Corrupción y Globalización: Impacto en la Sociedad de Riesgo
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Corrupción y Globalización en una Sociedad de Riesgo
I. El Principio del Problema: De la Legitimación Liberal a la Legitimación Democrática
La crisis de la legitimación tradicional moderna comienza cuando ya no es posible la conciliación de la racionalidad objetiva con la voluntad del legislador. Se trata de la crisis propia de la **ciencia jurídica**. Se produce por el derrumbamiento de la impersonalidad abstracta y general que permitía plantear el tema de la soberanía de la norma, y que es sustituida por la continua aparición de legisladores especiales que tutelan intereses concretos.
El **principio democrático** irrumpe en el sistema jurídico alterando el sistema de las fuentes y de este modo rompiendo el equilibrio entre legalidad y racionalidad. En este contexto, el jurista deja de ser intérprete de la norma y se topa con la norma como decisión vinculante. La irrupción del principio democrático sitúa al Derecho ante el problema de la **voluntad pura**, del **arbitrio del legislador** como voluntad. En esta situación se genera un poder desmesurado, no hay medida para la decisión, esto hace que la ciencia del derecho vea tambalearse sus fundamentos.
El principio democrático no ponía límites a las decisiones vinculantes por lo que planteaba la necesidad de definir nuevos instrumentos e instituciones que conjuraran el peligro de una formación de conflictos sociales casi sin fin. Era preciso un preciso **control de la democracia** misma, poner condiciones a esta. Dichas limitaciones se establecieron en cualquier caso, en un nivel constitucional y consistieron básicamente en dos resortes: el **compromiso social**, elaborado constitucionalmente, y el reconocimiento de **derechos fundamentales**.
El estado como norma general portador de garantías válidas para todos, es sustituido por el **estado partidario de intereses**. Los acontecimientos antes señalados, que marcan el declinar de las tesis keynesianas, enseñaron que era necesario trascender los límites del normativismo, que no es posible un derecho sin fundamento, esto es, sin valores, y que los juristas no pueden reducir su cometido al de simples expertos en argumentación.