Aplicación de la analogía en los actos de comercio

el Estado territorial, pero no gozan de ésta en el orden internacional. Se entiende como la posibilidad de juzgar al Estado la inmunidad de jurisdicción se regula en la Convencíón de la ONU de 2004, en la que la regla general especifica que todo Estado goza para sí y sus bienes de inmunidad jurisdiccional ante los tribunales de otro Estado. Su evolución ha ido de absoluta de relativa o restringida, ya que se reconoce a las actuaciones públicas de Estados extranjeros y se niega cuando actúan como particulares. Así, encontramos la distinción entre actos jure imperii (inmunidad de los actos realizados por el Estado en el ejercicio de su soberanía) y los jure gestionis (no tienen inmunidad respecto a los actos de gestión o administración de bienes privados). El criterio seguido es el de la naturaleza del realizado por el Estado o en su nombre, es de soberanía; si se realiza por un particular, aunque persiga una finalidad pública, es un acto de gestión. Hay excepciones al principio de inmunidad, como las transacciones mercantiles con una persona natural/jurídica extranjera, contratos de trabajo, indemnizaciones, explotación de buques, etc. Por otro lado, la inmunidad de ejecución hace referencia a que el Estado extranjero y sus bienes no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de aplicación de decisiones judiciales y administrativas por los órganos del Estado territorial. Es el ejercicio del poder de coerción de Estado sobre otro Estado extranjero. Por tanto, no pueden ser objeto de medidas coercitivas o de aplicación de decisiones judiciales y administrativas por órganos del Estado territorial. La inmunidad del Estado se extiende sobre los bienes de los Estados extranjeros que se encuentran en el territorio de otro Estado. Se descarta la ejecución cuando se trata de bienes indispensables para el correcto funcionamiento de los servicios públicos del estado extranjero como el fondo público. Se descartan bienes de representaciones diplomáticas y oficinas consulares.