El Bienio Progresista y el Retorno Moderado en España (1854-1868): Reformas, Conflictos y Modernización

El Bienio Progresista (1854-1856)

El Bienio Progresista arranca con el pronunciamiento militar conocido como «la Vicalvarada», llamado así por tener lugar en los cuarteles de Vicálvaro en Madrid. Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell. En este alzamiento participan amplios sectores liberales y populares de ciudades como Zaragoza, Barcelona y Madrid. El movimiento pretende que Isabel II admita reformas más democráticas, según se afirma en el Manifiesto de Manzanares, redactado por el liberal Antonio Cánovas. A partir de este golpe comienza una nueva etapa política de dos años, plasmada en una nueva carta constitucional que no se puso en práctica, por lo que se conoce como «non-nata».

Dados los acontecimientos de «la Vicalvarada», Isabel II pide al general progresista Espartero que forme Gobierno, volviendo al primer plano político tras su etapa anterior de regente. Se adoptan medidas radicales, como la expulsión de los jesuitas de España, acusados de conspirar con los antiliberales, o la prohibición de las procesiones y las manifestaciones externas del culto católico. Otra medida importante del Gobierno es la aplicación de una segunda desamortización (1855), según el plan de Pascual Madoz, que supone la incautación de los bienes propios y comunales de los municipios. Las consecuencias de esta desamortización son la ampliación de las tierras cultivadas, pero también provoca un empeoramiento de las condiciones de vida de los jornaleros y de los agricultores más desfavorecidos, para quienes estos terrenos (de los que obtenían frutos, leña, pastos, etc.) servían como complemento de su economía.

Del año 1855 es también la Ley de Ferrocarriles, que planifica la red ferroviaria, modernizando las infraestructuras y atrayendo capitales. Al año siguiente, se promulga una Ley Bancaria, que facilita las inversiones exteriores.

El Retorno al Moderantismo (1856-1868)

La coyuntura de paro, motines y huelgas incita a los liberales moderados a presionar a la Corona, lo cual converge con los intereses de los terratenientes y de los sectores eclesiásticos. El general Narváez es puesto de nuevo al frente del Gobierno, alternando durante los siguientes años con gobiernos de O’Donnell. De este período cabe destacar la paralización de la desamortización de 1855 y la vuelta a la Constitución de 1845. Se promulga la Ley de Educación en 1857, a propuesta de Claudio Moyano. Las críticas aumentan por la dura represión contra las revueltas campesinas llevada a cabo por la Guardia Civil. Y más hubieran sido, de haberse hecho públicas las prácticas electorales e informalidades, que irán tomando una soterrada y larga pervivencia a lo largo del siglo XIX.