Clasificación y Alcance de los Derechos Fundamentales en España
Clasificación de los Derechos Fundamentales
Se distinguen tres clases de derechos fundamentales:
- Derechos civiles: Son los que afectan de modo más directo a la persona y se refieren a los aspectos más íntimos de la misma, tales como el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, a la dignidad y a la libertad de pensamiento. Fueron los primeros en ser reconocidos.
- Derechos políticos: Se refieren a la intervención del ciudadano en la vida pública, incluyendo el derecho de sufragio, la participación en la vida política, el control del Estado y la libertad de asociación y reunión. La positivación de estos derechos se produce en el siglo XIX.
- Derechos económico-sociales y culturales: Atienden a las aspiraciones de los sujetos en materia económica y de acceso a la cultura, como el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad e higiene, a la seguridad social, a la huelga, a la sindicación y a la enseñanza.
Los derechos económico-sociales surgen en el siglo XIX, cuando el proletariado reivindica los derechos del hombre en cuanto a miembro de una sociedad. A estos derechos se unen, ya en el siglo XX, los derechos culturales, que se refieren al acceso de todos, en igualdad de condiciones, al mundo de la educación y a los productos culturales.
Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española
La Constitución española de 1978 recoge los derechos y libertades fundamentales y ofrece un sistema de garantías satisfactorio.
En su articulado figuran todos los derechos civiles y políticos que deben ser reconocidos por todo Estado de derecho.
A los derechos económico-sociales y culturales se les denomina principios rectores de la política social y económica. Estos no vinculan a los poderes públicos de forma directa, por lo que nadie puede exigir al Estado un cumplimiento inmediato. La propia Constitución los concibe no como auténticos “derechos” exigibles, sino como principios inspiradores de la política social y económica que el Estado se propone seguir. El Estado tiene la misión de garantizarlos y tutelar su efectivo ejercicio por parte de los individuos.
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