Historia de España: Guerra de la Independencia, Constitución de 1812, Reinado de Fernando VII y Crisis de la Restauración hasta la Dictadura de Primo de Rivera

Guerra de la Independencia (1808-1814)

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: A finales del siglo XVIII, Europa vivió una serie de acontecimientos que marcarían el devenir del siglo XIX, como la Revolución Francesa (1789). La España de Carlos IV pasó de una posición beligerante y antirrevolucionaria contra Francia a ser su aliada con Napoleón, bajo Manuel Godoy, con la firma del Tratado de San Ildefonso en 1796.

El plan de Napoleón para someter a Inglaterra bajo el Bloqueo Continental pasaba por ocupar Portugal (aliado de Inglaterra). Para ello, se firmó el Tratado de Fontainebleau en 1807, por el que se autorizaba al ejército francés a atravesar España. Sin embargo, Napoleón ocupó ciudades españolas a su paso hacia Portugal, causando malestar entre la población y estallando el Motín de Aranjuez en 1808, con Fernando, hijo de Carlos IV, a la cabeza, obligando a destituir a Godoy y a que Carlos IV abdicara en su persona como Fernando VII. Napoleón, viendo la debilidad del país, convocó en Bayona a padre e hijo y les obligó a abdicar la corona (Abdicaciones de Bayona), para dársela a su hermano José Bonaparte.

Con José I se redactó la Constitución de Bayona, el primer intento de acabar con el Antiguo Régimen en España e iniciar un sistema liberal. Sin embargo, José I fue muy impopular al ser un rey extranjero impuesto a la fuerza. Ante todo esto, el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó en armas contra las tropas francesas de Murat, y la revuelta se extendió por todo el país, comenzando la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Durante el conflicto se formaron dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, los llamados "patriotas", la mayoría de los españoles que estaban en contra de la invasión francesa, los cuales se dividían a su vez en liberales y absolutistas. Estos contaron con el apoyo bélico y militar de Inglaterra y Portugal. Por otro lado, los llamados "afrancesados", españoles ilustrados que veían con simpatía a José I y que colaboraron con su gobierno. Junto a ellos estaban Francia y la Grande Armée (el ejército de Napoleón).

En cuanto al desarrollo de la guerra, se inició la creación de las llamadas Juntas para contener al ejército francés, y se obtuvo la importante victoria de Bailén (Jaén) en ese año, donde José I huyó de Madrid y el propio Napoleón tuvo que intervenir en España, ya que su ejército nunca antes había sido derrotado en los campos europeos. Todo el país fue ocupado, excepto la ciudad de Cádiz, que resistió con ayuda de Inglaterra al asedio francés. Se inició la guerra de guerrillas protagonizada por campesinos, antiguos militares, etc., contra los franceses, como el "Empecinado". Además, la campaña de Rusia (1810-1812), en la que Napoleón exigió retirar soldados de la península para llevarlos al frente ruso, fue aprovechada por los ingleses para avanzar por España y obtener victorias como las de Arapiles y Vitoria en 1813. El emperador, completamente debilitado, devolvió la corona a Fernando VII por el Tratado de Valençay (diciembre de 1813). Finalmente, las tropas francesas abandonaron el país en 1814.

Las consecuencias fueron: medio millón de muertos, ciudades y campos arrasados, destrucción de monumentos y obras, la economía arruinada y el inicio de la pérdida del imperio en América.

La Constitución de 1812

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Napoleón había ocupado casi toda España tras el desastre de Bailén en 1808. Solo la ciudad de Cádiz resistía el asedio francés con el apoyo de Inglaterra, por lo que se convocaron las Cortes en Cádiz en 1810, para evitar el poder autoritario de la Regencia y aprobar una Constitución, la primera de la historia de España. Se reunieron en total 295 diputados: liberales, absolutistas y eclesiásticos, que juraron lealtad a Fernando VII y eligieron una comisión para redactar un proyecto de Constitución.

La Constitución fue aprobada el 19 de marzo de 1812, día de San José, de ahí su nombre: "La Pepa". Tiene 384 artículos, de carácter liberal y avanzado, donde se establecía:

• La soberanía nacional: el poder reside en la nación.
• La separación de poderes: legislativo (las Cortes), ejecutivo (el rey) y judicial (jueces).
• La igualdad ante la ley: pone fin al sistema feudal y al Antiguo Régimen.
• La monarquía parlamentaria: limitación del poder del rey.
• Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal masculino indirecto para mayores de 25 años.
• La religión católica se establece como la única de la nación española.

