Evolución del Sistema Educativo Español: Desde la Transición a la LOMCE
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Aunque se abordaran puntos básicos como la reforma de las universidades o el derecho a la educación, desde la caída del franquismo no se modificó la estructura del sistema educativo hasta la LOMCE.
En 1987, el ministro de Educación José María Maravall reconoció que la innovación más importante desde la muerte de Franco fue introducir en el sistema los derechos y libertades que proclamó la Constitución del 78.
La educación sería un aspecto de consenso entre las distintas fuerzas políticas, a las cuales invitaba a pactar aunque renunciasen parcialmente a sus principios ideológicos. Todos los grupos coinciden en reconocer el derecho a la educación como fundamental y definieron los principios de la educación en:
- Desarrollo de la personalidad.
- Declaración obligatoria y gratuita de la educación básica.
- Reconocen el papel de los poderes públicos en la inspección del sistema y la homologación de títulos en el art. 149.
- Reconocimiento de la autonomía universitaria.
El PSOE acepta el derecho a que se reciba formación religiosa y moral, el derecho de la libertad de enseñanza en toda su amplitud, incluidos los centros privados, lo que le llevará a asumir los conciertos educativos, además renuncia a su modelo de escuela única. Por su parte, la UCD asume la voluntariedad de la enseñanza de la religión y reconoce la necesidad de que los sectores públicos garanticen el derecho a la educación mediante un programa general en el que participen todos los sectores vinculados a la educación.
El art. 27 de la Constitución reflejará el equilibrio entre la igualdad y la libertad en educación.
La interpretación de cada partido de los principios constitucionales será la mayor dificultad para un pacto político en educación. Así, se producen dos puntos de ruptura. El primero es cuando la UCD en 1980 presenta el estatuto de centros escolares, dirigido a normativizar el régimen jurídico de los centros públicos y privados, así como los derechos y los deberes de los alumnos, la libertad de enseñanza y el ideario del centro.
Los socialistas atacaban estas medidas diciendo que se desvinculaban del art. 27 referido tanto a la libertad de elección de centro como a la de formación conforme a sus convicciones. Otro ataque socialista fue que la ley de la UCD permitía financiar centros privados de alto nivel económico, lo que pondría en riesgo el principio de igualdad. También decían que preveía la supeditación de los profesores al ideario, también que los promotores de centros privados podían crear un ideario propio y, por último, los muchos poderes reconocidos a los directores de estos.