo social justo y equilibrado.

La degradación del ecosistema medioambiental fue tomada en consideración por la ONU en Estocolmo en 1972. Desde entonces, las nociones desarrollo y progreso cuentan con un elemento más de equilibrio: la protección y conservación de los ecosistemas, la utilización racional de los recursos que implica medir los efectos medioambientales previamente a la aplicación de tecnologías y nuevos modos de producción. Esta nueva dimensión se conoce como modelo de ecodesarrollo.

La OCDE, en 1992, incorpora la sostenibilidad como objetivo primordial en el que el progreso depende de la manera en que se integra los objetivos ambientales y sociales con los económicos.

Un nuevo impulso a la noción más equilibrada fue realizado con la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social del 95 acordándose como principios centrales:

• promover el objetivo del pleno empleo y preparar a todos para conseguir medios de vida seguros y sostenibles
• promover la integración social fomentando sociedades estables, seguras y justas, basadas en los derechos humanos, no discriminación, tolerancia, respeto a la diversidad cultural, étnica y religiosa, igualdad de oportunidades, solidaridad y participación
• lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer y promover su participación en condiciones de igualdad en la vida de la familia y de la comunidad
• promover el acceso universal y equitativo a una educación y salud de calidad, rectificando las desigualdades que afectan a grupos vulnerables
• acelerar el desarrollo económico, social y humano de África y de los países menos adelantados, promoviendo el desarrollo de instituciones democráticas y encontrando soluciones a la deuda externa, la reforma económica, la seguridad alimentaria y la diversificación de los productos básicos
• aumentar y utilizar con eficacia los recursos asignados al desarrollo social,
• velar por que los programas de ajuste estructural (reformas económicas y fiscales ideadas para estabilizar y racionalizar las economías nacionales) promuevan programas sociales básicos, incrementando la caridad y eficiencia del los gastos sociales
• mejorar y fortalecer el marco de la cooperación internacional, regional y subregional para el desarrollo social por medio de Naciones Unidas y de otras instituciones multilaterales.

 

3. la vinculación del trabajo social con la política de cooperación al desarrollo

La vinculación entre el Desarrollo Comunitario y Cooperación al Desarrollo toma el desenlace final de la II Guerra Mundial como etapa histórica emblemática

La UNESCO fue la primera institución a nivel mundial en adoptar urgentes medidas de intervención en el Tercer Mundo para la promoción de su desarrollo social, económico, político y cultural, con programas de Desarrollo Comunitario y destinados a las zonas más depauperadas de África, Asia y América Latina. Surgen de la sensibilización  y de factores geopolíticos y económicos de los países del norte. Posteriormente, el Desarrollo Comunitario se expande a países industrializados en sectores marginales y áreas campesinas.

Fueron utilizados como instrumentos de intervención gubernamental, encaminados a mejorar las condiciones de vida de los continentes citados. En Asia, la India será el primer Estado en 1952. En África, las colonias, para adecuar estos países a un nuevo marco político-económico y  acceder a su emancipación e independencia. Los objetivos específicos persiguieron la edificación de infraestructuras socio-políticas y económicas

En aquel entonces prevalecía una concepción economicista del desarrollo que pronto será modificada por una acepción más integradora y globalizadora. Un grupo de expertos de la ONU en un informe del 56 (Desarrollo de la Comunidad y Servicios Conexos) establecieron las bases de un nuevo modelo de intervención desde un nuevo análisis de la realidad. Según este documento, desarrollo de la comunidad designa los procesos en los que los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones de las comunidades, integrarlas en la vida del país y permitirles contribuir al progreso nacional.

El Desarrollo Comunitario introduce así una dualidad de actores (gobierno o poder por un lado, y población o sociedad civil, por otro). El medio para mejorar las condiciones de vida en todos los ámbitos es, ineludiblemente, la colaboración conjunta de las autoridades públicas y de la comunidad autóctona. La finalidad explícita es que la comunidad adopte sus propias decisiones acerca de su trabajo y del propio concepto de desarrollo. Es un proceso de autoayuda, de transformación de la propia comunidad a través de la identificación y expresión de sus necesidades para una mayor responsabilidad y control en su propio desarrollo

A partir de los años sesenta experimenta un salto cualitativo extendiéndose hacia los núcleos urbanos. Permitirá al Desarrollo Comunitario dotarse de una mayor flexibilidad al actuar sobre territorios diferentes y la capacidad de adaptación a las circunstancias de cada país, con estrategias diferentes según se trate de:

• naciones occidentalizadas predominan los procesos de educación comunitaria
• naciones que no han accedido a su independencia. priman estrategias de desarrollo comunitario,

La finalidad es ayudar a la gente a encontrar lo que quería hacer y la mejor manera de realizarlo por sí misma. La organización no tiene fines prefijados y le importa menos enseñar que ayudar a aprender. El trabajador no dirige a la comunidad, actúa como catalizador alentando a la gente a pensar por sí misma.

El Trabajo Social y la Política de Cooperación comparten principios:

• respeto a la dignidad del individuo,
• fomento de la libre participación (expresión y organización),
• desarrollo y profundización democráticos de las instituciones
• progreso social como incremento de la calidad de vida, material e intelectual, de los individuos y sus familias.

El marco legal en el que se fundamenta el modelo de acción del Desarrollo Comunitario es el orden jurídico internacional sobre derechos, libertades y democracia: se funda en la fe en el valor del individuo. La profesión asume la responsabilidad de luchar por la protección de los derechos y la responsabilidad moral de trabajar por la supresión de toda discriminación.

Acontecimientos de gran relevancia histórica ha transformado los rasgos que caracterizaban y definían a la sociedad internacional y las relaciones internacionales. El desfondamiento de los países comunistas, la aparición de nuevos Estados, el desarrollo político de ciertos países y la intensificación de la integración europea, en el ámbito de la cooperación internacional han colaborado en el la mejora de la cantidad y calidad de la ayuda.

La realidad del Tercer Mundo no es uniforme. El grado de desarrollo alcanzado por algunos países ha trastocado los contenidos de las políticas de cooperación, diversificando las ideologías de intervención para un desarrollo sostenible y global. La diversidad de las situaciones económicas han singularizado los procesos acción y la consolidación de las instituciones democráticas y la implantación de una red básica de servicios sociales, sanitarios y educativos.

El Trabajo Social ha asumido el reto de aprehender la proliferación de nuevas necesidades, su actividad deviene multidimensional y ha adquirido presteza en el desempeño de sus diversos cometidos. El ámbito de actuación no es ya su tradicional quehacer frente al menesteroso, al trabajador social se le exige el desarrollo de tres tipos de funciones:

• administrativas, según una burocracia tradicional o una teoría moderna de la administración
• burocráticas, para efectuar gestiones organizativas precisas
• políticas, para participar en el proceso político de negociaciones y compromisos.

Las dos primeras son conceptuales y profesionales, la tercera está más relacionada con la distribución de recursos, de acuerdo con la moral y valores establecidos. El Trabajo Social constituye la concreción de la política social donde la igualdad es más débil y dificultosa. Debe centrar la reflexión sobre la situación microsocial sin perder de vista la relación de ésta con el ámbito más amplio. Se ha dualizado el panorama de la intervención en los países necesitados, y pueden distinguirse dos contextos socioeconómicos y políticos bien diferenciados:

• el de los países que no disponen de las estructuras básicas de bienestar
• el de los que han experimentado una sustancial modificación en el incremento de su calidad de vida. En estos, las funciones del Trabajo Social Comunitario son:
• contribuir en la capacitación de la comunidad para que ella misma preste atención a las necesidades que presenta y participe en el proceso de desarrollo
• encaminar a los usuarios en la programación de servicios
• colaborar y participar en la elaboración de planes de desarrollo
• trabajar en organizaciones buscando la adecuación de sus objetivos a las exigencias de la realidad
• servir de interlocutor entre la población y la administración e indagar sobre los recursos existentes y los que serían necesarios para hacer frente a las necesidades de la comunidad.
• informar a la población de los planes que se piensan llevar a cabo
• facilitar que la comunidad exprese sus necesidades y preferencias y exija de la administración la solución de las mismas de forma efectiva

Ciertas áreas, caracterizadas por una falta total de servicios y por la ausencia casi total de ayudas e intervenciones públicas requieren de un modelo de intervención tradicional comunitaria. El Trabajador Social se convierte fundamentalmente en coordinador de los servicios existentes. Sin embargo, en un proyecto de Desarrollo Comunitario, el profesional actúa en un equipo interprofesional, desde un técnico agrícola a un técnico para el desarrollo de pequeñas empresas.

La situación dramática en la que viven inmersos pueblos y minorías étnicas, con conflictos armados, marginación y discriminación y la ausencia de dispositivos que velen por el respeto a la dignidad, exigen una actuación inmediata que promueva un contexto pacífico que facilite el desarrollo de la organización de la comunidad para la satisfacción de sus necesidades y la articulación de la demanda.

Cobra vigor el enunciado de E. Ander-Egg sobre la acción de un modelo especifico de Trabajo Social, entendido como «tecnología social, cuyas funciones específicas son la implementación de políticas sociales y la educación, promoción y animación social y prestación de servicios, realizados con alcance asistencial, preventivo o de rehabilitación. Se procura desatar un proceso de promoción del autodesarrollo, según sea en cada caso el ámbito de actuación. La gente ha de participar en sus propias organizaciones, en todo lo que concierne a su propia vida para contribuir a la realización de un proyecto político que significa la modificación y superación de situaciones de pobreza, marginalidad, dominación o explotación a otras de mayor igualdad, integración social, solidaridad, libertad, y justicia.

La acción en áreas geográficas en las que se ha impulsado un modelo de desarrollo, más acorde a las estructuras de bienestar asumidas colectivamente, permitirán una práctica de Desarrollo Comunitario más singular. El Trabajo Social Comunitario, característico en estos países, es entendido como el conjunto de los procedimientos por los que los agentes sociales, apelan a los recursos de la comunidad para hacerse cargo de los problemas de las situaciones de necesidad. Se trata de aplicar el Desarrollo Comunitario a las condiciones de los países industrializados.

4. Los trabajadores sociales en el mundo de la cooperación

El Real Decreto 519/2006, establece el Estatuto de los cooperantes. Se cumple una deuda moral y legal con los 1.400 cooperantes españoles, al desarrollar la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional que establecía la obligación de aprobar el marco normativo de la labor de los cooperantes acerca de sus derechos y deberes, incompatibilidades, formación, homologación de los servicios y modalidades de previsión social..

Según el artículo 2, son cooperantes las personas físicas que participen en la ejecución, sobre el terreno, de un de terminado instrumento de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria en cualquiera de sus fases a realizar en un país o territorio beneficiario de la política de ayuda al desarrollo y que tengan una relación jurídica con una persona o entidad promotora de la cooperación para el desarrollo o la acción humanitaria

Deberán estar ligados con la entidad promotora mediante el ordenamiento jurídico laboral o por la vía de la relación funcionarial, en ningún caso los becarios o las personas cuya relación tenga la naturaleza de arrendamiento de.

Los derechos que se establecen son:

• a recibir una formación adecuada al desempeño de la labor antes de su partida,
• a recibir información sobre las normas de seguridad en el país de destino y recursos a utilizar cuando la seguridad del cooperante o de las tareas resulten afectadas
• al completo reembolso de los gastos en los permisos necesarios para su residencia y trabajo en el país de destino (cónyuge o relación análoga, descendientes incluidos), así como los gastos de traslado de sus bienes
• a una previsión social especifica, para lo que se crea un seguro colectivo sufragado por la Agencia Española de Cooperación.
• a la inmediata atención de sus problemas por los servicios diplomáticos españoles en el Estado de destino,
• a que el tiempo que hayan actuado como cooperantes les sea computado como mérito a valorar en las convocatorias públicas que guarden relación con la cooperación internacional. Medidas para facilitar la reincorporación al mundo laboral a su regreso.

Los deberes que se establecen son:

• conducta adecuada en el territorio de destino, respetando leyes y usos locales y las resoluciones de las autoridades competentes siempre que no vulneren la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los Pactos Internacionales
• notificar su llegada e inscribirse en el Consulado y en la Oficina Técnica de Cooperación.

El volumen actual de trabajadores sociales en el ámbito de la cooperación internacional no es muy elevado, sin embargo, la especialización en el campo de la cooperación y las actividades que se llevan a cabo, la convierten en un yacimiento de empleo. Es necesario el conocimiento intensivo en la gestión de proyectos y subvenciones, identificación de necesidades básicas y contar con capacidad de adaptación y de trabajo en situaciones con un alto nivel de estrés. El solicitante debe poseer amplios conocimientos en liderazgos comunitarios, procesos de desarrollo endógenos, cooperativismo, asociacionismo, etc.

Trabajará estrechamente con las organizaciones locales y la comunidad y a través de diferentes técnicas participativas de identificación de necesidades (DAFO, brainstormings, árboles de problemas, etc.) elaborará el proyecto emanado directamente desde los propios sujetos y sólo ejercerá de mediador, siendo lo más deseable que la contraparte local conduzca directamente todo del proceso, evitando el protagonismo del trabajador social.

Todas sus funciones y actividades han de estar consensuadas, pudiéndose enumerar las siguientes:

• identificación y formulación de proyectos
• seguimiento exhaustivo de las actividades comprendidas en el proyecto
• selección del personal implicado en el proyecto
• representación de la organización no gubernamental para el desarrollo ante las autoridades públicas, comunitarias y beneficiarios.
• realización de informes descriptivos que justifiquen las intervenciones realizadas

Los trabajadores sociales serán considerados gestores o coordinadores de proyectos y no implementadores, papel que es reservado para los trabajadores sociales locales o profesionales afines. Los problemas o desafíos que afrontan con más frecuencia se pueden resumir dos bloques:

• el problema de adaptación a la nueva realidad. Es imprescindible una formación adecuada sobre la realidad precisa a intervenir;
• el trabajo con contrapartes requiere el compromiso de ambas en los planes de ejecución de actividades, control del gasto y representación, para lo que se exigen procedimientos consensuados y en condiciones de igualdad.

Se ha de partir de la realidad de las poblaciones beneficiarias a fin de extraer las necesidades sentidas por ellos a través de dinámicas de grupos. Requiere de adaptabilidad para ajustarse a lo que en cada momento se necesite.

La relación del ejercicio profesional del Trabajo Social con la Cooperación Internacional adquiere importancia si se considera que una gran parte de las herramientas, aptitudes y conocimientos adquiridos durante la formación y la experiencia del día a día se ajustan tanto al diseño como a la ejecución de proyectos de cooperación, aunque se requiere una formación complementaria para la adaptación al nuevo campo de actuación en la que desempeñará funciones en materia de relaciones internacionales y programación, entre otros.

5. Nociones esenciales sobre proyectos de cooperación internacional

Un proyecto es la articulación lógica de los componentes de una intervención para transformar una situación o producir una situación nueva. Un programa es un concepto de planificación mucho más amplio que y un Plan es aún un concepto más general. Todo plan se articula en programas y éstos a su vez se componen de proyectos específicos, los cuales normalmente ofrecen sólo una solución par cial a un problema o una realidad sobre la que intervenir.

Un proyecto es un modo de intervención que implica una modificación de la realidad. Los proyectos de cooperación al desarrollo constituyen un conjunto de acciones y actividades dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los colectivos humanos de los países en subdesarrollo, a partir de su propio análisis de prioridades y de su realidad sociocultural y requieren de dos elementos relevantes:

• la determinación de unos fines y objetivos específicos.
  • la selección de los medios

Todo proceso de ayuda distingue tres ámbitos o funciones:

• la acción sobre el terreno
  • • el apoyo a la realización
    • ayuda financiera

Objetivos y medios son condicionamientos para una ejecución satisfactoria, para lo que será imprescindible una elección específica y la determinación de lo prioritario y una planificación rigurosa y detallada sobre:

• el tiempo requerido para su ejecución
• los recursos concretos, materiales, humanos y técnicos
• el presupuesto que permitirá emprender la elaboración e implementación

Son similares a cualquier otro proyecto pero deben subrayarse una serie de rasgos, como la participación de la iniciativa local, su medida sostenible con el medio ambiente, su carácter integrado y flexible, etc. Requieren de unas mínimas condiciones sin las que toda actividad está condenada al fracaso:

• una estabilidad social relativa,
• una infraestructura económica y social básica y
• unos mínimos niveles de vida, componente relevante en cuanto distingue la cooperación de las ayudas de emergencia y humanitarias.

Los proyectos de cooperación para el desarrollo son integrados pues afectan a diversos sectores ya que el desarrollo de una comunidad o colectivo humano constituye una suma de ellos como,

• el desarrollo asociativo y corporativo,
• la iniciativa empresarial,
• el urbanismo y la vivienda
• el desarrollo rural,
• la educación y la cultura,
• la asistencia preventiva y curativa, etc.

Por el contrario, los proyectos de emergencia abordan la ayuda sanitaria, logística y alimentaria.

La planificación se subdivide en una serie de etapas, un ciclo de vida constituido por cuatro fases consecutivas pero que interactúan entre ellas; parte de un ciclo puede influir sobre otro, lo que puede conducir a un cambio de condiciones y factores por lo que un proyecto está sometido a una permanente revisión:

• Identificación del proyecto: se definen los propósitos y refiere la situación que se pretende cambiar, que normalmente se expresa en términos de problemas.

La primera de las tareas focaliza su atención en establecer las características de la situación que pretendemos alcanzar y los medios para su logro. Condición sine qua non será la recapitulación de información sobre el medio físico y humano, porque las medidas aplicadas en otras latitudes u otras comunidades no siempre son extrapolables dada la especificidad de cada grupo humano.

Asimismo, debe tomarse en consideración la necesidad de integrarse en planes o programas vinculados con las políticas diseñadas en materia de cooperación internacional de los organismos multilaterales o de los países donantes. Los proyectos se convienen en la unidad de actuación básica de intervención, ajustados a programas más amplios, a su vez vinculados a políticas nacionales e internacionales.

Dada la escasez de recursos, las garantías de éxito obligan a precisar con sumo a la finalidad u objetivos específicos. La selección realista, ajustada al tiempo y a los recursos es de suma importancia, así como la ausencia de efectos no deseados

La efectividad dependerá del conocimiento directo de la población, entorno, necesidades, demandas e interacciones, por lo que será necesario contar con las partes afectadas en las consecuencias.

La importancia de la identificación de las acciones reside en que esta etapa sienta las bases de la ejecución y su satisfacción, por lo que será necesario determinar:

• los niveles de acción (grupos de base),
• de apoyo (ONGD de apoyo, administraciones públicas, actores económicos privados, etc.)
• de ayuda (ONGD e instituciones estatales u otras para su financiación),
• las organizaciones de representación, comunitarias o de carácter asociativo de los beneficiarios y
• las funciones que desempeñan éstas y quiénes son los beneficiarios directos e indirectos y, especialmente, los excluidos.

El consenso garantizará un conocimiento mayor y la posibilidad y necesidad de contar con los apoyos imprescindibles pues de no ser así, no sólo vacía de contenido la actuación, sino que puede desembocar en obstáculos que dificultan el funcionamiento y la culminación.

Es necesario realizar un estudio de la viabilidad del proyecto, para cerciorarse de lo adecuado, por lo que habrá que considerar las posibilidades de futuro de la nueva situación esperada.

• Diseño o formulación: en la que elabora la estrategia, se evalúa su viabilidad y se precisa el marco institucional que lo sostendrá

El diseño es la transcripción escrita de todos los aspectos en la fase precedente: la plasmación de la finalidad, los medios y las posibilidades que permiten la viabilidad del proyecto. Comprende la justificación de la esencia de la intervención y de la selección de esa opción entre otras mediante la descripción detallada de cada uno de los aspectos tenidos en cuenta en la fase inicial, no sólo la enumeración precisa de los medios, sino cómo pueden ser complementados, así como las razones para su selección y los criterios para su elección, además de las consecuencias positivas y negativas, inmediatas y futuras, reales y posibles, de su uso.

Uno de los aspectos es la financiación, los recursos financieros necesarios para su implementación, que deberán ser recogidos a modo de partidas presupuestarias en las que se especifican los gastos y medios o apoyo, aquellos de los que no se disponen pero que son susceptibles de ser logrados posteriormente y la previsión del inesperado aumento de los costos de la operación. De su concreción y especificidad dependerá la viabilidad tanto por las entidades que permitirán la intervención como por las que colaborarán.

El diseño puede experimentar modificaciones y reconsideraciones, normalmente procedentes de las instituciones financieras, cuyas recomendaciones exigirán una valoración de su efectividad y el replanteamiento para la reelaboración del mismo.

• Ejecución y seguimiento del plan operativo que determina los planes de acción.

La ejecución es el ecuador de las diferentes fases por las que transcurre un proyecto. Es el punto de partida de la materialización de los objetivos, los procedimientos y recursos. Sin embargo, la puesta en práctica no es tan simple como aplicar, la actuación en un medio siempre debe estar abierta a la presencia de imprevisibles aspectos que van a facilitar u obstaculizar la ejecución del proyecto.

La flexibilidad y la capacidad de improvisación es determinante para el éxito de la ejecución. La imprevisibilidad exige que los mecanismos de decisión y actuación respondan con rapidez, para lo que es necesaria la coordinación y la comunicación fluida entre los diversos actores para no sesgar el consenso.

La capacidad de afrontar tales situaciones pone en evidencia la profesionalidad de los ejecutores del proyecto. La experiencia anterior es un útil recurso de conocimientos, por consiguiente, la aplicación sistemática de los procedimientos, a  veces puede resultar incluso contraproducente, son más una guía metodológica que un acuerdo inamovible.

La participación conjunta de todos los actores permitirá la negociación para afrontar situaciones de inestabilidad. La coordinación y la distribución de papeles pueden promover la materialización de las actividades.

En la unión entre la finalidad y los objetivos con los procedimientos, es conveniente que los actores compartan el marco terminológico y conceptual como garantía.

El seguimiento va acompañado de la ejecución misma, a medida que evoluciona la sucesión de procedimientos aplicados, paralela y simultáneamente se está acometiendo un control y supervisión de los mismos. El seguimiento constituirá la base del análisis y la fuente de información sobre su adecuación, variación o desviación respecto del plan previsto y de los objetivos por alcanzar.

El control y supervisión son relevantes porque velan por la esencia de las bases sobre las que se asentó el consenso inicial de la intervención. Desde él se emitirán las alternativas sugerentes para afrontar las situaciones de imprevisibilidad desde las cuales retomar la finalidad y los objetivos de la acción y reorientar, corregir o enderezar las acciones que desvirtúan la naturaleza del proyecto.

Es importante seleccionar indicadores que permitan una lectura acertada de las acciones, tales como indicadores de impacto social, político, cultural, económico, técnico, organizativo y medioambiental. Las observaciones y recomendaciones son recogidas en informes que se convierten en instrumentos para la adopción de decisiones posteriores.

Esta fase es el epicentro de la futura satisfacción de la acción diseñada y donde se manifiesta la profesionalización y especialización del mundo de la cooperación.

• La evaluación, contemplando sus incidencias positivas o negativas. Constituye la etapa final que da respuesta a las intencionalidades y responden a cuestiones como si se han logrado la finalidad y los objetivos. Existen varios tipos:
  • • Ex ante, mide la fiabilidad y viabilidad
    • Durante, interacciones y modificaciones
    • De cierre, al terminar y es la evaluación inmediata
    • Ex post, transcurrido un cierto tiempo después de finalizado 

Pretende confirmar los planteamientos de la fase anterior: una actividad de conclusiones previsibles a medida que se desarrolla la ejecución del proyecto. Constituye la situación de llegada donde se procede al análisis de todas las partes y se mide el grado de satisfacción de los actores mediante el estudio pormenorizado de procedimientos y recursos, de las decisiones y de si se han ajustado a los criterios.

No es una calificación sino la ponderación de los aspectos determinantes, teniendo en cuenta la valoración y los juicios que se formulen sobre la eficacia, la calidad y la adecuación de los recursos, procedimientos, herramientas y actores involucrados.

No es sólo por tanto descriptiva, sino también explicativa, acomete la labor de enjuiciar los errores, las dificultades, la capacidad de respuesta, etc; convirtiéndose en una importante fuente de información y formación para realizaciones futuras.

 

 

 

Tema 3. Descolonización, desarrollo y cooperación

1. Introducción: breve análisis diacrónico de la descolonización

La dominación política entre comunidades es tan antigua como el hombre mismo. Hablar de colonización es como describir y evaluar la historia de la humanidad; la colonización o dominación política es el estudio de las relaciones de poder, la colonización es un ejercicio del Poder, independientemente de las connotaciones culturales, sociales, económicas o políticas de la dominación o conquista.

A partir del siglo XV «el mundo conocido» se reparte entre distintos estados que configuran Europa occidental. El resto de los continentes, estaban en manos europeas. La sucesiva independencia política de esas áreas y la posterior descolonización abarca algo más de cuatro siglos, culminando tras la I Guerra Mundial.

Se entiende por colonización/ descolonización a una etapa histórica precisa, en los albores de la I Guerra y concluida en los cincuenta. En 1914 la ocupación colonial se extendía al 99% de Oceanía, al 90% de África y al 56% de Asia. En medio siglo se realiza el desmantelamiento de los grandes imperios, comenzando unido el conflicto mundial.

Con el surgimiento de los nacionalismos imperialistas en Alemania e Italia que desembocan en II Guerra Mundial limarán las asperezas entre dos ideologías: el capitalismo y el comunismo. La necesidad de aunar esfuerzos para combatir a un enemigo común y la violencia del nazismo adormecerán unas diferencias que rebrotarán tras la derrota del Eje: Italia, Alemania y Japón.

Una de las consecuencias más importantes del nuevo orden surgido tras la II Guerra en el ámbito de las Relaciones Internacionales, es la finalización del mundo multipolar,  la relación entre varias potencias. Los grandes Estados como Alemania, Italia y Japón fueron derrotados, Francia ocupada por los nazis, Gran Bretaña, que no conoció la ocupación, sucumbió económicamente, Estados Unidos, que había permanecido aislada de los acontecimientos internacionales, se convirtió en la gran potencia de occidente, la reserva política y militar de la democracia frente al comunismo.

El nuevo orden internacional abrió paso a un mundo bipolar compuesto por dos potencias ideológicas, económicas y nucleares. El resto, diezmadas sus infraestructuras, recurrieron a las alianzas con una de las dos para preservar el sistema y garantizar la integridad territorial. La Conferencia de Yalta de 1945 abre un nuevo periodo en la historia de las relaciones internacionales.

Los años de la Guerra Fría hasta la muerte de Stalin en 1953 se caracterizaron por el temor a una tercera guerra y al combate nuclear. A partir de 1955, la distensión abre paso a un periodo más sosegado aunque no ajeno a conflictos como la guerra de Corea o el canal de Suez, uno de los episodios centrales de la descolonización.

Es en este el proceso de emancipación de las colonias se resolverá, adoptando formas y modelos muy diferentes u opuestos:

• Por un lado, la hostilidad cruenta de la oposición de la metrópoli frente a los movimientos subversivos independentistas, como el caso de Argelia del 58, que además fulminó la IV Republica francesa.
• Al otro lado del hemisferio, la independencia de la India en 1947 es el modelo casi paradigmático de emancipación y descolonización por vías pacificas.

Las dos grandes potencias asistirán no sólo como meros observadores. La búsqueda de nuevos aliados se convirtió en un quehacer común. Los EEUU alentaron la emancipación con flujos financieros, pero se opusieron cuando los movimientos nacionalistas simpatizaban con la ideología comunista. El germen del independentismo se encuentra en las modernas unidades políticas dirigidas por la metrópolis. El acceso a la educación y a la cultura de ciertos sectores condiciona la toma de conciencia sobre la necesidad de dirigir por ellos mismos el futuro de sus comunidades.

Junto al establecimiento y reparto de las zonas de influencia, Europa se desmembraba también. El área occidental se refugia bajo la protección estadounidense y los países orientales sucumbían alrededor de la órbita soviética: Polonia, Bulgaria, Rumania y Albania en 1945, Hungría en 1947, Checoslovaquia en 1948 y la zona de ocupación en Alemania se convirtió en la RDA en 1949. La incorporación de la RFA al Pacto Atlántico en 1955, llevó a la URSS a configurar el Pacto de Varsovia.

La Guerra de Corea envolvió a la opinión pública de la sensación de inminente conflicto nuclear, pero la disuasión fue un elemento más que evitó el cataclismo. La estrategia de Kruschev, la coexistencia pacifica con las sociedades capitalistas, alentó a ambas potencias a colonizar influencias y adeptos en el Tercer Mundo, mediante Acuerdos de Amistad y Cooperación como el firmado con Finlandia, prácticamente militar, para la seguridad de las fronteras de la URSS, apareciendo la expresión «Finlandización», que logró preservar su modelo de mercado y político, a pesar de los 1300 kilómetros de frontera con la URSS, a cambio de la neutralidad. La cooperación para el desarrollo se convirtió en el más útil instrumento para afianzar el nuevo orden.

