Derecho Administrativo: Potestades, Situaciones Jurídicas y Diferencias Clave

Derecho administrativo

Derecho administrativo: Según García de Enterría, el derecho administrativo es la rama del derecho público interno del Estado por excelencia, cuyas funciones son regular las relaciones de ciertas clases de sujetos, en cuanto a sujetos singulares y específicos. Tiene como funciones: limitar al Estado en cuanto a los particulares, con el fin de mantener un equilibrio entre el Estado y la sociedad, que es quien otorga sus potestades públicas, y ese equilibrio se basa en que dichas potestades públicas no violen o sobrepasen los límites de los derechos de los particulares; y satisfacer las necesidades del colectivo de manera directa e indirecta.

Potestades administrativas

Potestades administrativas: Son en primer lugar consecuencia del principio de legalidad, es decir, provienen del orden jurídico. En segundo lugar, no recaen sobre un objeto específico y determinado, sino que tienen un carácter genérico y se refieren a un ámbito de actuación definido. Consisten en la posibilidad abstracta de producir efectos jurídicos. A esta potestad no corresponde ningún deber, positivo o negativo, sino la simple sujeción o sometimiento de otros sujetos, normalmente un círculo de sujetos, a soportar sobre su esfera jurídica los eventuales efectos derivados del ejercicio de esta.

Diferencia entre derecho subjetivo y potestad administrativa

Derecho subjetivo: Se origina de una relación jurídica concreta, recae sobre un objeto específico y determinado, consiste en una prestación concreta, se atribuye a un sujeto pasivo (obligado), surge de un pacto específico, es decir, de cualquier negocio jurídico, e implica una obligación.

Potestad administrativa: Procede directamente del orden jurídico, no recae sobre ningún objeto específico y determinado, tiene un carácter genérico, su ámbito de actuación es definido en direcciones genéricas, corresponde a la sujeción o sometimiento de un grupo de sujetos, no implica deber u obligación, no hay sujeto obligado, sino situación pasiva de inercia.

Semejanza entre derecho subjetivo y potestad administrativa

Ambas figuras son especies del género de poderes jurídicos, que es la facultad de querer y de obrar conferida por el orden jurídico.

Caracteres de la potestad administrativa

Como consecuencia de su origen legal y no negocial, son:

• Inalienables, intransmisibles e irrenunciables: son indispensables para el sujeto; el titular puede ejercitarla o no, pero no puede transferirlas.
• Imprescriptibles: aunque puede estar sometida a caducidad o decadencia, es inagotable.
• Insusceptibles de modificación por parte del titular, ya que solo la ley de la cual emana puede alterarla o extinguirla.

Situaciones de poder de la administración

Brewer Carías señala el conjunto de situaciones jurídicas de poder y situaciones jurídicas de deber, que al estar coincidentes establecen el vínculo jurídico. En consecuencia, la ley regula tanto poderes y prerrogativas de la administración como del particular, y a la vez regula también deberes de la administración y obligaciones del particular. Estas situaciones son las siguientes:

1) Potestad de oficio

Procedimiento inquisitorio, en el que la administración tiene el papel activo, ya que sea quien actúe de oficio y tiene la carga de la prueba, es decir, tiene el mando del procedimiento. La administración no espera que haya instancia de parte para actuar, sino que la ley expresa la posibilidad y obligación de que la administración realice de oficio su tarea mediante la iniciación, sustanciación, prueba, ejecución del procedimiento y la revisión del acto.

Iniciación del procedimiento: El artículo 48 de la LOPA señala que el procedimiento se inicia a instancia de parte, mediante solicitud escrita, y también de oficio. El procedimiento administrativo se inicia no solo cuando alguien pide algo a la administración, sino que la administración puede iniciarlo de oficio, respetando los derechos del particular y garantizando su situación jurídica. Cuando la administración inicia un procedimiento, en primer lugar debe oír al interesado, previa notificación o citación, para que este tenga derecho a expresarse y a defenderse cuando su derecho subjetivo o interés legítimo puedan resultar afectados por la actuación. (Esta es la manifestación de la potestad administrativa).

Sustanciación: La administración tiene la obligación de cumplir todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Si no hay requerimiento por parte del interesado, como establece el artículo 53 de la LOPA, la administración, de oficio o a instancia del interesado, cumplirá todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que debe decidir, siendo su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites.

Prueba: La administración está en la obligación de probar los hechos que constituyen la causa del acto, es decir, los presupuestos de hecho. La administración tiene la potestad de comprobar por los medios que estime convenientes, según lo prevé el artículo 58 de la LOPA. Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en el CC, CPC, COPP o en otras leyes.

Ejecución: Según el artículo 79 de la LOPA, la ejecución forzosa de los actos será realizada de oficio por la propia administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial. Esta norma establece la potestad ejecutiva de la administración, es decir, que los actos como principio deben ser ejecutados de inmediato de oficio por la propia administración. También pone de manifiesto el principio de ejecutoriedad, es decir, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para su ejecución.

Revisión de los actos: Es la posibilidad de la administración de revocar, de oficio, en cualquier momento, en todo o en parte, los actos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular (artículo 82 LOPA); reconocer en cualquier momento la nulidad absoluta de los actos dictados por ella (artículos 83 y 19); y, por tanto, revocatorios. También la posibilidad de corregir, de oficio, los errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos (artículo 84), y la posibilidad que tiene la administración, de oficio, de convalidar en cualquier momento sus actos anulables, es decir, viciados de nulidad absoluta (artículo 20), subsanando los vicios de que adolezcan (artículo 81).

