Comunidad Política: Sociedad, Estado y la Búsqueda del Bien Común

¿Qué es la Comunidad Política?

La comunidad política es la suma (acoplamiento) de la comunidad civil o sociedad y la autoridad o Estado. Implica la obligatoria concurrencia del principio de participación y subsidiariedad.

Autonomía y Necesidad

La comunidad política tiene autonomía, como cualquier otra realidad temporal. Es necesaria en la vida humana, ya que existe para obtener un crecimiento más pleno de cada uno de sus miembros bajo el impulso de la verdad y el bien.

La Necesidad de la Política para el Bien Común

Con la política se consiguen fines que una persona sola no puede alcanzar. Por ejemplo, el acceso a la sanidad es posible gracias a la comunidad política. No podemos prescindir de la política, aunque sí podemos cuestionar la moralidad de los políticos.

Nos puede gustar más o menos la política, pero debemos tener en cuenta que nos influye profundamente, porque existe un sistema político que toma muchas decisiones cruciales, como permitir la existencia de universidades privadas.

Entonces, la comunidad política es necesaria para alcanzar el bien común; ese bien común solo es posible por medio de la comunidad política.

Posición de la Iglesia

La Iglesia no condena a ningún gobierno o régimen político elegido por la comunidad civil cuya actividad se dirija al bien común. [Es decir, la Iglesia no debe intervenir directamente en la política partidista o influir en ella de forma coactiva; su actividad debe dirigirse a promover el bien común y los valores éticos].

La propuesta de la Iglesia no es un modelo político específico, sino una propuesta social: construir la “civilización del amor” para liberar de las opresiones económicas, políticas y sociales.

Más Allá de Derechos y Deberes: Valores Fundamentales

Sin embargo, caeremos en una tecnocracia si basamos la convivencia civil y política exclusivamente en los derechos y deberes de la persona. Es necesario reivindicar lo que el Magisterio ha llamado la amistad civil y la fraternidad (ya que sin valores no hay derechos genuinos).

Juridificar excesivamente la política puede hacerla fría y deshumanizada, perdiendo de vista a la persona. Por eso, hay que tener en cuenta valores como la donación de sí, el desinterés, la caridad, etc. De la misma persona nacen la solidaridad y la dedicación al prójimo.

El Principio de Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad define la función o tarea propia de la autoridad, es decir, del Gobierno o de quien ostente tal autoridad.

Elementos Clave del Principio de Subsidiariedad:

1. Prioridad de la iniciativa de los gobernados: Se debe dar primacía a la acción de los individuos y las asociaciones.
2. Función de la autoridad: En lugar de un centralismo deshumanizante que interfiera en la vida de los demás, la autoridad debe permitir, resolver e impulsar la iniciativa individual y de pequeñas asociaciones.
3. Apoyo en caso de necesidad: La autoridad debe sostener y ayudar cuando sea necesario.
4. Coordinación para el bien común: Debe ayudar a coordinar la acción de esa iniciativa con la acción de los demás componentes sociales, todo ello en orden al bien común.
5. Sistema de conexión (de menor a mayor): La persona -> los grupos intermedios -> el Estado. El Estado debe impulsar, promover y, en caso de necesidad (cuando los niveles anteriores no puedan cumplir sus funciones), ayudar e incluso realizar tareas que no le son propias en aras del bien de la persona.

Relación Dinámica Sociedad-Estado

Para que nos entendamos: si la persona viene antes que la sociedad, la sociedad va antes que el Estado. De modo que la relación dinámica entre la sociedad y el Estado se funda en el principio de subsidiariedad. La persona, la familia, las asociaciones, los municipios, las provincias, las regiones, las Comunidades Autónomas, son los órganos vitales de la sociedad. Cada uno de estos órganos tiene sus características, su autonomía y su razón de ser, que deben ser respetadas por todos. La solidaridad dinámica entre sí de estos órganos, orientada al bien común, hace que las instituciones del Estado, renovándose, sean siempre expresión adecuada de la sociedad y de sus exigencias.