España en el Siglo XX: De la Gran Guerra a la Segunda República

El Impacto de la Primera Guerra Mundial en España

España y la Gran Guerra: Neutralidad y Consecuencias

Cuando estalló la guerra, el gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad de España con el respaldo de todos los partidos políticos, lo cual era lo más acertado debido a la debilidad económica y la incapacidad militar del país.

A pesar de la neutralidad, las fuerzas políticas y los sectores sociales se dividieron en aliadófilos y germanófilos. Los sectores conservadores simpatizaban con los imperios centrales, defensores del orden y la autoridad, mientras que los liberales y la izquierda apoyaban a los aliados, que representaban principios democráticos. Los anarcosindicalistas y una minoría socialista se mantuvieron al margen, considerando la guerra un conflicto imperialista.

La neutralidad favoreció una fuerte expansión económica, ya que España se convirtió en proveedora de materias primas y productos industriales para los países beligerantes. Sin embargo, mientras la burguesía industrial y financiera se enriquecía, las clases trabajadoras sufrían una disminución en su nivel de vida debido al aumento de precios y la escasez de productos básicos. En las zonas agrarias, la precariedad del campesinado se acentuó, lo que forzó a muchos a emigrar a las ciudades. Esta situación agravó las diferencias sociales, favoreció el auge de las organizaciones obreras e intensificó las huelgas entre 1915 y 1916.

La Crisis de 1917 en España: Un Punto de Inflexión

El sistema de la Restauración fue incapaz de responder a los conflictos sociales y políticos.

La Crisis Militar: Las Juntas de Defensa

• El malestar de los militares surgió a raíz del proyecto de reforma militar que buscaba reducir el número de oficiales y modificar el sistema de ascensos. Los jóvenes oficiales peninsulares exigieron el establecimiento de la escala cerrada, es decir, ascensos por antigüedad. El descontento llevó a la formación de Juntas de Defensa, que presentaron un manifiesto al gobierno en junio de 1917. Contaron con el apoyo del rey e impusieron sus demandas.

La Crisis Política: La Asamblea de Parlamentarios

• Los políticos de la oposición interpretaron el movimiento de las Juntas como una señal de la quiebra del régimen. Cambó, líder de la Lliga, convocó una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona en junio de 1917 para formar un gobierno provisional y reformar la Constitución. Sin embargo, la escasa asistencia y la falta de apoyo de otros partidos permitieron al gobierno disolver la Asamblea.

La Crisis Social: La Huelga General de Agosto

• En marzo de 1917, UGT y CNT convocaron una huelga general para derrocar la monarquía e instaurar una república democrática. La huelga estalló en agosto, pero tuvo un seguimiento limitado, aunque con incidentes graves en Madrid, el País Vasco, Barcelona y Asturias. El ejército reprimió a los huelguistas, causando 71 muertos y aproximadamente 2.000 detenidos. Los líderes del comité de huelga fueron condenados a cadena perpetua, pero al año siguiente fueron elegidos diputados.

La Dictadura de Primo de Rivera y el Fin de la Monarquía

El Golpe de Estado de 1923

El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, lideró un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. El golpe apenas encontró oposición y contó con el apoyo de empresarios, bancos y la Iglesia. Primo de Rivera, influenciado por las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa, prometió acabar con el caciquismo, el desgobierno y la amenaza separatista. Alfonso XIII lo nombró presidente y ministro único del Directorio Militar.

El Directorio Militar (1923-1925)

Primo de Rivera proclamó el estado de guerra, suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, implantó la censura y prohibió los partidos políticos y los sindicatos. Reprimió a la CNT y al PCE, así como cualquier manifestación nacionalista, incluyendo el uso del catalán. Sustituyó a los gobernadores civiles por militares y disolvió los ayuntamientos, instaurando juntas controladas por los caciques. En Marruecos, lideró el desembarco de Alhucemas en 1925, logrando someter el protectorado.

El Directorio Civil (1925-1930)

Sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil y creó la Unión Patriótica, un partido de apoyo al régimen. Convocó una Asamblea Nacional Consultiva sin poder real. Impulsó el intervencionismo económico, creando monopolios como Campsa y la Compañía Telefónica Nacional de España. Fomentó obras públicas, pero el gasto público aumentó el déficit sin una reforma fiscal adecuada. Implementó una política social que redujo la conflictividad laboral con comités paritarios, apoyados por la UGT, lo que generó divisiones en el socialismo español.

Creciente Oposición y el Ocaso de la Dictadura

A partir de 1926, la dictadura perdió apoyos. Hubo intentos de pronunciamiento militar, como la "Sanjuanada", y la oposición republicana se fortaleció con la Alianza Republicana. Intelectuales como Unamuno y Ortega y Gasset también se opusieron al régimen. La falta de apoyo social, militar y del rey llevó a Primo de Rivera a dimitir en enero de 1930.

