La Dictadura de Primo de Rivera y la Caída de Alfonso XIII en España (1923-1931)
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La Dictadura de Primo de Rivera y la Caída de Alfonso XIII (1923-1931)
Golpe de Estado del general Primo de Rivera:
Tras el pronunciamiento militar, el general Primo de Rivera fue el Presidente del Directorio Militar encargado de la gobernación del Estado. Anunciaba la realización urgente de reformas económicas y sociales.
Había una actitud muy favorable del monarca; también la opinión pública acogió favorablemente al dictador, ya que deseaban que se restableciese el orden. El estamento militar, los conservadores, la Iglesia, la aristocracia también apoyaron el golpe, junto con el PSOE y la UGT.
Los opositores fueron el partido comunista y la CNT; ambas organizaciones fueron ilegalizadas.
El Directorio Militar (1923-1925):
Medidas para controlar el poder legislativo y el judicial:
- Supresión de la Constitución y de las garantías constitucionales.
- Minimización de partidos políticos y persecución a los comunistas.
- Implantación del estado de guerra durante dos años.
- Censura de prensa.
- Disolución de los Ayuntamientos y las Diputaciones, cuyos miembros fueron sustituidos por adictos a su régimen.
- Nombramiento de militares.
- Sustitución de gobernadores civiles por gobernadores militares.
Problemas:
- Terrorismo y desorden social.
- Corrupción política y caciquismo.
- La única religión (catolicismo).
- Malas relaciones con los sindicatos obreros.
- Problema de Marruecos.
Los resultados fueron la reducción de las muertes y de las huelgas; los caciques de los pueblos comenzaron a ser perseguidos; amordazó a los partidos políticos tradicionales y creó un partido único, denominado Unión Patriótica (“Patria, religión y monarquía”).
Hubo apoyo total a la Dictadura por parte de la Iglesia; con los sindicatos obreros trató de ganarse su confianza.
El Desembarco de Alhucemas, operación conjunta hispano-francesa, provocó la derrota de los rifeños y la división en dos del territorio rebelde, lo que supuso una solución al problema marroquí.
Prohibió el uso del catalán y de su bandera, exigiéndose que la lengua se quedara en la vida privada, persiguiendo publicaciones independentistas radicales. El 90% estaba en contra del dictador.