Estrategias de Inclusión Activa y Rentas Mínimas: Modelos de Integración Socio-Laboral en España

Participación Pública y el Concepto de Inclusión Activa

La Comisión Europea, en 2007, utilizó el término de “inclusión activa” con el fin de fomentar mercados de trabajo inclusivos, posibilitar el acceso a servicios sociales y garantizar ingresos mínimos adecuados. Esta aproximación busca superar la dependencia pasiva de las ayudas.

El Consejo Europeo, ya en 2001, advirtió sobre la dependencia de las ayudas o subsidios de larga duración. Esta idea tiene raíces históricas en pensadores como Juan Luis Vives: no se trata simplemente de otorgar ayudas para que los trabajadores vivan de ellas, sino de asistirles en su incorporación al mercado de trabajo.

La Comunicación de la Comisión en 2010 apostó por una política de inclusión social estructurada mediante prestaciones que conllevan una participación activa en alguna forma de empleo. De esta manera, las estrategias buscan disminuir la intervención estatal en materia de pobreza, ciñéndose únicamente a la protección de colectivos vulnerables. Es fundamental entender que el objetivo de estas ayudas no es la consecución de un empleo en sí, sino el mantenimiento en el mismo.

Modelos de Inserción Activa en España

En España, existen varios ejemplos de políticas orientadas a la inserción activa, clasificadas principalmente en tres categorías:

1. Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas (CC. AA.)

Las RMI son prestaciones gestionadas a nivel autonómico que buscan la integración socio-laboral. Se pueden distinguir tres modelos principales:

1. Rentas mínimas con ayuda económica y acciones de apoyo y acompañamiento social para la inserción: Implementadas en comunidades como el País Vasco, Cataluña y Madrid.
2. Programas de empleo social: Proporcionan un empleo temporal de utilidad social.
3. Programas fundados en prestaciones económicas: Incluyen acciones simbólicas de inserción laboral, como los observados en Aragón o Murcia.

Rasgos Comunes de las RMI Autonómicas

• Referencia a la unidad familiar o de convivencia.
• Ingresos inferiores a la cuantía de la prestación.
• Garantía del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante un máximo de 6 meses.

A pesar de la inversión, en la práctica, estas medidas autonómicas en ocasiones se han considerado irrelevantes o insuficientes para lograr la inclusión social plena.

2. Ayudas de Corporaciones Locales

Los ayuntamientos han previsto algún tipo de ayuda condicionada a la participación activa del trabajador. Estas ayudas suelen caracterizarse por:

• Responder a criterios de emergencia (ej. pagos puntuales del alquiler).
• Provenir de los servicios sociales, que valoran la situación global de la familia o persona.
• Dirigirse únicamente a personas individuales, no a la unidad familiar.

3. Renta Activa de Inserción (RAI) Estatal

La RAI supone una ampliación de la protección que ofrece el sistema de Seguridad Social. Es un derecho dirigido a desempleados con especiales dificultades económicas y de empleabilidad. Los requisitos de elegibilidad incluyen:

• Ser mayor de 45 años.
• Ser demandante de empleo.
• No tener derecho a percibir prestación o subsidio contributivo.
• Tener rentas inferiores al 75% del SMI.

La RAI proporciona una renta de subsistencia a desempleados con especiales dificultades tanto económicas como para encontrar trabajo, fomentando su reincorporación al mercado laboral.