El Bienio Conservador en la Segunda República Española (1933-1936): Reformas, Conflictos y Crisis
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El Bienio Conservador (1933-1936)
Las elecciones generales del 18 de noviembre de 1933 marcaron un hito en la historia de España, siendo las primeras en las que se permitió el voto femenino. Los resultados electorales dieron la victoria a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) liderada por José María Gil Robles, seguida por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República y poco afín al extremismo y al cariz antirrepublicano de la CEDA, encargó la formación de gobierno a Lerroux. Este conformó un gabinete que contó con el apoyo parlamentario de la CEDA a cambio de una rectificación de las reformas emprendidas por el anterior gobierno de izquierdas.
Reformas y Contrarreformas
El nuevo gobierno conservador frenó la reforma agraria, decretando la devolución de tierras a la nobleza y anulando la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos extremeños. Además, se estableció la libertad de contratación, lo que en la práctica supuso una reducción salarial para los jornaleros. En el ámbito autonómico, se paralizó en las Cortes la discusión del proyecto de Estatuto Vasco impulsado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), generando malestar entre los nacionalistas vascos.
En materia religiosa, se intentó contrarrestar la reforma del gobierno anterior aprobando un presupuesto para culto y clero. En el ejército, aunque no se anuló la reforma, se aprobó una amnistía y se promovió a puestos clave a militares con una marcada ideología antirrepublicana, como Francisco Franco, Manuel Goded y Emilio Mola.
En educación, se mantuvieron los cambios del gobierno anterior, aunque se redujo considerablemente el presupuesto destinado a este ámbito.
Radicalización y Conflictos Sociales
La llegada al poder de la derecha provocó una radicalización del PSOE. Su ala más izquierdista, liderada por Largo Caballero, abogó por abandonar la colaboración con las fuerzas burguesas y propiciar una revolución social. Por otro lado, el sector moderado, encabezado por Indalecio Prieto, defendía la necesidad de colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar la República y profundizar en el proceso reformista.
El sector radical del PSOE y los anarquistas, representados por la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), declararon una guerra abierta al gobierno, materializada en numerosas huelgas y conflictos sociales.
La Revolución de Octubre de 1934
Ante la creciente conflictividad social y la presión de la CEDA, que exigía una acción más contundente en materia de orden público y participar directamente en el gobierno, Lerroux cedió y en octubre de 1934 otorgó tres carteras ministeriales a la CEDA.
La izquierda interpretó esta entrada de la CEDA en el gobierno como un paso hacia el fascismo. En respuesta, la UGT (Unión General de Trabajadores) y la CNT convocaron huelgas y manifestaciones en defensa de las reformas sociales. Sin embargo, la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que declaró el estado de guerra, llevaron al fracaso de la insurrección, especialmente en Asturias, donde la revuelta alcanzó mayor virulencia.
La Crisis del Segundo Bienio y el Camino a las Elecciones de 1936
Tras la Revolución de Octubre, el gobierno suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña y anuló definitivamente la Ley de Contratos de Cultivos. En julio de 1935, la CEDA presentó un anteproyecto para modificar la Constitución, que incluía una revisión restrictiva de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación de tierras. Este proyecto no llegó a ser votado.
La legislatura se vio sacudida por una serie de escándalos de corrupción y malversación de fondos que involucraron a varios políticos radicales, lo que agravó las diferencias en el seno de la coalición gubernamental. Los radicales, completamente deslegitimados, no podían seguir gobernando. Gil Robles intentó ser nombrado presidente, pero Alcalá Zamora se negó y convocó nuevas elecciones para febrero de 1936, abriendo un nuevo y convulso capítulo en la historia de la Segunda República Española.