Desamortización en España: Concepto, Etapas y Consecuencias Económicas y Sociales

1. Concepto y significado de las desamortizaciones

1.1. Concepto

La propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba en manos de la Iglesia (en especial de las órdenes religiosas), de la nobleza titulada, del Estado o de los municipios.

Su explotación poco racional impedía obtener el mejor rendimiento.

Estos beneficiarios se consideraban «manos muertas»; por ello, el proceso de hacer pasar estas tierras a otros propietarios dispuestos a obtener la mejor explotación económica en beneficio propio se denominó desamortización.

La desamortización se inscribe en el tránsito de la sociedad del Antiguo Régimen al liberalismo, en el que la propiedad se concibe como individual y absoluta en su capacidad de gestión, y el Estado debe garantizar la propiedad privada y la libertad.

La desamortización supone la conversión del patrimonio amortizado de la Iglesia, la nobleza titulada y los ayuntamientos en bienes nacionales y su posterior venta en subasta.

1.2. Finalidades

• Sanear la Hacienda, que se encontraba en déficit, y erradicar la deuda pública.
• Desarrollar el capitalismo en el medio rural, mejorando la agricultura y generalizando la libre propiedad frente a las «manos muertas», con el objetivo de afianzar el régimen liberal.

2. Las primeras desamortizaciones

2.1. Los ilustrados del siglo XVIII

• Entre 1766 y 1768 se ensayó el reparto de tierras municipales en Extremadura, Andalucía y La Mancha entre los campesinos más necesitados, en régimen de arrendamiento, aunque con resultados muy dispares.
• En el reinado de Carlos IV, Floridablanca restringió la acumulación de bienes de «manos muertas» y Godoy aprobó la desamortización de bienes pertenecientes a hospitales, casas de misericordia y hospicios regentados por órdenes religiosas. Estas medidas apenas llegaron a llevarse a efecto.

2.2. Las reformas de José I y las Cortes de Cádiz

• José I puso a la venta una primera serie de bienes nacionales para acudir al pago de la deuda pública.
• Las Cortes de Cádiz posibilitaron la enajenación de propiedades de los jesuitas y de otras órdenes disueltas, de las órdenes militares, de los monasterios destruidos en la Guerra de la Independencia, de las propiedades de la abolida Inquisición, así como de los bienes de propios y comunes y tierras de realengo, para saldar el déficit de la deuda pública. La restauración de Fernando VII supuso el fin de estos proyectos reformistas.

2.3. El Trienio Constitucional

Leyes desamortizadoras:

• Ley de 25 de octubre de 1820: incorpora al Estado los bienes de monasterios y conventos disueltos por las Cortes.
• Ley de desvinculación de diciembre de 1820.
• Decreto de 20 de junio de 1822, por el que se convertían en propiedad particular los baldíos y bienes de realengo.

La vuelta del absolutismo en 1823 impidió el desarrollo de estas medidas.

3. La desamortización de Mendizábal (1835)

3.1. Contexto

A partir de 1833, el proceso de desamortización se precipitó por varias causas:

• La Primera Guerra Carlista (1833-1839) obligaba al Estado a obtener recursos, cuando las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido.
• Se difundió en el país un clima anticlerical a causa del apoyo del clero al bando carlista.
• Los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presionaban para que se les devolvieran sus bienes.

El grueso del proceso se dio en dos fases: la desamortización eclesiástica, llevada a cabo por Mendizábal, y la desamortización civil de Madoz.

3.2. Mecanismo de la desamortización de Mendizábal

Juan Álvarez y Mendizábal, conocido como «Mendizábal» (Cádiz, 1790 - Madrid, 1853), rico comerciante de origen familiar judío, ayudó en la sublevación de Riego y se exilió en Londres, desde donde regresó en 1835, tras la dimisión del conde de Toreno, para presidir el gobierno y garantizar el trono de Isabel II y el nuevo Estado liberal. Fue luego ministro de Hacienda en 1836, durante la regencia de M.ª Cristina de Borbón por la minoría de edad de su hija Isabel II, proclamada reina a la muerte de Fernando VII en 1833, cuando solo contaba tres años de edad.

Se necesitaba dinero o crédito extranjero para vencer a los carlistas, pero para que estos fueran concedidos era preciso eliminar o disminuir la deuda pública. Para ello se buscaron nuevas fuentes de financiación: los bienes eclesiásticos, principalmente de las órdenes religiosas.

Esta desamortización se plasmó en dos disposiciones:

• Ley de 11 de octubre de 1835, que disolvió las comunidades religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y a la beneficencia.
• Primer decreto desamortizador, de 19 de febrero de 1836, y reales órdenes de legalización de ventas y ocupaciones de 6 de marzo de 1834 y 18 de mayo de 1837: el Estado confiscó sus bienes, determinó el sistema de venta de los bienes nacionalizados y los sacó a pública subasta.

