Estructura y Descentralización del Sector Público en España
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Organización del Sector Público en España
El sector público español se corresponde con un Estado descentralizado con tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. A su vez, cada nivel de gobierno está formado, desde un punto de vista organizativo, por Administraciones Públicas y empresas públicas.
Distribución del Gasto Consolidado (1975-2020)
Las Administraciones Públicas actúan a través del criterio de autoridad y no por el de mercado, y la parte principal de su financiación, reflejada en los presupuestos, se obtiene de manera coactiva por el sistema tributario.
Las empresas públicas, en cambio, participan en los mercados con la finalidad de alcanzar determinados objetivos estratégicos, como la presencia en ciertos sectores clave o el desarrollo de algunas funciones en régimen de servicio público a cambio de unos precios que tienden a cubrir los costes de producción; su importancia es muchísimo menor que la de las Administraciones Públicas.
Niveles de Descentralización
Atendiendo al volumen de gasto de las Administraciones de cada uno de los tres niveles de gobierno señalados —central, autonómico y local— puede afirmarse que España es uno de los países más descentralizados de Occidente, incluso por delante de algunos Estados con estructura federal.
Evolución Histórica y Transformación
La descentralización del sector público es, con todo, un fenómeno relativamente nuevo en la historia contemporánea de España. A mediados del decenio de 1970, el 90 por 100 del gasto público correspondía al sector público central.
La principal transformación se produce a partir de la Constitución de 1978, con la creación de las Comunidades Autónomas como instituciones políticas y administrativas intermedias entre el Estado y las Corporaciones Locales.
El Traspaso de Competencias
El traspaso de funciones y servicios desde el sector público central afectó tanto al Estado (agricultura, industria, educación, cultura, obras públicas) como a la Seguridad Social (sanidad, servicios sociales), que perdieron peso en el conjunto del gasto público en favor de las comunidades.