Adquisición de la nacionalidad: nacimiento, concesión y otras formas en el derecho romano y español
3. Forma de adquisición por nacimiento (6.6.3.1)
Por nacimiento, el ciudadano romano procreado por un ciudadano romano en iustae nuptiae. Se denomina tal al matrimonio de ciudadano romano con ciudadana romana o con mujer latina o peregrina que tenga el ius connubium. El hijo nacido de personas no unidas en iustae nuptiae sigue la condición de la madre en el momento del parto. Estas reglas generales no son siempre fijas, al ser objeto de diversas modificaciones que trataron de adaptarse en el tiempo a las distintas necesidades sociales.
En cuanto a la forma sucinta de la adquisición de la nacionalidad española en nuestro derecho vigente debemos referir al párrafo 1 del artículo 11 de nuestra norma fundamental, que se establece: "La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley".
El precepto constitucional citado continúa estableciendo la prohibición de privar de la nacionalidad española a un español de origen, así como la admisión de algunos supuestos de doble nacionalidad, de los que también nos ocuparemos más adelante.
El principal texto legal que regula la nacionalidad es el Código Civil. La nacionalidad de la persona física debe considerarse como un estado civil. Por ello, el párrafo 1 del artículo 9 del Código Civil señala: "La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte".
En la regulación de la adquisición de la nacionalidad es posible que el legislador utilice dos criterios:
- Ius sanguinis: otorga la nacionalidad de origen como consecuencia de la aplicación del principio del ius sanguinis, es decir, atendiendo a la filiación del nacido.
- Ius soli: otorga la nacionalidad de origen como consecuencia de la aplicación del principio del ius soli, es decir, atendiendo no a la filiación, sino al efectivo lugar de nacimiento.
Nuestra legislación aplica con carácter general el principio del ius sanguinis. Por el contrario, el principio del ius soli no es suficiente para adquirir la nacionalidad española.
Adquisición automática y derecho de opción
En cuanto a la adquisición de la nacionalidad española de forma originaria hay que distinguir entre aquellos supuestos en los que se trata de una adquisición automática de la nacionalidad, de aquellos otros en los que se da la adquisición por lo que se denomina "derecho de opción".
Si la adquisición de la nacionalidad española es automática, el nacido obtiene directamente la nacionalidad española. En este sentido, establece el artículo 17: "Son españoles de origen: a) Los nacidos de padre o madre españoles".
Nuestro derecho civil exige que, al menos, uno de los progenitores sea español. Dicha nacionalidad debe ostentarse en el momento del nacimiento del hijo. En este precepto también está incluido el supuesto del hijo póstumo que nace de padre premuerto que era español, pues la atribución de la nacionalidad española es, evidentemente, un efecto favorable.
El derecho civil no establece ninguna diferencia en el tipo de filiación; por tanto, es irrelevante que el hijo de padre o madre españoles haya nacido o no en España. Por su parte, el principio del ius soli no es suficiente para la adquisición de la nacionalidad. Ello significa que, si bien se considera y se tiene en cuenta, es preciso que a esta circunstancia se añada algún de los requisitos expresamente señalados en el Código Civil. Así, se establecen 3 supuestos en los que se contempla este principio, en el referido artículo 17:
- b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de los dos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.
- c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo la nacionalidad.
- d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
Lo dispuesto en el apartado b) debe complementarse con lo establecido en el párrafo 2.º, letra a, del artículo 22 del Código Civil, al disponer que, en este caso, el nacido en España si bien no tiene derecho a la atribución automática de la nacionalidad española, sí puede adquirirla en el caso de que cumpla una residencia de 1 año en territorio español.
Especial referencia a la concesión por disposición legal (6.6.3.2)
Estas concesiones en la República romana las otorgaban los comicios o un magistrado autorizado por la asamblea comicial. Ello significa que el comicio podía proceder a la votación de una ley en la que se concedía la ciudadanía a una colectividad entera o se concedía la ciudadanía a una persona concreta y determinada.
En estos supuestos unas veces se concedía la ciudadanía plena y otras veces la ciudadanía limitada en el sentido de conceder el status ciudadano, pero sin que dicha concesión alcanzara los derechos de participación ciudadana en los asuntos públicos de la comunidad política.
En el año 123 a.C. se dicta la Lex Acilia Repetundarum, para perseguir el crimen de repetundis, en la que se premia a los provinciales, con la concesión de la ciudadanía romana, cuando procedan a denunciar a un magistrado romano provincial como autor de un crimen de exacciones ilegales, es decir, de exigir tributos ilegales en provecho propio, siempre y cuando la denuncia se pruebe como cierta.
La concesión de ciudadanía se convierte en algunos momentos en una de las principales causas de desórdenes sociales. Se entiende fácilmente que la incorporación al censo electoral de nuevos ciudadanos afectaría de forma notable al poder de las fuerzas políticas entre las distintas facciones: la de la nobilitas y la de los populares.