Las causas de la colonización no comparten un vértice común originario, toda explicación debe pasar por la revisión multidimensional de los factores:

• Naturaleza política. Toda potencia cimienta su estructura en la capacidad de obligar a otro a hacer lo que se desea, definición politológica del Poder. Potencia está inexorablemente unido a expansión, como es el establecimiento de bases militares. No obstante, el Poder siempre está en relación con otros, por lo que encuentra su desarrollo en las interacciones con agentes de menor, igual o mayor capacidad de dominio.
• Naturaleza económica. Este goza de mayor simpatía para los teóricos e ideólogos marxistas. Lenin afirmó que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Las colonias fueron conservadas para el enriquecimiento de las metrópolis por la necesidad de invertir capitales y productos excedentes, de abrirse a nuevos mercados y la obtención de materias primas, junto a la promoción de intereses comerciales, arrastraron a los países industrializados a la conquista de nuevas áreas. Esta interpretación encaja con el boom del colonialismo a partir de 1878, segunda fase de la revolución Industrial.
• Naturaleza ideológica y científica.
• Los ideales de exportación valores cristianos promovieron la realización de la misión en nombre de la evangelización y la occidentalización de las comunidades primitivas.
• La pasión por el conocimiento científico revivió los anhelos por la exploración, dando lugar en el siglo XIX a la proliferación de sociedades geográficas

La historia de la política de cooperación para el desarrollo es relativamente reciente. Los esfuerzos a través de convenios bilaterales entre Estados o por medio de organismos multilaterales han sido considerables. Sin embargo, nuevos problemas de carácter global irrumpen, como la degradación medioambiental o la eliminación de la pobreza, que es una asignatura pendiente.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha convertido en el foro en el que los nuevos Estados denuncian las irregularidades de los efectos de la globalización y la necesidad de la acción exterior comprometida con la erradicación de la miseria. Esto incrementa las sospechas sobre las políticas de cooperación en cuanto a su capacidad real para resolver los problemas de carácter global. Las desigualdades constituyen el ejemplo de cómo han favorecido más a unos que a otros, evidenciando factores culturales, comerciales, etc. que parecen responder más a intereses propios del mundo industrializado que a la concepción neutral de la solidaridad internacional.

2. Delimitación conceptual de las tres principales nociones

Relaciones Internacionales

La EI de Ciencias Sociales determina que constituyen una actividad humana a través de la cual personas pertenecientes a más de una nación, de modo individual o colectivo, entran en relación.

Celestino del Arenal las considera como la ciencia que se ocupa de la sociedad internacional y de sus problemas desde la perspectiva de la paz, considerada no sólo como ausencia de conflicto, sino como la realización plena del hombre, en el que el autor incluye el subdesarrollo y el desarrollo desigual entre Estados, el hambre, las privaciones socioeconómicas, los problemas medioambientales, por la que esta noción debe abarcar el conjunto de las relaciones sociales que configuran la sociedad internacional, tanto las de carácter político como las no políticas, tanto las que se producen entre Estados como las que tiene lugar entre actores y entre éstos y los Estados.

Antonio Truyol las define como aquellas relaciones entre individuos y colectividades que en su génesis y eficacia no se agotan en el seno de una comunidad diferenciada y considerada como un todo, que fundamentalmente, pero no exclusivamente, es la comunidad política o Estado, sino que trascienden sus límites.

La identificación con la política exterior o internacional es errónea.

• La política exterior hace referencia a la forma en que un Estado conduce las relaciones con otros Estados; deberá contemplarse desde una perspectiva puramente intraestatal.
• la política internacional abarca no sólo la acción exterior, sino todo el conjunto de relaciones internacionales que da lugar al sistema interestatal; se diferencia de las relaciones internacionales en que éstas no sólo tienen como objeto de estudio las relaciones puramente políticas del sistema internacional, incluye las que son de una naturaleza diferente. Aunque estas dos expresiones comparten lazos, el campo de observación y estudio de las relaciones internacionales es más amplio.

Esta confusión procede de la juventud de las relaciones internacionales como disciplina científica, especialmente en nuestro país. Comienzan su andadura en el periodo de entreguerras en los países anglosajones y en nuestro país se demora hasta los inicios de la transición, se considera como punto de partida el curso de1972 en el que se aprueba un nuevo plan de estudios y se incorpora la nueva licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología con la asignatura de Relaciones Internacionales, aunque con anterioridad hubo incursiones desde otras disciplinas como la Historia Diplomática o el Derecho Internacional.

Como disciplina, las Relaciones Internacionales tiene como finalidad la comprensión, predicción y valoración de las relaciones entre Estados, pero las empresas, las organizaciones internacionales y las ONGs son nuevos actores de la escena mundial, por lo que  se hace indispensable precisar las nociones principales en materia de cooperación y desarrollo, dada la frecuencia con la que se utilizan conceptos cercanos pero no totalmente identificables y diferentes interpretaciones según los enfoques ideológicos existentes.

Sociedad Internacional

La noción «comunidad internacional es una expresión muy próxima y que ha venido superponiéndose sin tener en cuenta que no son coincidentes en su totalidad. La comunidad incluye valores comunes integradores que la sociedad internacional no toma en consideración y sí, por el contrario, las estructuras legales y/o normativas que regulan las relaciones entre los diversos actores de la esfera internacional.

La sociedad internacional se caracteriza hoy día por su globalidad, pudiéndose hablar de sociedad mundial, cuyo más claro exponente es las Naciones Unidas en las que están representados 185 Estados soberanos, con interacciones de naturaleza económica, financiera y tecnológica, diversidad de ámbitos relacionada con el elevado número de actores. La búsqueda y apertura de nuevos mercados y las actividades solidarias realizadas por las ONGD son claros ejemplos de la pluralidad.

Esta pluralidad encierra otro rasgo relevante: la interdependencia. La globalización implica que muchos problemas actuales no tienen solución en el plano exclusivo del Estado, sino que exigen una respuesta conjunta de la sociedad internacional, como el combate contra el narcotráfico, el crecimiento demográfico, las cuestiones medioambientales y la pobreza. Esta necesidad de soluciones comunes impone una dinámica de relación de poder, dominación e influencia que conforma la sociedad internacional como sociedad de Estados.

Cooperación al Desarrollo

Aunque es prácticamente reciente, la raíz etimológica se adentra bastantes lustros atrás, enraizando en las profundas e irreversibles transformaciones de las etapas históricas más interesante y conmovedora: la revolución industrial.

La revolución cultural de la ilustración y los movimientos políticos de finales del XVIII y las transformaciones del sector primario, con la introducción de máquinas en el sistema productivo, van a permitir un progreso sin límites, gracias al crecimiento económico originado por la industrialización agrícola y la urbanización.

Se cimentó además sobre un incremento del comercio internacional y el descubrimiento de nuevas áreas que afianzaron la idea de una expansión ilimitada. El pensamiento político liberal contribuyó a esta idea de progreso alentado por los rendimientos productivos sin parangón en la historia económica precedente. Las nociones de progreso, evolución y desarrollo, abrevaron inicialmente de esos descubrimientos e innovaciones que transformaron para siempre los modelos de producción y las limitaciones de abastecimiento de los medios tradicionales.

Sin embargo, las crisis financieras, las desgarradoras desigualdades a partir de 1880 y la I Guerra Mundial conllevaron un cambio de mentalidad, protagonizado por las teorías marxistas-leninistas.

Asumidas las crisis cíclicas del modelo económico de mercado, fue cuajando una tercera alternativa sobre las bases del capitalismo: el intervencionismo. Las Teorías Keynesianas, fundamentado en la nacionalización de empresas deficitarias, el incremento de las masas salariales, las transferencias en políticas sociales expansivas asumían la urgencia de un cambio de producción y desarrollo cuestionar la esencia sobre la que se asentaba la noción de progreso: la propiedad privada de los medios de producción. El keynesianismo deviene solución intermedia entre dos teorías diametralmente opuestas y así el Plan Marshall se convierte en el primer modelo de cooperación para el desarrollo de las sociedades destrozadas por la II Guerra Mundial.

El éxito del emergente modelo conocido como Estado de Bienestar, alentado por los resultados satisfactorios de los 50 y 60, devolvió la confianza en el crecimiento y desarrollo bajo la rúbrica del crecimiento económico sostenido. Los efectos de la Guerra Fría y la necesidad de las ex-metrópolis de conservar influencias sobre sus antiguas colonias, preconizó, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, la verosimilitud de exportar su modelo de economía al exterior, en materia de infraestructura económica, mercado y reforma de instituciones, especialmente ante el temor de que al abandono de esas zonas cayeran bajo la influencia del comunismo. Este factor se convirtió en exponente determinante de la política de cooperación.

W.W. Rostov, uno de sus más arduos promotores, promueve la identificación de la noción de desarrollo con la de cooperación. En su opinión el mercado es la forma de resolver el problema económico. La libre circulación de capitales, mercancías y mano de obra coadyuvan a la asignación justa de recursos y promueven el crecimiento. La Teoría de la Modernización sugerirá que, con ayuda de los países avanzados, los más pobres deberán seguir las medidas recomendadas por los Estados industrializados.

El estructuralismo neomarxista sugerirá como alternativa, su creación intelectual basada en la Teoría de la Dependencia:

• el subdesarrollo es una consecuencia directa del imperialismo capitalista
• no queda pues más alternativa que el abandono de las características de la sociedad de mercado, generadora de desigualdades nacionales e internacionales
• transformar los pilares socioeconómicos de esas comunidades y sustituirlos por bases de producción socialista
• el abandono del mercado mundial sugerido por occidente.

La crisis energética de 1973, fecha de la puesta en cuestionamiento del Estado de Bienestar, vendrá a reforzar la tesis marxista: el capitalismo conlleva el germen de su propia destrucción. El abandono progresivo del pacto keynesiano promovió alternativas al desarrollo más pronunciadas por las diferencias entre el liberalismo a ultranza y el comunismo regenerador. David Anisi ha expresado que tras 1973 los gobiernos occidentales, tendieron a políticas económicas similares, siguiendo las orientaciones de la OCDE y el FMI. El Estado de Bienestar se creó basado en un pacto que el mercado firmó por miedo y conveniencia. La caída del tipo de beneficio y el deterioro del clima social terminó con la conveniencia, y la política de bloques hacía que el miedo fuera menor. Fue tomándose conciencia de que las inversiones carentes de una planificación más precisa y objetivos más delimitados, no contribuían al desarrollo del Tercer Mundo y a la vez era fuente generadora de turbulencias.

Esto permitió retomar el significado de desarrollo y su incompatibilidad con aspectos meramente económicos, que conllevará a mayor distanciamiento entre ambos.

El crecimiento económico fue cuestionado ante la necesidad de primar la calidad de vida como problemática que afectaba a la persistencia del globo. El planeta no resistiría el crecimiento demográfico, la explotación masiva de materias primas y los efectos de la contaminación, por lo que comenzaría a manifestar su resistencia frente a las agresiones. Eran indispensables medidas correctivas que pasaban por un cambio de actitud y política focalizada en la especificidad de la problemática de los países más necesitados de ayuda internacional.

En este contexto hará su aparición “desarrollo sostenible” o sustentable (en iberoamerica), que presupone una humanización del sistema productivo más acorde con las necesidades reales de la población y de la noción de desarrollo. Los años 80 suponen un punto de inflexión entre el crecimiento económico por un lado, y el desarrollo por otro. se toma conciencia de que el crecimiento económico encierra peligros para la supervivienda del planeta y, a solas, no implica necesariamente resultados positivos para las sociedades.

3.  Los principios normativos de la noción de desarrollo

El derecho al desarrollo es más un derecho de pueblos que un derecho individual, aunque las Naciones Unidas determinan que el derecho social (colectivo) debe tener al ser humano (individuo) como sujeto protagonista de toda acción al desarrollo. Así, establece que los pueblos deben reafirmar su fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de todo ser humano, deberán comprometerse con el progreso social y el incremento de la calidad de vida dentro del concepto de libertades.

Explícitamente no existe norma que haga referencia al derecho al desarrollo, pero resoluciones, pactos,… aprobados por la Asamblea General, recogen siempre un compromiso implícito con el. K. Vasak, señala, sobre los derechos humanos de la solidaridad, que implica el derecho a la paz, a un ecosistema ambiental depurado, a la autodeterminación y el derecho de los pueblos a su desarrollo y explotación de sus recursos, así como a la promoción de su patrimonio.

• La ONU, en la Carta de las Naciones Unidas, se compromete a promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico, la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta cooperación deberá realizarse en el marco de la igualdad ante la ley, sin ninguna discriminación por motivos de raza, sexo, idioma y religión -
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la gran aspiración de todo ser humano es el vivir en un mundo no abatido por la miseria y el temor, por lo que «toda persona tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad», a «un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios», principios en los que se ha inspirado el sistema público de prestaciones del Estado de Bienestar.
• Una noción de desarrollo, aunque dirigida hacia los colectivos de modo más preciso, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 y en el PID Civiles y Políticos que recoge «el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos y en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia», que supone la dimensión colectiva de la noción de desarrollo.

Ciertas resoluciones de la Asamblea General, tomada conciencia de que el desarrollo implica un concepto global tanto de la persona como de los grupos, se recomienda transformar el orden económico internacional para erradicar la miseria. Es de suma importancia el enunciado en el que se menciona el derecho al desarrollo como inalienable, así como a la igualdad de oportunidades, dimensión compensatoria de la igualdad frente al sentido tradicional que implica sólo igualdad ante el Derecho

Este marco normativo estaría incompleto si no tuviera en consideración, numerosas convenciones focalizadas en los colectivos más vulnerables, como la de los Derechos del Niño (1989), la CI la discriminación contra la Mujer y todas las medidas adoptadas por organismos anexos a las Naciones Unidas, como la OIT.

Se puede concluir que el desarrollo es reconocido como:

• un derecho inalienable de la persona y de los pueblos
• el desarrollo está vinculado al progreso económico
• asimismo los elementos sociales deben ser tenidos en cuenta

Implica más que un deber ético y su materialización dependerá de la disposición y utilización de los recursos existentes. El derecho al desarrollo es indispensable para que la libertad individual y colectiva sea una realidad y está irremediablemente unido a los derechos y libertades fundamentales. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos especifica: «el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar y a contribuir a un desarrollo económico, social, cultural y político en el cual puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, y a beneficiarse de ese derecho».

4. Dimensiones conceptuales e ideológicas de la noción de desarrollo

Como concepto perteneciente al ámbito de las Ciencias Sociales, está sometido a una permanente mutación e interpretación y sus connotaciones políticas y económicas lo exponen al socaire de las tendencias ideológicas. Los diversos contextos y los posicionamientos políticos determinan su vinculación con el desarrollo económico (liberalismo versus socialismo) y las diferentes áreas la interpretan de diversa manera. Desde la Antropología se insiste en la persistencia de las características endógenas de la comunidad, frente a las teorías economicistas, apoyadas más en la sobrevaloración de rasgos exógenos.

En definitiva, la ausencia de un modelo único o paradigma imposibilita una aplicación certera y consensuada por lo que es más correcto hablar de modelos de desarrollo y en función de de la noción que se utilice, se recurrirá a las interpretaciones según baremos macroeconómicos o criterios sociales lejanos de los resultados cuantitativos.

En términos políticos e ideológicos la asimilación con otros términos es evidente:

• Liberalismo: crecimiento económico.
• Socialdemocracia: derecho social
• Comunismo: revolución social.

La bibliografía es amplia y revela la predilección por un modelo u otro. Así, la noción que introduce Fernando Almansa, difiere de los informes del Banco Mundial. Según el autor, «el desarrollo no es un proceso de crecimiento ilimitado, sino una búsqueda de equilibrio en la utilización de la riqueza (bienes y servicios), implica un proceso redistributivo y de lucha contra las causas estructurales de la pobreza (injusticia) y, por tanto, no se trata de desarrollar acciones aisladas sino integradas en un programa amplio de transformación estructural, ya que de otra forma la cooperación no produciría desarrollo».

Las tendencias ideológicas las encontramos también en los diversos actores que participan en la cooperación. La superación del rol estrictamente gubernamental y el protagonismo por parte de los agentes sociales (empresas) o de otros sectores (ONGD) es compartido. El desfondamiento de los países comunistas ha colaborado en la consolidación del modelo democrático y su expansión pero también de la sociedad competitiva y, por ende, de la utilización del mercado como instrumento más eficaz para el desarrollo.

La ausencia de criterios uniformes conduce al marco normativo en el que se establece una finalidad delimitada conceptualmente: la erradicación de la miseria y el miedo. El desarrollo sostenible, expresión que comenzó a ser divulgada a partir del Informe Brundthlan elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, en 1987, establece no sólo un crecimiento respetuoso con el ecosistema, sino que incluye a connotaciones sociales resumidas en tres variables:

• Bienestar material, disfrute de una vivienda digna, salud, alimentación y vestido.
• Seguridad de la integridad física ante cualquier manifestación violenta usurpadora de la dignidad.
• Identidad de las peculiaridades colectivas en el marco de las libertades.

Elementos constitutivos de la noción de desarrollo, básicos y elementales, pero merecedores de consenso. Los medios determinarán la dicotomía a la que se enfrenta el mundo del subdesarrollo: o la imitación o la búsqueda de nuevas fórmulas.

5. La política de la cooperación: la ayuda oficial al desarrollo (AOD)

La Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha convertido en eje central de la acción exterior de los Estados desarrollados. A pesar de los avances y el surgimiento de nuevos actores cooperantes, la política exterior sigue determinando diseños e implementaciones de las políticas, por lo que toda acción en materia de cooperación está condicionada por ellas, lo que no impide que los intereses nacionales subsistan y coexistan con la intencionalidad auténtica de colaborar en el desarrollo de los países más necesitados.

Por tanto, la política de cooperación para el desarrollo es entendida como el ámbito de la política exterior de un Estado que, en aras del progreso económico, social, cultural y político de los países subdesarrollados, ponen a su disposición todo un paquete de recursos materiales, financieros y humanos.

Aunque indistintamente se utiliza ayuda al desarrollo con cooperación, estas nociones poseen una diferencia etimológica importante.

• Cooperar supone la coordinación de ambas partes con una estrategia común en la que el interés y el beneficio es mutuo.
• la ayuda al desarrollo es sinónimo de donación, entrega desinteresada y no se comparte, implica una cesión.

En términos económicos, la cooperación supone una transferencia de recursos con cierto grado de concesionalidad, como las medidas fiscales, financieras o arancelarias. Sin embargo, a medida que las circunstancias del Tercer Mundo han cambiado, así como la necesidad de buscar soluciones globales para problemas comunes, como el deterioro medioambiental, el modelo de cooperación sustentado exclusivamente en el crecimiento económico, ha adoptado una forma multidimensional. Hoy es inconcebible contemplar la pobreza y el subdesarrollo como una realidad homogénea, dle ahí que se distinga entre Países en Vías de Desarrollo (PVD) de Países Menos Adelantados (PMA) y Países en Transición, del Centro y Este de Europa, cuyo nivel avanzado no tiene consideración de AOD, sino de Ayuda Oficial (AO)

Sigue considerándose necesario los recursos financieros pero también se tienen en cuenta en la actualidad otras modalidades de cooperación como la modernización de las instituciones (la cláusula democrática y el respeto por los derechos y libertades so pena de interrumpir la ayuda), el desarrollo de un sistema tecnológico-científico moderno y autóctono o el incremento de la cualificación de la mano de obra en el país demandante de la ayuda

La Ayuda Oficial al Desarrollo puede ser definida como el ámbito de la cooperación internacional consagrado a la colaboración con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo para la consecución de un progreso socioeconómico y político. Es Oficial por la procedencia de fondos públicos, gestionados por instituciones públicas o canalizados como subvenciones, por lo que es preciso distinguirla de otras del ámbito privada de la sociedad civil, y gestionadas por agentes comerciales o por ONGD.

Dada la heterogeneidad de definiciones y la diversidad del mundo subdesarrollado y  países donantes, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de los países de la OCDE estimó necesario esclarecer qué se entiende por Cooperación al Desarrollo, para establecer directrices aplicables, criterios que determinan los elementos que toda AOD debe cumplir para que sea considerada por la Comunidad Internacional como auténtica Ayuda al Desarrollo. Permiten que los intereses comerciales, económicos o de cualquier naturaleza del país donante se plieguen a ciertos requisitos para que la política de cooperación al desarrollo no se convierta en un mero instrumento de la política exterior de un país para promocionar sus intereses.

Se califica como AOD cuando se satisfacen los siguientes criterios:

• La ayuda tiene como finalidad la mejora del desarrollo económico y del nivel de vida en el país receptor.
• Los fondos provienen del sector público en forma de donaciones o como préstamos o créditos blandos.
• El elemento de liberalidad de estos créditos es al menos del 25% o 50% en el caso de PMA.
• El país demandante debe pertenecer a la categoría de países susceptibles de ayuda según el propio CAD

6. Los instrumentos de la ayuda oficial al desarrollo

La Cooperación Bilateral

Flujos provenientes de fuentes gubernamentales del país donante a países en desarrollo, por medio de donaciones o créditos reembolsables en condiciones blandas para su financiación y posterior amortización. Las relaciones se establecen directamente entre el donante y el receptor o con una ONGD. Cuando los recursos se canalizan de forma multilateral pero es el país donante el que establece qué país va a recibir la ayuda o qué proyectos van a ser financiados con los fondos aportados, estas contribuciones se denominan Cooperación Multi-bilateral.

La Cooperación Bilateral puede ser, por tanto, a su vez:

• Reembolsable: no son donaciones, sino créditos, aunque las condiciones son más cómodas que las de las reglas del mercado, lo que permite que sean catalogados como ayuda al desarrollo. Una modalidad corresponde a préstamos vinculados a la adquisición de bienes y servicios del país donante. Para evitar competencia desleal entre los países desarrollados, la OCDE, a través del Paquete de Helsinki, estableció los requisitos para ser AOD y evitar que se conviertan en un medio para la comercialización del país donante. Los ejecuta exclusivamente la Administración General del Estado.
• No Reembolsable: comprende programas y proyectos, ayuda alimentaria y de emergencia, y ayudas y subvenciones a las ONGs, y son donaciones. Son llevadas a cabo portadas las administraciones.

Por tanto, se distribuye del modo siguiente:

Cooperación financiera

• Línea de Microcréditos.
• Créditos ligados a la adquisición de bienes y servicios nacionales, que en España reciben la denominación de créditos del Fondo de Ayuda para el Desarrollo (FAD).
• Reorganización de la deuda externa

Cooperación no financiera

• Programas y proyectos específicos.
• Ayuda alimentaria.
• Ayuda de emergencia.
• Subvenciones a las ONGD.

La Cooperación Multilateral

Es la aportación que el país donante realiza a Organismos internacionales, de naturaleza financiera o no. Son realizadas por la Administración General del Estado y puede tratarse de una contribución, una cuota o de ambas, que sucede generalmente.

Las cuotas obligatorias son la parte del presupuesto que el país donante debe aportar como miembro de un determinado OI, ratificada su adhesión y, por tanto, tiene carácter de obligación jurídica.

Las contribuciones son voluntarias, cada país donante decide unilateralmente cada año cuántos recursos dedicará a la financiación de programas y fondos, estableciendo sus prioridades.

Una Organización se clasifica como Multilateral cuando:

• se trata de un organismo, institución u organización internacional cuyos miembros son gobiernos o de un fondo gestionado por un organismo multilateral.
• reúne en un fondo común las cantidades recibidas de tal forma que pierden su identidad y pasan a formar parte de sus activos financieros.

Este tipo de cooperación se realiza mediante tres instrumentos:

• Las aportaciones a la UE. La política de cooperación se articula a través de:
• el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de carácter extraordinario y destinado a los países ACP (África, Caribe y Pacifico)
• el Presupuesto Comunitario de Cooperación al Desarrollo (PCCD) de carácter ordinario, destinados a la financiación de cooperación con los países en vías de desarrollo no considerados ACP.
• Las contribuciones a Organismos Internacionales Financieros (OIF): captan recursos de sus miembros y los canalizan hacia países en vías de desarrollo para financiar importaciones, programas y proyectos o como ayuda directa a la balanza de pagos. Entre estos OIF destacan: el BM, el FMI y los Bancos Regionales para el Desarrollo: Banco Iberoamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
• Las contribuciones a Organismos Internacionales No Financieros (OINF): tienen como finalidad promover la cooperación en los ámbitos educativo, científico, tecnológico, sanitario, laboral, social y político. Son principalmente Agencias de Naciones Unidas que realizan actividades en de los capítulos mencionados como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

7. La distribución de la cooperación por sectores y áreas geográficas

La distribución se realiza desde dos vertientes:

• por países o zonas geográficas: se determina qué países o regiones se beneficiarán de las ayudas.
• Cuando se trata de de Cooperación Multilateral, es el OI quien determina dónde desembolsar el monto de la ayuda,
• en la Cooperación Bilateral corresponde al propio país donante decidir, aunque la selección está de determinada por los criterios establecidos por el CAD que limita la elegibilidad y la Iniciativa PPME, estableciendo una lista de potenciales candidatos.
• Distribución sectorial: la AOD Bilateral No Reembolsable se divide en dos grandes grupos sectoriales que, a su vez se divide en subsectores en los que se especifica el destino concreto de la financiación:
• el grupo de los Sectores Económicos y Sociales que comprende las: contribuciones distribuibles. Cada uno de los subsectores se ramifica partidas de fines más específicos
• Infraestructuras sociales y servicios:
• Educación: servicios e instalaciones educativos y formación, política educativa y gestión administrativa, formación de profesores, educación universitaria, capacitación básica de jóvenes y adultos, formación profesional, etc.
• Salud: servicios médicos, infraestructura básica, formación de personal sanitario, control de enfermedades infecciosas, educación sanitaria, política sanitaria y gestión administrativa, etc.
• Población: atención a la salud reproductiva, planificación familiar, formación del personal, política sobre población y gestión administrativa, lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
• depuración y suministro de agua: sistemas menores y de envergadura para abastecimiento y depuración, protección de recursos hídricos, desarrollo de cuencas fluviales, tratamiento de los residuos sólidos, , etc.
• gobierno y sociedad civil: desarrollo legal y judicial, fortalecimiento de la sociedad civil, procesos electorales, retirada de minas antipersona, procesos de consolidación de la paz, planificación económica y de desarrollo, etc.
• Otros servicios e infraestructuras sociales: seguridad social y servicios sociales, reconstrucción, control de estupefacientes, instituciones científicas y de investigación, viviendas de bajo coste, colonización y asentamientos, política de empleo, cultura y ocio, etc.
• Sector de Infraestructuras económicas y servicios:
• Transporte y almacenamiento. Transporte marítimo y fluvial, aéreo y por carretera, etc.
• Comunicaciones: radio, televisión, prensa, telecomunicaciones y política general de comunicaciones y gestión administrativa.
• energía: centrales nucleares e hidroeléctricas, energía eólica, solar y geotérmica, producción energética, fuentes no renovables, etc.
• servicios bancarios: política financiera, intermediarios financieros, etc.
• Sectores productivos:
• Agricultura, Silvicultura y pesca: recursos hidrológicos para uso agrícola, producción de alimentos, ganadería, cosechas destinadas a la exportación o a la industria, protección de cosechas, lucha contra plagas, etc.
• Industria, minería y construcción: desarrollo de PYMES, producción farmacéutica, recursos de fondos marinos, industria artesanal y manual, etc.
• Comercio y turismo: política turística, comercio mayorista y minorista, etc.
• Multisectorial:
• se agrupan iniciativas diversas destinadas, entre otros, a:
  • control y prevención de inundaciones,
  • protección del patrimonio,
  • biodiversidad,
  • mujer y desarrollo,
  • gestión urbana, etc.
• el grupo de los Sectores con Fines Generales de Desarrollo comprende las contribuciones no distribuibles:
  • La Ayuda a Mercaderías y Programas de Asistencia
  • Ayuda de Emergencia
  • Deuda Externa
  • Costes administrativos
• Son repartidas en fines más específicos entre los que se destacan:
• Ayuda alimentaria
• Condonación, reestructuración y refinanciación de la deuda
• Canje de la deuda por proyectos de desarrollo
• Ayuda de emergencia ante catástrofes
• Ayuda a refugiados
• Apoyo a ONGs locales y regionales
• Promoción y sensibilización a la cooperación.

