España bajo el Franquismo: De la Posguerra Mundial a su Etapa Final

La Segunda Guerra Mundial y la Postura Española

La fuerza política dominante durante los primeros años del régimen fue la Falange. Ramón Serrano Suñer ocupó cargos clave, primero como ministro de la Gobernación y después de Asuntos Exteriores. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, España se declaró neutral. Sin embargo, ante los iniciales triunfos de Alemania, el régimen pasó de la neutralidad a la no beligerancia, una postura de apoyo implícito a las potencias del Eje.

Alemania e Italia sondearon las posibilidades de una integración española en el conflicto. En este contexto, Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya (octubre de 1940) y con Mussolini en Bordighera (febrero de 1941). A pesar de estas conversaciones y presiones, España no entró oficialmente en la guerra. No obstante, una unidad de voluntarios, la División Azul, fue enviada a la URSS para combatir junto a las tropas alemanas en el frente oriental. Posteriormente, ante el cambio de rumbo de la guerra, Franco retiró la División Azul (1943-1944) y España regresó a una estricta neutralidad.

La Guerra Fría y el Régimen Franquista

La creciente tensión entre EE. UU. y la URSS durante la Guerra Fría otorgó un nuevo valor político al acérrimo anticomunismo del régimen español. Esto propició un cambio de actitud de EE. UU. y otras potencias occidentales hacia la dictadura franquista, que pasó de ser un paria internacional a un potencial aliado estratégico. Franco decidió una remodelación del gobierno que facilitase un acercamiento a estas potencias.

En esta etapa, se consolidó el predominio del nacionalcatolicismo, con figuras influyentes como Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación, y Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia y hombre de confianza de Franco. La superación del aislamiento internacional fue progresiva: España fue admitida en la UNESCO (1952). En 1953 se firmaron los trascendentales acuerdos con Estados Unidos (conocidos como Pacto de Madrid), que permitieron la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español a cambio de ayuda económica y militar, y el Concordato con la Santa Sede, que normalizaba las relaciones con la Iglesia Católica y le otorgaba importantes privilegios. En 1955, España fue admitida en la ONU. Hacia 1959, con el Plan de Estabilización, se consolidaba la salida del aislamiento y se iniciaba una nueva etapa económica. En 1958 se había promulgado la Ley de Principios del Movimiento Nacional, una de las Leyes Fundamentales del régimen.

No obstante, a pesar de estas mejoras en el ámbito internacional y el posterior desarrollo económico, la situación económica inicial fue muy difícil para la mayoría de la población, y persistía un profundo descontento social, que se manifestó en protestas obreras. Se abría paso una nueva generación que viviría la etapa siguiente del franquismo, caracterizada por un intenso crecimiento económico pero también por crecientes demandas de libertad.

La Fase de Descomposición del Régimen

Un primer síntoma de la desintegración del régimen fue el progresivo deterioro físico de Franco, quien cada vez delegaba más poder de decisión, especialmente en los últimos años de su vida.

Tensiones Internas

La división entre los distintos sectores y familias del régimen se hizo más patente con el estallido del escándalo Matesa (1969), un caso de fraude y corrupción que involucraba a una empresa de maquinaria textil favorecida por el gobierno. Este suceso fue aprovechado por el sector falangista, más inmovilista, para atacar al grupo de los tecnócratas (vinculados al Opus Dei y promotores de la liberalización económica), acusándolos de corrupción. Esto acentuó las tensiones internas entre los inmovilistas, partidarios de mantener el régimen sin cambios sustanciales, y los aperturistas, que abogaban por una cierta liberalización política.

Las contradicciones internas del régimen y su parálisis política se agravaron drásticamente a partir del 20 de diciembre de 1973, con el asesinato a manos de ETA del almirante Luis Carrero Blanco, entonces presidente del Gobierno y considerado el principal garante de la continuidad del franquismo tras la muerte de Franco.

El Gobierno de Arias Navarro

Tras el asesinato de Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro fue nombrado presidente del Gobierno. Su ejecutivo pretendía, sin éxito, unir a aperturistas e inmovilistas. El programa del gobierno se resumió en el llamado «espíritu del 12 de febrero» (discurso pronunciado por Arias Navarro en 1974), que insinuaba tímidas reformas, como una reforma municipal que permitiese la elección de alcaldes y de las diputaciones provinciales, y una nueva ley sobre asociaciones políticas (el Estatuto de Asociaciones Políticas), que resultó ser extremadamente restrictiva.

El intento de apertura controlada había fracasado, mostrando la incapacidad del franquismo para reformarse a sí mismo y evolucionar hacia un sistema democrático. A partir de 1973, se produjo un espectacular crecimiento de la conflictividad social. La protesta obrera y estudiantil aumentó considerablemente, y los diversos grupos de oposición democrática promovieron la creación de organismos unitarios (como la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, que luego se fusionarían en la Coordinación Democrática o «Platajunta») para coordinar sus acciones y preparar una alternativa que impidiera la continuidad del franquismo tras la muerte del dictador.

Incremento de la Violencia y Represión

Durante los años 70, las acciones del grupo terrorista vasco ETA se intensificaron, protagonizando una fuerte escalada terrorista con numerosos atentados que provocaron la muerte de miembros de las fuerzas de orden público, militares y civiles.

A partir de 1973, a la izquierda del PCE (Partido Comunista de España), surgieron también pequeños grupos que optaron por la lucha armada y practicaban el terrorismo. Entre ellos destacaron el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre). En septiembre de 1975, el aumento de la presión terrorista llevó al gobierno de Arias Navarro a promulgar una draconiana ley antiterrorista que preveía la aplicación de la pena de muerte para quienes participaran en atentados con resultado de muerte o lesiones graves. Como consecuencia inmediata, se produjo la ejecución, el 27 de septiembre de 1975, de cinco miembros de ETA (tres) y del FRAP (dos), lo que desencadenó una oleada de protestas y condenas a nivel internacional, aislando aún más al régimen en sus últimos momentos.