El proceso continuó entre 1838 y 1840. A partir de agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se incluyeron los bienes del clero secular. Con la vuelta de los moderados al poder en 1844, se restringió la venta de bienes nacionales (Ley de 9 de abril de 1845) y se llegó a un Concordato con la Santa Sede en 1851, por el cual esta admitió la desamortización a cambio de una dotación destinada al culto.

3.3. Resultados

La desamortización de Mendizábal no consiguió el objetivo de crear una clase media agraria de pequeños propietarios rurales, sino que constituyó un fenómeno irreversible y marcó la gran distancia entre el progresismo español y la Iglesia. Además, aumentó el número de campesinos asalariados.

Afectó fundamentalmente a las fincas del clero, que pasaron de propiedad colectiva y amortizada a libre e individual —con un valor total de 3.820 millones de reales de vellón—, y poco a los bienes de propios, censos y foros. En consecuencia, el Estado se comprometió a sostener al clero secular con cargo a los presupuestos públicos (Ley de dotación de culto y clero de 1841).

La necesidad de obtener dinero para financiar la guerra civil carlista propició la venta acelerada de los bienes, que en muchos casos se vendieron muy por debajo de su precio real, a los grandes propietarios. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando la puja media del 220% sobre el precio de salida. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de bajos ingresos; sin embargo, en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, pues eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Solo se abonaba el 20% al contado y el resto a pago aplazado, y se admitían como pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

Este proceso perjudicaba los ingresos del Estado, pero no fue un error de cálculo. Mendizábal lo sabía, pero no se buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a la élite financiera y comercial, de la que él formaba parte, consolidando su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles.

4. La desamortización de Madoz (1855)

4.1. Mecanismos de la desamortización

Pascual Madoz (Pamplona, 1806 - Génova, 1870), abogado defensor de la industria catalana y pionero en estadística, fue ministro de Hacienda en el gobierno progresista de Espartero e impulsó la segunda gran ley desamortizadora, conocida como Ley de desamortización general de 1 de mayo de 1855. Esta ley ponía en venta los bienes de las comunidades religiosas y del clero secular —que depende de la jerarquía eclesiástica ordinaria—, ya fueran rústicos o urbanos, que no habían sido vendidos en la etapa anterior, así como los bienes de propiedad municipal —de los ayuntamientos— y del Estado.

Se pagaba el 10% de entrada y el resto aplazado, admitiéndose solo el abono en efectivo. Excepcionalmente se admitían títulos de deuda, no por su valor nominal sino de acuerdo con la cotización del día anterior. Se dieron facilidades para la redención de censos. El volumen de dinero acumulado fue casi el doble que en 1845 y se destinó a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos, decretada en los días del golpe militar de 1854. Se interrumpió con el siguiente gobierno moderado, pero fue retomada por los unionistas, que firmaron un acuerdo con la Santa Sede en 1860 para completar la venta de los bienes expropiados pendientes.

4.2. Resultados

Tuvo un mayor alcance: afectó a los bienes civiles, eliminando la propiedad comunal y otras fincas —159,8 millones de reales de vellón a los de propios y 283,1 millones a otras fincas— y a lo que quedaba de la eclesiástica. Esto agravó la situación económica del campesinado y significó la ruptura de las relaciones con la Iglesia ante la violación del Concordato. En 1867, cerca del final del reinado de Isabel II, el volumen de la desamortización llegó casi a 4.500 millones de reales, similar al del mandato de Mendizábal. El dinero se dedicó a la industrialización del país, concretamente a la expansión del ferrocarril.

5. Consecuencias de las desamortizaciones

• Consolidaron el poder económico y político de una nueva burguesía acaudalada, el grupo que más se benefició con la compra de los bienes expropiados.
• Ayudaron a financiar el régimen liberal.
• Introdujeron la propiedad privada en sustitución de los señoríos, mayorazgos y bienes de «manos muertas».
• Permitieron cierto desarrollo de la agricultura y el incremento de la superficie cultivable, ya que los nuevos propietarios trabajaron tierras que hasta entonces no habían sido labradas.
• Aumentaron el número y la extensión de los latifundios, que sustituyeron a los antiguos señoríos.
• Modificaron las relaciones laborales de los campesinos que, en su mayor parte, se convirtieron en jornaleros, mano de obra eventual y sujeta a precarias condiciones de trabajo, lo que protagonizó los principales conflictos sociales en los años siguientes.
• Transformaron la fisonomía de las ciudades, ya que la privatización de los bienes conventuales y municipales posibilitó cambios urbanísticos, ensanches y la aparición de nuevos edificios públicos. La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.
• Los grandes edificios de los conventos se convirtieron en cuarteles o edificios públicos, o fueron derribados para construir grandes plazas. No solo se destruyeron importantes edificios de otras épocas, sino que se dispersó su patrimonio mueble; aunque la creación de archivos y museos algún tiempo después permitió recoger una parte de esas riquezas del pasado.