España en la CEE: Proceso de Adhesión y Consecuencias Económicas
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La Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE)
En 1977, Adolfo Suárez solicitó formalmente la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). Las negociaciones, que se iniciaron en 1979 —simultáneamente con Portugal—, fueron extensas y complejas, coincidiendo además con un periodo de crisis económica generalizada. El principal obstáculo para la integración de España en la CEE residía en el considerable peso de su sector primario. Francia, en particular, temía una pérdida de cuota de mercado frente a España, mientras que el Reino Unido buscaba reducir las subvenciones a la agricultura. Por ello, España se vio obligada a realizar importantes concesiones, como la reducción de su producción y la aceptación de largos periodos de espera para la plena integración de aquellos sectores españoles más competitivos que pudieran perjudicar a otros miembros de la CEE. Adicionalmente, la entrada de España implicaba un aumento de los fondos estructurales, sufragados principalmente por los países más ricos de la Comunidad.
No obstante, España contó con el firme apoyo de Alemania, que vinculó el incremento de los fondos comunitarios a la entrada de España y Portugal (tras la previa relación establecida por Felipe González entre la entrada en la Comunidad y la OTAN). El cambio en la postura francesa se produjo con la llegada al poder en 1982 del socialista François Mitterrand. Las relaciones entre los gobiernos socialistas de Francia y España mejoraron significativamente, lo que permitió a España obtener la valiosa colaboración francesa en la lucha antiterrorista.
Finalmente, en 1985, durante el gobierno de Felipe González, se firmó el Tratado de Adhesión a la CEE. Así, a partir del 1 de enero de 1986, España se convirtió oficialmente en miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea.
Impacto Económico de la Adhesión a la CEE
La entrada de España en la CEE trajo consigo importantes consecuencias económicas:
La liberalización económica: Este proceso puso fin al tradicional proteccionismo español y, durante la década de 1980, impuso una dura reconversión al sector primario e industrial para adaptarse a un mercado abierto y competitivo.
La aceleración del crecimiento económico: Se logró gracias a la política de ayudas de la Unión Europea, diseñada para reducir los desequilibrios socioeconómicos entre los países miembros. Las ayudas comunitarias, que llegaron a representar casi el 1% del PIB español, se canalizaron a través de los fondos estructurales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y el Fondo Social Europeo (FSE). Estas subvenciones permitieron la modernización de las infraestructuras, la mejora del sector agrícola mediante subsidios directos y la financiación de planes de formación profesional y creación de empleo.