La Caída de la Monarquía (1930-1931)

Alfonso XIII nombró al general Berenguer para restaurar la normalidad constitucional, pero la sociedad demandaba un cambio político. En 1930, el Pacto de San Sebastián unió a republicanos, socialistas y nacionalistas con el objetivo de proclamar la república. Tras la sublevación fallida de Jaca y la ejecución de sus líderes, Berenguer dimitió en febrero de 1931. El nuevo gobierno convocó elecciones municipales el 12 de abril. La victoria republicana en las grandes ciudades condujo a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.

La Proclamación de la República y el Periodo Constituyente

Caída de la Monarquía y Gobierno Provisional (14 de abril de 1931)

La coalición republicano-socialista ganó en las grandes ciudades en las elecciones municipales del 12 de abril, lo que condujo a la proclamación de la Segunda República. Alfonso XIII partió al exilio y se formó un gobierno provisional liderado por Niceto Alcalá Zamora, con representantes de diferentes partidos republicanos y socialistas. Este nuevo régimen fue recibido con entusiasmo por gran parte de la sociedad, que veía en él una oportunidad para modernizar España y conquistar derechos sociales y políticos.

Reformas Inmediatas del Gobierno Provisional

Debate Territorial

• El gobierno republicano logró un compromiso por el que se restauraba la Generalitat, como gobierno autónomo de Cataluña, hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Problema Agrario

• Se decretó el laboreo forzoso, la jornada laboral de ocho horas y el seguro de accidentes laborales, y se prohibió expulsar de sus tierras a los pequeños arrendatarios.

El Proyecto Educativo

• Se impulsó la coeducación, el laicismo y la erradicación del analfabetismo mediante la construcción de escuelas y la formación del profesorado.

Reforma y Despolitización del Ejército

• Azaña, ministro de la Guerra, ofreció a los oficiales pasar a la reserva con sueldo íntegro. También se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por Franco.

La Cuestión del Orden Público

• Se creó la Guardia de Asalto, a la que se confió el orden público en las ciudades.

Primeras Reacciones y Conflictos

Terratenientes, industriales y financieros reaccionaron con temor ante la implantación del nuevo régimen. Sin embargo, el conflicto más grave lo provocó la jerarquía católica. El 1 de mayo de 1931, el cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, publicó una pastoral crítica contra la República. El gobierno reaccionó con precipitación y ordenó su expulsión de España.

La Constitución de 1931

El 28 de junio de 1931 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes para dotar a la República de una constitución. Se mantuvo el sufragio universal masculino y se rebajó la edad mínima de voto a los 23 años. Fueron las primeras elecciones libres y limpias de España. La coalición republicano-socialista obtuvo la mayoría del 90% del Parlamento, mientras que los partidos de la derecha antirrepublicana quedaron reducidos a una exigua minoría.

Las Cortes Constituyentes aprobaron la primera Constitución republicana de la historia de España, que definía a España como «una república democrática de trabajadores de toda clase», en la que todos los poderes emanaban del pueblo. Se reconocía una amplia declaración de libertades políticas y derechos sociales como el voto femenino, el matrimonio civil, el divorcio, la educación primaria obligatoria y gratuita. Además, se establecía la posibilidad de expropiar propiedades por utilidad social con la correspondiente indemnización y se contemplaba la nacionalización de sectores estratégicos de la economía.

Establecía una clara división de poderes. El poder legislativo residía en las Cortes, una cámara única con amplia capacidad legislativa y de control al gobierno. El poder ejecutivo correspondía al presidente de la República, que tenía la facultad de nombrar y destituir al presidente del gobierno, promulgar leyes y disolver las Cortes (máximo dos veces). El poder judicial lo ejercían tribunales independientes, y se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para asegurar la constitucionalidad de las leyes y proteger los derechos individuales.

En cuanto a la organización territorial, la República se configuraba como un «Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones», permitiendo que varias provincias se organizaran en una región autónoma. Sin embargo, la supremacía del Estado prevalecía y los estatutos de autonomía debían ser aprobados por las Cortes.

Uno de los aspectos más polémicos fue la cuestión religiosa. Se declaraba la no confesionalidad del Estado, la libertad de culto, la separación entre la Iglesia y el Estado y el fin de la financiación estatal a la Iglesia, lo que generó un fuerte enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica y sectores conservadores.

Finalmente, la Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, pero sin consenso, ya que fue fruto del acuerdo entre la coalición republicano-socialista y no representaba la voluntad de todos los españoles. La derecha monárquica no la aceptó como suya. Además, semanas antes de su aprobación, las Cortes declararon culpable de alta traición al rey Alfonso XIII por apoyar la dictadura de Primo de Rivera, lo despojaron de sus bienes, derechos y títulos, y lo condenaron al destierro perpetuo.

