Afectación de Bienes Públicos: Uso, Servicio y Explotación

La afectación de los bienes de titularidad administrativa implica que estos están destinados a un fin público, propio de las administraciones públicas. A diferencia de los sujetos privados, que pueden poseer propiedades sin una finalidad específica, todos los bienes públicos deben estar destinados a un fin público.

En el caso de los bienes demaniales, ese fin es el uso general o servicio público. Los bienes patrimoniales, por el contrario, se destinan a la obtención de ingresos derivados de su explotación, salvo aquellos que no sean susceptibles de tal explotación, en cuyo caso debe procederse a su enajenación. Esto se deduce del artículo 105.1 de la Ley 33/2003 y de su artículo 8.1, que establece que uno de los principios inspiradores de la gestión de estos bienes es el de eficacia y rentabilidad en la explotación.

Como se ha mencionado, los bienes patrimoniales y los demaniales no están incomunicados. Si un bien patrimonial se destina o afecta al uso general o servicio público, se convierte en un bien de dominio público, según el artículo 65 de la Ley 33/2003. Por el contrario, los bienes y derechos demaniales perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectación, por dejar de destinarse al uso general o servicio público.

Modalidades de Afectación

La afectación se describe en el artículo 65 de la ley y admite diversas modalidades:

• Afectación ex lege: En este caso, la ley califica expresamente determinadas categorías de bienes como de dominio público.
• Afectación expresa: Se trata de un acto administrativo por el que se asigna un bien concreto a la satisfacción de una específica necesidad de servicio público o uso público.
• Afectación implícita: Procede de un acto administrativo que posee una finalidad diversa, pero que presupone el destino del bien a un fin público concreto.
• Afectación presunta: Se da cuando un bien determinado es utilizado, sin acto administrativo de ningún tipo, para una finalidad típica de los bienes de dominio público.

En la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat Valenciana se distinguen las siguientes modalidades: expresa, tácita y presunta.