8. Los actores de la ayuda

Se entiende por actor internacional a la autoridad (persona, grupo u organismo) capaz de movilizar recursos suficientes para influir en el medio internacional. Los cambios acontecidos por la globalización han conducido a la aparición de nuevos actores que actúan compitiendo con el actor internacional por antonomasia: el Estado, que, en el ámbito de la cooperación, ha conservado su protagonismo, a pesar del rol adquirido por las agencias transnacionales y los organismos intergubernamentales, destacando las instituciones comunitarias.

Instituciones y administraciones públicas

Aunque no toda actividad relacionada con la cooperación se agota en un solo departamento ministerial, es común designar al Ministerio de Exteriores como encargado de la Cooperación, creando unidades administrativas para el ejercicio y desempeño de funciones especificas. En España fueron creadas una Secretaría de Estado General (la SECIPI, Secretaría del Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamerica) y la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI), entre otras.

Las Comunidades Autónomas han conducido a una mayor descentralización del sistema que ha permitido que, tanto los gobiernos autonómicos como las corporaciones locales  desempeñen una nada desdeñable tarea en el ámbito de la cooperación. Esta contribución, realizada a través de sus presupuestos, se lleva a cabo por medio de ayudas y subvenciones cedidas a ONGs, con los fondos de solidaridad de carácter intermunicipal. En la primera conferencia europea sobre ciudades y desarrollo surgió la acción conjunta entre las ONGD y entidades locales. Estos fondos se han convertido en un instrumento para la gestión de ayudas, entre los que destacan:

• El Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament de 1986,
• Euskal Fondoa de 1988 y
• el Fons Valencià de Solidaritat de 1993.

Desde 1991, Entidades Locales y CCAA participan en la elaboración de los Planes Anuales de Cooperación Internacional, aportando datos de previsiones y ayudas y subvenciones. Los correspondientes a sus programas y actividades son facilitados por las CCAA, mientras que las Entidades Locales lo realizan a través de la FEMP. Esta participación de las administraciones territoriales menores es la Cooperación Oficial Descentralizada (COD),  regulada por la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y sujeta a las directrices que establece el parlamento y gobierno central.

Organizaciones Intergubernamentales

Son asociaciones de Estados para la consecución de unos objetivos, para lo cual disponen de autonomía y estructura administrativa y recursos propios. En cooperación, son las protagonistas de la conocida ayuda multilateral y, por tanto, de los recursos desviados a organismos internacionales que desempeñen su labor en la promoción del progreso de los países en vías de desarrollo.

La más conocida es la ONU, de carácter universal, que se subdivide en organismos especializados cada uno de ellos con funciones específicas en un ámbito de interés, como la OMS, FAO, UNICEF...

Hay otras organizaciones de carácter más restringido como la OCDE que reúne de modo disperso países de varios continentes o la OPEP, integrada por Estados productores de petróleo. Otras de especial importancia son la propia UE, la OTAN o la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

El boom asociativo está estrechamente relacionado con la consolidación de los valores democráticos en las sociedades industrializadas. La pionera es la Cruz Roja Internacional (1863), fundamentalmente en ayudas de emergencia.

Se distinguen de las ONG en que su acción es exterior, persiguiendo como finalidad el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, aunque comparten ciertos elementos que las identifican, como su carácter independiente y autónomo, su naturaleza social, su actuación sin finalidad de lucro y su personalidad jurídica. Sus objetivos pueden resumirse en dos puntos esenciales:

• la implementación de proyectos o programas para el desarrollo en países subdesarrollados
• la canalización de recursos económicos tanto públicos como privados.

Otras funciones deben ser tenidas en cuenta como las campañas de sensibilización pública: han adoptado una importante función crítica, denunciando y exigiendo un compromiso mayor con la solidaridad internacional En los países en los que actúan también contribuyen a la concienciación de la población para que sea agente activo en los proyectos y programas de cooperación aprobados.

En aras de la eficiencia y la coordinación, se creó la Internacional Council of Voluntary Agencies (ICVA). En fechas recientes, se estableció la EURO-ACCION para transformar el modelo y pasar de la mera ayuda de emergencia a los macroproyectos y proyectos.

Su libertad de actuación se ve mermada por la falta de montos para proyectos de mayor alcance o una profesionalización más adecuada. Su labor las convierte en «islas en el inmenso océano del subdesarrollo y en lo fundamental sólo pueden jugar un papel secundario».

Las grandes empresas

La participación empresarial se inicia a partir de los años 60-70, con el objeto de promover e incentivar la capacidad empresarial de los países en vías de desarrollo.

Constituyen un importante medio para fomentar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y para adquirir saber técnico y de gestión administrativa. los países europeos promueven actividades a través de Corporaciones Financieras de Desarrollo con proyectos conjuntos interempresariales

Se han mostrado recelos hacia la participación de las empresas, pues se presumía un ocultamiento de intereses comerciales, pero poco a poco se va tomando conciencia de la oportunidad de su participación en el desarrollo mundial, siempre y cuando, se cumplan los dos siguientes requisitos:

• en ningún caso, la participación de las empresas debe reducir o sustituir las inversiones de las ayudas oficiales al desarrollo.
• que la obtención de un interés comercial no muestre su incompatibilidad con el principio de solidaridad que rige la cooperación al desarrollo.

 

 

 

Tema 4. Política internacional y comunitaria para la cooperación

1. Introducción: la cooperación para el desarrollo en el sistema internacional

La primera gran iniciativa no tuvo como beneficiarios a los países del Tercer Mundo. Los países europeos, desvastados por la I Guerra Mundial y con la amenaza de la expansión del comunismo, impulsó a las potencias vencedoras a diseñar el primer modelo de cooperación para la reconstrucción europea, y fue posible gracias al Plan Marshall, cuyas aportaciones constituyeron la primera acumulación de capital para la creación del Estado de Bienestar.

Este modelo inicial fue sustituido por la colaboración de los países industrializados hacia con el proceso de la descolonización, excolonias con las que se estrecharon lazos para conservar la influencia política.

La dinámica de los bloques de la Guerra Fría impondrá esta actitud en un combate abierto que, con gran analogía al muro de Berlín, dividirá a los continentes africano y asiático en potenciales receptores de ayudas del mundo occidental o del sistema comunista, perfil que caracterizará la política de cooperación internacional. Ambas variables deben ser tenidas en cuenta para entender la evolución de la cooperación al desarrollo.

De este modo, los países ricos se convierten de Estados receptores y necesitados de fondos para su reconstrucción en Estados donantes, agrupándose en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), creada en 1960, y que se estructura en comités de materias específicas para fomentar la expansión económica y el comercio mundial. Con el objetivo de evitar la competencia desleal e impedir que la cooperación con el Tercer Mundo se convierta en moneda de cambio de intercambios comerciales, acordarán establecer unos principios de obligado cumplimiento y de común significado  para todos. Para ello, la OCDE crea el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como comité específico y que se ha constituido en el foro en el que acordar las condiciones de cooperación.

Con la finalidad de mejorar el volumen, la calidad y la eficiencia de los objetivos, se realizó un proceso de consultas y acuerdos entre los organismos encargados de la gestión de la ayuda, contando con la participación del Banco Mundial, el FMI y el PNUD de Naciones Unidas. El resultado fue la aprobación de directrices generales, punto de referencia para la orientación y ajuste de las políticas de cooperación que aplica cada país. Para que sean respetados, el CAD  garantiza un seguimiento de la ejecución de estos fundamentos y que hacen públicos por medio de publicaciones periódicas de los informes anuales en los que consta el grado de cumplimiento y recomendaciones para la reordenación y modificación de las políticas.

Como fundamentos, el CAD expone que el subdesarrollo sólo puede ser superado si son aplicadas estrategias y políticas económicas que:

• contribuyan al crecimiento sostenido,
• aseguren el respeto y conservación de los ecosistemas medioambientales
• proporcionen una redistribución más justa de los resultados económicos
• permitan la participación activa de la población en el sistema productivo y social en un marco democrático, que implica respeto a los derechos y libertades fundamentales ay a las leyes que constituyen el Estado de Derecho.

          Esta noción de desarrollo participativo son las nuevas orientaciones y estrategias para la consecución de un crecimiento económico sostenido.

Estos principios incluyen una serie de observaciones entre las que destaca la necesidad de que la ayuda otorgada, en ningún caso, pueda prescindir de la coyuntura política, económica y social de los receptores, sin cuya consideración todo programa de cooperación está condenado irremediablemente al fracaso.

La razón principal de los principios surge por la inquietud que ocasiona la ayuda ligada que constituye un importante instrumento. El establecimiento de bases como las enunciadas proceden del seguimiento y observación del suministro de bienes y servicios nacionales que no tienen en consideración las necesidades reales del país receptor. La ayuda ligada no es cuestionada, pero sí su utilización desmedida e incontrolada, donde los intereses de los países industrializados pueden subvertir la naturaleza la cooperación.

La ayuda ligada favorece la adquisición de bienes indispensables para la estructura productiva del país en vías de desarrollo, por lo que es complementaria de la ayuda financiera que suelen ser exiguas. Los escasos recursos financieros con los que cuentan los países en vías de desarrollo, unido a su incapacidad de obtención de divisas, encuentran en la ayuda ligada un importante instrumento para incrementar sus importaciones.

Las disfunciones que puede conllevar una aplicación no reglada, ha conducido a establecer y delimitar conceptualmente la conjunción entre los intereses del país donante y las necesidades y prioridades del receptor, estableciéndose criterios comunes para evitar la competencia desleal, lo que llevado a reconocer que es a los países en desarrollo a los que corresponde fijar sus prioridades y que la responsabilidad de la coordinación de la ayuda incumbe a cada gobierno beneficiario.

2. Origen y desarrollo de la política comunitaria

Aunque el Tratado de Roma recoge de manera explícita la cooperación al desarrollo, por iniciativa de Francia se asientan las primeras medidas de cooperación y ayuda. La CE, con el objeto de promover el desarrollo económico y social de los países y territorios de Ultramar, incluyó el modelo de cooperación que le permitía mantener relaciones comerciales con sus antiguas colonias, centrado en la eliminación de las barreras aduaneras. Es considerada la primera iniciativa en materia de cooperación al desarrollo.

Cuando en 1973 el Reino Unido se incorpora a la CE, impuso como condición la continuidad de sus relaciones con sus excolonias de la Commonwealth, considerado como antecedente a los Convenios de Lomé que regirían la política comunitaria.

En 1982, con el «memorandum Pisan», se pretendía establecer una política más acorde con la concepción de desarrollo y cuyos objetivos eran:

• Fomentar la autosuficiencia alimentaria y desarrollo rural
• Incrementar los recursos humanos y la atención cultural
• Desarrollar las capacidades autónomas de I+D
• Utilizar de modo sistemático los recursos naturales disponibles
• Restaurar y conservar el equilibrio ecológico

El episodio definitivo es la aprobación en 1992 del Tratado de Maastricht, que consagra el Título XVII a la cooperación al desarrollo y determina que la política de cooperación comunitaria es complementaria a las de los Estados y establece como objetivos:

• la lucha contra la pobreza en los países en vías de desarrollo
• la inserción equilibrada y continuada de estos países a la economía mundial
• el desarrollo económico y social duradero, especialmente de los países más atrasados.

Tanto la CE como los Estados respetarán los compromisos y objetivos establecidos por la ONU y otras organizaciones internacionales, entre cuyas finalidades se incluye la promoción y consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Para la implementación de estos objetivos se adoptarán programas plurianuales y políticas que podrán ser elaboradas y coordinadas con los Estados miembros, pudiendo estos mismos contribuir a la ejecución de dichos programas. De igual modo, la CE y los Estados miembros cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales, independientemente de la labor individual.

El hecho de integrar la política de cooperación al desarrollo en un capítulo independiente del Tratado la convierte en un área en sí misma. Comparte además el principio de subsidiariedad al entender que la CE intervendrá sólo cuando los objetivos no puedan ser alcanzados por los Estados miembros.

Asimismo, el Tratado de Maastricht recoge los órganos competentes en la elaboración y ejecución de la política de cooperación. De este modo, corresponde a la Comisión proponer toda iniciativa y al Consejo de Ministros decidir las propuestas elaboradas previamente por la Comisión. La debilidad institucional del Parlamento Europeo se ve reflejada en el diseño de la política al desarrollo, pues la asamblea representativa desempeña un mero papel asesor. No obstante, desde la entrada en vigor del Acta Única, se permite al Parlamento modificar las iniciativas legislativas, así como la aprobación del presupuesto comunitario.

 El Acta Única Europea, aprobada en 1987, amplió sustancialmente los poderes del Parlamento, otorgándole, entre otras funciones, el derecho a supervisar cada vez más ámbitos de actuación, como la política de cooperación al desarrollo, aunque no se prevén mecanismos de coordinación entre Comunidad y Estados. El Tratado vino a afianzar la posición del parlamento y, desde entonces, puede solicitar a la Comisión la elaboración de nuevos proyectos legislativos y destituirla mediante una moción de censura respaldada por dos tercios de la cámara

Desde 1993, la UE no ha cesado de producir informes, resoluciones y comunicaciones, relacionados directamente con la cooperación al desarrollo, para  ampliar el marco jurídico de referencia. El Informe de ese año pone en evidencia que la política comunitaria no posee un modelo propio de cooperación y, además, parece haber importado una cierta concepción liberal y económica, como demuestran los apoyos a los programas de ajuste del FMI y del BM, cuyos resultados están siempre en la palestra de críticas y cuestionamientos.

3. Desarrollo de los convenios de Yaundé al acuerdo de Cotonú

El Tratado de Roma representa el inicio de la cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea con los países subdesarrollados. Como resultado directo y constitutivo de la comunidad, se firmó el Convenio Yaundé, en 1963, para la cooperación con los Estados africanos, constituyendo la primera piedra de un proceso de colaboración. En 1969, se amplió, dando lugar al Convenio Yaundé II.

El Acuerdo de Cotonú, que entró en vigor el 1 de abril de 2003, y firmado el 23 de junio de 2000 por la UE, tras la ratificación de 76 Estados ACP, representa un nuevo episodio en la cooperación entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico tras la expiración de los cuatro Convenios Lomé. Supone la adaptación a la nueva realidad mundial contemplando los efectos de la globalización, el desarrollo tecnológico y los cambios experimentados por los propios países beneficiarios, en el marco de los Objetivos del Milenio, focalizados en la reducción y eliminación definitiva de la pobreza y en la integración en la economía mundial. Para su se pretende, como medidas prioritarias en el ámbito económico:

• invertir y ayudar al sector privado
• realizar reformas macroeconómicas y estructurales, como la liberalización del régimen de comercio
• desarrollar intensamente la industria, el comercio y el turismo

Estas iniciativas deberán ser activadas junto a medidas de desarrollo social y político para que la política de cooperación sea una auténtica política de desarrollo:

• Respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos basados en el Estado de Derecho. Un ejemplo lo encontramos en las medidas adoptadas en caso de incumplimiento, como en el caso del golpe de Estado del 2000 en la República de Fidji. La Unión decidió suspender algunos aspectos de la ayuda y en el 2003, considerando la evolución positiva, se reanudó la cooperación
• Gestión transparente y responsable de los asuntos públicos
• Buena gestión de las medidas públicas, en particular, combatir la corrupción.
• Realización de política sociales sectoriales, como el desarrollo de los sistemas educativo y sanitario
• Protección específica de los derechos de los menores, especialmente del género femenino.

Los recursos financieros de los que dispone este Acuerdo son:

• Los recursos financieros propios del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que asciende a 1.700 millones de euros. El BEI fue creado por el Tratado de Roma como institución financiera de la Unión. Adopta la forma de cualquier modelo bancario, obteniendo sus recursos en el mercado de capitales. Ha sido una institución de ayudas económicas ante situaciones coyunturales o proyectos de gran envergadura, pero ha ampliado su ámbito de actuación y en la actualidad no se circunscribe exclusivamente a los Estados miembros, por lo que se ha convertido en un agente de colaboración financiera para los PVD, con fines como la mejora de la competitividad, la creación y desarrollo de infraestructuras esenciales, etc.
• los remanentes de los Fondos Europeo de Desarrollo anteriores que suman más de 9.900 millones de euros
• y la aplicación del noveno FED por un total de 13.500 millones de euros.

En los convenios anteriores, se contemplaron medidas procedentes del FED destinadas a la protección de las exportaciones ante la depreciación de los precios en materias primas y productos agrícolas. Para ello, se crearon las iniciativas STABEX, protección de productos como el algodón, el café o el cacao, y SYSMIN, de productos mineros, que no han sido prorrogados al considerar los cambios que las economías de estos países han experimentado y los efectos de la globalización

4. El principal instrumento de la cooperación financiera de la UE: el FED

La política comunitaria se realiza mediante donaciones y préstamos. La UE ha o establecido requisitos que obligatoriamente deberán ser cumplidos por el país receptor para evitar la utilización de modo fraudulento. Se exige transparencia en la gestión, reducción de los gastos militares y escrupuloso respeto a la democracia y a los derechos y libertades fundamentales, condicionando a profundizar en sus estructuras democráticas y encaminar su aparato político al modelo de Estado de Derecho. Los recursos son suministrados a través de tres fuentes o instrumentos:

• los recursos financieros de Banco Europeo de Inversiones (BEI),
• El propio presupuesto de la Comunidad, destinados a los países de la cuenca mediterránea, América Latina, Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes de la extinta URSS.
• Los recursos económicos del FED.

El FED es el principal instrumento de ayuda a la cooperación al desarrollo. El Tratado de Roma previó su creación como  ayuda técnica y financiera a países africanos que seguían colonizados y con los que algunos Estados poseían vínculos históricos.

Desde 1993 el presupuesto comunitario viene reservando un título para el Fondo, pero aún no es parte del presupuesto, sino que es financiado por los propios Estados y sujeto a sus propias normas. Es destinado a países ACP y a los países y territorios de ultramar (PTU). Está previsto que la ayuda de los PTU se integre en el presupuesto general comunitario. La de los ACP se seguirá financiando a través del FED, al menos hasta el 2013. Son concedidos y distribuidos por un periodo de un lustro y su proyección histórica se presenta a continuación:

• 1959/1964: 1° FED
• 196411970: Convenio de Yaundé 1(2º FED)
• 1970/1975; Convenio de Yaundé 11(3° FED)
• 1975/1980: Convenio de Lomé I (4° FED)
• 1980/1985: Convenio de Lomé II (5° FED)
• 1985/1990: Convenio de Lomé III (6° FED)
• 1990/1995: Convenio de Lomé IV (7° FED)
• 1995/2000: prolongación del Convenio Lomé IV (8° FED)
• 2000/2007: Acuerdo de Cotonú (9° FED).

En la actualidad, es la única partida de los gastos comunitarios no sujeta a autorización del Parlamento Europeo, lo que ha abierto un proceso de reflexión sobre la idoneidad y eficacia. La ayuda a los países en vías de desarrollo por la UE se lleva a cabo por dos canales:

• el presupuesto comunitario
• los fondos procedentes del FED.

           Al mantenerse al margen de los presupuestos, la cooperación con los países ACP queda excluida de los procesos de decisión de las instituciones comunitarias, lo cual resta visibilidad en las relaciones que mantiene con dichas áreas e incrementa el riego de que queden marginadas en comparación con otras regiones del mundo

           Con la ampliación de las relaciones exteriores de la Unión y el aumento a la ayuda exterior, esta financiación separada no es percibida como un privilegio, sino como un inconveniente. La integración de todos los gastos vinculados a la cooperación al desarrollo permitiría tener una visión global del total de la ayuda, por lo que la Comisión ha propuesto que en lugar de financiar un nuevo FED, el próximo presupuesto constituya el inicio de una consignación presupuestaria de los fondos destinados a la cooperación Unión Europea y países ACP.

5. La cooperación más popular y visible de la UE con el tercer mundo: la          ayuda alimentaria y de emergencia

Creada en 1967, la ayuda alimentaria posee como finalidad la aportación de los productos alimenticios para lograr la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento de las poblaciones afectadas. Implica un 20% del total de la ayuda comunitaria, colocando a la UE en uno de los primeros puestos de los países del CAD, cubriendo un 40% de las necesidades de los países del Tercer Mundo.

Esta ayuda implica a su vez la mejora de la producción alimentaria de estos países, la intervención rápida ante situaciones de emergencia y la integración de nuevos productos alimenticios susceptibles de su adaptación a los hábitos alimenticios de las poblaciones receptoras. Esta finalidad permite establecer una subcategoría genérica «Ayuda Alimentaria»:

• ayuda para programas, para reequilibrar la demanda de productos importados y la oferta de productos nacionales,
• ayuda para proyectos, que implica la cesión directa de alimentos a colectivos de poblaciones más vulnerables con el objeto de garantizar y cubrir sus necesidades nutricionales,
• ayuda de emergencia, más conocida públicamente por sus repercusiones humanitarias ante situaciones de catástrofes naturales, secuelas de guerra, plagas, etc. Implica también cubrir todas las prioridades que requieren el restablecimiento de la comunidad, debiendo incluir material sanitario, útiles y recursos humanos para la atención de cuidados diversos y requiere de una intervención inmediata y eficaz. Tras subsanar las primeras necesidades es imprescindible la colaboración para la reestructuración del aparato productivo y las infraestructuras básicas, por lo que es conveniente distinguir entre:
• ayuda humanitaria de emergencia propiamente dicha. No es considerada como ayuda auténtica al desarrollo. La singularidad deriva de que el propósito de sus acciones no es tanto promover el desarrollo del beneficiario cuanto atender a necesidades urgentes e imprevistas. Es una expresión de la solidaridad internacional, más que de una estricta acción a favor del desarrollo» (José Antonio Alonso).
• ayuda humanitaria para la rehabilitación, que incluye programas en caminados a la reconstrucción del aparato productivo, la reinserción social o el restablecimiento de los servicios esenciales. Esta es casi un auténtico programa de cooperación en relación al tiempo requerido para el restablecimiento de un desarrollo social mínimo.

Con el objeto de gestionar esta colaboración, se creó la Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO). Desde su creación ha proporcionado ayuda a más de 85 países y pretende reducir el sufrimiento humano, para lo que colabora con más de 200 socios, la mayoría, organizaciones como la Cruz Roja

La UE es el mayor donante del mundo, proporcionando el 55% de las ayudas humanitarias internacionales, de las que el 30% se llevan a cabo a través de ECHO y el 25% con programas directos de los Estados miembros y financiadas por medio del presupuesto general y del FED.

En el año 2001, ECHO aprobó un procedimiento de decisión más rápido que permite aprobar proyectos en un plazo de 24 a 72 horas. En los primeros años se atendieron los terremotos de El Salvador y la India, la sequía en Asia, 38 conflictos minados, los Territorios Palestinos, y se prestó una atención especial a las denominadas «crisis olvidadas», las que no llaman la atención en los medios de comunicación ni de otros proveedores de fondos.

En 2004, en el terrible tsunami que costó la vida a cerca de 280.000 personas en el Océano Índico, la ECHO fue el primero que reaccionó concediendo 3 millones de euros a la Cruz Roja y posteriormente, se invirtieron en la población afectada 80 millones más. Las principales crisis olvidadas se localizaron en Argelia (Sáhara Occidental), la República Democrática del Congo, Guinea, Haití, India, Birmania, Somalia, Sudán y Chechenia, entre otros..

6.  La distribución geográfica de la cooperación comunitaria al desarrollo

La distribución de ayuda al desarrollo responde a los intereses particulares de los Estados miembros respecto a su pasado colonial o sus esferas de influencia política, que explica la vinculación de Francia y Reino Unido con sus antiguas posesiones en el continente africano, de Alemania en relación a los países orientales europeos o el compromiso de nuestro país con América Latina. Asimismo, los cambios de los ochenta y noventa han obligado a una redefinición de las.

DEsde 1957, creación de la CE, se replanteó un nuevo modelo de relación con sus antiguas colonias pues hasta entonces, se habían concedido ayudas individualmente por intereses políticos y comerciales. El proceso de integración modificar esas incipientes políticas de cooperación:

• porque cada uno de los Estados miembros incorpora el derecho comunitario en sus respectivos ordenamientos
• desde una perspectiva comercial, dado que la propia CE posee sobresalientes fines comerciales, irá imponiendo finalidades propiamente estatales.

      No obstante, la naturaleza del proceso de integración obligará a retener los intereses particulares lo que explica la orientación africana de la política comunitaria. Cuando el Reino Unido ingresa en la Unión, se extiende su área a países de la Commonwealth, para lo que se firma en 1975 el primer Convenio de Lomé.

Pronto se llega a acuerdos con países mediterráneos no comunitarios, como Grecia y esta orientación comienza a corregirse. El ingreso de España y Portugal en 1986 supondrá una amplitud de miras hacia América Latina.

Los cambios producidos en esta década obligan a atender los desequilibrios que se suceden tras el desaparecido muro de Berlín. Por tanto, el proceso cooperación al desarrollo está vinculado a la construcción de la unidad política europea.

Los Países ACP: África, Caribe y Pacífico

la cooperación por excelencia ha sido con estos países. El volumen de la ayuda ha representado más del 50% del total de la ayuda comunitaria por la vinculación de los Estados miembros con sus antiguas colonias. Sin embargo, para diversificar la ayuda, el volumen de la AOD ha venido decreciendo, sin perder el primer puesto de la lista de beneficiarios. Como los 1.989 millones de dólares de la ayuda bilateral de 1995/1996 otorgados al África Subsahariana frente a los 1.035 destinados a Europa oriental y central, apreciándose los dos rasgos sobresalientes respecto a la distribución de la cooperación de la Comunidad:

1. la prioridad continuada de los países africanos

2. el desfondamiento de los países comunistas de Europa

A partir de 1975, las relaciones entre los ACP y la Unión se regularon mediante los Convenios Lomé. Uno de los elementos de esta cooperación en pro del desarrollo fue la autorización para que los productos manufacturados y agrícolas que no hacen directamente la competencia, entrasen libres de derechos de aduana y sin restricciones. A lo largo de estos años se han venido sumando nuevos Estados hasta  78 en la actualidad y en 2000, Cuba se convirtió en el 79 En virtud del Acuerdo de Cotonú se distinguen entre ellos en función de su nivel de desarrollo:

• Estados menos avanzados del grupo ACP: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, República de Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Yibuti, Etiopía, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití; Kiribati, Lesoto, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, Madagascar, Mozambique, Níger, Ruanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu, Togo, Uganda, Vanuatu y Zambia.
• los Estados ACP con desarrollo: Sudáfrica (parcial) Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Botswana, Camerún, Congo (Brazzaville), Cook (islas), Costa de Marfil, Dominica, República Dominicana, Fiyi, Gabón, Ghana, Granada, Guyana, Jamaica, Kenia, Marshall (islas), Mauricio. Micronesia, Namibia, Nauru, Nigeria, Niue, Palaos, Papúa-Nueva Guinea, Dan Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Surinam, Suazilandia, Tonga, Trinidad y Tobago, y Zimbabwe.
• Estados ACP sin litoral: Botswana, Urbina Faso, Burundi, República Centroafricana, Chad, Etiopía, Lesoto, Malawi, Malí, Níger, Ruanda, Suazilandia, Uganda, Zmabia y Zimbabwe.

La escalada de conflictos y la responsabilidad comunitaria de ayudar a los países ACP en la búsqueda de soluciones pacificas y evitar que los fondos comunitarios se empleen para fines militares, impuso una reconsideración de la cooperación y se adoptaron las siguientes medidas cautelares:

• congelación de los fondos en espera de una investigación e interrupción si existen pruebas de que los fondos son desviados a fines militares,
• suspensión de la ayuda en caso de violaciones graves de los derechos humanos,
• suspensión en caso de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esto obligó a la Unión a adoptar ciertas directrices ante supuestos como los conflictos armados, el cese de las hostilidades y negociaciones o el derrumbe de los poderes públicos. Para ello, fue creado un Fondo de Apoyo a la Paz en África que se basa en el principio de emancipación africana, para respaldar el mantenimiento de la paz y son llevadas a cabo por las organizaciones de la Unión Africana y las organizaciones subregionales. (Recursos de la dotación para desarrollo a largo plazo del 9° FED).

La complicación de la situación económica en muchos de estos países, emplazó a adoptar medidas extraordinarias, haciendo uso de recursos no asignados en los FED como subvenciones para cubrir la deuda y la financiación global (ayuda excepcional a favor de los países ACP altamente endeudados)

Los países de América Latina y Asia (ALA)

Constituyen el área menos apoyada por la política comunitaria, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Tres parecen ser las razones:

• La inexistencia de un interlocutor con representatividad en los países de la región.
• la presencia de litigios con ciertos países latinoamericanos (democratización).
• por percibirse como una zona de influencia de los Estados Unidos.

