Financiación pública de centros privados en España: marco legal y límites constitucionales

El Desafío de la Financiación Pública de Centros Educativos Privados

Este desafío se encuentra intrínsecamente vinculado con la efectividad del derecho a la libertad de enseñanza y, concretamente, con el derecho a la elección de un tipo educativo. Esta vinculación opera en una doble dimensión:

• Hacer posibles las ofertas educativas que la sociedad demanda.
• Hacer posible el acceso a esa oferta mediante la remoción de los obstáculos económicos.

Fundamento Constitucional de la Financiación

El fundamento constitucional de la financiación pública de centros privados se establece en dos artículos clave de la Constitución Española (CE):

• Artículo 27.9 CE: “Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.”
• Artículo 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Alcance y Límites del Mandato Legislativo

La aplicación del Artículo 27.9 CE implica varias consideraciones jurídicas esenciales:

• El Artículo 27.9 CE constituye un mandato dirigido al legislador, que por sí mismo no genera ningún derecho subjetivo directo para los ciudadanos (según la STC 86/1985).
• La financiación se ejecutará en los términos que establezca la Ley, disponiendo el legislador de un amplio margen de libertad de configuración.
• No obstante, esa libertad legislativa está limitada por el respeto a los principios constitucionales y a la totalidad de los derechos reconocidos en el Artículo 27 CE. Además, el régimen de ayudas deberá configurarse respetando el principio de igualdad.
• En el ámbito de la enseñanza básica, el Artículo 27.4 CE también debe orientar la acción legislativa, en el sentido de que la gratuidad de la enseñanza básica (tanto en centros públicos como privados) debe ser un horizonte obligado para el legislador, sin perjuicio de reconocer su libertad de apreciación para determinar prioridades en función de las disponibilidades presupuestarias.
• No existe un deber de ayudar a todos y cada uno de los centros docentes por el mero hecho de serlo. La Ley puede y debe condicionar dicha ayuda, atendiendo a las pautas constitucionales orientadoras del gasto público y a las condiciones sociales y económicas de los destinatarios de la educación.

Régimen de Conciertos Educativos (LODE)

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), establece el régimen de los conciertos educativos, que conlleva obligaciones específicas para los centros:

Obligaciones Económicas y Administrativas

1. Gratuidad Obligatoria: El régimen de conciertos implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos.
2. Carácter No Lucrativo: Las actividades escolares complementarias, las extraescolares y los servicios escolares en los centros concertados no podrán tener carácter lucrativo.
3. Autorización de Cobros: El cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias deberá ser objeto de autorización previa por la Administración educativa correspondiente.

Voluntariedad y Libertad de Conciencia

En relación con los servicios y la práctica religiosa:

• Los servicios escolares de los centros concertados tendrán, en todo caso, carácter voluntario.
• La enseñanza deberá ser impartida con pleno respeto a la libertad de conciencia.
• Toda práctica confesional tendrá carácter voluntario.