Evolución de la Gestión Pública: Modelos, Desafíos y el Estado en Red
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A. Modelo de Gestión Pública
El ciclo de operación del gobierno comienza con la formulación de políticas públicas de largo plazo, que continúa con la planificación y presupuestación a largo y corto plazo, y con un ciclo de control de probidad y transparencia. El ciclo termina con una evaluación ex post que retroalimenta todo el proceso.
Las estructuras extremadamente jerárquicas provocan un enfoque desproporcionado destinado a mantener los recursos de cada nivel y defender los territorios individuales. Esto genera comportamientos individuales que no interactúan entre sí, lo que provoca que la toma de decisiones se prolongue y que los mecanismos de control sean casi inexistentes.
Las actividades administrativas se ven envueltas en una serie de procedimientos donde se exige su aplicación rigurosa, sin considerar las características de cada actividad.
Problemas del Modelo Actual
- No existe planificación a largo plazo.
- La planificación y el presupuesto no se encuentran alineados, ya que no hay relación entre ellos y se preocupan de maximizar sus objetivos individuales.
- Dificultad para medir resultados.
- Excesiva proliferación de indicadores de desempeño.
El diseño adecuado del modelo de gestión debe ser recursivo, y el grado de centralización y descentralización constituye otra esencia del modelo de agregación del valor público.
B. El Estado: Un Mutante a Nivel Mundial
Se propone el concepto de Estado en red, ya que el modelo tradicional jerárquico no resuelve las demandas de esta compleja época.
Este Estado en red está ligado con la descentralización y se distinguen tres disyuntivas:
- Política vs administrativa: Traspaso de la autoridad hacia entidades locales.
- Competitiva vs no competitiva: Transferencia de autoridad a otra organización que fue seleccionada mediante medios competitivos.
- Interna vs externa: La cesión de autoridad ocurre dentro de una misma organización.
Dada la incapacidad del gobierno para cubrir todas las necesidades, se reconoce la obligación de generar redes y relaciones entre todos los actores del país, de modo que el Estado atraiga a los ciudadanos a participar de los procesos políticos en un ambiente donde prevalezca la corresponsabilidad y la cooperación.