Fundamentos Legales para la Constitución de Sociedades Anónimas en España

1. La afirmación de que la sociedad es española por tener domicilio en Granada es redundante. Según el artículo 8 de la legislación aplicable, la nacionalidad depende del domicilio, por lo que es implícito.

2. La naturaleza mercantil de la sociedad se determina por su forma jurídica, como establece el artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y no por su objeto social.

3. La sociedad se regirá por sus estatutos, siempre que estos se ajusten a las normas imperativas de la LSC. Los estatutos pueden regular aspectos no cubiertos por normas imperativas o desarrollar aspectos permitidos por normas dispositivas, pero nunca pueden contravenir las normas imperativas.

Según el artículo 23 de la LSC, el objeto social debe estar determinado. Es válido indicar que la actividad consistirá en la impartición de formación, pero sería inválido añadir una cláusula genérica como "cualquier otra actividad u operación de lícito comercio", ya que esto contraviene el requisito de determinación del objeto social establecido en el artículo 23 de la LSC y el artículo 117 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM). El objeto social puede comprender varias actividades, pero todas deben estar determinadas de forma expresa.

La fecha de comienzo de las operaciones sociales, regulada por los artículos 24 de la LSC y 119 y 180 del RRM, puede ser establecida en los estatutos. Si los estatutos no dicen nada, la fecha de inicio de operaciones coincide con la fecha de la escritura de constitución. Es válido que los estatutos fijen una fecha, pero esta nunca puede ser anterior a la fecha de la escritura de constitución. Si los estatutos no especifican la duración de la sociedad, se entiende que es indefinida, según la LSC. Por lo tanto, la cláusula que fija el inicio de las operaciones en el comienzo de las conversaciones no es válida, ya que debe ser posterior o igual a la fecha de la escritura.