Además de redactar la Constitución, las Cortes aprobaron una serie de decretos y leyes para la profunda reforma de las instituciones políticas, económicas y jurídicas del país. En resumen, abolían los fundamentos del Antiguo Régimen: libertad de imprenta y supresión de la censura de prensa; abolición de los señoríos jurisdiccionales (pasan de señores a propietarios); abolición de la Inquisición (medida recibida con desagrado por gran parte del clero, aunque ya había sido abolida por Napoleón); eliminación de las organizaciones gremiales e introducción de la libertad económica; derogación de los privilegios de la Mesta y supresión del mayorazgo.

La Pepa estuvo vigente en varios periodos de la historia de España: de 1812 a 1814, en el Trienio Liberal (1820-1823), y en el periodo progresista de 1836 a 1837, y sirvió de inspiración para otras constituciones como la de Portugal e Italia.

Absolutismo y liberalismo: el reinado de Fernando VII (1814-1833)

El regreso de Fernando VII (1814-1833) supuso un intento de conservar a toda costa el absolutismo. Una de las primeras decisiones de Fernando VII como rey fue la anulación de la Constitución de 1812, dando inicio a una fuerte represión de los liberales. El reinado de Fernando VII suele dividirse en tres etapas:

- El Sexenio Absolutista (1814-1820)

El Tratado de Valençay (1813) supuso el fin de la guerra con Francia y devolvió la corona a Fernando VII, quien regresó a España en un clima de entusiasmo popular ("El Deseado"). Sin embargo, desde ese mismo momento, los partidarios del absolutismo lo incitaron a restaurar el viejo orden de cosas, donde el monarca recibió un documento de manos de los absolutistas conocido como "Manifiesto de los Persas", en el que se animaba al monarca a restaurar la monarquía absoluta. Así, emitió en Valencia un decreto por el que disolvía las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, restableciendo el absolutismo. Su labor de gobierno se centró en la represión de los enemigos de la restaurada monarquía absoluta. Más de doce mil "afrancesados" tuvieron que exiliarse del país y se inició una dura persecución contra los liberales. Muchos militares y antiguos héroes de la guerra optaron por las posturas liberales y, para acabar con la represión, se integraron en sociedades secretas de ideología liberal como la masonería. Estos militares protagonizaron diversas intentonas de golpe militar o pronunciamiento, pero todos fueron duramente reprimidos.

- El Trienio Liberal (1820-1823)

En 1820, el coronel Rafael de Riego y sus tropas, destinadas a sofocar las independencias en América, se sublevaron en Cabezas de San Juan (Sevilla) contra Fernando VII. Exigieron al rey jurar la Constitución y Fernando, constreñido por su debilidad, aceptó y publicó un manifiesto: "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional". Se iniciaba así el Trienio Liberal.

Las primeras medidas políticas fueron la restauración de la Constitución de Cádiz de 1812 y la puesta en vigor de los principios liberales que proclamaba. Fernando VII trató de obstruir desde un principio la labor de los gobiernos liberales y el funcionamiento constitucional. Esta actitud del rey va a provocar una fractura política que se extenderá durante décadas: la división de los liberales entre moderados y progresistas. Los moderados ("doceañistas") defendieron la concesión de más poder al monarca y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más altas. Por otro lado, los progresistas ("veinteañistas") pedían una nueva constitución más progresista. Esta división introdujo una gran inestabilidad política durante el Trienio, mientras el rey conspiraba con la Santa Alianza, que en el Congreso de Verona (octubre de 1822) decidió la intervención militar en España. En 1823, tropas francesas (los Cien Mil Hijos de San Luis) entraron en España sin resistencia e hicieron huir o apresaron a los liberales, que no contaron en esta ocasión con apoyo popular. Se iniciaba la época de represión y de vuelta al absolutismo. Riego fue ejecutado, así como otros importantes liberales, algunos de ellos héroes de la Guerra de la Independencia.

- La Década Ominosa (1823-1833)

La Década Ominosa abarca el periodo de 1823 a 1833. Se caracteriza por la restauración del absolutismo monárquico después del breve periodo liberal del Trienio, y se inicia una fuerte represión contra los liberales, lo que lleva a la persecución, encarcelamiento y ejecución de muchos de ellos.

Además, se restablece la Inquisición y se suprimen las reformas liberales promulgadas durante el Trienio. Fernando VII, apodado el "Rey Felón" por su falta de palabra, se muestra como un monarca absolutista que rechaza las demandas liberales. Asimismo, surgen grupos exaltados dentro del absolutismo agrupados alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y posible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia. Estos no veían bien algunas de las tímidas reformas que había iniciado, siendo el germen del carlismo.