En el 89 a.C. se promulga la Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda, que condiciona la concesión de la ciudadanía a 3 requisitos: adscripción al censo de una ciudad federada, domicilio estable en la península itálica y que se realizase la "profesión", professio del status civitatis delante del pretor urbano.
Esta professio puede considerarse como antecedente del juramento de respeto a la Constitución, y la declaración de conocimiento de la misma, que deben realizar en el Registro Civil quienes aspiren a obtener la ciudadanía española.
Las fuentes históricas nos refieren casos de fraudes cometidos en la inscripción en el censo de una ciudad federada, como medio de conseguir ilegalmente la ciudadanía; esta práctica se conoce con la denominación de usurpatio civitatis. Ello se debió, en algunos casos, a la falsificación de las tabulae publicae.
Julio César concede la ciudadanía a todos los habitantes libres de la Galia y a muchos de los habitantes de Hispania. Así se extiende la ciudadanía romana.
En el principado la facultad de conceder la ciudadanía recae en el príncipe, que se consolida más tarde en el Imperio en la persona del emperador. Octavio Augusto fue una excepción a esta política propiciadora de la extensión de la ciudadanía y la latinidad a los habitantes libres de los distintos territorios provinciales.
Por el contrario, la mayor parte de sus sucesores son favorables a la extensión de la ciudadanía. Vespasiano en el 78 d.C., además de otorgar el status de latino a todos los habitantes libres de las provincias hispánicas, extiende el número de ius a favor de los provinciales de Hispania.
Trajano y su sucesor Adriano en el primer tercio del siglo II d.C. deciden otorgar la latinidad a la mayoría de los habitantes libres de las provincias orientales. Antonino Caracalla, en el 212, promulga una constitución imperial por la que otorga la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio, exceptuando a los peregrinos dediticii.
Adquisición por naturalización
En derecho civil, la adquisición de la nacionalidad española por naturalización puede ser de 2 tipos: por carta de naturaleza, es decir concedida por derecho de gracia, o por tiempo de residencia en España.
La adquisición por naturalización nunca opera automáticamente, ya que exige en primer lugar una petición o solicitud formulada por el interesado y después la efectiva concesión de la nacionalidad por la autoridad competente.
El párrafo 1.º del artículo 21 del Código Civil dispone: "La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales".
La concesión de la nacionalidad recae en el Consejo de Ministros.
Otras formas de adquisición
- Manumisión solemne: a un esclavo. Los esclavos manumitidos por las modos solemnes de concesión de libertad adquirían la ciudadanía al tiempo de adquirir la libertad. En el derecho justinianeo adquieren ciudadanía y libertad independientemente de que fuese la forma solemne o no.
- El ius migrandi: solo aplicable a los que ostentan la condición más antigua de latinos, Latini veteres. Durante un cierto tiempo se concedía la ciudadanía a estos latinos que fijasen de forma estable su residencia en la ciudad.
La primera migratio de la que tenemos noticia por fuentes es la realizada por la gens Claudia. A todos los miembros de la gens se les concede la ciudadanía romana. Varios siglos más tarde, concretamente en el año 95 a.C., esta posibilidad desaparece en virtud de la aprobación de la Lex Licinia Mucia.
En nuestro derecho civil, el hecho de residir en territorio español, siempre que se reúnan las condiciones y se cumplan los plazos establecidos legalmente, faculta para solicitar la nacionalidad española.
En este supuesto la competencia no corresponde al Consejo de Ministros, sino al Ministerio de Justicia. Además, otra diferencia esencial es que cuando se trataba de adquisición por naturalización la decisión era discrecional, mientras que cuando se trata de adquisición por residencia, si la solicitud se deniega, es preciso razonarla. Y, por ello, la denegación debe obedecer y, en su caso, declararse por causa de orden público o interés nacional. Así se establece en el párrafo 2.º del artículo 21 del Código Civil: "La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional".
El solicitante puede reclamar en vía contencioso-administrativa dicha denegación, tal como se desprende del párrafo 5.º del artículo 22 que señala: "La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa".
Por último, señalar que los plazos de residencia fijados legalmente son distintos dependiendo de los casos. Así, el plazo general es el de 10 años, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1.º del artículo 22 puede reducirse, en determinados supuestos, en los que se acredite que el solicitante tiene y mantiene, por diversas causas, un vínculo particular con España.
El plazo es de 2 años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y los sefardíes.
El plazo es solo de 1 año, entre otros supuestos para: el nacido en España; el que no haya ejercitado oportunamente su facultad de optar; el que, al tiempo de la solicitud, lleve 1 año casado con español o española o el viudo o viuda de español o española, si a la muerte del cónyuge no hubiera separación legal o de hecho.