La Constitución de 1931 y el Bienio Reformista: Un Legado Fundamental de la Segunda República Española

La Constitución de 1931: Pilares y Controversias de la Segunda República Española

La Constitución de 1931, piedra angular de la Segunda República Española, estableció un marco jurídico y político innovador para su tiempo. Sus principios fundamentales y las reformas que impulsó marcaron un antes y un después en la historia de España.

Principios Fundamentales de la Constitución de 1931

Poderes del Estado

El origen de la soberanía es explícitamente el pueblo. La primacía la tenía el poder legislativo unicameral, representado por el Congreso de los Diputados. Sometidos a este se encontraban el poder ejecutivo y el Tribunal Supremo, cúspide del poder judicial. El Presidente de la República contaba con cierto margen para elegir al jefe del Gobierno, pero el mismo podía llegar a ser destituido por las Cortes. Se establecía el Tribunal de Garantías Constitucionales, que debía declarar la constitucionalidad de las leyes que se aprobasen.

El Voto y el Sistema Electoral

Mediante el sufragio universal masculino se elegían a los diputados a Cortes. Se prometió el voto a las mujeres, que finalmente se aprobó y ejerció en las elecciones de 1933. El Presidente de la República era designado de forma indirecta a través de compromisarios. Las corporaciones municipales también eran elegidas por sufragio universal. La ley electoral favorecía al ganador en cada circunscripción, lo que beneficiaba a las mayorías. Por ello, los partidos se unieron en bloques o coaliciones.

Configuración Territorial

Se contemplaba la aprobación de estatutos de autonomía para las regiones, por lo cual estas debían presentar un proyecto que se sometiera a referéndum en su región y debía ser aprobado en las Cortes. También se preveía la formación de cabildos insulares en Canarias y Baleares.

Derechos y Libertades

Además de una extensa serie de derechos individuales, también se reconocían derechos sociales: acceso a la Seguridad Social, protección del trabajo infantil y femenino, limitación de la jornada laboral, entre otros. La influencia social fue notable: se limitó el derecho a la propiedad, que podía ser expropiada por motivo de utilidad social a cambio de una indemnización. Se establecía la posibilidad de nacionalizar servicios de interés común o públicos.

Separación Iglesia-Estado

La afirmación tajante de la separación entre Iglesia y Estado terminaba con el subsidio al clero y prohibía ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas, a las que también se privaba de inmunidad fiscal. Se admitía, asimismo, la posibilidad del divorcio; los cementerios debían ser comunes para todos y se establecía la igualdad de trato por parte del Estado hacia las confesiones religiosas, desligándolas de la política y de la economía nacional. Estas disposiciones provocaron la oposición radical de toda la derecha católica y la Iglesia, que no se identificaron con el régimen ni con la Constitución a partir de este momento. Por otro lado, esta oposición política de la Iglesia incrementó el anticlericalismo popular, que consideraba a los religiosos aliados naturales de la derecha antiliberal.

El Bienio Reformista (1931-1933): Avances y Tensiones

El Bienio Reformista (1931-1933) es un periodo comprendido entre abril de 1931 y septiembre de 1933. Se conoce como Bienio Reformista o social-azañista. En esta etapa, el Gobierno Provisional experimentó dos cambios que inclinaron la política gubernamental hacia el centro-izquierda:

• La aprobación de los artículos 26 y 27 de la Constitución, relativos a la cuestión religiosa, provocó la dimisión de Alcalá-Zamora y de Miguel Maura, quienes querían liderar la derecha republicana.
• La negativa a seguir colaborando con los socialistas motivó la salida del Gobierno de los ministros del Partido Radical, es decir, de Martínez Barrio y Lerroux. Este último aspiraba a la Presidencia del Gobierno: pensaba que, desde la oposición, podía atraerse y obtener el apoyo de la opinión pública republicana moderada para acceder al poder.

Pese a todo, Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República mientras Azaña ocupaba la Presidencia del Gobierno.