El primer programa fue en los 70 pero hasta 1981 no se aprobó el Reglamento dedicado a la cooperación europea con estos países. A lo largo de este proceso pueden distinguirse varios tipos de acuerdos de generación que constituyen diversas fases de la cooperación UE-ALA:

• Primen Generación: de naturaleza comercial, se firmaron con Argentina, Uruguay, Brasil y México en los 70. El proceso de democratización de la zona y el ingreso de Portugal y España en la Comunidad romperá el aislamiento.
• Segunda Generación: se trascienden las relaciones bilaterales y se firman otros por áreas como los del Grupo Andino en 1983 y con Centroamérica en 1985, superando la naturaleza comercial e incorporando la democratización.
• Tercera Generación: suponen una continuidad y son firmados entre 1990 y 1993, e incluyen la cláusula democrática como garantía.
• Cuarta Generación: se pretende establecer un estrechamiento de las relaciones, en particular la creación de una zona amplia de libre comercio. Son los firmados con MERCOSUR, Chile, El Salvador, Panamá y México de 1995 al 2000.

Con los países asiáticos se han experimentado una evolución similar. Para no perder cuota de mercado, se firmó el primer gran acuerdo en 1996 en Bangkok. La escasa prioridad por esta zona se aprecia al comparar el 5,5-7% del total consagrado a ALA con el 30% ejecutado en los países ACP o en los PECOS.

 

 

Los países de la Europa central y oriental y la Comunidad de Estados Independientes (PECOS)

Con los cambios del sistema internacional, estas nuevas zonas han protagonizado el interés, con vistas a una futura ampliación de la Unión. Un rasgo de esta cooperación es su no reconocimiento como AOD por el CAD. Pero su interés y  posición geopolítica han conducido a establecer una serie de acuerdos bilaterales para una futura zona de libre comercio.

En su día, fueron los PECOS (Países del Centro y Oeste Europeo) los que mantuvieron una relación más profunda con la Unión como firmes candidatos a la adhesión, en particular Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y República Checa. Se denominan Acuerdos Europeos por esta misma razón.

• Los PECOS.
• El programa PHARE se aprobó para subvencionar la transformación de las estructuras socioeconómicas y equilibrar sus balanzas de pagos, por lo que se ha canalizado en términos económicos y, en particular, en la privatización de empresas, la reforma de las estructuras agraria e industrial, la reordenación de las instituciones y de la administración pública. Se introdujo en 1990 y fue concebido como un programa de asistencia técnica para facilitar el proceso de reformas en su transición a la sociedad de mercado. En sólo una década los desembolsos representaron un porcentaje idéntico al invertido en el área de prioridad, los países AUP.
• el programa CARDS (Community Assistanse for Reconstruction, Development and Stablisation) desde el 2000, para la reconstrucción de Bosnia, Croacia, Macedonia y Serbia y Montenegro.
• Los CEl (Comunidad de Estados Independientes) o NEI (Nuevos Estados Independientes). Se impulsó en 1991 el programa TACIS, dirigido además a Mongolia, para apoyar la transición hacia la economía de mercado y la democrática: reformas institucionales, promoción del sector privado, la modernización de las infraestructuras, protección medioambiental y fomento de la economía rural. Representa el 9% del desembolso que la Unión realiza por áreas.

Los países mediterráneos

El impulso firme se produce en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, en 1995, con la aprobación del Programa MEDA entre los países de la Unión y los doce socios mediterráneos, aunque antes fueron suscritos acuerdos bilaterales, que pueden ser enumerados del modo siguiente:

• Turquía (1963), Malta (1970) y Chipre (1972) de contenidos ambiciosos al estimar la posibilidad de su posible incorporación a la Unión.
• Argelia, Marruecos y Túnez (Magreb) en 1976 y Egipto, Jordania, Líbano y Siria en 1977 (Maschrek), que les perme tener un trato comercial más favorable.
• Israel, 1975, suscribiéndose un acuerdo comercial preferencial.

Hoy día, es la zona más beneficiada tras los ACP, los PECOS y CEI. Del total, la inversión representaba el 5% a comienzos de los 90 y a finales de la década era del 15%, lo que implica un incremento mayor que la experimentada en otras zonas.

El Programa MEDA, relativo a las medidas de acompañamiento financieras y técnicas de las reformas de las estructuras en el marco de la colaboración Euromediterránea, se ha convertido en el instrumento principal en el área, para la creación de una zona de libre comercio con los siguientes objetivos concretos:

• el apoyo a las pequeñas y medianas empresas
• la apertura de los mercados
• el fomento de las inversiones privadas
• la modernización de las infraestructuras económicas
• la modernización de los sistemas financieros y fiscales
• la mejora de los servicios sociales básicos
• la consolidación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho
• la participación de la sociedad civil
• el desarrollo de los recursos humanos
• el fomento de los intercambios y la cooperación cultural

Para ello se ha dotado de un importe de 5.350 millones de euros para el 2000- 2006 por medio de subvenciones, capitales de riesgo concedidos por el BEI y bonificaciones de interés para los préstamos.

Desde su constitución, la CE mantenía un estrecho vínculo con los países ribereños. Pero desde 1989 se asume la idea de que la frontera sur era indispensable para la seguridad de Europa y comporta posibilidades considerables de mercado.

7. la importancia de la cooperación de la unión con los PVD

La Unión Europea asume la mitad del esfuerzo mundial de ayuda destinada a los PVD y, para un número elevado de éstos, es su principal socio comercial.

La Comunicación sobre la puesta en práctica del Consejo de Monterrey y la contribución europea con el Tercer Mundo del 2004, pone de manifiesto el volumen y relevancia de las ayudas comunitarias. En este Informe se hace balance de los compromisos asumidos en Barcelona y se constata que se ha venido produciendo un incremento importante de los recursos. Se concluye que los Estados de la Unión incrementaron casi en un 6% su ayuda al desarrollo. Se tiene en cuenta a los nuevos diez socios, que dedicaron sólo el 0,03% de su PIB a la ayuda al desarrollo, aunque se prevé que para finales del año 2006 lo hayan. Los compromisos que se asumieron en Barcelona fueron, entre otros, los siguientes:

• incrementar el desembolso: pasar del 0,33% del 2002 al 0,39% en el 2006, como etapa transitoria para lograr el objetivo de 0,7% establecido por la ONU para el año 2015.
• mejorar la eficacia de la ayuda por medio de una coordinación y armonización más estrechas.
• aumentar la ayuda vinculada al comercio.
• desarrollar algunas reformas de los sistemas financieros internacionales
• fomentar la solución del problema de los bienes públicos mundiales.

El nivel de cumplimiento parece ir por buen camino, aunque hasta que no se haga público el balance del 2006 no se podrá tener constancia fehaciente, pero sí se constatan los incrementos de los últimos años que confirman la tendencia alcista, como el incremento de 4,6 millones en el 2003, el 0,34% del PIB de la Unión.

Van unidos a un paquete de iniciativas comerciales como es el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas (SPG). El objetivo reside en el impacto en la reducción de la pobreza mediante el comercio internacional, gracias a preferencias arancelarias. Entre las medidas se cita incluir productos que no están cubiertos por el sistema actual (casi una décima parte). La Comisión ha propuesto concentrar el SPG en los PMA y en aquellos en desarrollo más vulnerables, por el tamaño de sus economías, no tener salidas al mar, ser pequeños Estados insulares, u otros factores que implican desventajas estructurales complementarias.

El SPG es simultáneamente un instrumento de la política comercial y de desarrollo de la Comunidad y dejará de tener uso tan pronto sea innecesario. Permite, y es su finalidad, el acceso al mercado comunitario con exención parcial o total de los derechos de aduanas a las exportaciones de productos manufacturados y de determinados productos agrícolas.

Estos datos resumen la importancia de la Comunidad para estos países: absorbe un quinto de las exportaciones de los países en desarrollo, por tanto, un 40% de las importaciones comunitarias proceden de estos países. La ampliación de la UE a diez nuevos Estados más desde 2004 añade al mercado 75 millones de consumidores potenciales abiertos al Tercer Mundo.

 

 

Tema 5. Cooperación española para el desarrollo

1. Los antecedentes de la cooperación española hasta la aprobación de la ley de 7 de julio de 1998

La política de cooperación española al desarrollo es reciente. Tras la dictadura y la recuperación de las libertades, nuestro país se adentra en un proceso de transformación de tal envergadura que la sociedad española se ha convertido en modelo.

Casi simultáneamente al proceso de construcción del Estado de Bienestar, la cooperación al desarrollo se convierte en uno de los ejes de la política exterior. Su integración al proceso de construcción europea, va a permitir que nuestro país establezca un nuevo sistema de intereses en el marco de las áreas territoriales sobre las que la Comunidad revierte su ayuda al desarrollo. La vinculación histórica con América Latina va a permitir que la UE, junto con los intereses por Portugal, tome en consideración esta zona, aquejada de importantes desequilibrios y necesitada de una colaboración mayor por parte de los países más avanzados.

Autores destacados han señalado que dos importantes parámetros deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar nuestro modelo de cooperación:

• la reciente condición de país donante
• el nivel de desarrollo intermedio de nuestra economía,

      Ambas permiten una lectura más comprensiva e invitan a una doble consideración:

• la limitada experiencia adquirida en estos años
• la limitación de recursos a disposición de la cooperación, que no han alcanzado aún el compromiso hecho público y solicitado por varios colectivos como la Plataforma 0’7, de consagrar este porcentaje del PIB a la cooperación con los PVD.

Nuestro país en 1977 era considerado país receptor de ayuda por el BM y en 1981 aún figuraba como PVD por el FMI. Hoy sigue siendo uno de los países con menor renta per cápita de la OCDE. En opinión de C. Freres y J. Corral, tres son los principales motivos de la expansión de la política española para el desarrollo:

• La necesidad de asumir la responsabilidad para la solidaridad Norte/Sur;
• fortalecer los lazos con las regiones en las que España posee una vinculación histórica fuerte, tales como el Magreb y América Latina;
• la ayuda es concebida como un instrumento de política exterior para la internacionalización de la economía.

         Esto no significa que el interés por el desarrollo esté ausente, aunque en muchos casos aparece tras otros intereses.

Las primeras tímidas realizaciones se realizaron en los cincuenta, consistiendo en meras asistencias técnicas destinadas a países de Iberoamerica, África y Filipinas por la vinculación cultural e histórica. La ineficacia administrativa, la ausencia de objetivos y la limitación de los recursos definen estas actuaciones. Lentamente, nuestro se incorpora a organismos financieros como el Fondo Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano y el Banco Asiático y Africano de Desarrollo.

Para otros autores, los orígenes de nuestra cooperación pueden remontarse a 1945 con la creación de la Dirección General de Relaciones Culturales, aunque difícilmente puede ser considerada como tal la difusión cultural y de la lengua. Es más común tomar como punto de partida el establecimiento de la Dirección de Cooperación Técnica de 1970. En definitiva, hablar de antecedentes en cooperación conduce a una conclusión: España tendrá que improvisar ante la terrible ausencia como resultado del atraso ocasionado por cuarenta años de dictadura franquista

2. las primeras medidas legislativas

Durante los primeros años de democracia no ha existido ninguna ley que haya regulado la cooperación al desarrollo. El marco legal se ha caracterizado por la presencia de Reales Decretos relacionados con la creación de organismos específicos vinculados al Ministerio de Asuntos Exteriores, como la SECIPI o la AECI.

Son un importante precedente de las medidas adoptadas posteriormente. La Moción sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1984 contiene sugerencias entre las que cabe destacar:

• la necesidad de unidad común en la acción exterior,
• la creación de un centro administrativo que centralice la planificación, coordinación y evaluación del ejercicio de la cooperación y
• la necesidad de que la política se ciña a unas directrices establecidas en una ley.

Dentro de las líneas que el Senado en 1984 recomienda que deben constituir el cimiento de la política española, resaltan la responsabilidad solidaria, la renegociación de la deuda contraída con los países subdesarrollados y los esfuerzos que deben ser realizados para alcanzar el porcentaje del 0’7 del PIB establecido por Naciones Unidas. Uno de los elementos que han caracterizado la cooperación son las ventajas para el comercio y la industria española.

En 1987, el Consejo de Ministros el elabora un acuerdo sobre las líneas de la cooperación, y es concebida como un deber ético de solidaridad y justicia social, distribución de la renta, acceso a la cultura y fortalecimiento de la economía y de las instituciones, ambas prioritarias para la efectividad de un desarrollo sostenido. Casi a modo de justificación se esgrime también cómo esta cooperación es también rentable para los intereses nacionales. Se afirma que «la cooperación bilateral deberá ser acorde con los intereses de la política exterior y propiciar la penetración de la industria, los servicios y la tecnología española», asimismo se indica que «deberá estar constituida mayoritariamente por bienes y servicios españoles o por retribuciones a personal de nacionalidad española», por encima incluso de su finalidad ética, lo que va a ensombrecer su naturaleza.

Todos los Estados han establecido compromisos análogos, pero el volumen de la ayuda española relacionado con el comercio ha destacado frente al 1’9% de Portugal, el 6’5% de Holanda y el 25% de Francia.

En 1992, el Congreso de los Diputados pone aprueba, con gran consenso, un informe sobre los objetivos de la política de cooperación, considerado un intento por aproximar nuestra acción exterior a las líneas directrices de los países del CAD. Los fundamentos recogidos en el informe comparten una gran similitud con el acuerdo de 1987, se expone el apoyo y compromiso del Estado en la consecución de un crecimiento sostenido, la contribución a la paz y seguridad, pero se pone en evidencia la proyección de la economía en el mercado mundial. Se insiste en que uno de los requisitos es el respeto, por parte del país beneficiario, a los derechos y libertades, al Estado de Derecho y a la democracia, para lo que se establece una cláusula que velará por su cumplimiento. A pesar de las similitudes, se aprecian ciertas diferencias:

• Por primera vez se admite que la política de cooperación al desarrollo detrae recursos importantes del producto nacional aunque se sostenía que no debilitaba la economía. La inclusión de estas líneas permite sostener el temor de la clase política hacia la incomprensión de la ayuda exterior, cuando la sociedad española padecía graves problemas internos relacionados con el desempleo y las desigualdades, pero se ha convertido en apoyo a los PVD, hasta tal punto que en la actualidad, más de las tres cuartas partes de la población considera insuficientes las ayudas a los programas de cooperación internacional.
• La diferencia más relevante que manifiesta el esfuerzo por acercarse a las directrices del CAD, aparece en el párrafo siguiente: «..en aplicación de los criterios mantenidos por los organismos y agencias internacionales, no se incluirá el concepto de tal política y, en consecuencia, no recibirá el correspondiente trato de favor, la relación cultural u otra con países desarrollados o la de índole estrictamente comercial con los desarrollados o con los que no lo son». La aplicación de este criterio supone una delimitación conceptual de lo que debe ser política de cooperación al desarrollo.
• Una utilización inadecuada de los créditos FAD puede encubrir intereses nacionales por lo que el informe advierte que «no debe tratarse de incluir en la AOD lo que responda a la lógica comercial». Se pueden prestar a una utilización no sólo fraudulenta y contraria a estos criterios, sino perversa en la medida en que por medio de estos créditos puede facilitarse la adquisición de equipos militares.
• Para reducir las diferencias con los países del CAD y en la línea de la ONU el informe admite el incumplimiento y recomienda destinar el 0’35% en 1995 y alcanzar el 0,7% en el 2000 (ambas incumplidas).

Dos años después se establecen nuevas recomendaciones en el informe que responden a la adaptación a los cambios acaecidos en las relaciones internacionales: Sudamérica, Oriente Medio y cuanto afecta al proceso de integración europea, el desfondamiento de los regímenes comunistas. Un inesperado desorden, cuyas repercusiones van a hacerse sentir t en la cooperación: los países de la Confederación de Estados independientes de la ex-Unión Soviética que ocupaban el quinto lugar en 1989 en ayudas a la cooperación, de golpe se convierten en países demandantes, en algunos casos con emergencia

• Entre las aportaciones más relevantes están la homologación de la aportación con el resto de los países del CAD y el reforzamiento de las relaciones con las ONGD. De especial importancia vuelven a ser las recomendaciones de la utilización de los créditos FAD para lo que se sugiere que deberá modificarse y adecuarse al marco institucional desarrollado en los últimos años, a la normativa del CAD y al Consenso OCDE, así como corregir lass deficiencias en la gestión.
• Para reforzar los contenidos de política exterior de la futura cooperación al desarrollo, el informe propone «la participación de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores en el proceso de selección de proyectos susceptibles de la concesión de créditos FAD, para identificar y asegurar que se tienen en cuenta los criterios propios de la ayuda al desarrollo».
• La admisión de los acuerdos de condonación de la deuda externa como AOD,
• la concentración de la ayuda desde un punto de vista sectorial, en el desarrollo humano y en subsectores como la salud, educación e integración de la población desprotegida y marginada,
• desde una perspectiva territorial en los países del Magreb y de Latinoamérica, el fortalecimiento de la cooperación descentralizada
• y el envío a las Cortes de un proyecto de ley sobre la cooperación al desarrollo.

3. Ley 23/1998, de 7 de julio

A)  Las razones sociales y políticas de la nueva ley

Tras superar ciertos avatares por la oposición parlamentaria y la Plataforma 0,7, el proyecto de ley de 1998 fue devuelto al Congreso. La satisfacción del resultado final en forma de ley caracteriza el nuevo estadio de la cooperación, estableciendo un hito en la historia española de la cooperación al desarrollo.

La mayoría absoluta del PP trastocó ciertos contenidos del proyecto, quebrando el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas y los agentes sociales involucrados. El apoyo de CiU contribuyó a enderezar las posturas, siendo rechazadas las enmiendas más sobresalientes del Senado.

Es el resultado de los esfuerzos desde 1994, fecha de la «Acampada de la Solidaridad», todo un fenómeno social. Aparece mencionado en la Ley al enunciar que «el aumento de los fondos, muestra la solidaridad de España y en buena medida propiciado por la creciente sensibilización del conjunto de la sociedad...». La labor realizada por la Plataforma 0’7 mereció el apoyo de Isel Rivero, representante de las Naciones Unidas en España. En su opinión, es uno de los movimientos más acordes con la trayectoria que marca la ONU en relación con el desarrollo del Tercer Mundo.

Es relevante que una norma con rango de ley tan esperada y solicitada haya alcanzado tan notable capacidad de integración. Hasta aquel momento la cooperación efectuada por España sólo disponía de reales decretos relacionados con la creación de organismos más que con la naturaleza de la cooperación. Desde entonces puede hablarse de la existencia de un marco legal que regula las actividades relacionadas con la cooperación, debiéndose entender como «el conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los PVD, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, y para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones»; impulsando «la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente (y)... la plena consolidación de sus instituciones y su inserción en la economía internacional».

El elevado número de enmiendas al inicial proyecto permite afirmar las mejoras introducidas al proyecto de ley fueron fruto del consenso y de la negociación. Prueba de ello es la modificación del primer artículo, bajo la rúbrica «objeto de la ley y ámbito de actuación» al sustituir el enunciado «con el propósito fundamental de estimular el desarrollo económico y el bienestar social de sus habitantes, de forma que esos países puedan instrumentar un sistema económico y social estable en un plazo razonable» por el contenido anteriormente recogido.

La importancia reside en la autocrítica por la utilización desmesurada de los créditos FAD que venía ensombreciendo la política de solidaridad de los sucesivos gobiernos. Las denuncias de los colectivos sociales hizo eco en el CAD, cuyas observaciones quedaron recogidas en un informe de la OCDE, según el cual «España es el país cuyo programa de ayuda presenta el carácter más comercial y se coloca en segundo puesto del CAD por la dureza de las condiciones que aplica». Las críticas no exigen su eliminación, pues otros muchos países utilizan el modelo para operaciones similares. Es la utilización desmesurada la que pone en cuestionamiento una auténtica política de cooperación.

B)   Los aspectos más relevantes introducidos por la nueva ley

Consecuente con toda política de cooperación, y en la línea de los criterios establecidos por el CAD, establece como sus principales objetivos:

• el reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva
• la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana, incluyendo como novedad «en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación ».
• la promoción de un crecimiento duradero y sostenible, acompañada de medidas que promuevan la redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de las poblaciones.

Un aspecto relevante es la cooperación descentralizada y que hace referencia al protagonismo que en los últimos años han venido desempeñando las CCAA, las Corporaciones Locales y las ONGD. Quedan recogidos el compromiso del Estado para el fomento de actividades llevadas a cabo por las ONG como los que éstas deben cumplir para acceder a la ayudas, la inscripción en el registro y el régimen fiscal. Es importante la supresión del proyecto de ley de la expresión «entidades de reconocido prestigio», que habría conducido a no tomar en consideración la labor de muchas ONGD, habiéndose concentrado la ayuda en las organizaciones religiosas, que han monopolizado y protagonizado este tipo de acciones.

El enunciado más importante se recoge en la denominada fórmula 111, según la cual «para que dichos recursos tengan la consideración de AOD, deberán cumplir los requisitos marcados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE», que ha venido a implicar un control más exhaustivo con peso jurídico, sobre el volumen, el destino y el significado de los créditos bilaterales reembolsables de la ayuda ligada. La nueva norma se compone de seis capítulos:

• El CAPITULO I, «la política española de cooperación internacional para el desarrollo», contiene los objetivos y ámbitos de aplicación y el establecimiento de  prioridades sectoriales, entre las cuales se resaltan:
• los servicios sociales básicos,
• la dotación y mejora de las infraestructuras del sistema productivo y privado
• el desarrollo de la investigación científica y tecnológica,
• la protección del medio ambiente y de las identidades culturales
• el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
• El CAPITULO II sobre la planificación, instrumentos y modalidades de la política de cooperación; establece las características tanto del Plan Director como de los Planes Anuales en los que se determinan objetivos, prioridades y recursos, en función de las zonas geográficas y países receptores a través de la ayuda humanitaria, la educación para el desarrollo y la sensibilización social y la cooperación técnica, económica y financiera.
• El CAPITULO III sobre los órganos competentes, precisando las áreas de actuación y de decisión:
• atañe al Congreso de los Diputados establecer las líneas generales de la política de cooperación
• al Gobierno le corresponde definir y dirigir la política de cooperación internacional,
• el Ministerio de Asuntos Exteriores encargado de la coordinación ministerial de otras áreas que emprenden también acciones en materia de cooperación.
• Se establecen como órganos consultivos y de coordinación:
• la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional,
• la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo
• el Consejo de Cooperación al Desarrollo, en el que están representados, junto a la administración, agentes sociales, expertos y ONGD. Se convirtió, en el proceso de tramitación, en uno de los campos de batalla, no habiendo logrado incorporar la reivindicación de los agentes sociales y la Plataforma O’7 que exigían mayor representación de la sociedad civil y mayores atribuciones vinculantes.
• En el CAPITULO IV se precisan los recursos materiales imprescindibles para la ejecución y materialización de la política de cooperación, entre las que destacan las dotaciones presupuestarias y donaciones procedentes de los recursos gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y los créditos de naturaleza diversa del Ministerio de Economía y Hacienda.
• El CAPITULO V recoge la regulación en el ámbito laboral y profesional del personal al servicio de la Administración en el ámbito
• el CAPITULO VI regula unos de los aspectos más sensibles, la participación no gubernamental, en el que se establecen los criterios exigidos a las ONGD que realizan su actividad en el ámbito internacional para la percepción de subvenciones, así como aquellos aspectos que atañen al voluntariado al servicio de la cooperación y a los cooperantes.

4.  La organización administrativa de la cooperación

La primera unidad orgánica de la cooperación corresponde a la Dirección General de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1945 para la difusión de la cultura y la lengua. Se centró en América Latina para lo que fue creado en 1947 el Instituto de Cultura Hispánica, reconvertido en el Centro Iberoamericano de Cooperación en 1977 y, en 1979, en Instituto de Cooperación Iberoamericano, que abarcará también áreas económicas, científicas y técnicas.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, se creó en 1970 la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional con el objeto de asistir en el diseño de la política exterior española, así como la participación en organismos internacionales. Es la primera auténtica unidad administrativa de la promoción del desarrollo. Fue suprimida en 1988 y se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Dado el retraso en la elaboración y aprobación de la Ley de Cooperación de 1998, todos los órganos recogidos en la nueva ley estaban ya en funcionamiento con anterioridad a su entrada en vigor. La gran mayoría del marco normativo, compuesto principalmente por Reales Decretos, hacía referencia a su creación y puesta en funcionamiento a las que se les consagraba la implementación de la cooperación.

Órganos y sus funciones específicas:

Los órganos centrales

• En 1985, se crea la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamerica (SECIPI) con la función de dirigir, programar, controlar y evaluar las actividades en materia de cooperación. Coordina la política de cooperación, administra los recursos, asegura la participación española en las organizaciones internacionales y define su posición en la política comunitaria de desarrollo. En 1996 se modificó el Ministerio y se estableció que corresponde a la SECIPI asistirle «en la formulación y ejecución de la política de cooperación para el desarrollo y de las relaciones económicas, culturales y científicas, coordinando las actividades que tengan atribuidas otros órganos». Propone los Planes Director y Anual y las prioridades y le corresponde la evaluación de programas y proyectos.
• En 1988, se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) como organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la SECIPI y con la finalidad de poner en marcha y gestionar los proyectos y programas. Fue creada en 1988 de la refundición del Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Se incluye la dirección de las Oficinas Técnicas de Cooperación, que coordinan y ponen en funcionamiento los recursos de sus respectivas demarcaciones.

Las unidades menores

• La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (CICI) es el órgano de la coordinación técnica entre departamentos y posee como función elevar al gobierno las propuestas del Plan Director y el Plan Anual. La Coordinadora de ONGD subraya que es de los grandes avances de la Ley,  pero adolece de  ambigüedades, por lo que propuso que sus competencias fueran más allá. El temor reside en el protagonismo del Ministerio de Economía y Hacienda y el de Turismo por sus influencias en el marco de la cooperación. El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha monopolizado todas las competencias en este ámbito, la inexperiencia, consecuencia del retraso histórico, muestra incongruencias como que el Ministerio de Trabajo fuese pionero en cooperación internacional y  en 1965 fue asumida por Sanidad, Obras Públicas, Agricultura, Transporte, Turismo y Comunicaciones. Ni siquiera hoy día, existe un órgano que centralice toda la cooperación española, distribuyéndose entre varios departamentos ministeriales. Un ejemplo que da sentido a la CICI es que en 2004, trece Ministerios disponían de programas y recursos propios, siendo el Ministerio de Economía y Hacienda el que canaliza la mayor parte de recursos. Como novedad, Ministerio de Asuntos Exteriores ha cambiado su denominación por el de MAE y de Cooperación.
• La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo; le compete la coordinación, concertación y colaboración de las administraciones que gestionan recursos para la AOD. Vela por la coherencia y complementariedad entre los distintos actores y la eficacia y eficiencia de programas y proyectos de las administraciones. La descentralización territorial ha conducido a que la presencia de las administraciones menores (CCAA y Corporaciones Locales) desempeñen un importante esfuerzo presupuestario destinado a la AOD, denominada Cooperación Descentralizada; en el año 2004, el importe desembolsado por los agentes de la Cooperación Autonómica fue equivalente al 17,6% de la AOD bruta española y las Entidades Locales el 7,24% del mismo capítulo.
• El Consejo de Cooperación al Desarrollo es reconocido como un triunfo de los agentes sociales. El inicio de su funcionamiento se pospuso hasta 1995 y se determinó que los puestos de responsabilidad recaerían en manos del gobierno, ocupando una vicepresidencia el Ministerio de Comercio. Fue criticado por la Plataforma 0’7 que reivindicó que detentase competencias reales y que la mayoría de los agentes procediesen de la sociedad civil y no de la administración. La Coordinadora de ONGD hizo públicos comentarios y propuestas de enmiendas como el incorporar a un vocal representante de la Plataforma 0,7. Se estableció que de los 33 componentes, sólo seis serían de ONGD, dos de organizaciones sindicales y empresariales, uno de organizaciones de economía social y uno de asociaciones de derechos humanos y los demás de los Ministerios involucrados. Las funciones y competencias de este Consejo son:
• Informar con carácter previo los anteproyectos de ley y cualesquiera otras disposiciones de la Administración que regulen materias de cooperación.
• Informar sobre la propuesta del Plan Director y del Plan Anual de Cooperación Internacional.
• Conocer los resultados del documento de seguimiento del Plan y su evaluación. Hacer llegar al Gobierno y a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados las propuestas que estime oportunas. Las comisiones poseen una representación equivalente a la de los partidos políticos en la cámara y son especializadas, en este caso, en materia de cooperación internacional.
• Informar anualmente sobre el cumplimiento del principio de co herencia en las actuaciones de cooperación realizadas por los organismos de la Administración del Estado.

