Comentario de la Ley de Desamortización de Madoz de 1855: Contexto y Consecuencias

Presentación del Documento

Se trata de un documento jurídico de contenido económico, ya que es la ley que decreta la desamortización general de 1855. Es una fuente primaria porque recoge el texto publicado en la Gaceta de Madrid (el BOE de la época). La autoría es colectiva (las Cortes Constituyentes), pero su autor principal es el ministro de hacienda Pascual Madoz, liberal progresista navarro y autor también de la ley general de ferrocarriles. El destinatario es público, porque su intención es dar a conocer a todos los españoles la renovación de la desamortización. Este texto decreta la desamortización general: el artículo 1 pone en venta todos los bienes del clero, el Estado y los municipios, salvo algunas excepciones como residencias del clero o las salinas del Estado que se indican en el artículo 2. El último artículo expone la finalidad fiscal de la desamortización.

Esta ley se localiza en el bienio progresista (1854-1856) y se encuadra en el proceso de implantación del liberalismo en España, durante el reinado de Isabel II (1833-1868).

Contexto Histórico

Antecedentes

La política reformista agraria se inicia en el siglo XVIII con el despotismo ilustrado en el reinado de Carlos III: lo más importante es el expediente de la Ley Agraria divulgado por Jovellanos, quien diagnosticó los primeros problemas de la agricultura de entonces (el régimen señorial, manos muertas y mayorazgos) y propuso como solución la desamortización y la ampliación de las libertades económicas, pero no se pusieron en práctica al trastocar el poder de los privilegiados.

Con Carlos IV, Godoy negoció con la Iglesia una primera y reducida desamortización de tierras eclesiásticas para conseguir recursos para el Estado. Durante la guerra de la Independencia (1808-1814) las Cortes de Cádiz iniciaron la primera revolución española y aplicaron al campo el concepto de propiedad individual y absoluto; sin embargo, el triunfo definitivo de la reforma agraria liberal no llegaría hasta la regencia de María Cristina de Borbón-Nápoles (1833-1840). En esa época de mayor poder militar de los carlistas, el progresista Mendizábal decretaría la desamortización del clero regular en 1836 y secular en 1837.

La desamortización eclesiástica es la nacionalización de los bienes amortizados y su venta en subasta a los particulares; sus objetivos eran reducir la deuda pública, fomentar el capitalismo en el campo y aumentar los recursos militares para vencer a los carlistas. En este texto de 20 años después se alude en el artículo 1 al secuestro del exinfante Don Carlos, es decir, a los bienes del líder carlista que incautó el Estado. La desamortización de Mendizábal se completó con las medidas de la reforma agraria liberal:

• Desvinculación nobiliaria.
• Eliminación del régimen señorial (en ambos casos quedaron intactos los derechos de los nobles).
• Diversas medidas de liberalización agraria.

Contexto Inmediato

Tras el fracaso de la regencia de Espartero (1841-1843), la década moderada (1844-1854) significó la paralización de la desamortización y la normalización de relaciones entre Iglesia y Estado con el Concordato de 1851. Sin embargo, el desgaste interno de los moderados y su autoritarismo creciente, junto al aumento de la conflictividad social, desembocaron en la revolución de 1854, el pronunciamiento de O'Donnell y la sublevación urbana organizada por progresistas y demócratas, que originó el bienio progresista (1854-1856).

El nuevo gobierno presidido por Espartero realizó reformas económicas como la Ley de la desamortización de 1855 a la que corresponde este texto cuyo autor es Madoz. Esta ley afectó a los bienes del Estado y de la Iglesia y especialmente a los de los ayuntamientos, los bienes de propios y comunales, tal como refleja el artículo 1. Los primeros eran de propiedad municipal pero de uso privado, mientras que los segundos eran de uso gratuito por los vecinos.

Con esta medida se pretendía aumentar los recursos para la Hacienda e impulsar la modernización de España, ya que como vemos en el último artículo del texto se quería reducir la deuda pública, pero además una parte de los ingresos se invirtieron en la red de ferrocarriles, cuya construcción se incentivó con la ley general de ferrocarriles de 1855, la cual ofrecía grandes beneficios a empresas que intervenían en ella, lo que atrajo a empresas extranjeras y exigió un desarrollo legislativo del capitalismo (ley de sociedades por acciones).

Sin embargo, el bienio durará poco por las tensiones internas del gobierno y la creciente conflictividad social que movilizó en contra del gobierno a los sectores más poderosos del país. Para entender el agravamiento de la conflictividad hay que tener en cuenta los efectos socioeconómicos de las desamortizaciones, que no beneficiaron a las clases bajas campesinas (mayoritarias) sino a la burguesía, dando origen a un nuevo latifundio no noble o burguesía absentista y rentista. Los campesinos perdieron los bienes comunales y en general sufrieron un aumento de los alquileres, con lo que su miseria aumentó. También se perdió un considerable patrimonio artístico eclesiástico.

Por el contrario, las desamortizaciones redujeron el peso de la deuda del Estado e incrementaron la superficie cultivada (aumentó la producción y permitió la alimentación de la población en crecimiento).

Conclusión

La desamortización fue un proceso que duró todo el siglo XIX y afectó al 20% del territorio nacional; fue por tanto una operación económica sin precedentes. Asentó el liberalismo político y fomentó el capitalismo y la modernización económica, pero no fue en absoluto una reforma agraria a favor de los campesinos.

De hecho, la miseria campesina en contraste con el poder de una minoría latifundista es clave para comprender el arraigo del caciquismo y de las prácticas antidemocráticas que caracterizan al sistema político español. Y también explica la creciente conflictividad social rural alimentada por “el hambre de tierras”.