La Desamortización en España: Historia, Protagonistas e Impacto Socioeconómico

La Desamortización en España: Un Proceso Transformador del Siglo XIX

La Desamortización fue un conjunto de medidas adoptadas por el Estado español con el objetivo de liberar la tierra y fomentar su explotación por parte de propietarios individuales. Este proceso implicó la incautación y posterior venta de tierras pertenecientes a la Iglesia y a los municipios.

El Contexto: La Propiedad de la Tierra en el Antiguo Régimen

En el Antiguo Régimen, una parte significativa de las tierras era inalienable, es decir, no podía ser vendida ni dividida. Estas tierras se dividían principalmente en:

• Mayorazgos: Propiedades de carácter nobiliario que se heredaban íntegramente, sin posibilidad de división ni venta.
• Bienes Municipales: Se subdividían en:
  • Bienes Comunes: De uso y disfrute colectivo por la comunidad vecinal.
  • Bienes Propios: Pertenecientes al ayuntamiento, cuyas rentas se destinaban a gastos municipales.
• Tierras del Estado.
• Bienes Eclesiásticos: Propiedades de monasterios, conventos, parroquias y obras de beneficencia. Estaban sometidas a amortización, lo que significaba que no podían ser vendidas ni enajenadas, permaneciendo en lo que se conocía como "manos muertas".

Primeros Intentos y Consolidación del Proceso Desamortizador

Ya en 1793, Jovellanos, en su Informe sobre la Ley Agraria, expuso la necesidad de una desamortización, argumentando que la liberación de estas tierras permitiría a sus propietarios sacarles un mayor beneficio. El primer ensayo desamortizador significativo tuvo lugar en 1798, bajo el gobierno de Godoy, y afectó a bienes del clero y propiedades de la Compañía de Jesús.

Durante la Guerra de Independencia, se produjeron nuevos intentos:

• José Bonaparte suprimió las órdenes religiosas e incautó sus bienes.
• Las Cortes de Cádiz promulgaron una ley de desamortización.

Sin embargo, Fernando VII anuló estas medidas a su regreso. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), el proceso se restableció y amplió, pero fue nuevamente revertido. Finalmente, hubo que esperar hasta el triunfo definitivo del liberalismo para que la desamortización se consolidara como política de Estado.

Las Grandes Desamortizaciones del Siglo XIX

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836)

En 1836, Juan Álvarez Mendizábal, mediante decreto, nacionalizó los bienes del clero regular. Esta medida respondía a la crítica situación de la Hacienda Pública, que arrastraba un déficit considerable debido a la independencia de las colonias americanas y los elevados gastos de la Primera Guerra Carlista.

Los objetivos principales de Mendizábal, expuestos a la regente María Cristina, eran:

• Lograr fondos para sanear la Hacienda Pública y hacer frente a los gastos bélicos.
• Sentar las bases para el desarrollo de la agricultura y una economía plenamente capitalista.
• Crear una nueva masa de propietarios afines al régimen liberal.

Con Espartero en 1841, la desamortización se amplió al clero secular. No obstante, las ventas quedaron suspendidas hasta la promulgación de la Ley Madoz en 1855. En 1851, Narváez logró un acuerdo con la Santa Sede mediante la firma de un Concordato.

Los compradores de estos bienes fueron principalmente personas acaudaladas, ya que no se facilitó el acceso a los campesinos. De este modo, la desamortización eclesiástica, lejos de redistribuir la tierra, reforzó las estructuras de propiedad ya existentes, concentrando la riqueza en manos de la burguesía y la nobleza liberal.

La Desamortización General de Madoz (1855)

El acceso del progresismo al poder significó la reapertura del proceso desamortizador, esta vez llevado a cabo por Pascual Madoz. Se efectuó mediante la Ley Madoz en 1855. Esta desamortización fue calificada de "general" porque afectó no solo a los bienes de la Iglesia que aún quedaban, sino también, y de manera muy significativa, a los del Estado y, sobre todo, a los de los municipios.

El pago de los bienes se estableció únicamente en metálico, aunque se permitían hasta 15 plazos. Los objetivos principales de esta ley eran sanear la Hacienda Pública y, crucialmente, financiar la construcción de la red de ferrocarriles en España.

Aunque la ley preveía compensaciones para los municipios, estos perdieron una parte considerable de su riqueza y sus recursos comunales. La distribución de los bienes desamortizados por esta ley fue aproximadamente la siguiente: el 30% de la Iglesia, el 20% de Beneficencia y el 50% de los municipios.