Aspectos Clave de los Contratos Públicos en España

Contratación en la Administración Pública: Cuestiones Fundamentales

¿Cuántas clases de contratos de la Administración existen?

Existen diversas clasificaciones, pero una común distingue entre contratos administrativos típicos, contratos administrativos especiales y contratos privados de la Administración.

¿Significa lo mismo contrato administrativo que contrato de la administración? Justifícalo.

No, no significan exactamente lo mismo. Los contratos administrativos (típicos o especiales) son una subcategoría dentro del concepto más amplio de contratos de la administración, que también incluye los contratos privados celebrados por entes públicos.

¿Qué se entiende por actos separables?

Se entiende por actos separables aquellas actuaciones administrativas previas a la perfección de los contratos privados celebrados por la Administración (como las relativas a la preparación y adjudicación), que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Es aplicable la Ley de Contratos del Sector Público a las Corporaciones Locales? Explica tu respuesta.

Sí, la Ley de Contratos del Sector Público es plenamente aplicable a las Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.), ya que estas forman parte del sector público y están consideradas administraciones públicas a efectos de dicha ley.

¿Cuál es el órgano de contratación competente para concluir un contrato de suministro en un Ministerio (por ejemplo, el antiguo Ministerio para las Administraciones Públicas)? Justifica la respuesta.

El órgano de contratación competente suele ser el titular del departamento ministerial (el Ministro) o los Secretarios de Estado, según lo establecido en las normas sobre delegación de competencias de cada Ministerio y los límites cuantitativos fijados por la ley.

¿Puede un empresario que esté procesado por un delito de atraco a mano armada formalizar un contrato de obras con una Comunidad Autónoma? Explica la respuesta.

No, generalmente no podría. Estar condenado por sentencia firme por delitos graves como el robo (el atraco es una modalidad agravada) o estar procesado por ellos puede constituir una prohibición de contratar con el sector público, según lo estipulado en la Ley de Contratos del Sector Público. Estos delitos afectan a la moralidad y fiabilidad exigibles a un contratista público.

¿En qué procedimiento de adjudicación de contratos puede participar cualquier empresario interesado?

En el procedimiento abierto, cualquier empresario que cumpla los requisitos de aptitud puede presentar una proposición.

Define qué es un contrato de obras.

Un contrato de obras es aquel que tiene por objeto la ejecución de una obra (entendida como el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil, destinado a cumplir una función económica o técnica), la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo (como dragados, sondeos, etc.), o bien la reforma, reparación, conservación o demolición de un bien inmueble existente. Se realiza por cuenta de una entidad del sector público a cambio de un precio.

¿Qué es un procedimiento restringido de licitación?

El procedimiento restringido es aquel en el que solo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios que, habiendo presentado previamente una solicitud de participación, son seleccionados por el órgano de contratación en base a criterios objetivos de solvencia.

¿Por debajo de qué cuantía cabe la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad de un contrato de gestión de servicios públicos (actualmente, concesión de servicios)?

La cifra mencionada en el texto original (30.050,61 €) parece desactualizada o incorrecta para este tipo específico de contrato y procedimiento. Las cuantías para poder usar el procedimiento negociado sin publicidad están tasadas en la Ley de Contratos del Sector Público y dependen del tipo de contrato y del cumplimiento de supuestos específicos. Para un contrato de concesión de servicios, el uso del negociado sin publicidad es muy restrictivo y generalmente no depende solo de la cuantía, sino de causas tasadas (como razones técnicas, artísticas, etc.). Se debe consultar la legislación vigente para conocer los umbrales y supuestos aplicables.

¿Cuáles son los derechos del contratista en el contrato de obras?

Los principales derechos del contratista en un contrato de obras incluyen:

• Recibir el abono del precio convenido por la obra que realmente ejecute, generalmente a través de certificaciones de obra mensuales.
• Cobrar intereses de demora y, en su caso, la indemnización por costes de cobro, si la Administración se retrasa en el pago más allá del plazo legalmente establecido (actualmente, 30 días desde la aprobación de la certificación).
• Percibir abonos a cuenta por operaciones preparatorias, acopio de materiales o instalaciones, si así se establece en el pliego.
• Derecho a la revisión de precios en los casos y condiciones previstos legalmente.
• Derecho a la suspensión del contrato o a la resolución del mismo por incumplimiento de la Administración (por ejemplo, por demora en el pago superior a 4 meses).

¿Cuál es la forma ordinaria de adjudicación de un contrato de suministro? ¿Cuántos procedimientos de adjudicación existen?

La forma ordinaria de adjudicación para contratos de suministro sujetos a regulación armonizada (SARA) o de cuantía relevante suele ser el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. Los principales procedimientos de adjudicación previstos en la ley son: abierto, restringido, procedimiento con negociación (que puede ser con o sin publicidad), diálogo competitivo y asociación para la innovación. También existe el procedimiento basado en un acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición y el contrato menor para cuantías bajas.

¿Cabe el procedimiento negociado en un contrato de suministro de ropa de cama y de aseo para una residencia de ancianos de una Comunidad Autónoma, por un valor de 50.000 €? Explica la respuesta.

Para un contrato de suministro de 50.000 €, lo habitual sería utilizar un procedimiento abierto o, si se justifica, uno restringido. El procedimiento negociado (especialmente sin publicidad) solo cabría si concurre alguna de las causas tasadas en la Ley de Contratos del Sector Público. La cuantía de 50.000 € supera los umbrales habituales para el negociado sin publicidad por razón de cuantía en suministros. La naturaleza de los bienes (ropa de cama y aseo) no parece, por sí sola, justificar una causa específica para negociar (como exclusividad, razones técnicas, etc.). Por tanto, salvo que concurra una circunstancia excepcional prevista en la ley, no cabría el procedimiento negociado sin publicidad. Podría caber el negociado *con* publicidad si se dan otros supuestos legales.

¿Cuánto tiempo puede durar, como máximo, un contrato de gestión de servicios públicos (actualmente denominado concesión de servicios)?

La duración máxima de un contrato de concesión de servicios está limitada por la Ley de Contratos del Sector Público. Como regla general, no puede exceder de 5 años. Sin embargo, existen excepciones:

• Si la concesión incluye la ejecución de obras y la prestación del servicio, el plazo máximo puede ser de hasta 40 años si es necesario para amortizar las inversiones.
• Para concesiones de servicios relacionadas con servicios sanitarios concertados, el plazo puede ser de hasta 10 años.

En cualquier caso, el plazo total, incluidas las posibles prórrogas, no puede superar estos máximos y debe estar justificado en función de la naturaleza de las prestaciones y la necesidad de amortizar las inversiones.

¿Cuál es la duración máxima de un contrato de consultoría y asistencia (actualmente englobado en los contratos de servicios)?

Los contratos de consultoría y asistencia se encuadran ahora dentro de la categoría general de contratos de servicios. La duración máxima de un contrato de servicios, incluidas las posibles prórrogas, no puede exceder, como regla general, de 5 años. El plazo de 2 años mencionado en el texto original podría referirse a regulaciones anteriores o a casos muy específicos, pero la norma general actual es de 5 años. Excepcionalmente, puede haber plazos superiores si lo exige el período de amortización de inversiones o la financiación del contrato.