La Evolución del Estado y el Proceso Legislativo Moderno: Claves y Desafíos

Expansión de las Actividades Estatales

Existe una creciente expansión de las actividades estatales, impulsada por la creciente presión de las demandas ciudadanas y los impactos de las necesidades del desarrollo. El Estado también expande sus actividades mediante la orientación y regulación de procesos económicos, la articulación de políticas coyunturales y la asunción de la provisión de recursos humanos e infraestructuras. Por otra parte, la competición por el poder, manifestada en la lucha electoral entre partidos, incrementa los compromisos de prestaciones y ayudas públicas. Finalmente, las propias estructuras del Estado y de sus administraciones impulsan una expansión de las actividades estatales.

Alteración del Sistema de Fuentes Jurídicas

La ley, como instrumento de expresión de la soberanía representada por el Parlamento, ha sido tradicionalmente la fuente jurídica superior tras la Constitución. Sin embargo, la soberanía parlamentaria y la primacía de la ley se han visto alteradas, ya que el Parlamento ya no es un órgano incondicionado; sus competencias las recibe ahora de la propia Constitución. Asimismo, el sistema de fuentes se ha visto modificado por el ordenamiento supranacional, lo que constituye otro paso en la variación del rol de los parlamentos nacionales. Por ejemplo, en nuestro caso, la pertenencia a la UE ha implicado una cesión de soberanía a favor de las instituciones comunitarias y la aplicación de los tres principios fundamentales del derecho comunitario.

Inversión de la Iniciativa Legislativa

La ley es el instrumento cuya responsabilidad recae en el Gobierno. Como afirma Pérez Royo, el Gobierno es el titular del poder normativo, legislativo y reglamentario. En la democracia gobernante, disminuye la relevancia de la ley, debilitando el papel del Parlamento, pero aumenta la cantidad de normas que tienen su origen en proyectos gubernamentales. La Constitución Española (CE) prevé la iniciativa legislativa popular con un requisito de 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados. Esta examina la documentación y se pronuncia en un plazo de 15 días sobre su admisibilidad. La comisión promotora puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la no admisibilidad. El plazo para la recogida de firmas es de 9 meses, prorrogable por causas justificadas. Desde la modificación de la ley en 2006, las firmas pueden recogerse mediante medios electrónicos. No pueden reformar ninguna ley tributaria, ya que los estatutos recogen las condiciones exigidas para ello.

Dominio Gubernamental del Procedimiento Legislativo

El Parlamento moderno da prioridad a las iniciativas de origen gubernamental. El programa de gobierno, que incluye la llegada al poder y con ello el recurso de impulso legislativo, es el fundamento para que las iniciativas de dicho gobierno tengan prioridad sobre las de otros grupos. Esto ocurre con carácter general en otras constituciones, como es el caso francés, que llega a reconocer la capacidad del Gobierno para fijar el orden de discusión de los proyectos de ley. En nuestro caso, las previsiones constitucionales y lo establecido en los reglamentos del Congreso y Senado nos permiten afirmar que el Gobierno se encuentra en una posición superior. Por ejemplo, su iniciativa es citada en primer lugar antes que la del Congreso y Senado en la CE; se da prioridad en la tramitación de los proyectos de ley. El Gobierno tiene la posibilidad de retirar el proyecto en cualquier momento de su tramitación, entre otras ventajas.