5. Volumen y calidad de la ayuda oficial al desarrollo

Uno de los logros más relevantes reside en el volumen alcanzado destinado para tal fin que permite hablar de todo un proceso de consolidación presupuestaria. De los 237 millones de dólares en 1981 a los 1.305 de 1991. Sin embargo, el volumen de la ayuda expresada como porcentaje del PIB revela otra lectura, si, además, se tiene en cuenta la media de las aportaciones de los países del CAD:

• En los momentos iniciales, las partidas presupuestarias han sido muy reducidas; el incremento en los años siguientes es lo que permitió acercar nuestro porcentaje a la media del CAD
• En esos diez primeros años jamás alcanzó la media, produciéndose el mayor distanciamiento a partir de 1983 con un 0,04% frente al 0,34%, subiendo progresivamente y, por primera vez, incluso superar en 1997 la media ponderada (0,23% del PNB español frente al 0,22% del CAD). Todo un hecho histórico desde el punto de vista del volumen económico, que nunca más hemos vuelto a conseguir en los años posteriores.
• Este incremento queda deslucido si se aprecia el descenso continuado de las aportaciones de los miembros del CAD, que ha permitido que nuestro país superara esa media. Este descenso ha sido impresionante pasando del 0,32% en 1981 al 0,22% en 1997.

A pesar de seguir siendo uno de los países con menor renta per cápita de la OCDE, ha ido progresivamente adecuando su contribución al peso de su economía. Los 220.000 millones de pesetas, el 0,22% del PNB, consagrados en el 2000, consolidan la posición y se mantiene en los datos últimos; así en el 2004 se ha alcanzado el 0,24% del PNB frente al 0,26% de los miembros del CAD. Si en términos de volumen, España se sitúa en el noveno lugar en la lista de donantes, en términos de PNB, su 0,24% la sitúa por debajo de la media.

La Ayuda Multilateral

En 1981, española representaba sólo el 13,5% del total de la AOD aumentando hasta el 2004, en el que la ayuda multilateral supera el 43%. Este acercamiento se debe a los compromisos internacionales que asume en este período, en particular como socio comunitario. Según la OCDE, tras el ingreso en la CEE, nuestro país transforma el contenido de su ayuda y en 1986 y 1987 la ayuda multilateral supera a la cooperación bilateral: 145 y 118 millones de dólares frente a los 59 y 114 millones de la ayuda bilateral.

En el año 2000, la distribución de la AOD multilateral se compone de los siguientes apartados. De los 85.758,5 millones de pesetas:

• las aportaciones a la Unión Europea representan el 74,20%
• las aportaciones a los Organismos Internacionales Financieros el 13,09%
• las aportaciones a los Organismos Internacionales No Financieros el 12,71%

En el 2004, la prioridad comunitaria continúa siendo un rasgo importante:

• Aportaciones ala Unión Europea: 62,01%
• Aportaciones a Organismo Internacionales Financieros: 32,36%
• Aportaciones a Organismos No Financieros: 5,63%

Esta elevada participación, debido a los compromisos contraídos con la CEE y para normalizar la presencia española en los foros internacionales y subsanar el aislamiento, ha significado una fuente de preocupación en la medida en que aportan poco en términos de compra de bienes y servicios nacionales y empleo de expertos españoles, aunque reporta satisfacción porque la ayuda multilateral es considerada una expresión del deseo de subordinar los intereses nacionales a las finalidades más genéricas de las entidades internacionales.

Las contribuciones al Presupuesto Comunitario de Cooperación al Desarrollo (PCCD) representan las tres cuartas partes de nuestra contribución a la UE. El resto es destinado al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). El incremento de la contribución tanto al FED como al PCCD sigue la misma tendencia del conjunto de países de la UE.

Las aportaciones que nuestro país realiza a los Organismos Internacionales Financieros son gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el montante de esta contribución representa el 14,3% de la AOD española y un cuarto del total de la Ayuda multilateral. Por su importe, las más significativas son las dirigidas a:

• Banco Mundial                                                         20,68%
• Banco Asiático de Desarrollo                                       4,33%
• Corporación Andina de Fomento                                  3,27%
• Banco Africano de Desarrollo                                       3,03%
• Banco Interamericano de Desarrollo                             2,02%
• Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo        0,29%

                                            Total     83,61%

En cuanto a las contribuciones que realiza a los Organismos Internacionales No Financieros, es la que concentra menos ayudas multilaterales, sólo el 5,6%; han participado 7 ministerios, aunque el de Exteriores concentra casi el 95% del total. Este importe supone un descenso del 37,5% respecto al año anterior, en parte porque se han dejado de computar como AOD las contribuciones a las misiones de paz de Naciones Unidas.

La Ayuda Bilateral

Ha estado protagonizada por los créditos FAD; el gobierno elige tanto a los países destinatarios como los programas y criterios. Adoptan la forma de ayuda financiera reembolsable, aunque ajustada a condiciones financieras más blandas, ligados a la adquisición de bienes y servicios españoles, gestionados directamente por la Dirección General de Política Comercial, del Ministerio de Comercio. Esta utilización ha empañado la cooperación española.

La Cooperación Bilateral Reembolsable

          Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD))

Responde a un Real Decreto-Ley de 1976 y es un programa pionero si se tienen en cuenta dos factores:

• es la primera norma de rango jurídico de la cooperación española.
• encierra una paradoja pues en 1976 nuestro país era aún receptor de ayuda.

Su importancia no se debe sólo a su volumen, sino a su naturaleza, que pone en entredicho la política aplicada. Son definidos del modo siguiente: «...concesión de créditos y otras ayudas por el Estado Español a otros Estados e instituciones públicas extranjeras, así como a instituciones financieras intergubernamentales (incluidas las empresas residentes en los países en vías de desarrollo)...están ligados a la adquisición por el beneficiario de bienes y servicios españoles. Excepcionalmente, podrán considerarse créditos y ayudas de carácter financiero no ligado…El fondo se nutrirá de las dotaciones anuales que se reasignen a partir de dicho año en los Presupuestos Generales del Estado»

Con mayor precisión se establece que «los recursos del Fondo se destinarán primordialmente al otorgamiento de créditos concesionarios y ligados, directa o indirectamente, a la adquisición de bienes y servicios españoles. Las condiciones financieras se fijarán teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las operaciones planteadas como las características de los países receptores de los mismos» (1977).

La lectura inmediata es que los créditos FAD, ni en su origen ni posterior desarrollo, fueron creados y funcionaron en aras de los países en vías de desarrollo, sino en pro de la economía, el comercio y el mundo laboral español y pueden extraerse las siguientes conclusiones:

• estos créditos bilaterales de tipo concesional son ayudas reembolsables bajo la modalidad de préstamos, no son donaciones ni cantidades a fondo perdido.
• su carácter bilateral implica que corresponde al gobierno español elegir tanto al país destinatario como sus programas. En la selección será determinante la solvencia del país receptor, por lo que se deduce que los más necesitados están descartados.
• Son concesionales porque se conceden en condiciones financieras más blandas que las que rigen en el mercado y explica el éxito de las exportaciones a través del sistema

En nombre de la cooperación devienen un notable instrumento para la potenciación y el apoyo a la política comercial; están adscritos a la Dirección General del Ministerio de Comercio pero también desempeña un papel relevante el Ministerio de Economía, aunque su administración corresponde a la Comisión Interministerial.

La concesión de estos créditos establece requisitos que determinan su naturaleza ambigua, como:

• las razones de política exterior en cuanto a la apertura de nuevos mercados
• la solvencia de los países receptores en cuanto a las áreas prioritarias para el comercio de nuestro país.

          Estos criterios son comunes en la política comercial de cualquier país, sin embargo, su naturaleza no solo se aleja de los principios del CAD, sino que pone en cuestionamiento todo modelo de desarrollo. China, Argelia o México se han convertido en grandes beneficiarios de estos créditos ya que han permitido abrir mercados en los que las empresas españolas continúan actuando, por lo que los países receptores, entre los que también están Venezuela, Argentina, Marruecos y Egipto, constituyen un paquete de países considerados por el CAD como de ingresos medio-altos.

Los argumentos esgrimidos por actores interesados en su conservación aportan justificaciones que reafirman su utilidad como un modelo de intervención en el campo de la cooperación al desarrollo. Desde le OCDE se afirma que la AOD puede y debe cumplir con el siguiente doble objetivo: «tanto de ayuda a los pueblos menos favorecidos como de atender a las necesidades de la sociedad española y, en concreto, de crear y mantener empleo en la medida de lo posible… no debe existir incompatibilidad entre la AOD y la creación de empleo y la proyección exterior de nuestra capacidad económica e industrial a nivel internacional ... Es fundamental que la opinión tenga la impresión de que aporta más ventajas para las empresas y los trabajos españoles...». En 1976 cuando se creó el FAD «se pretendía que las empresas tuvieran un aliciente para vender fuera», añadiendo que han ayudado al desarrollo de la exportación.

«España es el país cayo programa de presenta el carácter más comercial y se coloca en el segundo puesto de los miembros del CAD por la dureza de las condiciones que aplica.. El Comité expresa su inquietud por las inversiones, fundamentalmente, por el aumento de los créditos públicos para la exportación sin que vaya a la par de un aumento de las donaciones, que, de hecho, han descendido. Aunque créditos similares existen en otros países, éstos favorecen sobre todo a las exportaciones españolas, no respondiendo a los criterios establecidos sobre una política de ayuda al desarrollo» (OCDE, 1994). Ante ello, nuestra clase política tomó conciencia de la necesidad de renovación de los criterios para su utilización y a mediados de los noventa, el Congreso elevó al gobierno la necesidad de un proyecto de ley en el que se estableciese una regulación más precisa de los fondos tomando en consideración los acuerdos y orientaciones de las cámaras, el consenso de la OCDE y las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo

En los últimos diez años, la actividad del FAD ha ido adaptándose a las normas que rigen la financiación multilateral. La aplicación del consenso de la OCDE y la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (PPME) han incrementado las limitaciones de elegibilidad de los sectores y de los países financiables vía FAD. En el año 2000, la participación de los créditos FAD ha representado el 13%, distribuyéndose la ayuda por áreas geográficas del modo siguiente:

• Asia y Oceanía:                                              59%
• Iberoamerica                                        30,7%
• Norte de África                                              14%
• África Subsahariana:                                       12,3%
• Europa (Bosnia Herzegovina, principalmente):     7,1%
• Oriente Medio:                                                5%

Y por sectores, se han realizado en los siguientes ámbitos:

• Instituciones financieras multilaterales       19,84%
• Sanidad                                                16,61%
• Equipamiento eléctrico                           16,23%
• Bienes de equipo                                   13,59
• Transporte                                         7,94%
• Educación                                          7%

En 2004 superaron la previsión del PACI (Plan Anual de Cooperación Internacional) pero apuntan un descenso respecto al 2003 por la creciente utilización del FAD. Se aprecia en las áreas a las que fueron destinados, manteniéndose las prioridades del 2000 pero con un importante matiz: a Asia y Oceanía se destinan el 33,26% y Iberoamerica y África recibieron el 26,32% y el 27,2%, respectivamente.

Fondo de Concesión de Microcréditos (FCM)

Es también un instrumento de la Cooperación Bilateral establecido en la Ley de 1998 con el fin de determinar asignaciones presupuestarias dirigidas a la concesión de microcréditos y créditos rotatorios para la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico.

Su objetivo en atender al desarrollo auto-sostenido, involucrando a las propias capacidades locales, facilitando el acceso de microempresas al sector financiero y fomentar la capacidad de los países para resolver sus problemas de financiación y alcanzar un nivel más elevado de autonomía. Consiste en la concesión de líneas de crédito y con un componente de donación superior al 25% a entidades financieras ubicadas en el país receptor.

En el 2000 se formalizaron tres destinadas a América Central por los problemas originados por el huracán Mitch y a Colombia. En el 2004 se facturó un total de 38 millones de euros, un incremento del 222% respecto al año anterior, siendo el año en que más acuerdos se han formalizado desde la creación del fondo y se concentraron en América Laitina y Europa.

La Cooperación Bilateral No Reembolsable

Esta modalidad de Cooperación Bilateral es ejecutada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las CCAA y las Entidades Locales y los instrumentos son:

• Operaciones de Deuda Externa, que, a su vez, distingue dos tipos.
• la condonación de un 50%, posponiéndose su eliminación total a un período escalonado que puede alcanzar un par de décadas, con un interés preferencial, como la condonación de la deuda de Egipto como resultado de las presiones estadounidenses por la participación en la Guerra del Golfo.
• la denominada quita parcial que no implica una cancelación total sino una refinanciación en condiciones más favorables que garantizan la solvencia, como los casos de Guinea o Polonia. Los sucesos producidos por el huracán Mitch, llevaron a la Coordinadora de ONGD a solicitar la condonación total de la deuda de los países afectados, al estimar que la ayuda sería insuficiente.

Estas refinanciaciones son realizadas siguiendo las directrices del Club de París y otros Organismos Internacionales competentes como el BM y no son consideradas por todos los especialistas como instrumentos de cooperación. Más oportunas son las desviaciones de fondos para programas no reembolsables. Intermón se pronunció a favor de comprar al Ministerio de Economía la deuda que Mozambique tiene con España para condonársela a condición de que el gobierno mozambiqueño invirtiese el importe en educación, convirtiéndose en la primera ONG que compraría una deuda. Las operaciones ascendieron a 161.164.144 euros en 2004 y el país mis beneficiado fue Nicaragua seguido a gran distancia por Marruecos Guinea Ecuatorial y Ghana.

• Ayuda Alimentaria. España se adhiere en 1980 al Convenio Internacional y en 1981 se asocia con la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia de la FAO. La Ley no dedica un epígrafe específico a este instrumento, es integrado en la Ayuda, acompañada de emergencia, que desvirtúa su contenido ya que la escasez alimentaria y la garantía de abastecimiento no siempre reviste forma de pandemia o catástrofe. Nuestro país dedicó en el 2000, 811,7 millones de pesetas a este instrumento, cuya finalidad es contribuir a la eliminación del hambre en el mundo y luchar contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Según la OCDE, es una aportación modesta. Las oscilaciones en su volumen están ligadas a su carácter anual, aunque manteniendo unos mínimos.
• La Ayuda Humanitaria y de Emergencia es más polivalente e incluye, no sólo provisión de alimentos, sino también actuaciones variadas como la creación de campamentos de refugiados, envío de medicinas y ropa, etc.; vinculadas a las víctimas de catástrofes o de conflictos armados. Durante el año 2000, se dedicaron 6.834 millones, que supone un 14,46% de la AOD No Reembolsable. En 2004 ascendió a 54.226.338 euros destinadas a la reconstrucción de países y territorios en situación de post-conflicto y a la Población Saharaui, los Territorios Palestinos, el terremoto de Marruecos, la crisis de Sudán y el maremoto del Sudeste Asiático.
• La Cooperación Técnica, Programas y Proyectos. Es entendida como un modelo de cooperación que persigue el incremento de la capacidad productiva a través del incremento de cuadros profesionales, incorporación tecnológica e investigación. Puede revestir diversas formas de intervencionismo, como:
• la concesión de becas destinadas a nacionales del país beneficiario para estudiar en nuestro país, gestionadas por la AECI
• la cooperación cultural, tecnológica y científica encaminada a intercambios
• la financiación de programas o proyectos, gestionados igualmente por la AECI
• la compra de bienes de equipo españoles que son incorporados a las estructuras productivas del país receptor.

Un ejemplo es el Programa Iberoamericano de Formación, en el que participan diversos Ministerios impartiendo cursos dirigidos a técnicos de alto nivel de las administraciones latinoamericanas. Más antiguos son el Programa de alfabetización y educación básica de adultos y el de preservación del patrimonio.

• Los programas y proyectos de las ONGD se consagran fundamentalmente a la creación o mantenimiento de infraestructuras sociales y de servicios, abarcando casi las ¾ partes de los proyectos y destinados a Iberoamerica, África Subsahariana, Norte de África y Oriente Medio. En 2004, ascendió a 346.860.276 euros, el 27,6% de la AOD bilateral bruta, lo que sitúa a España entre los países que canalizan una mayor proporción de su ayuda a través de estos agentes. L as subvenciones proceden en su mayor parte de las CCAA (el 78% del total), por lo que el protagonismo descentralizada es considerable. En 2004, las ONGD más financiados fueron: Cruz Roja, Intermón, Médicos del Mundo y Ayuda en Acción.
• Educación para el desarrollo y sensibilización social. Está encaminado a:
• educar en valores, solidaridad, interculturalidad, tolerancia, paz, medioambiente, entre otros,
• proyectos destinados a aumentar la formación y capacidades de los distintos agentes de cooperación a través de cursos y seminarios temáticos, así a campañas de sensibilización.

Ocupa un lugar simbólico en el gasto, aunque poseen capacidad de atracción de cara a la opinión pública. En 2004, se dedicó el 1,61% del total de la AOD bilateral

6. La cooperación oficial descentralizada (COD)

Las CCAA se enfrentan a un problema competencial con la Administración Central en este campo, aunque de momento se permiten la realización de programas que cofinancian o llevan a cabo directamente.

Las relaciones internacionales son materia exclusiva del Estado y le corresponde la garantía del cumplimiento de tratados y resoluciones emanadas de los organismos. Sin embargo el Estado puede transferir o delegar a las CCAA, mediante Ley Orgánica.

La Ley del 98 puso en evidencia que, en ocasiones, ciertas actividades las enfrentan por el ámbito competencial. Tanto el PNV como CiU recordaron que el gobierno central carece de competencia de coordinación sobre la cooperación que se efectúa en el conjunto del Estado, por lo que sólo puede coordinar la acción de sus s órganos. Concluyen que el principio estatal que rige la cooperación es la colaboración y no la coordinación. CiU afirmó que un elevado porcentaje de la AOD es realizada desde los municipios y gobiernos autonómicos, por lo que debe prevalecer el principio de la cooperación descentralizada. La presión de los nacionalistas llevó a la redacción del artículo en el que consta que «la acción de dichas entidades en la cooperación para el desarrollo se basa en los principios de autonomía presupuestaría... debiendo respetar las líneas generales y directrices establecidas por el Congreso de los Diputados».

El papel que las CCAA y entidades locales juegan en la Cooperación está latente en la investigación de 1997realizada por la FEMP. Según el informe, el salto cualitativo y cuantitativo de la cooperación de estas entidades ha sido extraordinario, los 785 millones de pesetas en 1992 se elevaron a 7.765 millones en 1997. Las Diputaciones experimentaron un análogo crecimiento, pasando de 486 millones a los 2.774 millones en 1997.

 Las aportaciones de los gobiernos autonómicos, en el 2000, se elevaron a los 19.575,8 millones de pesetas y en el 2004 superaron los 221 millones de euros, un 17,6% de la AOD bilateral bruta.

Los datos de la tabla reflejan los desembolsos realizados por cada Comunidad pero es preciso cruzarlos con la renta per cápita para ver el verdadero esfuerzo presupuestario. Así, el grupo de principales donantes difiere de la lista anterior, recolocándose en los primeros puestos, Navarra, Baleares, País Vasco, Castilla-La Mancha y La Rioja

Las ayudas se concentran, más de la mitad, en A. Latina, seguida del África Subsahariana y el Mediterráneo. Los servicios e infraestructuras sociales han venido siendo su principal ámbito de actuación y dentro de ellos, la salud y la educación. La distribución sectorial muestra que las CCAA cumplen el Compromiso 20/20 que implica mayores inversiones en servicios sociales básicos, más que el resto de los actores de la Cooperación Española. Son canalizados por ONGDs en las tres cuartas partes

Dada la enorme cantidad de corporaciones locales que financian proyectos, no es posible contabilizar con exactitud los desembolsos.

7. La distribución geográfica y sectorial de las ayudas a la cooperación.

• 
  La distribución geográfica: está relacionada con los lazos históricos, culturales y lingüísticos que nos unen con América Latina, convirtiéndose en la primen beneficiaria, cuatro veces más que la media del CAD. Por proximidad geográfica y, ante las corrientes migratorias, el norte de África protagoniza el segundo puesto acompañado de Angola, Mozambique, Camerún o Guinea Ecuatorial con el que nos une igualmente estrechos lazos políticos.

 

• La distribución por sectores CAD refleja la orientación hacia las infraestructuras y servicios sociales que ocupan la mitad de las contribuciones. El resto se destinaron a infraestructuras y servicios y a acciones de multisectoriales. Los instrumentos de la cooperación reembolsable, créditos FAD y microcréditos, se orientan hacia servicios económicos, infraestructuras, servicios bancarios y financieros y transporte y almacenamiento; en cuanto a las donaciones, se han concentrado en educación, gobierno y sociedad civil y salud.

 

Tema 6. Normalización de la cooperación al desarrollo en España

La política de cooperación establecida por los países desarrollados es el referente de su nivel democrático, por ello en España es reciente la institucionalización de la Ayuda Exterior. Superados los años de la transición, se producen las primeras decisiones que convierten en realidad la acción exterior en cooperación:

• Para garantizar las exportaciones se creó en 1976 el Fondo de Ayuda al Desarrollo
• El Plan de Cooperación Integral con Centroamérica es de1984
• Creación en 1985 de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica (SECEPI), que aglutina centros y organismos autónomos dispersos, con funciones de cooperación en ámbitos científico, técnico, económico y cultural.
• Creación de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (1986) para coordinar las actuaciones de la administración a través de los distintos ministerios.
• Creación en 198) de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para el ámbito de coordinación y gestión de la política de cooperación y en ella se establece la Oficina de Planificación y Evaluación.
• Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo (LCID) (1998). Establece una situación de normalidad jurídica para una acción política de este nivel presupuestario e institucional, se coordinan las acciones aisladas y se establecen prioridades, objetivos y programaciones.
• Por mandato de dicha Ley se desarrolla abundante normativa. La Comisión Interterritorial de Cooperación (2000, modificada en 2004) coordina las ayudas,  programas y actuaciones de todas las administraciones.
• El Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional (2000) acomoda la organización de la agencia a las nuevas prioridades.
• El Consejo de Cooperación al Desarrollo, órgano consultivo y de participación de todos los agentes sociales, cuyo informe sobre el Plan Director es preceptivo, cambia su composición, funciones y competencias (2004)
• El Estatuto del Cooperante (2006) marca los derechos, obligaciones, formación, homologación, incompatibilidades y coberturas sociales de los cooperantes.

1.  Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo

España deja de ser país receptor de ayuda en 1981 y se incorpora al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 1991, lo que remarca el éxito de su evolución como está ocurriendo con la Política Regional de España en relación con la UE que tras dos décadas recibiendo fondos estructurales y de cohesión, nos disponemos a entrar como contribuyente neto. Normalizó su participación en organismos internacionales, aunque con una aportación escasa. El objetivo de alcanzar en 2008 un 0.5% de PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo define el papel real, aun lejos del 0.7-1% establecido por la ONU.

La Ley unifica normativas y actuaciones dispersas, organismos e instituciones creadas ad hoc, estableciendo una jerarquía necesaria para institucionalizar «un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos». «Se integran dentro de la cooperación internacional para el desarrollo el conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías de desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, y para a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones». Se manifiesta en actitudes que se homologan con los parámetros internacionales:

• Metodológicamente se pasa de actuaciones autónomas, aisladas y determinadas por compromisos políticos, a actuaciones coordinadas y planificadas en función de las necesidades humanitarias y de desarrollo.
• La planificación produce un el aumento del procedimiento científico, sustentada estadísticamente, evaluada en su implementación y efectos, a través de la Oficina de Planificación y Evaluación, optimizada sectorialmente por la Comisión Interministerial, coordinada por la Comisión Interterritorial y participada socialmente por el Consejo de Cooperación.
• Los efectos se plasman, con retraso, en el Plan Director 2005-2008, con el que podría alinearse con los países más avanzados.
• La previsión, en ayuda humanitaria y desarrollo, es tan importante y eficaz como en la de conflictos armados. Es frecuente iniciar actuaciones cuando ya hay efectos y cadáveres.
• La prospección económica, infraestructural… (exploración del futuro) del desarrollo de los países más necesitados es importante y está escasamente desarrollada. Es vital para ellos si no se les quiere hacer jugar el papel de segunda representación de estrategias, tecnologías y limitaciones que los países desarrollados han superado. Todo lo ineficiente acaba en países en desarrollo.

Los principales referentes de la Ley se encuentran en los principios, prioridades, medios humanos y materiales y organismos ejecutivos y participativos a los que se demanda una actuación profesional, eficaz, evaluable, verificable, transparente y mínimamente burocrática:

• Se constituye en el instrumento de regulación jurídica de la cooperación en España
• Incorpora la promoción de los derechos humanos, libertades, y bienestar económico y social como objetivo básico.
• Es de aplicación a las transferencias de recursos públicos materiales y humanos siempre que tengan la consideración de AOD, según los criterios internacionales del CAD de la OCDE.
• Expresa la solidaridad del pueblo español con los principios:
  • Derechos humanos, libertades fundamentales, paz, democracia, igualdad, no discriminación...
  • Desarrollo humano global sostenible y equitativo
  • Crecimiento económico sostenible con distribución equitativa
• Los objetivos que de ellos emanan y los concretan son:
  • Unificar la acción del Estado en el exterior
  • Elaborar estrategias de acción para promover el desarrollo sostenible y luchar contra la pobreza
  • Fomentar el desarrollo de los más desfavorecidos, a partir de sus propias capacidades, mejorando su nivel de vida y propiciando la estabilidad democrática.
  • Contribuir al equilibrio en las relaciones internacionales, comerciales, de paz y seguridad.
  • Prevenir y atender situaciones de emergencia
  • Mejorar las relaciones políticas, económicas y culturales con estos países
• Las prioridades de la política de cooperación se articulan en dos ejes:
  • Geográficas: En el marco bilateral con cada país receptor, se establecen áreas prioritarias: Iberoamerica, Norte de África y Oriente Medio. En el marco multilateral se comparte la política de la UE y se atiende a las demandas de Naciones Unidas.
  • Sectoriales: La lucha contra la pobreza marca las prioridades:
  • Servicios sociales básicos (salud, saneamiento, educación, alimentación, formación)
  • Infraestructuras y pequeñas empresas o cooperativas.
  • Derechos humanos, mujer, grupos vulnerables (niños, refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías).
  • Democracia, medio ambiente, biodiversidad
  • Cultura e identidad propias
  • Investigación científica y tecnológica.
• El Plan Director es el elemento básico de planificación de la política de cooperación. Será cuatrienal y estará desarrollado por un Plan Anual cada año.
  • Marca las líneas, directrices, objetivos, prioridades y recursos disponibles.
  • Utiliza los instrumentos de:
  • Cooperación técnica: formación de los recursos humanos a través de proyectos de capacitación y asesoramiento en el país receptor.
  • Cooperación económico-financiera establece: aportaciones a través de contribuciones oficiales destinadas a inversiones, infraestructuras, agricultura, sanidad, educación, transporte.
  • Ayuda Humanitaria: con carácter urgente ante catástrofes naturales o provocadas y rehabilitación, reconstrucción, y prevención y resolución de conflictos.
  • Educación para el desarrollo: actividades realizadas en España para conocer los problemas de los países en desarrollo y promover la solidaridad.
• Los órganos que participan en la formulación y ejecución de las po- líticas de cooperación son de tres niveles:
  • Órganos Rectores:
  • El Congreso prueba el Plan director y los Planes anuales
  • El Gobierno aprueba el plan Director y los Planes Anuales ylos presenta al Congreso.
  • El Ministerio de Asuntos Exteriores dirige la política de ración y coordina con los demás ministerios.
  • La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), dependiente del MAE, coordina y administra la cooperación. Participa en la UE y en organizaciones internacionales. Establece la programación, dirección, seguimiento y control. Formula la propuesta inicial del Plan Director y de los Anuales y evalúa la consecución de sus objetivos.
  • Órganos Consultivos:
  • Consejo de Cooperación al Desarrollo: compuesto por agentes sociales, expertos, ONG, informa sobre el Plan Director
  • Comisión Interterritorial de la Cooperación al Desarrollo: formada por las administraciones públicas (central, autonómica, local) que tienen gasto computable como AOD. Busca la complementariedad, eficacia y coherencia de sus ayudas e informa sobre el Plan Director.
  • Comisión Interministerial de Cooperación Internacional: coordina técnicamente las actuaciones de la Administración Central en materia de cooperación.
  • Órganos Ejecutivos
  • Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI): es el órgano de gestión de la cooperación española.
  • Oficinas Técnicas de Cooperación: depende orgánicamente de las embajadas, y funcionalmente de la AEC, coordinan los recursos en los países receptores.

Los recursos materiales se canalizan a través de la ayuda internacional y bilateral, mediante aportaciones y dotaciones presupuestarias.