Al tiempo que se desarrollaban nuevas conspiraciones liberales a partir de 1830, como la de Torrijos, se desencadenó la crisis sucesoria, al no tener Fernando VII hijos. En 1829 se casó con su sobrina María Cristina, quien a los pocos meses quedaría embarazada. El rey quiso garantizar la descendencia en su futuro hijo o hija, por lo que en marzo de 1830 publicó la Pragmática Sanción, que eliminaba la Ley Sálica que impedía la sucesión de las mujeres a la Corona. En octubre nacía la princesa Isabel, quien, a la muerte de su padre (1833), sería la heredera del trono como Isabel II, quedando la regencia en manos de su madre, María Cristina.

Revisionismo y la crisis de la Restauración

En 1902, Alfonso XIII sucedió en el trono a su madre, la regente María Cristina (1885-1902). El sistema político de Cánovas (la Restauración) seguía vigente bajo una monarquía liberal, aunque no democrática, donde el rey se encontró con muchos problemas heredados de la crisis del 98 y otros nuevos que afloraron: corrupción política, auge del movimiento obrero, del terrorismo, radicalización de los nacionalismos, nacimiento del republicanismo, ansias de reformas, etc.

Tras el desastre de 1898 surgió el regeneracionismo, una corriente política y cultural crítica con el sistema de la Restauración, cuyo máximo exponente fue Joaquín Costa. Proponía modernizar el país con reformas educativas, económicas y culturales como remedio a sus males. Así, los políticos conservadores y liberales del turno de partidos se apuntaron al regeneracionismo para modernizar España desde arriba, sin alterar las bases fundamentales del sistema de la Restauración. A esta actuación se la denominó revisionismo.

En 1907 el rey nombró jefe de gobierno a Antonio Maura, líder del partido conservador. Su pensamiento regeneracionista quedaría expresado en la frase "Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo". Con ello dejaba claro que era necesaria una reforma en profundidad de la vida pública y la mejora de las condiciones de vida de las clases populares para evitar cualquier levantamiento que pudiera poner en peligro el sistema. Maura emprendió un ambicioso programa: la Ley de Protección de la Industria Nacional, el Instituto Nacional de Previsión (germen de la futura seguridad social española), la ley electoral de 1907 para intentar acabar con el caciquismo, la Ley de Administración Local, que ampliaba las competencias de los ayuntamientos y abría la puerta a la creación de mancomunidades. También reguló el descanso dominical y legalizó la huelga.

Tras lo sucedido en la Semana Trágica de Barcelona en 1909, José Canalejas, líder del partido liberal, tomó el mando del gobierno: suprimió los impopulares consumos (impuestos sobre productos básicos), estableció el servicio militar obligatorio (eliminando la redención en metálico) y prohibió el trabajo nocturno femenino en talleres y fábricas. Hizo la Ley del Candado, que prohibía durante dos años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, sentando las bases de las relaciones entre Estado e Iglesia. Sobre la cuestión marroquí, dio los pasos para la ocupación militar de la zona norte (el Rif). En 1912 el Congreso aprobó la Ley de Mancomunidades, que permitía cierto autogobierno y satisfacía a parte de los catalanistas. Sin embargo, ese mismo año Canalejas fue asesinado por un anarquista, produciéndose de nuevo la alternancia en el poder con el conservador Eduardo Dato.

A pesar de las reformas del revisionismo, el sistema canovista contaría con la oposición, cada vez más fuerte, de los partidos y asociaciones obreras, de los nacionalistas y del cada vez más poderoso movimiento republicano.

República y nacionalismos

En 1902, Alfonso XIII llega al trono y se inicia la segunda etapa de la Restauración, en la que se intentó modernizar el sistema político, pero el miedo a la democratización plena frenó la reforma del sistema, y este entró en su quiebra. En este contexto, los partidos marginados del sistema de la Restauración, que habían tenido muy poco peso hasta ese momento, inician un progresivo apoyo social que les hace ganar protagonismo en la nueva escena política: republicanos y nacionalistas.

Los republicanos fueron la fuerza de oposición más importante en las primeras décadas del siglo XX. Representaban el deseo de intelectuales y algunos sectores de las clases medias de la democratización política, que se identificaban con el régimen republicano. En 1903 se formó la Unión Republicana, que tuvo éxito electoral en las grandes ciudades por su base social en las clases medias urbanas. Este partido defendía la democratización del régimen y diversas reformas sociales, pero estuvo desorganizado y no contó con el apoyo del movimiento obrero. Las diferencias en este partido terminaron por dividir de nuevo al republicanismo y, en 1908, se escindió el sector radical liderado por Alejandro Lerroux, que formó el Partido Radical. Lerroux fue un político populista que destacó por su anticlericalismo. Creó la Alianza Republicana el 11 de febrero de 1926, aniversario de la Primera República Española, y la componían cuatro fuerzas políticas que iban desde el republicanismo histórico a las nuevas formaciones republicanas.

