Fraude en Prestaciones de la Seguridad Social: Penas y Consecuencias

**Fraude en Prestaciones de la Seguridad Social: Penas y Consecuencias**

¿Cuál es el nuevo texto introducido en el Código Penal?

El Código Penal ha sido modificado para endurecer las penas por fraude en la obtención de prestaciones de la Seguridad Social. El nuevo texto establece lo siguiente:

1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

¿Quiénes recibirán las penas más duras?

Las penas más severas se aplicarán en los siguientes casos:

• Organizaciones dedicadas a la obtención masiva de prestaciones a cambio de remuneraciones.
• Cuando el importe defraudado supere los 50.000 €.

En estos supuestos, los culpables se enfrentarán a:

• Penas de prisión de 2 a 6 años.
• Multa de la cuantía defraudada y hasta su séxtuplo.

Es importante destacar que el importe de 50.000 € puede alcanzarse con relativa facilidad. Por ejemplo, un fraude que facilite a tres trabajadores el acceso a prestaciones por desempleo de dos años de duración superaría fácilmente dicha cuantía, lo que implicaría el ingreso en prisión.

¿Por qué este cambio normativo?

Esta modificación de la legislación penal se ha realizado debido a que, en el pasado, se detectaron casos de fraudes masivos que no superaban el importe mínimo para ser considerados delito, lo que dejaba a los culpables sin pena de prisión.

Con la nueva normativa, cualquier fraude, independientemente de su cuantía, podrá ser considerado como delito. Esto significa que tanto el que defraude 1 € como el que defraude 49.999 € podrá ser condenado. La pena se ponderará en función de la gravedad del fraude, pero la posibilidad de una condena en un proceso penal existirá en ambos casos.