• El Estado fomenta la cooperación a través de ONGs, empresas, sindicatos. Las ONGs deben inscribirse en el registro de la AECI para recibir la consideración oficial, ayudas y beneficios fiscales que les correspondan.
• El voluntariado de cooperación, contará con recursos para sus necesidades básicas en el país de actuación, seguro de enfermedad y accidente y periodo de formación y  las condiciones que contempla la Ley del Voluntariado.
• Los cooperantes tienen encomendada la ejecución de un proyecto o programa y habrán de cumplir los requisitos del Estatuto del Cooperante. Se les selecciona por nivel de estudios y experiencia en gestión de cooperación. Su trabajo es estratégico para alcanzar los objetivos y se les reconocen derechos en función de que su contratación sea:
  • contratación laboral: en algunas modalidades de la legislación laboral, se requiere un «acuerdo complementario de destino» en el que consten las características del proyecto: país, centro de trabajo, horarios, vacaciones…
  • contratación funcionarial: podrían gozar de excedencia y reincorporación a su puesto, una vez concluida su estancia en el país receptor.

2. La Cumbre del Milenio (Nueva York 6,7,8, IX-2000)

La Asamblea de Naciones Unidas, establece una serie de acuerdos estratégicos que cambian el paradigma del Consenso de Washington. Es una transformación de los objetivos de la globalización.

Frente a una perspectiva mecanicista de la economía como sector autónomo, Naciones Unidas presenta un modelo de responsabilidad compartida. Los grandes problemas de la humanidad son fruto de la interacción de la totalidad del planeta y los valores defendidos, los derechos, deben formar parte de la solución. Se marcarán objetivos que palien de forma urgente las causas de dramas y desigualdades sangrantes, comenzando por la guerra y la pobreza extrema.

La Declaración del Milenio debe su notoriedad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se presentan 8 objetivos que encierran 18 metas, con fechas precisas en que deben culminarse y se establecen 48 indicadores provisionales que certifiquen la evolución hacia objetivos y metas, que se basan en la Sección tercera de la Declaración («desarrollo y la erradicación de la pobreza»). En el contexto de toda la Declaración es donde la cooperación adquiere todo su sentido:

• Valores y Principios: los que se recogen en la Carta de Naciones Unidas, condición necesaria para un mundo más justo, más pacifico y más próspero.
• Responsabilidad de los dirigentes de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.
• Paz duradera y justa; solución de los conflictos por medios pacíficos.
• Derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción de cre do, raza sexo, condición económica.
• Cooperación internacional ante problemas económicos, sociales. culturales, y humanitarios.
• Que la mundialización (globalización) se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, logrando que sea incluyente y equitativa, porque incorpora la participación de los países en desarrollo.
• Como valores fundamentales para el siglo XXI:
  • Libertad: hombres y mujeres tienen derecho a vivir su vida, libres del hambre y la violencia, con gobiernos democráticos elegidos por todos.
  • Igualdad; para que todos puedan beneficiarse del desarrollo.
  • Solidaridad: los países que más se benefician del comercio y la globalización deben contribuir a la mejora de los más necesitados.
  • Tolerancia: no reprimir, sino respetar y cuidar la diversidad, con una cultura de paz y diálogo entre civilizaciones.
  • Respeto a la naturaleza: gestión responsable de los seres vivos y los recursos naturales.
  • Responsabilidad: colaboración de todos para resolver los proble mas que amenazan a la humanidad ya las colectividades.
• Paz, Seguridad y Desarme: se contabilizan en el decenio 1990-2000 cinco millones de muertos. Las propuestas de la Declaración son claras:
  • Imperio de la ley en asuntos internacionales y nacionales, con respeto a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones de Naciones Unidas.
  • Aumento de !a eficacia y los recursos para prevención, solución de conflictos, reconstrucción, regreso de exiliados y desplazados.
  • Control de armamento, desarme, cumplimiento estricto de los derechos humanos, recomendación, para aquellos países que aún no lo han hecho, de la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
  • Medidas concretas contra el terrorismo internacional. Lucha coordinada contra la droga
  • Lucha contra la delincuencia internacional a nivel jurídico y policial.
  • Análisis minucioso de los efectos no deseados de las sanciones económicas a los países, con el fin de que no afecten a las poblaciones y a los sectores más vulnerables.
  • Reducción y eliminación de armas de destrucción masiva y del armamento nuclear.

Tanto los valores como los objetivos de paz, seguridad y desarme tienen tal incidencia que no pueden ser contemplados como algo ajeno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La conexión de los aspectos de la problemática mundial con los valores reconocidos en la Declaración marca un nuevo paradigma de cooperación, vital para la optimización de las inversiones, la sostenibilidad de los proyectos y el alejamiento del fraude, reflejada también en el resto de la Declaración:

• La protección del entorno común. Es importante que la Asamblea de Naciones Unidas se pronuncie por una nueva ética para frenar la destrucción planetaria. Todas las propuestas dan consistencia a las reclamaciones que se efectúan a los países en vías de desarrollo:
  • Defensa del Protocolo de Kioto
  • Esfuerzos colectivos en pro de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todo tipo de bosques.
  • Aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica y lucha contra la desertificación, especialmente en África.
  • Gravedad de la explotación insostenible de los recursos hídricos con estrategias para su ordenamiento y acceso equitativo a los mismos por su importancia como ingrediente vital para el abastecimiento y posible causa de conflictos.
  • Reducción de los efectos de los desastres naturales o provocados.
• Derechos humanos, democracia y buen gobierno. La defensa de la democracia participativa, con la proclamación de los derechos humanos, sin limitaciones por razones de cultura, religión o etnia, aplicable a todos los países. No es incompatible pobreza y sistema democrático.

No todos los tratados de la DUDH están firmados por todos los países y existe un trecho entre la firma y su aplicación. La práctica real de algunos países reduce a mera semántica su contenido.

Además de la firma de la Declaración se plantea como objetivo la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, porque «constituyen la esencia de todos los objetivos de desarrollo del milenio».

• Derechos de las minorías y colaboración para aumentar la capacidad de aplicar la democracia, mediante elecciones libres, justicia independiente y transparencia en la gestión de gobierno.
  • Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, comenzando por las formas violentas y las tradiciones incompatibles con los derechos humanos
  • La emigración, facilitada por la pobreza, la desigualdad, la persecución política y las facilidades de los transportes, ha generado un ámbito en el que los derechos fundamentales son violados con frecuente impunidad. Dotar a los emigrantes de la suficiente protección social y protegerles de los brotes de xenofobia y racismo es un objetivo de vital.
  • La libertad de los medios de comunicación es clave para que los derechos y la transparencia en los gobiernos, tengan un referente de información, seguimiento y crítica. Las persecuciones, asesinatos… a periodistas son una muestra de las dificultades para mantener la libertad de expresión.
• Protección de las personas vulnerables, que se exponen a la pobreza, la enfermedad o la muerte. El hecho de que en los últimos decenios, el 75% de los muertos en conflictos bélicos fueran civiles, más de dos millones niños y más de seis millones quedaran discapacitados, certifica la gravedad.

El desarraigo y miseria acompaña a los movimientos de los que se refugian de las guerras, en especial niños, mujeres, ancianos…, desprotegidos de sus derechos. Por ello la cooperación internacional para el mantenimiento y regreso a sus hogares se presenta como obligación ética prioritaria.

La aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la prohibición de su incorporación en los conflictos armados, la lucha contra la prostitución y la pornografía infantil, la venta de niños o las adopciones ilegales, requiere actuaciones prioritarias y no sólo la adhesión de los países a la Convención.

• Atención a las necesidades especiales de África. La ausencia de estructuras democráticas reales, conflictos armados y aniquilamiento de bases comerciales ha producido los fenómenos más intensos de pobreza y estancamiento.
  • Apoyo a las nuevas democracias para que se consoliden.
  • Establecimiento de mecanismos de prevención de conflictos con la garantía presupuestaria correspondiente.
  • Medidas de choque para combatir el hambre y la pobreza e incentivar un desarrollo sostenible que evite la emigración masiva, obligatoria y suicida.
  • Mantener la lucha contra las enfermedades infecciosas, en especial el VIH
• Fortalecimiento de Naciones Unidas. El apartado 29 de la Declaración establece los objetivos: «No escatimaremos esfuerzos para hacer de las Naciones Unidas un instrumento más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a continuación: la lucha por el desarrollo de todos los pueblos del mundo; la lucha contra la pobreza, la ignorancia y las enfermedades la lucha contra la injusticia la lucha contra la violencia, el terror y el delito; la lucha contra la degradación y la destrucción de nuestro planeta». Es destacable ofrecer al sector privado, ONGs y la sociedad civil en general, más oportunidades de contribuir al logro de las metas.

El carácter de la ONU, las dificultades de consenso, el sistema de votación, las atribuciones de los miembros del Consejo de Seguridad, la ausencia de mecanismos que obliguen a aplicar sus resoluciones, han debilitado su imagen, especialmente por la lentitud de las actuaciones. La mayor conexión con los movimientos sociales y los ámbitos no públicos puede mejorar sus políticas y recuperar algo de buena imagen.

3. Objetivos de Desarrollo del Milenio

La Sección III de la Declaración ha servido de base para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La erradicación de la pobreza es el objetivo más digno de consenso y que opera como imperativo ético. La geografía de la pobreza y el hambre es asimétrica y evidencia la dificultad de muchas sociedades para incorporarse al sistema mundial y la incapacidad interesada comercial para integrarlos. Hay alimentos, capacidad de distribución y demanda pero no se dan las condiciones de capacidad adquisitiva que el mercado demanda: Tres mil millones vivían en el año 2000 con menos de dos dólares diarios.

• 1.200 millones vivían con menos de un dólar diario
  • 826 millones no recibían alimentación suficiente
  • 800 millones estaban prácticamente sin ingreso alguno
  • seis millones trescientos mil niños mueren de hambre.
  • El 51% de África Subsahariana vive con menos de un dólar diario

La situación ha mejorado, pero el ritmo no se corresponde con los compromisos. El análisis arroja resultados catastróficos. Por ello, la Declaración vuelve a convertir en prioridad este objetivo: «no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes de las condiciones deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de mil millones de seres humanos. Estamos empañados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad»

La estrategia es una novedad que selecciona ocho objetivos, dieciocho metas y 48 indicadores que irán plasmando el ritmo de cumplimiento de los objetivos.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Metas de salud	Indicadores de salud
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre (2015).
Meta 1	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,  el porcentaje de personas cuyos  ingresos sean inferiores a un dólar por día	1.   2. 3.	porcentaje de personas con menos de un dólar diario,  brecha de pobreza porcentaje de consumo de la quinta parte de la población más pobre
Meta 2	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre	4.   5.	Número de niños menores de cinco años de peso inferior al normal Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal (2015).
Meta 3	Velar porque, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Meta 4	Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaría, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 5	Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años	13.  14. 15.	Tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años Tasa de mortalidad infantil Porcentaje de niños de un año vacunados contra el sarampión
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 6	Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes	16. 17.	Tasa de mortalidad materna Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta 7	Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VHS/SIDA	18.   19. 20.	Tasa de morbilidad del VIH entre edades comprendidas entre las mujeres embarazadas de los 15 y los 24 años Tasa de uso de anticonceptivos Proporción de niños huérfanos que asisten a la escuela
Meta 8	Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves	21.  22.    23.  24.	Tasas de morbididad y mortalidad asociadas al paludismo Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento del paludismo Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo observación directa (DOTS)
Metas de salud	Indicadores de salud

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 9	Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente	29.	Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos
Meta 10	Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de        personas que carezcan de acceso a agua potable y a servicios de saneamiento	30.	Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales
Meta 11	Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios	31.	Proporción de la población, urbana y rural, con acceso a mejores servicios de saneamiento

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Meta 12	Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto basado en normas, previsible y no discriminatorio
Meta 13	Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados

Meta 14	Atender las necesidades especiales dolos países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo
Meta 15	Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo
Meta 16	En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo
Meta 17	En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo	46.	Proporción de la población con acceso estable a medicamentos esencia a precios razonables
Meta 18	En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

 

El objetivo de todo proceso de cooperación consiste en conseguir que los países afectados alcancen un nivel de autonomía suficiente para gerenciar por sí mismos el desarrollo. Para ello es preciso que operen sinergicamente:

• Una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) creciente, adecuada dirigida a solventar problemas humanitarios y favorecer el proceso productivo.
• El acceso al mercado de las exportaciones, muy especialmente de los países altamente endeudados (HIPC) y de los menos adelantados (PMA).

Las subvenciones a los agricultores en EEUU y la UE generan una excepción a la competencia positiva para ellos y negativa para las economías de los países en vías de desarrollo, raíz de una de las contradicciones de la política de Ayuda Exterior de los países ricos. La fuerza electoral de los agricultores, apenas un 6%, mantiene sus productos fuertemente subvencionados deteniendo la entrada de otros más competitivos.

• los ajustes estructurales y control del gasto: generar un tejido industrial, infraestructural y educativo que reciba ayudas e inversiones productivas y evitar los movimientos especulativos sobre sus monedas y empresas.
• La Unión Europea ha creado zonas de procesos de excepción a la competencia positiva para las regiones y los estados de menor nivel de renta; a través del Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales, ha posibilitado que obras claves de infraestructura de transporte, de energía, de formación,,,, reciban importantes subvenciones públicas en las regiones menos desarrolladas. Lo que podría ser dumping empresarial se ha convertido en solidaridad. Muchas de las inversiones han gozado de un 75% o un 80% del total en subvenciones a fondo perdido con las aportaciones de los países más ricos.

Este modelo ha sido vital para la recuperación de países como España, Grecia, Portugal o Irlanda y lo está siendo, para los países de la ampliación o que están en proceso de adhesión. Muchos de los conceptos y la filosofía de la política regional europea pueden ser referencias paradigmáticas de la nueva cooperación.

• la buena gestión de los asuntos públicos en cada país es fundamental para la consecución de los objetivos. En el doble ámbito de país receptor y del que facilita la ayuda, en cuyas agendas deben incorporarse los objetivos, medidas e indicadores con evaluación permanente.
• Sistemas financieros, monetarios y comerciales abiertos y equitativos, que contemplen la asimetría de los PVD y establezcan normativas flexibles y adaptadas. Buena gobernanza no implica uniformidad de trato, sino flexibilidad y adecuación sectorial compensatoria de las dificultades estructurales.
• La eliminación de restricciones a la importación de productos de los PVD se está convirtiendo en una de las reivindicaciones prioritarias. Es evidente que deben ser competitivos con los de los países desarrollados y se logra por el escaso coste de la mano de obra, la debilidad de la fiscalidad y la ausencia de estado de bienestar que gravite sobre la rentabilidad del trabajo. Pero, cuando se da ese nivel, aparecen los cupos y las subvenciones de EEUU y UE a sus agricultores, para los productos de consumo interno.
• La reducción de la deuda. El concepto de deuda sostenible implica un análisis de viabilidad, partiendo de las capacidades y condiciones de cada país. Esta actitud faltó cuando en los 70 y 80 los países en desarrollo sin control democrático asumieron las deudas. La legitimidad de los acreedores es discutible.

 Mientras las medidas estructurales cobran efecto, es preciso atender a las mayores debilidades del sistema y a sus consecuencias perfectamente visibles:

OBJETIVO 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre (2015)

«Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día», personas absolutamente desprotegidas que pasan hambre.

El drama oculta la importancia del acceso al agua de boca. Según los datos de 1990, mil millones de personas no tenían garantizado el suministro de agua potable y dos mil cuatrocientos millones no gozaban de saneamiento básico. Los indicadores no pueden ser más contundentes:

• porcentaje de personas con menos de un dólar diario,
• brecha de pobreza
• porcentaje de consumo de la quinta parte de la población más pobre,
• peso de los menores de cinco años,
• porcentaje de población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

 

OBJETIVO 2: ciclo de educación primaria para todos los niños y niñas (2015).

Uno de los requisitos ineludibles de la incorporación de los PVD al mercado mundial es el nivel de cultura científica de sus poblaciones, que comienza por erradicar el analfabetismo. Especial atención merecen las niñas por su menor tasa de escolarización. La calidad de la enseñanza requiere aumentar los presupuestos y programas para la dotación de los centros que atraigan a los niños pobres como los de «alimentación escolar» y «raciones para llevar a casa».

OBJETIVO 3: promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer.

Dos terceras partes de los que viven con menos de un dólar son mujeres, que se complementa con la discriminación legislativa y social (acceso al empleo, salarios,  representantes políticos,…) que se mantiene en la mayoría de los países.

OBJETIVO 4: reducir la mortalidad infantil

• Todos los años mueren once millones de niños en los PVD antes de los cinco años y de ellos seis millones trescientos mil mueren de hambre.
• La meta es reducir (1990-2015) dos terceras partes de esa mortalidad.
• Se avanza a través de campañas de vacunación de poliomielitis, difteria, tosferina, sarampión, tétanos y tuberculosis, pero es preciso mantenerlos hasta el fin.

OBJETIVO 5: mejorar la salud materna

La meta es reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna antes del 2015

• El 99% de las 551.000 mujeres que murieron en 1995 por causas relacionadas con el embarazo pertenecían a PVD.
• Sólo el 51% de los partos en el mundo recibieron asistencia especializada.
• el VIH/SIDA y la reaparición del paludismo, la tuberculosis, la falta de agua potable, la malnutrición, la falta de educación y acceso a los servicios básicos de salud, ralentizaron los efectos de las campañas para lograr los objetivos.

OBJETIVO 6: combatir el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades pandémicas

La meta es contener antes deL 2015 el SIDA, el paludismo, la tuberculosis. Las cifras son contundentes:

• Tres millones de personas murieron a causa del SIDA en el año 2003.
  • Treinta y seis millones de personas están afectadas por el SIDA.
  • Cada año ocho millones de personas contraen la tuberculosis.
  • Dos millones de personas mueren cada año de tuberculosis.
  • Un millón de personas mueren cada año de paludismo.
• El acceso a los medicamentos es vital. La industria farmacéutica ha colaborado para reducir los precios, pero la situación no es aún la adecuada. El Derecho de Propiedad Intelectual pone en peligro, por la propiedad de las patentes, la utilización generalizada de ciertos fármacos a precios asequibles.

OBJETIVO 7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

 En todas las actuaciones, pero de forma especial en las de las administraciones públicas, deben incorporarse principios de desarrollo sostenible y evaluaciones de impacto medioambiental. Las propias administraciones incumplen sus propias normativas en proyectos de infraestructuras, comunicaciones, energía y ordenación. El esfuerzo reclamado a los PVD debe ser contabilizado y compensado por los demás.

OBJETIVO 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo

La corresponsabilidad del desarrollo mundial exige medidas coordinadas que impliquen el control de la globalización, actualización de las capacidades endógenas de los países receptores y gobernanza.

• Un sistema comercial que tenga en consideración a los PVD:
  • Sin aranceles ni cupos para las exportaciones de los más pobres.
  • Con orientación hacia la cancelación de la deuda externa, desde la adicionalidad y a la sostenibilidad.
  • Basándose en la promoción de los recursos endógenos.
  • Con prioridad para la creación de empleo, especialmente para los jóvenes.
  • Con inversiones de capital extranjero no especulativas.
  • Garantizando el acceso barato a los medicamentos esenciales.
  • Posibilitando el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, Fomentando la transferencia de tecnología en condiciones de mutuo acuerdo para que se adopten políticas y programas que ayuden a los PVD a poner la tecnología al servicio del desarrollo, mediante la cooperación técnica y la creación de capacidades científicas y tecnológicas.
  • Con transparencia en la gestión y participación.
• Ayuda Oficial al Desarrollo que alcance el 0.7% del PIB, según acordó la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
• Un sistema de descriptores analíticos y cualitativos que permitan visualizar los efectos de la ayuda y su evolución para corregir a tiempo su orientación y distinguir la asistencia humanitaria y de la ayuda al desarrollo.

4.  El plan director y los planes anuales

Las propuestas de la Ley de Cooperación, la tramitación legislativa y la implementación administrativa era un reto ambicioso que, en gran medida, se ha cumplido. Una pieza vital era disponer de un Plan Director para la ordenación, coordinación, priorización y el carácter participado de la política de cooperación para situarse en la línea de calidad y eficiencia que requieren las organizaciones con más dedicación y prestigio en e! ámbito internacional.

La nueva etapa que inaugura el Plan Director es su apuesta metodológica directa. Queda atrás la actitud defensiva de evaluar la cooperación más por lo que se hace que por los resultados. El aumento presupuestario, la mayor participación institucional e internacional, el crecimiento de los voluntarios, cooperantes y responsables son buenos índices, acompañados de la evaluación positiva del impacto sobre los problemas.

El despilfarro es fácil, las cantidades siempre escasas y, por tanto, las condiciones para la optimización son determinantes para el éxito o el fracaso:

• Estudio minucioso del problema en el país en que se actúa, la zona concreta en la que se opera, las condiciones socioeconórnicas y cul turales de los colectivos a los que va destinada la acción.
• Incorporación de las opiniones, aportaciones y experiencias de representantes del ámbito de intervención, desde el diseño y en los periodos de implementación y evaluación.
• Conexión coordinada con todas las demás políticas que operen en el espacio de aplicación del proyecto. Por sí sola no podrá solucionar el problema por lo que se requiere la colaboración sinérgica con otras políticas y variables socioeconómicas del ámbito privado.
• Calidad y coherencia de los programas y proyectos con una evaluación precisa medios-fines que evite la frustración ante expectativas desmesuradas o finalización prematura.
• Exigencia en la selección de los proyectos, primando los que se dirigen a  problemas acuciantes y que tengan en consideración la forma de cumplir con las prioridades horizontales y los sectores prioritarios.

Además de la Ley, el referente estratégico del Plan Director se encuentra en la Declaración del Milenio y en la agenda internacional y de ahí emergen los ejes de las grandes pandemias:

• Lucha contra la pobreza en su vertiente más radical.
• Búsqueda de la paz que paralice los conflictos en marcha y evite guerras futuras.
• Supremacía de la dignidad humana como origen de todo derecho.
• Igualdad de derechos para todos sin excepción ni condiciones
• Equilibrio que limite la desigualdad socialmente inaceptable y ofrezca posibilidades de desarrollo a todas las sociedades.

En consonancia con este horizonte se establecen los siete Objetivos Estratégicos de la Cooperación Española:

• Aumento de las capacidades institucionales y sociales.
  • Aumento de las capacidades humanas.
  • Aumento de las capacidades económicas.
  • Aumento de las capacidades para la mejora de la sostenibilidad medioambiental
  • Aumento de la libertad y de las capacidades culturales.
  • Aumento de la autonomía de las mujeres.
  • Aumento de la capacidad de prevención de conflictos y construcción de la paz.

Hace referencia a los valores y a la búsqueda de autonomía para defenderlos y ampliarlos, en un marco propicio. No se puede concebir la actuación cooperativa como mera transferencia de recursos, sino también como transferencia de la tecnología, metodología y capacidad organizativa para mantenerlo en el tiempo. Sin capacidad propia un colectivo no sale de la pobreza o la postración económica o cultural.

5. Prioridades horizontales

Son unas directrices para seleccionar programas, recursos y actuaciones, como requisito sine que non para su aprobación:

• Lucha contra la pobreza. Es compleja y supera la concepción de ayuda humanitaria y seguridad alimentaria. Se intenta acotar el concepto de pobreza en función de un determinado nivel de ingresos por debajo de la mitad de la media de la sociedad en la que se habita aunque son de difícil aplicación a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, donde el Estado es prácticamente inexistente y los servicios sociales básicos no están garantizados. No es lo mismo un pobre con atención sanitaria, ayuda alimentaria y educación gratuita que otro desasistido de ellas.

En la superación del concepto de pobreza clásico, se establece uno nuevo multidimensional que incluye la ausencia de capacidad para alcanzar de forma autónoma los medios necesarios para vivir con dignidad. Las actuaciones deben dirigirse hacia el conjunto de variables que permiten a una persona o colectivo ser capaz de salir de una situación de dependencia permanente. En esta capacitación, donde los jóvenes pueden ser el sector más dinámico a través de formación y educación, son precisos compromisos políticos que apuesten por un proyecto económico inversor que integre a todas las políticas sectoriales.

Por ello la lucha contra la pobreza deviene política de desarrollo, con incorporación de todos los requisitos: inversión, fortalecimiento del aparato productivo, ayudas públicas, compromiso institucional, etc. La distinción entre ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo es nítida, pero en el ámbito de la pobreza se comparten.

• Defensa de los derechos humanos. La superabundante compilación de derechos  avalados por instituciones internacionales y puestos al día por Cumbres, Convenciones, etc., avala la legitimidad de los objetivos: dotar de garantía a la persona como sujeto de derechos. La cooperación es indisociable de la defensa de estos derechos y su institucionalización democrática. Desconocer las dificultades de los procesos democráticos sería un retroceso.

Establecidos los valores y derechos, los proyectos pueden convertirse en la mejor enseñanza y experiencia de participación y comportamiento democráticos, mediante la planificación conjunta, la evaluación, la crítica, la distribución de responsabilidades, etc.

• Igualdad de género. Los principios vienen reflejados por la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y la Plataforma de Acción de Pekín de 1995. Las dificultades vienen marcadas por la implementación en políticas concretas, que ejemplifiquen actitudes que deben ser asumidas por la población. En el ámbito de la cooperación es frecuente confrontarse a tradiciones que enmascaran posiciones de dominio de los hombres. Saber distinguir la diversidad cultural de las tradiciones que atentan contra los derechos de igualdad, es vital sino se quiere caer en contradicciones insalvables.
• Sostenibilidad medioambiental. La posición oficial española (Estrategia de la Cooperación Española en Medio Ambiente. 2002) está en línea con los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cumbre de Río de Janeiro, que hacen un llamamiento sobre los riesgos del proceso productivo y de consumo creciente.

Para los PVD, muchas de las recomendaciones adquieren connotaciones contradictorias por el hecho de que, países con un desarrollo industrial contaminante y que mantienen pautas de alto consumo y sobreexplotación de recursos, demandan, sin contrapartidas, sistemas de crecimiento que consideren el cambio climático, la desertificación, la protección y la conservación de parques y bosques con la protección requerida por las normativas internacionales.

Es necesario garantizar que las inversiones de cooperación no redunden en deterioro medioambiental, calibrando el impacto de los proyectos de obras, sometiendo a auditorías los resultados y efectuando evaluaciones que garanticen el máximo rigor.

• Respeto a la diversidad cultural. El carácter competitivo y científico de la cultura de los países desarrollados, acaba arrollando la que identifica las culturas de los países en desarrollo. Sin embargo mantienen valores, comportamientos, tradiciones de gran valor que la cultura del crecimiento y la competitividad extremos han olvidado. La formación de voluntarios debe poseer una base sociológica de la cultura del área en que se aplicarán los proyectos. Ningún programa susceptible de dañarlas puede ser aprobado, siguiendo las recomendaciones del PNUD.

Ninguna política, programa o proyecto que contravenga o no incorpore estas cinco prioridades, puede prosperar. Surgirán problemas en la práctica, pero debe quedar plasmada la voluntad y la firma del país receptor y del país u organización internacional contribuyente.

6. Prioridades sectoriales

Con el fin de optimizar los resultados y recursos, es lógico seleccionar los ámbitos de actuación en función de la gravedad de los problemas  y que se definen como Sectores Prioritarios por el Plan Director:

• Promoción de la democracia y la gobernanza. es significativo que sea la primera. Ha desaparecido la neutralidad en la cooperación que tanto ha beneficiado a gobiernos autócratas y opacos que aprovechaban las posibilidades de las ayudas para mantener el status quo y beneficiarse a nivel personal,  familiar o de clan. La cooperación pretende convertirse en ejemplo de respeto a las normas democráticas;
  • colaborar para establecer y consolidar procesos de democracia participativa,
  • fortalecer el diálogo social entre interlocutores económicos, sociales y administración;
  • avanzar en el proceso de garantías jurídicas desde instituciones independientes, accesibles, sin discriminación, basadas en la legitimidad representativa y descentralizada.

La gobernaza democrática es un sector prioritario de inversión y catalizadora de efectos positivos para otras políticas. Para poder cumplir su trabajo de la forma más adecuada, a las instituciones se les recomienda ser pioneras en la utilización de las TIC, para alcanzar mas eficiencia y mejorar el contacto con los ciudadanos.

• Necesidades sociales básicas. Es evidente la incidencia de la posición política: tener clara la prioridad de este objetivo y proveer fondos consistentes. El Plan Director prevé el 20% del total de la AOD a este aspecto.

