Conflictos Religiosos y Militares en la Segunda República Española
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El Problema Religioso
La Iglesia católica, en la Segunda República Española, mantenía una posición influyente como gran propietaria de tierras y bienes inmuebles. Además, ejercía un papel crucial en la educación, siendo responsable de un elevado porcentaje de la enseñanza primaria y media. Estas actividades le proporcionaban considerables ingresos y una gran influencia social. El presupuesto estatal destinado a la Iglesia ascendía a 67 millones de pesetas a comienzos de la República.
La Iglesia no solo tenía poder económico y social, sino que también legitimaba el poder político al apoyar a la Corona y participaba activamente en política. Sin embargo, su peso no se correspondía con los cambios sociales que se estaban produciendo en España, donde dos tercios de los españoles se declaraban católicos no practicantes.
El gobierno republicano intentó controlar esta influencia mediante diversas medidas:
- Sometimiento de las órdenes religiosas a una ley especial.
- Disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes.
- Establecimiento del matrimonio civil y el divorcio.
- Transferencia de la gestión de los cementerios a los ayuntamientos.
- Prohibición a las órdenes religiosas de impartir enseñanza.
- Retirada de crucifijos y símbolos religiosos de las escuelas y cese de los eclesiásticos.
- Prohibición a las autoridades civiles y militares de participar en actos religiosos.
Estas medidas provocaron la reacción de los católicos, quienes tomaron conciencia de su situación y comenzaron a organizarse para defender sus intereses.
El Problema Militar
El ejército planteaba al nuevo gobierno problemas tanto técnicos como políticos de difícil solución. La estructura del ejército era deficiente, con un número excesivo de generales y oficiales, y un material anticuado. La mayoría del ejército era monárquico, conservador y mostraba rechazo hacia la clase política.
El ejército, curtido en guerras civiles y coloniales, carecía de operatividad y necesitaba una reforma profunda. El objetivo era conseguir un ejército eficiente y despolitizado, tarea que asumió Manuel Azaña.
Se ratificaron los decretos promulgados durante el gobierno provisional, como el juramento de fidelidad a la República y el retiro con sueldo íntegro. Posteriormente, Azaña impulsó las siguientes medidas:
- Abolición de la Ley de Jurisdicciones, con la desaparición del Alto Tribunal de Justicia Militar y la creación de la Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo.
- Anulación de los ascensos por méritos de guerra durante la dictadura, medida que afectó a Francisco Franco, buscando que los ascensos se basaran únicamente en la antigüedad y la formación.
La reforma militar de Azaña era necesaria, pero la forma en que se llevó a cabo generó el enfrentamiento del gobierno con los oficiales, sin lograr la mejora ni la modernización del ejército español.