Decretos de Nueva Planta y la configuración administrativa de la España del siglo XVIII

Se trata de un mapa político-administrativo, ya que representa cómo afectaron los Decretos de Nueva Planta a la configuración administrativa de la España del siglo XVIII. La leyenda nos muestra la distribución de las capitanías generales, como la de Baleares o la de Canarias. El título de este mapa es “Estructura administrativa de la España del siglo XVIII”.

Contexto histórico: Los Decretos de Nueva Planta

Felipe V, en represalia por el apoyo prestado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, suprimió los fueros e instituciones particulares de los territorios de la Corona de Aragón mediante los Decretos de Nueva Planta de Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña (1707-1716).

Consecuencias político-administrativas

Las consecuencias político-administrativas fueron varias. En primer lugar, tal y como se ve en el mapa, la figura del virrey fue sustituida, como máxima autoridad, por la de un capitán general al frente de una Audiencia. En segundo lugar, se suprimieron las Cortes particulares de Aragón, Valencia y Cataluña, además de los organismos forales, como las Diputaciones. Por último, desapareció el Consejo de Aragón, que carecía ya de sentido.

Se consiguió la monarquía unitaria, aunque se mantuvieron los fueros e instituciones vascos y navarros, por la fidelidad de estos territorios al bando borbónico. Las Cortes se convirtieron en Generales del Reino (menos Navarra, manteniendo las suyas propias), con representantes también de las ciudades aragonesas, catalanas, valencianas y mallorquinas.

De esta manera, el territorio se organizó en las 34 intendencias que se aprecian en este mapa, que acabarían llamándose provincias, al frente de las cuales se encontraba un intendente. Estas divisiones conservaban sus raíces históricas (Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña).

La centralización política y la unificación institucional se realizó a través de una serie de secretarías encargadas de los asuntos de gobierno. Al frente de cada una figuraba un responsable directamente nombrado por el rey. Los Consejos vieron reducida su influencia y se limitaron a funciones consultivas, a excepción del Consejo Supremo de Castilla, que actuaba como Tribunal Supremo. Se generalizó la implantación de los capitanes generales y de las Audiencias. Para el gobierno municipal se extendió el cargo castellano de corregidor, nombrado por el monarca entre personas de extracción militar. El corregidor nombraba entre las élites urbanas a los regidores que le ayudaban en el gobierno local.

Consecuencias fiscales

Las consecuencias fiscales fueron la reorganización de la Hacienda, la centralización de los impuestos y la modernización de la asignación de cuotas. Solo las provincias vascas y Navarra siguieron disfrutando de su autonomía fiscal. La carga impositiva se distribuía en función de las propiedades, se produjo una simplificación de los impuestos y la sustitución del arrendamiento de los mismos por la gestión directa a cargo de funcionarios reales. El gran proyecto fiscal era la llamada contribución única, que impulsó la creación del catastro del marqués de la Ensenada, pero quedó sin concluir ante la oposición de los privilegiados. Para controlar el gasto se creó el Banco de San Carlos y el balance de la reforma de la Hacienda fue irregular.

Consecuencias sociales y culturales

Las consecuencias sociales y culturales fueron el uso del castellano en la nueva administración y la relegación del catalán a los tribunales.

Conclusión

La reorganización político-administrativa del nuevo Estado fue obra de los tres primeros borbones, que establecieron una monarquía fuerte, centralista y unificada, según el modelo francés.

Este mapa, al tratarse de una fuente historiográfica realizada por los historiadores, tiene cierto valor informativo, pero no es comparable con la gran influencia y trascendencia de los datos que nos proporcionan las fuentes históricas.