El referente estratégico viene dado por el Programa de Acción de la Cumbre del Desarrollo Social celebrada en Copenhague y la de Líderes Mundiales para la Acción Contra el Hambre y la Pobreza. El problema del hambre produce un binomio de urgencia hambre-ayuda alimentaria, pero hoy el enfoque es más crítico y ambicioso. Existen dos niveles que suponen un estadio superior:

• la seguridad alimentaria, como garantía de acceso a los bienes que evita la aparición de crisis agudas y pandemias incontroladas;
  • la soberanía alimentaria, que implica la incentivación de la producción autóctona, especialmente de las pequeñas explotaciones, normalmente de carácter familiar y/o cooperativo local. Es la clave para la solución del problema, pero requiere la incorporación plena en la estrategia de los proyectos de desarrollo. Implica salir del mecanismo de necesidad-ayuda y entrar en la solución a través de la cooperación sinérgica de las políticas integrales y favorecida por los gobiernos locales, por programas estatales del país receptor y por pautas internacionales. En este caso están:
  • programas de ayuda a pequeñas explotaciones,
  • reformas agrarias de acceso a la propiedad de la tierra
  • formación para el desarrollo del pequeño comercio,
  • concesión de microcréditos que posibiliten procesos industriales,
  • canalización de ayudas e inversiones en infraestructuras

Junto a la de alimento, la privación de conocimientos es una causa de las más profundas de marginación. La inmensa mayoría de los requisitos para salir de la pobreza exigen formación. El hecho de que en algunas sociedades se discrimine a las mujeres y niñas, marginadas del sistema educativo, agrava las condiciones sociales y dificulta la consecución de los objetivos de igualdad y de género. Por ello la inversión se centrará en la enseñanza básica con incentivos para la asistencia (comedor, raciones para llevar) que permitan la finalización de los estudios elementales, con posibilidades de capacitación profesional y continuidad de estudios.

A una sociedad en desarrollo le corresponde una sanidadcon muchas carencias. El estado de salud incide en la vulnerabilidad. Un sistema de salud público no discriminatorio, con prioridad a la atención primaria es una de las vías que la cooperación pretende favorecer. La mortalidad materno-infantil, las enfermedades con alto nivel de morbilidad que requieren inmunización, prevención, información y acceso a medicamentos baratos, son prioritarias en la cooperación española.

Tener cubiertas las necesidades de cobijo y residencia es uno de los ámbitos reseñados en los proyectos de las organizaciones internacionales. La vivienda no es sólo el techo de las familias sino el entorno en que se encuentra. La inexistencia de ordenación urbana conlleva vulnerabilidad ante riadas y peligros por ubicación inadecuada. Los equipamientos básicos de agua, saneamiento, energía, accesos y vías de comunicación son requisitos de una vivienda digna de la que carecen miles de millones de personas. Especial importancia, en relación con la salud y el desarrollo, tiene el agua potable y los recursos hídricos que se perfila como uno de los factores de conflicto futuro entre. Unos 2.300 millones de personas están afectadas por enfermedades y muerte relacionadas con el agua y 3.000 millones carecen de servicios sanitarios. La solución disminuiría en un 50% la mortalidad infantil.

• Mejora de las empresas y su entorno. La Cooperación al Desarrollo concluye cuando las capacidades de un país poseen consistencia como para solventar sus demandas sociales y articular la plasmación de sus derechos. Una variable es el crecimiento económico mediante la creación de un tejido empresarial que fomente la producción, el empleo y la demanda. Es importante la garantía jurídica que el Estado otorga las empresas y a la población en su defensa de los servicios básicos de interés general.

Si se cumplen, las empresas podrán funcionar con perspectivas a medio y largo plazo y los ciudadanos, además del empleo generado, disfrutarán de la redistribución que suponen los servicios públicos. El objetivo es cómo fortalecer el tejido productivo de los PVD vinculándolos al mercado internacional, abriéndose a inversiones extranjeras, legislando para evitar el colonialismo y potenciando las capacidades endógenas, con respeto al medio ambiente.

Las directrices debe marcarlas el país receptor, sin despotismo pues son los ciudadanos, representados por sus gobiernos, quienes deciden y se responsabilizan de los proyectos de desarrollo.

• El entorno empresarial sobre el que las empresas se asientan, es de vital importancia para su proliferación.
  • Las vías de comunicación, son un instrumento de producción y mercado para el asentamiento de empresas y marcarán el nivel de movilidad y accesibilidad para personas y productos.
  • El suministro de energía accesible y barata es otra inyección revitalizante del tejido empresarial. Donde no esté garantizado, es difícil que se invierta.
  • La financiación crediticia para la creación de empresas es vital debido a la ausencia de acumulación de capital propio. Las ayudas del Estado, internacionales y los microcréditos orientados al desarrollo endógeno tienen ámbitos de materialización en los diversos sectores.
  • La experiencia de los pactos locales de empleo, diseñados en la UE para fortalecer el tejido empresarial, puede ser una metodología fértil para los PVD. Aglutinan el compromiso, la participación y la transparencia en las gestiones.
  • Especial apoyo se contempla para las cooperativas de comercio justo, para producir y comercializar productos autóctonos  sin redes de distribución ni infraestructuras industriales adecuadas. 
• Defensa del medio ambiente. En muchos PVD su patrimonio natural tiene un peso específico incomparable para su supervivencia y recuperación. Por ello, la sostenibilidad de sus recursos se presenta como objetivo sectorial. La explotación sostenible requiere formas de uso, gestión adecuada e incentivos para el mantenimiento y la no utilización depredatoria.

Las áreas protegidas están sometidas a usos restrictivos que chocan con los deseos de las poblaciones pobres que los administran para obtener un beneficio intensivo. Compensar el no abuso de explotación por ingresos alternativos de eco-turismo, comercialización de productos en régimen sostenible, explotación equilibrada de la caza, etc, es un requisito para que la población comprenda, participe y se corresponsabilice en la defensa de su tesoro ecológico, sin que suponga la pérdida de expectativas de crecimiento, ocupación urbana y posibilidades de mejora del nivel de vida.

La planificación nacional, regional y local es de vital importancia, para evitar catástrofes por construcción en zonas de riesgo, así como la racionalización de los recursos hídricos, con compromisos de topes de utilización en las cabeceras y cuencas abajo.

Pero el objetivo medioambiental se centra en todos los procesos productivos, de inversiones infraestructurales, etc. Por ello la incorporación del sector privado es necesaria y está en la línea adecuada para recibir ayudas de la cooperación.

• Diversidad cultural. La cultura como elemento sustancial de la persona, que le aporta su identidad y que concentra las demás variables de su posición en el mundo, debe recibir la máxima protección y respeto, y se materializa en la libertad y posibilidad de ejercer sus tradiciones y especialmente vulnerables son los sistemas indígenas. El Programa Indígena de la AEGI señala que el primer requisito es el de la participación de las comunidades indígenas en todos los proyectos. Junto a las defensa de los ecosistemas culturales se abren las posibilidades de investigación cultural y la promoción de sus productos artesanales
• Igualdad de género. La situación de las mujeres en gran número de PVD incorpora los problemas de las sociedades desarrolladas y presenta cuadros de marginación con perfiles extremos. La pobreza, la ausencia de representación, de capacidad jurídica y de oportunidades económicas se concentran de forma significativa en las mujeres. Erradicar cualquier justificación legal, cultural, religiosa que permita trato vejatorio para las mujeres es una prioridad para la cooperación.

El fortalecimiento del tejido asociativo de mujeres es el mecanismo para efectuar reformas legislativas, elaborar planes de igualdad, propiciar el acceso a puestos representativos, de gestión,... El acceso en igualdad a todos los mecanismos de poder lleva aparejado un proceso de apoyo l para su incorporación al ámbito empresarial mediante créditos, capacitación, formación y asociacionismo en un sector reservado a los hombres.

• Previsión de conflictos. Los conflictos armados son la antípoda de las actuaciones de cooperación y generan la ausencia de derechos básicos, de pobreza, hambre, enfermedades y violencia que se está buscando erradicar. Por ello es prioritario solventarlos antes de que se lleven a efecto y generen retrocesos en las condiciones de vida y derechos de las sociedades afectadas. La seguridad es uno de los derechos fundamentales de las personas y las actuaciones prácticas de la cooperación deben estar orientadas a mitigar los efectos y evitar los conflictos. Desde la cooperación, es necesario asistir a la prevención, la sensibilización de la población en los valores de la seguridad, la limitación de armamento y la eliminación de condiciones que puedan favorecer los procesos de violencia

7. Prioridades geográficas

Adolecen de un reflejo colonial evidente, matizado con complementos de interés táctico, fruto de lazos históricos y culturales. Las tres prioridades geográficas españolas son Iberoamérica, África del Norte y Oriente Medio, más otros países de menor desarrollo.

La inmigración Subsahariana ha producido una prioridad que no contemplaba el Plan Director y va a determinar la cooperación española a medio y largo plazo.

• La ayuda bilateral, adoptada por un país contribuyente con otro receptor. suele estar afectada por los lazos histórico-culturales, y los económico-comerciales mutuos.
• La ayuda multilateral, canalizada por agencias transnacionales, suele distribuir con criterios de autonomía, objetividad y normas de calidad que apuntan a objetivos estratégicos marcados por las organizaciones internacionales y/o Naciones Unidas.

El argumento a favor de las prioridades suele ser el mejor conocimiento entre donante y receptor, la experiencia en acuerdos y convenios o el idioma. Junto a tales argumentos suelen sumarse otros de carácter económico, de frontera, seguridad y abastecimiento energético, etc. Se establecen tres categorías de países dentro de las prioridades geográficas: Países Prioritarios, Países con Mención Especial y Países Preferentes (ver cuadro pag. 214)

8. Documentos e instrumentos de cooperación

Un dato relevante para los Países Prioritarios es el Documento Estado-País (DEP). En él se describen las prioridades y compromisos de España y el país receptor, mostrando el valor de la ayuda y se establecen los criterios objetivos de población afectada, transparencia en la gestión, adicionalidad de los fondos y seguimiento de resultados. Reciben el 70% de la ayuda bilateral española.

La cooperación unilateral de España ha sido escasa tradicionalmente, pero a medida que crecen los recursos, se convierte en prioridad aumentar la presencia, aportar propuestas, participar en las orientaciones y en los organismos internacionales. Especial atención merece la propuesta española de revisión de las actuaciones de los organismos crediticios ligados a las demandas de las instituciones públicas pero alejados de funciones de reactivación del sector privado y de la pequeña y mediana empresa, esenciales para el desarrollo. España dedica ya un 40% de su AOD a la cooperación multilateral.

La potente actuación de la UE se constituye en el marco de esa cooperación española para países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y de las demás actuaciones de emergencia, en función de catástrofes, especialmente conflictos bélicos. Especial confluencia con los intereses españoles tiene la prioridad mediterránea europea a la que se suma una necesaria política de vecindad. Junto a la multilateralidad europea, los organismos internacionales se llevan el 15% de la AOD española.

Existen dos ámbitos de especial incidencia por la necesidad de coordinación internacional y el impacto de la masa crítica de la ayuda.

• Generar las condiciones para el acceso al mercado internacional de los productos de los países más pobres, sin tener que sufrir el dumping de la agricultura europea o norteamericana. Es preciso continuar iniciativas como los acuerdos de Cotonou o EBA, que libera de aranceles a todos los productos de los países más pobres, excepto las armas. Existen dificultades profundas en las relaciones Norte-Sur y las subvenciones agrícolas adquieren categoría de sector estratégico y sensible para ciertos países desarrollados, con lo que ello significa.
• La prevención y la actuación inmediata en los conflictos bélicos y catástrofes de envergadura. La influencia, la coordinación, la capacidad, la experiencia, el personal adecuado, reclaman la intervención de los organismos y asociaciones internacionales y la Cooperación Internacional.

En cuanto a los instrumentos de la cooperación se produce un cambio metodológico en la actuación de los organismos internacionales, agencias y países a la hora de canalizar los fondos. Los instrumentos clásicos, proyectos y asistencia técnica,  dejan paso sin desaparecer a modos de colaboración que pretenden ser más sinérgicos, eficaces y eficientes:

• Los SWALP (Sector-wide Approaches), o enfoques sectoriales, pretenden la concentración de los fondos de la cooperación y los propios del país receptor, para efectuar una acción concertada, dirigida por el gobierno del país receptor. Incorpora un de análisis conjunto, acuerdo de interlocutores, implicación del sector público, incentivos para los participantes, etc. Supone un pacto de confianza mutua y un reconocimiento de que las estructuras del país receptor poseen la experiencia, capacidad y compromiso adecuados. La concentración de actuaciones sustituye a los proyectos aislados y la evaluación de resultados y seguimiento se convierte en un aspecto vital para que lleve a conclusiones.
• El Apoyo Presupuestario. Implica una mayor delegación y confianza en el país receptor, por anteriores experiencias, que demuestran resultados y capacidad de gestión de la administración receptora. Supone apoyo financiero para actuaciones intersectoriales.
• Los Fondos Globales, destinados a la creación de tejido productivo, con posibilidad de compartir capital público y privado y coordinados, compatibilizados o incompatibilizados con otros sistemas de ayuda, sin interferir con los del propio país receptor, ni crear una red financiera que opaque el sistema de ayudas propio.
• La clásica Ayuda Alimentaria para las situaciones de emergencia, pero subordinada a la estrategia de la soberanía alimentaria. Es prioritario conceder ayudas para que consigan plena autonomía contra el hambre.
• La Acción Humanitaria (AH) es la ayuda urgente destinada a víctimas de desastres naturales, conflictos bélicos o situaciones de emergencia puntual o estructural, para solventar sus necesidades y derechos básicos. La visualización de la AH por estar ligada a la atención mediática, es clave para los gobiernos y para las sociedades donantes que se conciencian de la necesidad de un dispositivo permanente de solidaridad. España pretende acercarse al 7% de la AOD destinado a AH, cifra media del CAP, aunque en 2005 se encontraba en el 3,43%.
• Las ONGD reciben financiación pública (447 millones de euros, 17.20% de la ayuda bilateral en 2005) a través de proyectos y colaboraciones con objetivos y requisitos que garantizan su transparencia.
• Los microcréditos concedidos para la creación de pequeñas empresas a personas que no se encuentran en condiciones de recurrir a los sistemas bancarios y crediticios comunes, alcanzan los 91 millones de euros.
• El Fondo de Ayuda al Desarrollo aporta condiciones crediticias que garantizan las exportaciones españolas para proyectos productivos, de infraestructura y básicos de los países en desarrollo.
• La Deuda Externa, tiene un tratamiento multilateral cuando existen otros países también acreedores y una tramitación autónoma cuando la deuda es bilateral. El cambio de deuda por desarrollo es el objetivo básico en la renegociación o la condonación concertada, y la sostenibilidad es el requisito de otro compromiso crediticio.
• Las CCAA y las Entidades Locales asumen compromisos progresivos y se responsabilizan de tareas de cooperación con sus propios presupuestos. Existe una asimetría acentuada entre nivel de renta o producto interior bruto de las regiones españolas y contribución. Algunas CCAA, como Castilla-La Mancha, aportan cantidades muy superiores, absoluta y porcentualmente.

 

Distribución de la AOD por Comunidades Autónomas 2005

 

Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria Canarias Cataluña Castilla-La Mancha Castilla y León	45.903.209              5.601.696             9.031.659            13.472.893             3.607.106             9.677705           41.150.196           30.567.591              9.127.991	Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia	7.420.000             6.598079             2.764.794            21.316.771             2. 281.911           15.587.580           31.909.433           24.735.480
Total CCAA (euros)   280754.082

        

• La Universidad Española, con su Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, las empresas y los sindicatos son actores complementarios en los sectores específicos más próximos a sus funciones y conocimientos.

 

 

Tema 7.  Financiación empresa y comercio en cooperación

Desde ataque de las Torres Gemelas se abre una nueva etapa histórica y entra en escena la globalización del terrorismo. Provocó las guerras de Afganistán e Irak y la inseguridad colectiva que afectó al transporte y la economía,. Sus efectos se sumaron a la ya débil situación de las economías en desarrollo y facilitó la imposición, por parte de EEUU y otros, de políticas y valores relacionados con la seguridad, con grave detrimento de las libertades y la solidaridad. El movimiento antiglobalización y sus reivindicaciones perdieron capacidad de acción y visualización, que aún se mantiene.

1. El consenso de Monterrey (México),

Aparece en este contexto un documento que recoge las conclusiones de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas, sobre Financiación para el Desarrollo. Los proyectos estratégicos son:

• erradicación de la pobreza,
• crecimiento económico,
• desarrollo sostenible
• y sistema económico inclusivo y justo.

Se reconoce que el país receptor es el principal responsable de su desarrollo y que las ayudas externas deben articularse de forma coherente con las políticas marcadas por el gobierno. La gobernanza democrática, participativa y transparente es importante para implementar las medidas que se adopten desde la cooperación internacional.

La importancia del receptor no implica minusvaloración de la comunidad internacional, pues el ritmo del proceso va a depender de la capacidad de conexión de los países receptores con los procesos de globalización, que no es aséptica ni mecánicamente positiva:

• Es difícil llegar a resultados que propicien el desarrollo si no se contemplan las medidas legales, institucionales y sociales que lo posibiliten, si las prácticas institucionales, por corrupción o despilfarro, no se ajustan a los criterios macroeconómicos racionales y recomendados por las organizaciones institucionales representativas, aunque su observancia suponga sacrificios.
• Cuando a un PVD se le exige control del gasto, se le obliga a seleccionar prioridades, que implican dejar fuera a sectores de máxima necesidad y urgencia, para no rebasar un nivel de endeudamiento o déficit público.
• El objetivo de los límites presupuestarios y las normas macroeconómicas es generar el entorno productivo más adecuado para el crecimiento que supone un sesgo favorable para que se canalicen el ahorro interno y el presupuesto público o la ayuda exterior, con criterio productivo.
• Es evidente que la inversión productiva implica formación y capacitación del capital humano, con lo que el establecimiento de un sistema educativo generalizado y de calidad entra de lleno en los objetivos productivos.
• Las infraestructuras de transporte y comunicación son claves para el desarrollo económico y empresarial. Operan como imán para las inversiones y tienen un impacto modernizador, a la vez que facilitan el turismo con el consiguiente mercado.
• Una condición para la transformación es la dotación de infraestructura energética para el consumo de los hogares y de las empresas. La garantía del suministro y el tipo de energía, definen las posibilidades de expansión. La característica de los PVD ha sido poder ampliar sin límites su suministro de energía independientemente de los efectos medioambientales. El precio de la energía, además del suministro garantizado, es uno de los factores de competitividad.
• La investigación y la innovación no pueden concebirse como un privilegio exclusivo de los países desarrollados. Una parte de la elevación del nivel científico en los países en desarrollo, debe venir por vía de transferencia tecnológica y científica, lo que facilita el avance y evita costes. Necesitan establecer mejoras en sus propias estructuras de investigación para generar alternativas a sus investigadores, elevar el nivel científico de la población, potenciar el valor añadido de sus productos e incentivar a sus científicos y capital propio para permanecer en el país.
• Muchas inversiones estructurales está destinadas a la empresa, pero no garantizan el éxito en contextos de desarrollo. Necesita coherencia, captación de la necesidad de producción, organización para el cumplimiento de sus fines y cálculo realista de oferta-demanda y coste-beneficio, en un contexto dado y en condiciones cambiantes. Es necesario, según el Consenso de Monterrey, poner en valor al empresario, que, normalmente aporta el proyecto y el capital. Por todo ello, la formación del empresario y su profesionalidad son muy necesarios porque el contexto es un país en desarrollo, con deficiencias claras en tejido e infraestructura industrial.
• La pequeña y mediana empresa conforma la totalidad de la estructura empresarial de los países en desarrollo, si exceptuamos las empresas públicas. El trabajo de cooperación y el del propio trabajador social necesita aproximarse, orientarse y valorar la incidencia que tienen en la recuperación económica y social de los contextos desfavorecidos.
• Las ayudas deben canalizarse al entorno productivo y a la empresa, respetando las leyes de la competencia y apurando las excepciones a la competencia. El aumento de riqueza productiva de un país con el consiguiente aumento del nivel de vida, aunque asimétrico, de la población, es una quimera si no va ligado a la empresa y a las prioridades crediticias e inversoras que necesita.
• La globalización ha reducido la incidencia del modelo keynesiano, mediante inversiones públicas de choque, la revitalización de la industria y la economía ante la disminución de demanda privada en épocas de crisis. La interrelación de las economías, las empresas multinacionales, la incidencia de las normas internacionales, etc., descompresurizan las actuaciones de los gobiernos limitando su lógica de país y por tanto su resultado.
• La pequeña y mediana empresa privada es la que necesita recibir las ayudas para mantener y ampliar sus puestos de trabajo, especialmente las ligadas al desarrollo y la explotación de valores endógenos agrarios, manufactureros, artesanales, artísticos, etc, que tienen un gran impacto social, al tratarse, de explotaciones familiares o cooperativas.
• Es difícil que las empresas reciban ayudas finalistas, la opinión pública no lo aceptaría, y más en contextos socialmente necesitados. Por ello las ayudas a empresas provienen de programas de promoción empresarial que financian una parte de la inversión.
• Tienen especial incidencia social los sistemas de crédito para promoción empresarial a través de las instituciones nacionales, que aprovechan el ahorro para dirigirlo a actividades productivas y que se adaptan a las condiciones concretas de proximidad y precariedad de los promotores empresariales a través de microcréditos. La prevención de las crisis y la gestión de la deuda es función de la supervisión crediticia del país receptor.
• Los microcréditos han jugado un papel importante en la población que no tiene posibilidades de aval para los créditos y, por tanto, no son contemplados como clientes en el sistema bancario tradicional. En 2006 se concedió el Premio Nóbel de la Paz a Muhaimnad Yunus, economista, creador en los 70 de los microcréditos en Bangladesh. El Grameen Bank, supone una fórmula innovadora para dar oportunidades a las personas que, en condiciones de pobreza, desean iniciar un proceso de autonomía económica. Tras treinta años de funcionamiento el «banco de los pobres» se mantiene con más de 100 millones de personas que se han beneficiado de sus créditos y un reducido nivel de impagados, a pesar de no existir documentos escritos que obliguen al receptor. La inmensa mayoría de los beneficiarios son mujeres y está expandiéndose a países desarrollados.

Para todas ellas se requiere una administración objetiva, transparente y eficaz que no entre en competencia innecesaria con el sector privado, dificultando la rentabilidad de las inversiones, y que exija eficacia y eficiencia.

Alguna de las críticas contra la AOD es que interfiere los esfuerzos de competitividad que llevan a cabo empresas que intentan competir en el sistema. Sería la aceptación de la paradoja micro-macro: la cooperación puede favorecer la solución de algunos problemas pero perjudicaría a la evolución general del sistema económico.

El Programa de Acción para los países menos adelantados en el decenio 2001-2010 concentra las estrategias que necesitan para superar su situación e incorporarse a la actividad comercial, aprovechando las ayudas como motor complementario.

El comportamiento del gobierno es vital para garantizar las inversiones mediante reglas objetivas y garantías jurídicas y para convertirse en receptor internacional de la AOD y de la inversión privada extranjera. Si ofrece esas garantías y estabilidad social y política estará en condiciones de recibir inversiones privadas que pueden aportar ingredientes esenciales para el desarrollo:

• Creación de puestos de trabajo
• Transferencia tecnológica
• Transferencia científica
• Aumento del PIB
• Aumento de la productividad
• Cultura empresarial
• Competitividad
• Necesidad de formación de los trabajadores
• Incremento comercial
• Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Hay países (Irlanda) y regiones desfavorecidas en que la inversión extranjera ha efectuado un cambio drástico económico que no hubiera podido materializarse de otro modo. Para ello es necesario superar experiencias colonizadoras de inversión expoliadora de recursos con la complicidad de gobiernos autárquicos.
• los países receptores pueden incorporar medidas para proteger las inversiones y las entidades inversoras pueden colaborar mediante figuras crediticias, cofinanciación… para las transformaciones estructurales del país.
• Los flujos de capital privado tienen un doble comportamiento.
• los que van dirigidos a inversiones empresariales, con vocación de permanencia y rentabilidad a medio y largo plazo,
• los de ciclo corto que apuran los beneficios rápidos y se retiran, generando inestabilidad

Vigilar estas incidencias e imponer algún tipo de tasa a su volatilidad es una de las reclamaciones de colectivos de cooperación.

• El efecto de la inversión extranjera, los apoyos crediticios y el propio desarrollo conducen a la necesidad de incorporación plena al comercio internacional. El mercado globalizado reclama liberalización, desregulación y contexto normativo.
• Nos encontramos ante una doble contradicción.
• La desregulación y liberalización total beneficia a los países y grupos inversores fuertes, que pueden copar las inversiones. La experiencia europea ha sido cautelosa al suprimir fronteras comerciales y arancelarias para no perjudicar a países europeos más pobres, además de proporcionar ayudas regionales, así pueden incorporarse a la competencia comercial con garantías e igualdad.
• La segunda afecta a los países desarrollados que reclaman liberalización a la vez que se dotan de normas que justifican ayudas internas cuantiosas a sectores productivos concretos, como en la agricultura. El 40% del presupuesto de la UE-l5 estaba destinado a los agricultores. Ahora se mantienen aunque el número de agricultores aumentó.
• La barrera de la agricultura europea y americana, no sólo paga precios propios de dumping empresarial, sino que establece cupos por productos en las importaciones.
• Esta es la raíz de los fracasos de la OMC en relación con la cooperación.
• La importancia del comercio internacional es tal que todas las demás actuaciones exigen coherencia con un desarrollo adecuado del mismo, sino quedan asfixiadas, sin desarrollo ni rentabilidad; si la cadena comercial internacional no funciona.
• Esas contradicciones se reproducen en las industrias que requieren un alto nivel de mano de obra. La diferencia de salarios entre los PVD y los ricos, alimenta la deslocalización empresarial, si hay condiciones de mano de obra, estabilidad política y garantías de propiedad y seguridad jurídica.
• El movimiento sindical, sensible a la exclusión y la pobreza fruto de la globalización, se debate ante la deslocalización y produce respuestas de tipo nacionalista. La división entre movimiento sindical y antiglobalización radica en los efectos contradictorios de la incorporación plena al mercado por parte de los países en desarrollo.

Existe todo un camino por recorrer para facilitar el acceso de las mercancías de los PVD a los mercados de los grandes consumidores..

La incorporación al comercio internacional y al desarrollo de los países que hoy se encuentran en dificultades, es beneficiosa porque implica un nuevo ámbito de demanda y  actuación comercial. Compatibilizar las soluciones es una de las funciones de la AOD.

 

 

2. Organización Mundial de Mercado (OMC)

La importancia del comercio para la recuperación de los países en vías de desarrollo convierte a la OMC en un referente de críticas y reclamaciones de distinto signo.

La OMC es fruto de las conclusiones de la «Ronda Uruguay» y continuación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para la adaptación a las nuevas circunstancias del comercio internacional.

El GATT era un acuerdo de 22 países que, después de la segunda guerra mundial, deciden ordenar y regular sus transacciones, eliminando entre ellos aranceles y elaborando una normativa común. Su efecto favorable se refleja en los 149 países que hoy la integran y su nivel de mercado supera el 90% de todo el comercio mundial.

Convocaba, a demanda de gobiernos y empresas, períodos de negociación denominados «Rondas Comerciales» donde se adoptaban nuevos acuerdos, se ampliaban sectores, se mejoraba la normativa y se actuaba en la solución de conflictos. Se celebraron en Ginebra, excepto la de 1949 (Ainnecy) y la de 1951 (Torquay), prolongándose durante años.

La OMC, que opera desde 1995 es una racionalización y puesta al día del GATT, cuyas variables de referencia se habían transformado cuantitativa y cualitativamente:

• El comercio internacional de mercancías ha crecido.
• La globalización, con la modernización del transporte y el abaratamiento de la energía multiplica las posibilidades de comercio internacional competitivo.
• Los servicios ofrecidos por las empresas reclaman una normativa internacional y la liberación correspondiente.
• La sociedad de la información y las TIC ofrecen el sustrato técnico eficiente para la dirección, organización e información de las empresas y los consumidores a tiempo real.
• La logística permite coordinar, producir, transportar, ensamblar y distribuir de manera deslocalizada.
• Los movimientos de capital internacional se multiplican.
• Los conflictos entre países crecen a la hora de interpretar los Acuerdos y aplicar la normativa.
• La ausencia de una organización estable implica no estar a la altura de la demanda de gerencia efectuada por los países.
• El carácter consensuado de los acuerdos produce múltiples actuaciones de bilateralidad que quitan transparencia y eficacia a la normativa.

