Poder financiero en España: competencias tributarias y presupuestarias del Estado, CCAA y entidades locales

Poder Financiero en España: Competencias Tributarias y Presupuestarias de Estado, CCAA y Entidades Locales

El poder financiero se define como la capacidad para regular el ingreso y el gasto público. Este poder se concreta en la titularidad y el ejercicio de una serie de competencias constitucionales en materia financiera, que recaen en el Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales, con la finalidad de lograr la satisfacción del interés general dentro de su ámbito territorial.

Poder Financiero del Estado

De acuerdo con los artículos 133.1 de la Constitución Española (CE) y 4.1 de la Ley General Tributaria (LGT), la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante Ley, la cual habrá de respetar los mandatos y exigencias constitucionales recogidos en el artículo 31 de la CE.

Por otro lado, el artículo 149.1.14 de la CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la Hacienda General, por lo que alcanza también al poder tributario de los demás entes territoriales. Así, el Estado es competente para regular no solo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas respecto del propio Estado.

Poder Financiero de las Comunidades Autónomas (CCAA): Principios Informadores

El artículo 157.3 de la CE remite a una Ley Orgánica (la LOFCA) la regulación de las competencias financieras de las CCAA, debiendo este precepto ponerse en relación con el artículo 133.1 de la CE. Se advierte así cómo la Constitución Española delega en el legislador estatal la función y la responsabilidad de concretar el sistema de distribución de competencias financieras y tributarias entre el Estado y las CCAA, limitándose a señalar los principios básicos a los que el legislador estatal habría de ajustar su libertad de configuración normativa. Estos principios son:

• Instrumentalidad: Derivado del artículo 156.1 de la CE, se concreta en la atribución a los entes públicos territoriales de las competencias financieras necesarias para atender a la realización de sus competencias materiales.
• Solidaridad: Factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la nación española.
• Neutralidad: La Constitución Española garantiza tanto la unidad de España como la autonomía de sus nacionalidades y regiones, lo que necesariamente obliga a buscar un adecuado equilibrio entre ambos principios.
• Territorialidad: La eficacia y el alcance territorial de las normas y de los actos de las CCAA vienen impuestos por la organización territorial del Estado. Además, se consagra la libre circulación y la prohibición de la exportación tributaria interterritorial.

Poder Financiero de las Entidades Locales

La intervención del legislador estatal en la ordenación del sistema tributario local viene reclamada por los artículos 133.1 y 133.2 de la CE, disponiendo una "inicial libertad de configuración" que garantiza dos exigencias constitucionales: las derivadas de la reserva de ley en el orden tributario y las propias de la autonomía local. La autonomía local se configura como una garantía institucional y constitucional (artículo 137 de la CE), por lo que se asegura un nivel mínimo de autonomía a todas las corporaciones locales en todo el territorio nacional y se garantiza que los entes locales cuenten con fondos suficientes para cumplir con las funciones que legalmente les han sido encomendadas.

Regulación del Gasto Público y Mecanismos de Coordinación Presupuestaria

Tanto en la LOFCA como en la Ley de Haciendas Locales, el legislador estatal ha establecido una serie de criterios cuya aplicación posibilitará la coordinación entre los distintos sistemas tributarios. Por ejemplo, los tributos que establezcan las CCAA no podrán recaer sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado.

Este ámbito se concreta en la exigencia de ley para la regulación de los aspectos más importantes del gasto público: aprobación del presupuesto, asunción de obligaciones financieras, realización de gastos, así como en el establecimiento de los mecanismos de coordinación que aseguren la estabilidad presupuestaria.