Diferenciación Jurídica Justificada: Criterios Objetivos y Categorías Protegidas contra la Discriminación

Elementos Objetivadores de la Diferenciación

La distinción entre discriminación y diferenciación es fundamental en el ámbito jurídico. Mientras que la discriminación implica la ausencia de justificación, la diferenciación se basa en una justificación y razonabilidad.

Es posible establecer diferencias, siempre que exista una justificación objetiva y razonable, conforme a criterios de valor generalmente aceptados. El juicio de razonabilidad establece las condiciones para una diferenciación admisible, distinguiéndola de una discriminación vetada. Los elementos clave que objetivan la diferenciación son:

1. Desigualdad de Situaciones de Hecho

Frente a supuestos de hecho desiguales, no podemos hablar de discriminación. Por lo tanto, quien alega la desigualdad tiene la carga de probarla. Esto implica la necesidad de un término de comparación; es decir, se debe demostrar que una persona en idéntica situación obtiene un trato más favorable. Si existe una desigualdad en el supuesto de hecho, el recurso por discriminación no procede.

2. Legitimación de la Desigualdad

La diferenciación establecida por una norma no puede ser arbitraria. Debe perseguir una finalidad determinada que sea constitucionalmente admisible, lo que significa que no debe colisionar con ninguno de los valores constitucionales. Esta finalidad también puede consistir en el desarrollo y promoción de dichos valores constitucionales.

3. Congruencia

La medida adoptada debe ser congruente, lo que implica que exista una relación directa entre la medida y el fin perseguido. Se requiere una adecuación del medio con el fin, y todo el proceso debe ser llevado a cabo de manera proporcional.

Categorías Sospechosas de Discriminación

El Artículo 14 de la Constitución Española establece: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

En virtud de lo dispuesto en este artículo, no se puede diferenciar a las personas por razones subjetivas. Estas categorías, tradicionalmente asociadas a grupos que han sido marginados por diversas circunstancias, reciben un tratamiento jurídico especial frente a la discriminación.

Las consecuencias de considerar una categoría como «sospechosa» son significativas:

• Está constitucionalmente prohibido considerarlas como causa de diferenciación.
• La discriminación por estas causas es contraria al orden público constitucional y, por tanto, la prohibición de discriminar por estos motivos se extiende también a los particulares.
• Cuando se alega una discriminación basada en uno de estos motivos, el juez que examine el supuesto debe aplicar un estándar de escrutinio más riguroso en el test de razonabilidad, tratando de determinar si existe una discriminación indirecta.