El Defensor del Pueblo en España: Funciones y competencias

El Defensor del Pueblo en España

1. Introducción

La institución del Defensor del Pueblo está contemplada en el artículo 54 de la Constitución Española (CE), que lo define como alto comisionado de las Cortes Generales. Su principal función es la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la CE, para lo cual puede supervisar la actividad de la Administración Pública.

La regulación específica del Defensor del Pueblo se encuentra en la Ley Orgánica 3/81, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (LODP).

2. Naturaleza y funciones

El Defensor del Pueblo es una institución sin competencias ejecutivas. Su labor se centra en la persuasión, ya sea directamente o a través de informes a las Cortes Generales. Su impacto es principalmente político y de opinión pública, más que jurídico.

Funciones principales:

• Supervisar la actividad de la Administración Pública.
• Defender los derechos fundamentales de los ciudadanos.
• Emitir informes y recomendaciones a las Cortes Generales.

3. Nombramiento y organización

Nombramiento

El mandato del Defensor del Pueblo es de 5 años, con posibilidad de reelección. El único requisito para ser designado es ser español mayor de edad y estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos. Su designación corresponde a las Cortes Generales a través de un procedimiento que exige mayoría cualificada en ambas Cámaras.

Independencia y autonomía

La LODP otorga al Defensor del Pueblo un estatus de independencia, liberándolo de cualquier mandato imperativo y concediéndole plena autonomía para el ejercicio de su cargo. Además, goza de las siguientes prerrogativas parlamentarias:

• Inmunidad por las opiniones o actos realizados en el ejercicio de su cargo.
• Inmunidad frente a detenciones, salvo en caso de flagrante delito.
• Fuero especial.

Organización

El Defensor del Pueblo cuenta con dos Adjuntos (Primero y Segundo), en quienes puede delegar funciones y que lo sustituyen en caso de imposibilidad temporal o cese. Su nombramiento corresponde al propio Defensor del Pueblo, aunque debe contar con la conformidad de las Cámaras. La institución se relaciona con las Cortes a través de una Comisión mixta Congreso-Senado.

4. Ámbito de competencia y actuaciones

El ámbito de competencia del Defensor del Pueblo se extiende a la actividad de toda autoridad, funcionario o persona que actúe al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. Las actuaciones pueden iniciarse de oficio o a instancia de una persona física o jurídica que invoque un interés legítimo.

Características de las actuaciones:

• Las quejas deben ser presentadas por escrito y firmadas, no se admiten las anónimas.
• Las actuaciones son gratuitas, no se requiere representación ni asistencia letrada.

5. Facultades y mecanismos de actuación

El Defensor del Pueblo cuenta con amplias facultades inspectoras y de investigación, incluyendo la obligación legal de todo poder público de prestarle colaboración con carácter preferente y urgente. Esto implica:

• Personarse en cualquier centro de la Administración Pública para comprobar datos, realizar entrevistas o estudiar expedientes y documentación.
• Acceder a toda la documentación, incluso la declarada secreta, salvo acuerdo en contra del Consejo de Ministros.

La obstaculización de la investigación por parte de cualquier funcionario se considera delito de desobediencia.

Mecanismos de actuación:

• Dirigirse por escrito al funcionario responsable y a su superior jerárquico, exponiendo su criterio y formulando sugerencias.
• Poner en conocimiento del Fiscal General del Estado cualquier hecho presuntamente delictivo.
• Proponer al órgano competente la modificación de los criterios utilizados para dictar el acto o resolución que haya motivado la investigación.
• Sugerir al órgano legislativo o a la Administración competente la modificación de normas que puedan provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados.
• Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas a las autoridades y funcionarios.

Las autoridades y funcionarios están obligados a responder por escrito en el plazo de un mes. Si no se adoptan medidas acordes con las sugerencias o no se justifican las razones para no hacerlo, el Defensor del Pueblo puede informar a la máxima autoridad del departamento afectado e incluir el asunto en su informe anual, mencionando los nombres de los responsables.

Otras facultades:

• Interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

6. Rendición de cuentas

El Defensor del Pueblo debe informar a quien haya promovido una actuación sobre los resultados de la misma, así como a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa investigada. Anualmente, debe rendir cuentas a las Cortes Generales sobre la labor realizada, presentando un informe oral ante los Plenos de ambas Cámaras.