Calificación del Concurso de Acreedores y Responsabilidad por Insolvencia

Calificación de la Conducta del Deudor en la Insolvencia

En el marco del Derecho Concursal, es fundamental valorar la conducta del deudor ante una situación de insolvencia actual o inminente. Esta calificación puede derivar en dos vertientes principales:

• Insolvencia Fortuita: Aquella que resulta inevitable, como los efectos derivados de la crisis del COVID-19.
• Insolvencia Culpable: Se determina cuando existe dolo o culpa grave en la generación o agravamiento de la insolvencia.

Causas de Culpabilidad

El concurso será calificado como culpable en supuestos tales como:

• Alzamiento de bienes: Ocultación de activos para perjudicar a los acreedores.
• Simulación ficticia sobre el estado del patrimonio.
• Inexactitud grave en los documentos presentados al juzgado.

Sujetos Afectados y Responsabilidad

La calificación puede recaer sobre personas físicas o personas jurídicas (incluyendo administradores y directivos), además de los cómplices. En cuanto a la responsabilidad administrativa y societaria, se distinguen:

• Sociedad: Acción social de responsabilidad.
• Socios: Acción social e individual.
• Acreedores: Acción social, individual por deudas sociales y representación concursal.

Efectos de la Culpabilidad Concursal

La declaración de culpabilidad conlleva graves consecuencias divididas en dos categorías:

1. Efectos Personales: Inhabilitación para gestionar bienes ajenos por un periodo de 2 a 15 años.
2. Efectos Patrimoniales: Pérdida de derechos en el concurso, obligación de devolver bienes o derechos obtenidos indebidamente, indemnización por daños y perjuicios, y representación concursal.

Condena a la Cobertura del Déficit

En caso de concurso culpable, el juez podrá condenar a los administradores o liquidadores a la cobertura del déficit. Esta condena puede ser con o sin solidaridad, y total o parcial respecto al déficit (entendido como la diferencia entre el valor de los bienes y derechos y el pasivo exigible). En caso de pluralidad de condenados, estos responderán según su grado de participación.

Órganos y Funcionamiento del Concurso

El proceso se estructura bajo la supervisión de:

• Juez de lo Mercantil: Dirige todo el proceso judicial.
• Administración Concursal: Encargada de administrar, supervisar y elaborar el informe concursal, el cual incluye la lista de acreedores y el inventario de bienes.

La declaración del concurso implica la paralización de nuevas ejecuciones y embargos, el cese del devengo de intereses y la clasificación de los créditos en: privilegiados, ordinarios y subordinados.

Salidas del Concurso

1. Convenio: Acuerdo con los acreedores para el pago mediante quitas y esperas, con el fin de evitar el cierre de la empresa.
2. Liquidación: Venta ordenada de los activos para satisfacer las deudas.

Derecho Preconcursal y Reestructuración

El objetivo del derecho preconcursal es evitar el concurso mediante una negociación previa a través de:

• Comunicación de apertura de negociaciones: Funciona como un escudo de 3 meses que impide ejecuciones sobre bienes necesarios.
• Planes de reestructuración: Acuerdos para modificar la deuda (cambio de fechas, conversión en acciones, etc.). Se vota por clases de acreedores y puede imponerse mediante el mecanismo de arrastre si existen mayorías suficientes.
• Pre-Pack: Venta de la unidad productiva antes de solicitar el concurso para evitar la pérdida de valor. El comprador no asume las deudas, salvo las derivadas de la sucesión de empresa.

Concurso de Persona Física y Segunda Oportunidad

Para las personas físicas existe el mecanismo de EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho). El requisito fundamental es ser un deudor de buena fe. No se considerará de buena fe si:

• Existen condenas por delitos económicos o penales en los últimos 10 años.
• Se ha mentido al juez o se ha actuado de forma temeraria.

Vías de Exoneración

1. Liquidación: Se venden todos los activos; lo que no se logre pagar, se absuelve.
2. Plan de pagos: Permite conservar la vivienda habitual y activos empresariales, comprometiéndose a un plan de pagos de 3 a 5 años.

Es importante destacar que no se perdonan deudas por alimentos (hijos), responsabilidad civil derivada de delitos, ni la totalidad de las deudas públicas. Tras la reciente modificación legal, se permite la exoneración de un máximo de 10.000 euros por organismo público (Hacienda y Seguridad Social).