2) Potestad de autotutela

Es la potestad de corregir y revisar sus actuaciones, y se subdivide en:

• Potestad revocatoria: El artículo 82 de la LOPA establece que los actos pueden ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad administrativa que lo dictó o por el superior jerárquico, siempre que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular. Esto se establece con carácter general respecto de los actos que no originan derechos o intereses legítimos. También está prevista con carácter general en materia de vicio de nulidad absoluta, cuando se autoriza a la administración para que, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, pueda reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella (artículo 83 LOPA).
• Potestad convalidatoria: Solo existe respecto de los actos anulables, es decir, los que pueden tener un vicio de nulidad relativa, así como lo prevé el artículo 20 de la LOPA, que son todos aquellos cuyo vicio no produzca nulidad absoluta como los previstos en el artículo 19, y el artículo 81 de la misma ley, cuando dispone que la administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
• Potestad correctiva: El artículo 84 de la LOPA la pone de manifiesto al permitirle a la administración que en cualquier tiempo corrija errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos. No se trata de convalidar vicios de nulidad relativa, sino de corregir errores materiales o de cálculos que pueden realizarse en cualquier momento.

3) Potestad de ejecución

El artículo 79 de la LOPA establece que la administración, para ejecutar sus actos, no necesita acudir a los órganos judiciales para lograr su ejecución. La administración tiene el privilegio de poder ejecutarlos por sus propios medios y de oficio. Aquí se pone de manifiesto el principio fundamental en materia de derecho administrativo, que es que la ejecución de los actos corresponde de oficio a la propia administración. Esto está concatenado con el artículo 8 de la misma ley: los actos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente.

El artículo 80 también pone de manifiesto según se trate de actos de ejecución indirecta o personal. Cuando se requiera la ejecución forzosa de los actos, si esta es susceptible de ejecución indirecta, la administración debe proceder a ejecutarlo a costa del obligado, es decir, cuando no se trate de un acto de ejecución personal. Y en caso de ejecución personal, donde la administración no puede sustituir al particular en la ejecución del acto, se establecen las modalidades sancionatorias como vía para lograr la ejecución, previéndose el establecimiento de multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía el particular (numeral 2° del artículo 80 LOPA).

4) Potestad sancionatoria

Atribuye a la administración la potestad de sancionar determinadas conductas que contraríen disposiciones de la ley, tanto en cuanto a funcionarios públicos como en actuación de los particulares.

• Sanción a los particulares: Se aplica en los casos de ejecución forzosa de los actos, ante la rebeldía de los particulares para ejecutarlos cuando estos requieran ejecución personal. Cuando el particular se resista a cumplirlos, la ley prevé en su artículo 80 que se impondrán multas sucesivas mientras permanezcan en rebeldía, y en caso de que persista en el incumplimiento será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que ya se habían aplicado.
• Sanción a los funcionarios públicos: Según el artículo 100 de la LOPA, el funcionario o empleado público responsable de retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo establecido en esta ley será sancionado con multas entre el 5% y el 50% de su remuneración total correspondiente al mes en que se cometió la infracción, según la gravedad de la falta. Concatenado con el artículo 3 de la misma ley, al establecer la responsabilidad de estos, los funcionarios y demás personas que presten servicio en la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran.

Intereses y derechos

Interés difuso

Se refiere a un bien que atañe a todo el mundo, a personas que en principio no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos (pluralidad de sujetos), que sin vínculo jurídico entre ellos, pueden ser lesionados o amenazados de lesión. Estos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas, por ejemplo, los daños al ambiente o a los consumidores, aunque ocurran en una determinada localidad, tienen efectos expansivos que perjudican a los habitantes de grandes sectores del país e incluso del mundo. Estos son los de mayor cobertura, ya que afectan a la población en extenso.

Derechos e intereses colectivos

Son lesiones que se localizan concretamente en un grupo determinable como tal, aunque no cuantificado o individualizado, como serían los habitantes de una zona del país afectados por una construcción ilegal que genera problemas de servicios públicos en la zona. Estos están referidos a un sector poblacional determinado, aunque no cuantificado e identificable, aunque individualmente, dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que las une entre ellas. Este es el caso de los grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de una zona determinada, etc.

Interés personal, legítimo y directo

Es un derecho propio del afectado, es decir, ser un afectado directo. El interés legítimo da nacimiento a un derecho subjetivo de ser respetado su derecho a la tutela; según Entrena es un derecho racional. Es el interés que tienen los administrados en activar el aparato de la administración pública a favor de un interés particular que debe coincidir con el interés general de la colectividad. En el derecho venezolano se requiere el interés legítimo para poder activar el aparato administrativo (artículo 85 LOPA). Por ejemplo, usted me causó un daño según el artículo 1185 del CC en mi derecho subjetivo o interés legítimo, personal y directo; por lo cual usted debe repararlo. En primer lugar se solicita la anulación del acto administrativo y luego se solicita la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el acto administrativo que lesionó mi derecho subjetivo o interés legítimo y directo (artículo 26 CRBV).