El Bienio Reformista (1931-1933)

El Gobierno de Azaña

Una vez aprobada la Constitución de 1931, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República. Alcalá Zamora encargó a Azaña la formación del gobierno con la intención de que continuaran todas las fuerzas políticas presentes en el gobierno provisional, pero no fue posible. Lerroux, líder del Partido Radical, rechazó permanecer en el gobierno si los socialistas continuaban en él. Entonces Azaña optó por la alianza de los republicanos de izquierda y los socialistas.

La República y la Crisis Económica Mundial

La instauración de la República coincidió con la Gran Depresión, que originó la crisis mundial de 1929. El sector más afectado fue el comercio exterior, que descendió un 30%. Las dificultades económicas más graves para la población se debieron a los problemas tradicionales de la economía española. Los ministros de Hacienda optaron por el equilibrio presupuestario y el mantenimiento de una moneda fuerte. Pero la ejecución de las reformas aumentó los gastos, y los recursos económicos resultaron insuficientes. La evolución negativa de la economía dificultó las reformas, intensificó la conflictividad social y perjudicó la imagen de la República.

Las Reformas del Bienio

Su objetivo era la modernización, la democratización y la instauración de una ética laica y ciudadana.

La Política Religiosa

Un gobierno decidido a implantar la separación Iglesia-Estado y a reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad. Promulgó una serie de leyes como la Ley del Divorcio y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la que el Estado dejaba de subvencionar a la Iglesia y ordenaba el cierre de todos los centros docentes religiosos a partir de diciembre de 1933. Esta última ley desencadenó una nueva ofensiva de la jerarquía eclesiástica y de la prensa católica. A esto se sumaron la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de todos sus bienes.

La Reforma Educativa y la Política Cultural

La reforma educativa de 1932 establecía la educación gratuita pública y laica como un derecho universal. Para llevarla a cabo, el gobierno planificó la construcción de 27.151 escuelas de primaria y la dotación del profesorado necesario. El plan no alcanzó todos sus objetivos. La carrera de Magisterio se hizo más atractiva y mejor remunerada. La política educativa se orientó a popularizar la cultura. Se multiplicó la red de bibliotecas en las escuelas primarias y se crearon las Misiones Pedagógicas.

Las Reformas Laborales

Leyes que fueron aprobadas por las Cortes entre 1931 y 1932:

• La Ley de Contratos de Trabajo regulaba los convenios colectivos.
• La Ley de Jurados Mixtos creaba esos organismos constituidos por obreros y patronos.
• La Ley de Asociaciones Obreras regulaba los sindicatos.

Los Estatutos de Autonomía

Uno de los problemas que se arrastraba desde la Restauración era la organización territorial del Estado. La Constitución intentó resolverlo mediante el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones.

• Cataluña fue la primera en iniciar el proceso con el Estatuto de Núria y su tramitación parlamentaria, que se alargó hasta septiembre de 1932. A su paso por las Cortes sufrió importantes recortes.
• El proceso de elaboración del Estatuto Vasco. El proyecto definitivo de estatuto incluía a las tres provincias vascas y Navarra; sin embargo, fracasó y no fue hasta el mes de octubre de 1936 cuando se aprobó.
• En Galicia se retrasó la llegada del estatuto por la falta de un partido nacionalista fuerte y la actitud tibia de los republicanos gallegos (ORGA) y de los socialistas.
• En Valencia se presentó un anteproyecto de estatuto en julio de 1931.
• En Andalucía, una Asamblea Regional, celebrada en enero de 1933, aprobó un anteproyecto de estatuto.
• En Aragón y Baleares, las aspiraciones a la autonomía se vieron frenadas por la Guerra Civil.

La Reforma Agraria

Su puesta en marcha se retrasó debido a los graves problemas que presentaba el sector agrario, entre ellos:

• Rasgos arcaicos: atraso técnico, baja productividad (sobre todo en los latifundios) y mano de obra abundante y barata.
• Estructura de la propiedad: parcelas muy pequeñas en la cornisa cantábrica y la Meseta Norte, y extensos latifundios en el centro y en el sur.
• Los problemas se agravaron con la crisis económica internacional, que impulsó el paro, el aumento de la afiliación sindical, el número de huelgas y la exigencia del reparto de la tierra.

La Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932 fue bastante moderada.

• Pretendía la modernización técnica, acabar con el latifundismo y realizar una redistribución de la propiedad de la tierra más justa mediante el asentamiento de agricultores en las tierras expropiadas.
• Establecía cuatro tipos de tierras expropiables: los antiguos señoríos, las tierras mal cultivadas, las permanentemente arrendadas y las de regadío que no estuviesen regadas.
• La propiedad de las fincas correspondió al Estado.
• La aplicación de la ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA), que se caracterizó por su desorganización.