Por ello el GATT pasa a convertirse en OMC, y que se presenta

• Con personalidad jurídica propia pudiendo incidir más eficazmente en las organizaciones y las decisiones internacionales.
• Con estructura estable que le permite ser foro permanente de diálogo para sus afiliados.
• Con capacidad institucional y burocrática para asumir las complejas tareas de su ámbito.
• Con capacidad normativa como tal organización, sometida a fórmulas de votación consensuada y con alto nivel de dependencia en sus propuestas
• Con carácter de sistema de comercio multilateral integrado. Del GATT, que permitía a cada país seleccionar los ámbitos y productos del Acuerdo, se pasa a la obligación, para todos, de asumir el acuerdo constitutivo de la OMC, el GATT de 1947 y los Acuerdos Comerciales Multilaterales.
• Deja abiertas las posibilidades a otras geometrías que permiten llegar a Acuerdos Comerciales Plurilaterales, que sólo afectan en sus derechos y obligaciones a los países que los alcancen y los firmen.

Hay constancia explícita de las reticencias de EEUU a que el GATT alcanzara rango de Organización Internacional. Suponía una variable independiente que limitaba la cómoda y flexible convocatoria de las Rondas, cuyo primer requisito era el placet americano. ¿??

Los objetivos del GATT y la OMC después, presentan un continuo con adiciones motivadas por la evolución del negocio o por nuevos valores que es necesario incorporar, para estar en consonancia con las demandas sociales:

• Elevar el nivel de vida de los países miembros a través del comercio.
• Aumentar la demanda de bienes.
• Aspirar al pleno empleo.
• Elevar la producción y el comercio de servicios.
• Alcanzar la utilización óptima de los recursos a nivel mundial.
• Mantener criterios de sostenibilidad y defensa medioambiental en las actuaciones comerciales.
• «Realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los PMA, obtengan una parte de incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico».
• Procurar un comercio internacional cada vez más integrado y con las mismas normas.
• Reducir los aranceles aduaneros y los obstáculos al comercio internacional.
• Eliminar cualquier trato discriminatorio entre países en las relaciones comerciales internacionales.

Desde estos principios y con el consenso, se plasman Acuerdos en los que se reflejan las condiciones, plazos, casuística y productos del comercio internacional. Además de superar la votación en la OMC, los Parlamentos Nacionales deberán ratificar cada propuesta. Los Acuerdos hacen referencia a tres grandes áreas del comercio internacional:

• Sobre el comercio internacional de bienes, cuestiones arancelarias y otros factores que puedan ser obstáculo para la libre circulación de mercancías.
• Sobre el comercio internacional de servicios y nuevos productas intangibles
• obre el derecho al respeto y al comercio internacional de la propiedad intelectual

Tanto los servicios como la propiedad intelectual tienen máxima incidencia en los países en desarrollo, que normalmente exportan bienes e importan servicios. Se abre un conflictivo sobre la propiedad intelectual, que encarece los productos del ámbito de la sanidad y los medicamentos, con el consiguiente perjuicio para los países pobres, pero a la vez abre posibilidades inéditas para comercializar creaciones artísticas y culturales de los PVD.

Esta normativa exige una gestión creciente y una intermediación ante los problemas que el nivel mundial exige. Para ello se establecen dos direcciones de análisis y gestión:

• Solución de Deficiencias: si un país considera que otro no cumple la normativa OMC y de ello se desprende un perjuicio, puede demandar rectificación o compensación. Un grupo de expertos emitirá un informe que dictamine y proponga medidas de acuerdo con la norma
• Examen de las políticas comerciales de los miembros: el número de países, la complejidad de productos y normativa, los cambios en legislación, son causantes de muchos conflictos. Para evitarlos, la OMC tiene una línea de trabajo, «el examen de las políticas comerciales de sus miembros». La clave es la transparencia y la información de los cambios normativos introducidos por cada país a través de notificaciones obligatorias. Si son conformes, se comunican a todos los miembros; si existen objeciones se elevan al país que propone la reforma. La OMC efectúa análisis periódicos de las políticas comerciales de sus miembros.

A veces se pretende ganar competitividad defendiéndose de los productos de otros países exigiendo a sus exportaciones requisitos que se convierten en Obstáculos Técnicos al Comercio difíciles de justificar, aunque la normativa interna así la exija a sus propios productores.

En la misma dirección caminan las condiciones sanitarias y fitosanitarias. La acusación de que una partida agrícola incorpora un determinado insecto puede paralizar su importación.

La OMC es también un ámbito de intereses comerciales asimétricos. La pretensión es sentar las bases de una legislación y prácticas cada vez más integradas, más liberalizadas y menos fragmentadas:

• Propicia la apertura de los mercados para lograr la máxima fluidez y aprovechamiento de los recursos
• Pretende que se consiga con la máxima desregulación, para que normativas «particulares» e interesadas no conviertan la liberalización teórica en una frontera legal práctica
• Rechaza las prácticas de dumping en cualquier nivel a través de subvenciones que desvirtúen la competencia.
• Prohíbe las subvenciones a las exportaciones agrícolas.
• Asume, acepta y propicia un tratamiento especial para los PMA y los PVM, estableciendo una zona de excepción a la competencia

Los países desarrollados desean avanzar en la liberalización de sus productos más exportables: como bienes de equipo, servicios bancarios, informáticos, turísticos,  etc.

La prioridad de los países en desarrollo es sólo el acceso libre de los productos agrícolas a los mercados centrales de las potencias y la eliminación de subvenciones a los agricultores de la UE y EEUU. La deslocalización está produciendo el asentamiento, en estos países de multinacionales y la creación de empresas con gran parte de su producción en economía sumergida. Están especialmente interesados en los sectores de calzado, juguetería, artesanía textil, que dependen de su capacidad competitiva en el mercado internacional. Para la comercialización existen comunidades de inmigrantes en los países occidentales que permiten la distribución y venta.

En el 2001 se adopta la Declaración de Doha (Qatar) por la OMC que se hace eco del malestar de los PVD por las dificultades de acceso a los mercados internacionales. Presentada en positivo, la Declaración asume que el comercio internacional es el arma más eficaz en la lucha por la erradicación de la pobreza y la incorporación de los países más pobres al desarrollo económico.

La reflexión abre la Ronda de Doha o del Desarrollo, que asume la confluencia de las medidas:

• apertura de los mercados,
• eliminación urgente de las subvenciones públicas a la exportación,
• eliminación paulatina de las ayudas a los agricultores
• eliminación de la contingentación a los productos manufacturados y agrícolas
• política de excepción para los PMA y los países en desarrollo.

No se han conseguido los objetivos. Los reproches mutuos entre las delegaciones de la UE y EEUU, causantes del desacuerdo, sirven para dejar constancia de las dificultades para crear un comercio justo. Las dificultades electorales de las medidas no se pueden minimizar y cada importación tiene efectos objetivos sobre los productores sobreprotegidos occidente.

Las contradicciones en la UE son crecientes a la hora de negociar las Perspectivas Financieras. La escasa población agraria, convertía las propuestas inglesas de reducción del presupuesto agrícola en un argumento incisivo. Hoy ha perdido peso por la incorporación de diez nuevos países, la mayoría muy dependientes del sector agrario.

3. PMA: PAÍSES MENOS ADELANTADOS

En 1981, en París, la ONU celebra la Primera Conferencia sobre PMAs. Se los define con arreglo a una serie de indicadores socioeconómicos, como su nivel de pobreza, que augura dificultades insalvables, sin ayuda, para garantizar su propio desarrollo. El primer objetivo era aliviar la carga generada por una deuda externa insostenible, para que esos re cursos pudieran orientarse al desarrollo.

En 1990 se celebra la Segunda Conferencia que concluye con el Programa de Acción para los años 9O. Las medidas contempladas no tuvieron la incidencia comercial ni el apoyo presupuestario suficiente para cambiar la tendencia, la mayoría de estos países, aunque ha mejorado suposición i, ha empeorado en ratios comparativos.

En 2001, en Bruselas, ante la situación catastrófica evidente se reúne la Tercera Conferencia PMA. Los objetivos para el Desarrollo del Milenio son asumidos para los PMA, comenzando por el de reducir a la mitad, en 1990-2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. Los PMA deben aspirar a proceder con el mismo rigor, que los demás países en desarrollo:

• Asumir la responsabilidad principal de toda la política tendente a su propio desarrollo, sin delegar en la AOD ni en las condiciones otorgadas en materia de comercio internacional.
• Garantizar una gobernabilidad democrática y participativa con transparencia en la gestión.
• Priorizar la producción, la creación de empresas y la gestión de los recursos endógenos.
• Incorporarse al comercio internacional por la propia competitividad y optimizando las concesiones comerciales y crediticias internacionales
• Elevar el nivel de educación, formación y capacitación de la población.
• Lograr la autonomía alimentaria como paso para la soberanía alimentaria.

A estas condiciones correspondería, desde los países desarrollados, un aumento global de la AOD y el éxito de las propuestas de Doha que no han podido plasmarse. El fracaso de la Ronda de Doha 2006 convierte en fracaso la Tercera Conferencia PMA (2001), porque la eliminación de las políticas públicas de ayuda a la agricultura y la apertura de los mercados y aranceles no se ha conseguido.

La Iniciativa EBA concede acceso preferente a los productos de los PMA como marca, sólo para Europa: excepto los de uso bélico, las mercancías de esos países estarán libres de aranceles y de cupos. Necesitan comprador a precio competitivo y sufren las subvenciones públicas internas de la Unión.

De los 49 países que integran la lista de los PMA, (11% de la población mundial), 34 son africanos y 14 ribereños atlánticos.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta una lista por países que pretende captar, con más precisión que el PIB, la situación de desarrollo real. A la economía se une la situación de salud, con el índice de esperanza de vida y la situación educativa. No introduce directamente la variable gobernanza, que puede ser vital y alteraría el orden de forma significativa

El IDH de 2005 tiene a Noruega en primer lugar, a España en el puesto 21 y cerrando la lista a Níger en el 177. Treinta de los treinta y dos países de menor índice son africanos y los diez últimos, también: Mozambique, Burundi, Etiopía, República Centroafricana, Guinea Bissau, Chad, Malí, Burkina Fasso, Sierra Leona y Níger, una de las claves de la emigración africana hacia Europa. (cuadro 240)

El efecto estampida tiene una relación directa con el fracaso de la cooperación y el IDH. El efecto llamada, fruto de la legalización de 600.000 “sin papeles” no ha sido ponderado sociológicamente y es un componente de la contienda política que impide disociarlo de los efectos de la pobreza y de la gobernabilidad en los países de origen.

No sólo de los países más pobres se recibe este tipo de inmigración, como Malí: no es ribereño pero sus condiciones socioeconómicas son similares; es el cuarto país con peor IDH y tercero en nivel de pobreza. El empleo, equipamiento y riqueza, emitido por televisiones europeas, incentiva el cambio. A medida que el transporte vaya mejorando y abaratándose, las posibilidades de entrada en Europa afectarán a todas las modalidades.

Los PMÁ no africanos, de América y Asia, componen una categoría similar, con diferentes estructuras sociales en las que existen condiciones institucionales consolidadas pero que fracasaron en sus proyectos de desarrollo (cuadro pag. 241)

En unos y otros se produce una sinergia negativa de enfermedades, pobreza y conflictos bélicos que minan sus posibilidades de estabilidad y recuperación.

La respuesta de los países europeos ante los inmigrantes ilegales es desigual en el tiempo, en la legislación y en el trato. Estados receptores en momentos de expansión económica (Alemania, Francia, Bélgica,..) han aumentado los controles. Otros (España, Italia, Grecia,…) en situación de crecimiento, están siendo los nuevos ámbitos de llegada no controladas, ni negociados diplomáticamente. La proximidad de la costa africana puede justificar parte pero no e la gran mayoría, que llegan por vía aérea o por la frontera francesa. La inmigración africana, representa entre el 5% y el 10% de la total.

La divergente legislación que hace la UE para el control de las fronteras exteriores han llevado a que cada uno afronte sus propios flujos. La peculiaridad de la inmigración africana, con embarcaciones de ribera y ausencia de convenios bilaterales de extradición, ha planteado problemas y reacciones de carácter comunitario.

Los sistemas de detección por satélite y los sucesivos convenios complican el trayecto, aumentan los naufragios y muertos y aumentan el coste del pasaje (450-2000 $).

La Agencia Europea de Fronteras (Frontex), mediante la operación Hera I y II, ha establecido los primeros dispositivos para cubrir los accesos de pateras y cayucos.

El cuadro de inmigrantes que arriban a las costas europeas del sur con todas sus características es de máxima importancia para conocer con precisión el ciclo migratorio.

El aumento de la AOD es un requisito de urgencia y efectos directos sobre las estructuras socioeconómicas de los países desarrollados. El reconocimiento de que la emigración está posibilitando alto crecimiento y las dificultades de controlar la no legal, con brotes xenófobos, es un nuevo problema que adquiere prioridad social y efecto electoral

4. UNA AOD SINÉRGICA

Su fertilidad está en proporción directa al cumplimiento de las condiciones por parte de todos los agentes. Es difícil rentabilizar la AOD si el gobierno receptor mira hacia otro lado o tiene intereses distintos a los del desarrollo, pero si se cumplen las condiciones nacionales e internacionales, introduce un valor añadido y genera una dinámica que puede hacer factibles programas sectoriales de difícil arranque, «en particular en países cuya capacidad de atraer inversiones directas privadas es mínima»

No puede contemplarse como un refugio frente a la normativa internacional, de nuevo la política regional europea puede servir de referencia: las ayudas a las regiones más desfavorecidas tienen como objetivo adaptarse a las condiciones de la economía internacional, no evadirla.

El primer requisito para los países donantes es aumentar el presupuesto hasta el 07%, del que se destinaría entre el 0.15 y el 0.20% a los PMA. El estancamiento de los presupuestos para cooperación tiene justificaciones diferentes. La desaparición de los dos bloques desincentiva el mecanismo político que subyacía a la inversión en cooperación, desaparecido el peligro alternativo surge la fatiga de los donantes, aunque lo justifiquen por la falta de resultados. Se toca suelo en 1997 con sólo un 0.22% del PNB aunque la AOD de algunos países supone el 13% de su PIB, llegándose al 15 y 20%, dado que su producto bruto es muy pequeño.

En 1961 la ONU recomendó un 1% en su propuesta del Primer Decenio para el Desarrollo. El 0.7% es la recomendación del Segundo Decenio de 1970, aunque se sigue reclamando el 1% como objetivo de transferencia.

El carácter no vinculante de estas peticiones es la causa del alejamiento entre declaraciones y realidad, es preciso superar la etapa anterior y disponer resoluciones vinculantes, las directrices para su aplicación, las condiciones y los objetivos de eficacia.

Lo difícil es la evaluación de la calidad, rentabilidad, cumplimiento y resultados. Hasta ahora no han sido incompatibles la cooperación y que las condiciones del problema objeto de la actuación se mantuviera sin mejoras reseñables. Por ello se busca la sinergia de los mecanismos públicos, privados, nacionales, internacionales como la AOD, para lograr la masa crítica, de compromiso institucional y efecto económico-social que produzca resultados positivos.

Acuerdo de Cotonú

Las líneas de la cooperación europea se habían regido por el Convenio de Lomé (Togo). Desde 1975 los criterios tenían falta de carácter integral pero en 2000 se alcanza el Acuerdo de Cotonú (Benín) que supone, en el marco de los Objetivos del Milenio, la nueva estrategia de cooperación para la ACP-CE. Europa, África, Caribe y Pacifico basarán sus relaciones en tres grandes objetivos de desarrollo integral. La superación de la pobreza y el subdesarrollo serán fruto de actuaciones conjuntas en el campo del diálogo político (democracia y derechos), de las relaciones económicas y comerciales y de la ayuda al desarrollo como complemento. Los receptores jugarán el papel principal y definidor y la UE defenderá en los foros necesarios las posiciones acordes con estos presupuestos. El fracaso de la Cumbre de Doha (2006) ha sido un freno a las aspiraciones comerciales, una de las palancas principales.

 

PAÍSES DE ÁFRICA. DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO (ACP)

ACUERDO DE COTONÚ

1) OBJETVO

Crear un nuevo marco para la cooperaci6n entre los miembros del grupo de ACP y la CE y constituye una respuesta a la globalización, con el fin de fomentar y acelerar el desarrollo económico, cultural y social de los Estados ACP, de contribuir a la paz ya la seguridad, y propiciar un clima político estable y democrático.

2) ACTO

2000/483/CE: Acuerdo de asociación entre los Estados ACP y la CE y sus Estados miembros, firmado en Cotonú el 28 de junio de 2000.

3) SÍNTESIS

MARCO GENERAL

Contexto

Representa una nueva fase en la cooperación, que comenzó en 1964 con la firma del Convenio de Yaundé y continuó con los 4 Convenios de Lomé hasta el 2000. Teniendo en cuenta el escaso éxito de las preferencias comerciales no recíprocas de los antiguos convenios y la necesidad de adaptarse a procesos internacionales como la globalización, la evolución tecnológica y los cambios sociales, el Acuerdo establece un nuevo enfoque de la cooperación en este ámbito.

Objetivos principales del Acuerdo

Reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza, así como la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial, de forma coherente con los objetivos del desarrollo sostenible.

Enfoque general

Se propone reforzar la dimensión política, garantizar flexibilidad y conceder más responsabilidades a los Estados ACP. Se basa en tres dimensiones: política, comercio y desarrollo, con enfoque integrado y sectorial. Las intervenciones deberían referirse a un sector específico (sanidad, transporte, etc.) y combinar aspectos de la cooperación (económicos, sociales, etc.) para orientar mejor la ayuda.

La duración del Acuerdo es de veinte años, con cláusula de revisión quinquenal.

Pilares de la asociación

La asociación se basa en cinco pilares interdependientes:

• una dimensión política global,
• el fomento de los métodos participativos,
• las estrategias de desarrollo y una concentración en el objetivo de reducir la pobreza,
• la creaci6n de un nuevo marco de cooperación económica y comercial
• la reforma de la cooperación t’lnmiciera

PILAR I:   DIMENSIÓN POLÍTICA

Los elementos esenciales son los siguientes

• Diálogo político
• Políticas para la consolidación de la paz y la prevención y la resolución de los conflictos. Se concentrará principalmente en las iniciativas regionales y refuerzo de las capacidades locales; prevé disposiciones para que los recursos financieros no se desvíen de los objetivos del desarrollo.
• Respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos basados en el Estado de derecho y gestión transparente y responsable.
• Buena gestión de los asuntos públicos,  con un procedimiento especifico que se aplicará en los graves casos de corrupción.

PILAR II: FOMENTO DE LOS METÓDOS PAILTICIPATIVOS

Prevé una función importante para diseñar y aplicar las estrategias y programas: el papel de la sociedad civil y es necesario reforzar las ONG para garantizar una contribución considerable. La participación depende de determinados criterios relativos a su gestión y a su forma de organización

PILAR III: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y CONCENTRACIÓN EN EL OBJETIVO DE REDUCIR LA POBREZA

El enfoque integrado de la asociación destaca tres ámbitos prioritarios:

• Desarrollo económico:  Se contra en:
  • la inversión y la ayuda al sector privado
  • las políticas y las reformas macroeconómicas y estructurales
  • las políticas sectoriales (por ejemplo, el desarrollo de la industria, el comercio y el turismo).
• Desarrollo social y humano: Las dimensiones son las siguientes:
• las políticas sectoriales sociales (sistemas educativo, sanitario….y la integración de asuntos demográficos en las estrategias),
• los aspectos relativos a la juventud (protección de derechos de los niños y los jóvenes)
• el desarrollo cultural (protección de las tradiciones y el patrimonio cultural).
• Integración y cooperación regional: tienen por objeto facilitar el desarrollo en todos los sectores, incluidos recursos naturales y de los problemas económicos y sociales. Su objetivo es:
  • acelerar la diversificación de las economías de los Estados ACP,
  • fomentar y desarrollar el comercio entre países ACP y dentro de éstos y con terceros, beneficiando también a los PMA
  • aplicar las políticas de reforma sectorial a escala regional.

Está prevista la cooperación en pesca y seguridad alimentaria. Las prioridades se establecerán para cada país y el principio de diferenciación será un elemento clave

• Aspectos temáticos y de carácter transversal; prevé la consideración de tres aspectos transversales:
  • igualdad entre hombres y mujeres,
  • gestión sostenible del medio ambiente, que aborda temas como bosques tropicales, recursos hídricos, desertización, energías renovables, etc.
  • desarrollo institucional y refuerzo de las capacidades.

PILAR IV: ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MARCO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

Introduce modificaciones al sistema para ajustarlo a las normas de la OMC y permitir a los ACP participar plenamente en el comercio internacional.

Nuevos acuerdos comerciales: para liberalizar los intercambios, poniendo fin a las preferencias comerciales no recíprocas del que se benefician los ACP, aunque se mantendrá vigente hasta 2008. La negociación de nuevos Acuerdos regionales de asociación económica con la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria del América Central) y la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental) se iniciaron en octubre de 2003. Se tendrán en cuenta los problemas sociales y económicos de dos maneras:

• mediante políticas de desarrollo y el humano (lucha contra la pobreza)
• mediante la cooperación y el refuerzo de las capacidades de los Estados ACP en los foros internacionales

Ámbitos relacionados con el comercio.  La cooperación comercial no se limita a las actividades comerciales tradicionales, afecta también a otros ámbitos relacionados, como la protección de los derechos de propiedad intelectual, la normativa laboral, etc.

Previsiones comerciales para los Estados ACP menos avanzados. Esteba previsto mejorar el régimen de modo que antes de 2005, los exportadores de los PMA se beneficiarían del acceso con franquicia para la casi totalidad de sus productos al mercado de la CE.

PILAR IV:  REFORMA DE LA COOPERACIÓN FINANCIERA

Los principios rectores de la cooperación financiera reflejan el planteamiento general de la asociación:

• Coherencia, flexibilidad y eficacia garantizadas por una programación evolutiva y única, por país o región, acompañada de revisiones periódicas
• Evolución del tipo de asistencia hacia programas de ayuda presupuestaria o Sectorial,
• Dotaciones orientativas, y no derechos adquiridos,
• Enfoque general: participación de agentes no estatales,
• Diálogo a nivel local, calendados y coordinación desde su fase inicial

Racionalización de los instrumentos de la cooperación

Para simplificar el proceso y dar una mayor flexibilidad está previsto racionalizar los instrumentos de la cooperación, sobre todo en lo que se refiere al FED, principal instrumento de ayuda comunitaria a ACP. Ya no se dividirá en varios instrumentos con sistemas de asignación rígida y no se bloquearán recursos para lograr un objetivo específico. Todos los recursos se facilitarán mediante dos instrumentos

• Subvenciones - Instrumento de las subvenciones: Se administran conjuntamente por la Comisión y los Estados ACP. Cada país recibirá una suma global.
• Capitales de riesgo y préstamos al sector privado - Fondo de inversión. Este nuevo instrumento, será administrado por el BEI, que podrá invertir en forma de préstamos, fondos propios y cuasifondos propios, y podrá conceder garantías en apoyo de inversiones privadas, nacionales y extranjeras

Reforma del sistema de programación

El nuevo sistema aumenta la flexibilidad de la asociación y confiere mayor responsabilidad a los Estados ACP un sistema de programación evolutiva que elimina el concepto de ayudas no programables. Los ACP tendrán mayor responsabilidad a la hora de definir objetivos, estrategias y acciones, así como la gestión y la selección de los programas.

La programación se articula en tomo a los resultados. Las ya no son un derecho automático,  se asignan a partir de una evaluación de las necesidades y los resultados con criterios que reflejan los objetivos principales de la asociación, corno el desarrollo de la reforma institucional, la reducción de la pobreza, etc.

El principal instrumento para la programación es la estrategia de apoyo nacional. Se elabora una para cada ACP, conjuntamente con la Comisión y el Estado. Establecerá una orientación general para la utilización de la ayuda y se completará con un programa operativo que incluirá operaciones concretas y un calendario para su ejecución.

Se ha creado un mecanismo de examen anual pan adaptar la estrategia, el programa o los recursos. En la fase intermedia y al final del período de aplicación, la revisión deberá conllevar un examen de la estrategia de cooperación que permita confirmar la orientación o sugerir los ajustes adecuados y adecuar el volumen de los recursos asignados. Se prevé que los agentes in situ se Impliquen conforme con la descentralización.

Los programas estarán sometidos a un sistema de programación evolutiva basado en los mismos componentes, aunque el examen de los programas se hará únicamente en la fase intermedia y al final.

Acuerdo de ayuda adicional en caso de fluctuación de los ingresos de las exportaciones

La necesidad de ayuda adicional se deriva de la vulnerabilidad por el alto grado de dependencia de los ingresos de las exportaciones del sector agrícola o minero de los ACP. Los instrumentos STABEX y SYSMIN de los antiguos convenios no se prorrogarán. El nuevo sistema permite garantizar la asistencia mediante los fondos asignados en la estrategia de apoyo nacional y de los programas operativos.

Recursos financieros.  Tienen una duración quinquenal y son los siguientes:

• Fondo Europeo de Desarrollo (FED): 13.500 millones de euros
  • Remanentes de los FED anteriores: +  9.900 millones de euros
  • Recursos propios del BEl: 1.700 millones de euros.

Procedimientos de aplicación y agentes encargados de la ejecución

Los agentes encargados de la ejecución son:

• el Ordenador Principal,
•  el Ordenador Nacional
• el Jefe de Delegación.

Está previsto conferir las responsabilidades administrativas y financieras al Jefe de Delegación, en concreto, el poder de decisión financiera para proyectos que no superen un importe determinado.

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

Se mantienen las instituciones conjuntas creadas por los antiguos Convenios de Lomé:

• Consejo de Ministros,
  • Comité de embajadores,

Consejo de Ministros. Compuesto por miembros del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea y por un miembro del Gobierno de cada país ACP, se reúne una vez al año por iniciativa de la Presidencia, ejercida alternativamente por un miembro del Consejo y por uno del Gobierno de un ACP, y en diferentes ámbitos geográficos. Las funciones son las siguientes:

• dirigir el diálogo político,
• adoptar las orientaciones políticas y las decisiones necesarias para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo,
• examinar y resolver cualquier cuestión que pueda obstaculizar la aplicación del Acuerdo,
• velar por el funcionamiento eficaz de los mecanismos de consulta.

Podrá adoptar decisiones que sean obligatorias para las Partes y formular resoluciones, recomendaciones y dictámenes y podrá delegar en el Comité de embajadores.

Comité de embajadores. Asiste al Consejo de Ministros, compuesto por representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE, un representante de la Comisión y los jefes de misión de los ACP ante la UE. La presidencia será alternativa.

Asamblea parlamentaria paritaria. Es un organismo consultivo paritario compuesto por representantes de la UE, miembros del Parlamento Europeo y representantes de los ACP: Puede adoptar resoluciones y formular recomendaciones al Consejo de Ministros. Se reúne 2 veces al año en sesión plenaria.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS ESTADOS ACP MENOS AVNZADOS, SIN LITORAL O INSULARES.

Se concede tratamiento especial a estos y a los que acaban de salir de un conflicto para acelerar su desarrollo en momentos de vulnerabilidad. Se presta especial atención en el refuerzo de la cooperación regional, desarrollo de infraestructuras de transportes y comunicaciones y estrategias alimentarias.

AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

Son medidas a corto plazo para hacer frente a problemas económicos y sociales graves excepcionales debidos a catástrofes naturales o crisis como las guerras. Se trata de medidas de ayuda humanitaria como la ayuda a los refugiados, la puesta a punto de los mecanismos de prevención y preparación a las catástrofes naturales etc, y se financian a través del programa indicativo del Estado interesado y del presupuesto de la Comunidad

INCUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACUERDO

Se prevé adoptar medidas en caso de incumplimiento por una de las Partes respecto a los elementos esenciales del Acuerdo, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos y del Estado de derecho. Permite un procedimiento de consulta para remediar la situación, pero de no encontrarse una solución aceptable se podrán adoptar otras medidas, incluida la suspensión del Acuerdo en último extremo,

En Fidji, a raíz del golpe de Estado de 2000 y de las consultas con la República al respecto, la Comisión decidió tomar medidas por lo que se suspendieron algunos aspectos de la ayuda  o darles una nueva orientación. En 2003, en consideración de la evolución positiva de la situación política, la UE decidió reanudar progresivamente la cooperación.

Fuente: Comisión Europea

La experiencia de los últimos cuarenta años de cooperación y los nuevos planteamientos y propiciados por Naciones Unidas, dirigen la reflexión y la actuación con nuevos criterios. La colonización y descolonización están en el fondo de las causas de la pobreza. Todos los países tienen alguna responsabilidad en la evolución económica de los distintos ámbitos de pobreza, todos tenemos constancia de que sus efectos no se limitan a los países que la sufren. La solución debe ser consensuada entre donantes y receptores, dando el protagonismo a estos últimos sin convertir la cooperación ni en un arma política ni comercial y vinculando riqueza y cooperación.