Desarrollo de Derechos y Deberes en el Estado Social: Perspectivas Autonómicas y Locales
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Las Comunidades Autónomas (CCAA) procuran completar el Estado Social, centrándose en los derechos de solidaridad y elementos relacionados con la solidaridad ciudadana.
Se abordan temas como la renta de ciudadanía, la sanidad, la vivienda, la igualdad, la buena administración y el derecho al agua, buscando desarrollar los principios constitucionales. Junto a los derechos, se plantea una nueva proclamación de deberes.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre Derechos en los Estatutos de Autonomía
Dentro de la interpretación de los derechos en los Estatutos de Autonomía (EEAA), el Tribunal Constitucional (TC) ha seguido dos vías, con un giro jurisprudencial en la última Sentencia del año 2010. La evolución es la siguiente:
Primera Sentencia (STC 247/2007)
A propósito de la impugnación del Estatuto Valenciano, el TC señaló que las CCAA no están habilitadas para dictar derechos subjetivos, y que el desarrollo de derechos solo puede llevarse a cabo cuando se liguen los derechos a las instituciones. Por ejemplo, derechos de sufragio ligados a la institución parlamentaria autonómica.
En consecuencia, al no haber derechos subjetivos más que en ese caso concreto, las CCAA solo pueden desarrollar directrices y principios en el desarrollo de las competencias, pero no derechos.
Segunda Sentencia (STC 31/2010)
En la STC del TC a propósito de la impugnación del EEAA de Cataluña (31/2010 de 28 de junio), se muestra más proclive al reconocimiento de derechos estatutarios, diferenciándolos de los Derechos Fundamentales (DDFF). Considera posible e incluso recomendable que las CCAA puedan proclamar este tipo de derechos.
El Rol de los Entes Locales
Respecto a los entes locales, se pretende que refuercen la efectividad de los derechos debido a su cercanía a la ciudadanía. En este sentido, se debe tener en cuenta la Carta Europea de los Derechos de las Ciudades del año 2000.
Cartas Sectoriales de Derechos
Finalmente, es importante aludir a las Cartas sectoriales de derechos.