La Constitución de 1931 y la Revolución de Octubre de 1934: Claves de la Segunda República
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La Constitución de 1931
La Constitución de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre. Se inició una definición de soberanía popular: el nuevo Estado es una República democrática de trabajadores de toda clase. Se desarrollaba una extensa declaración de derechos y libertades en la que destacaría el sufragio universal para ambos sexos.
La Constitución estableció también el matrimonio civil y declaraba la igualdad de todos en el derecho a la educación. Además, establecía la división de poderes: el poder legislativo lo ejercían las Cortes unicamerales; en cuanto al poder ejecutivo, la jefatura del Estado era el Presidente de la República. Se establecía un poder judicial con un Tribunal de Garantías Constitucionales.
La articulación del Estado y la cuestión religiosa
Una de las mayores novedades del texto hacía referencia a la articulación del Estado. Se estableció que un conjunto de provincias se constituyese como región autónoma, mediante un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes. La Constitución recogía con detalle las competencias susceptibles de ser transferidas a las regiones.
La llamada cuestión religiosa generó debates. La Constitución estableció la disolución de las congregaciones religiosas. La Constitución proclamaba la libertad de conciencia y cultos. Fue rechazada por la Iglesia y la derecha.
La Revolución de Octubre de 1934
El detonante de la revolución fue la formación en 1934 de un nuevo gobierno más de derechas aún. La UGT convocó la huelga general nacional, pero esta solo adquirió importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias. El único lugar en que triunfó la insurrección fue Asturias, donde se había firmado un pacto de alianza regional —la Alianza Obrera— entre socialistas, anarquistas y comunistas, con el fin de «socializar los medios de producción» en un movimiento revolucionario conjunto.
Los obreros consiguieron ocupar por las armas toda Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno reaccionó enviando tropas procedentes de Marruecos, al mando del general Franco, y el 18 de octubre la rebelión había sido sofocada. A partir de ese momento, se produjo un giro aún más conservador en la política gubernamental. La represión posterior se caracterizó no solo por su dureza, sino también por su arbitrariedad.