Por otro lado, estaba el Partido Reformista, fundado por Melquíades Álvarez, republicano, al que se acercaron Azaña, Ortega y Gasset y otras personalidades de la cultura española, debido a su preocupación por la cultura y la educación. Evolucionó hacia posiciones monárquicas y representaba un republicanismo más moderado.

En cuanto a los nacionalismos, destacamos en primer lugar el nacionalismo catalán, que era el de mayor relevancia en las primeras décadas del siglo XX. Estuvo dominado por la Lliga Regionalista, fundada en 1901, que propugnaba que se debía aunar regeneración política, modernización económica y autonomía para Cataluña. La Lliga era el partido que defendía los intereses de la burguesía catalana, no contando con el apoyo de la clase obrera ya que no atendía a las reformas sociales. Practicó una política pactista, colaborando en ocasiones con los partidos del turno, tanto con el Partido Conservador como con el Partido Liberal. La izquierda catalanista tardó más tiempo en organizarse y no tuvo un papel destacado hasta la creación de Estat Català, bajo la dirección de Francesc Macià, que se convirtió en la expresión del nacionalismo radical no conservador.

El nacionalismo vasco sufrió un duro y largo enfrentamiento tras la muerte de Sabino Arana (1903), fundador y líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), con dos bandos: por un lado, el sector independentista y defensor de las ideas aranistas; y, por otro, un sector más moderado, liberal y posibilista que optaba por la autonomía vasca dentro de España. Con la nueva estrategia del sector moderado autonomista, el nacionalismo vasco se extendió desde Vizcaya al resto de las provincias vascas, se aproximó a la burguesía industrial, amplió sus bases sociales y se consolidó como la fuerza mayoritaria en el País Vasco.

La crisis de 1917

Se desarrolló en el momento en que el panorama internacional estaba presidido por la Primera Guerra Mundial, en la cual España se convirtió en un país neutral. Los beneficios económicos generados por los negocios durante los años de la guerra fueron muy desigualmente distribuidos desde el punto de vista social. Mientras la burguesía y los empresarios se enriquecían rápidamente, las clases populares y el proletariado resultaron perjudicados por la escasez y el continuo incremento de precios de los alimentos de primera necesidad. Lo cierto es que en 1917 el coste de la vida aumentó un 68 % aproximadamente en comparación con 1914, mientras que los salarios de los obreros no crecieron al mismo ritmo. Esta coyuntura socioeconómica generada por los efectos de la I Guerra Mundial explica parcialmente algunos de los problemas de la crisis de 1917.

En primer lugar, la crisis militar: el descontento entre los oficiales "peninsulares" ante los rápidos y, a veces inmerecidos, ascensos de los "africanistas" culminó con la creación de las Juntas de Defensa (especie de sindicatos militares). Inicialmente reprimidas por el presidente García Prieto, sus amenazas llevaron a Alfonso XIII a destituirlo y a dar el gobierno a Eduardo Dato (conservador), quien las aceptó, aunque iban contra la disciplina militar y la subordinación del ejército al poder civil. Como no tenía el apoyo del parlamento, el nuevo mandatario cerró las Cortes y, en el duro pulso entre el gobierno y las Juntas, que contaron con el apoyo del rey, estas lograron imponer sus demandas.

En segundo lugar, la crisis parlamentaria. Ante la suspensión de las garantías constitucionales por parte de Dato, sesenta y ocho diputados y senadores de la Lliga Regionalista, republicanos, socialistas e incluso del partido liberal constituyeron en Barcelona una Asamblea Nacional de Parlamentarios que demandó un cambio de gobierno y la convocatoria de Cortes Constituyentes. Esta Asamblea fue rechazada por las Juntas, y el gobierno la disolvió mediante el empleo de la fuerza.

A lo anterior hay que añadir la crisis social. La huelga general de 1917, convocada en agosto por la CNT y la UGT, apenas tuvo impacto en las zonas rurales, pero tuvo un amplio seguimiento en las ciudades (centros industriales de Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias), donde se produjeron los incidentes más graves.

Con todo ello, las consecuencias fueron: Dato se vio obligado a dimitir y ceder el puesto al asturiano Manuel García Prieto, del partido liberal. También la huelga general fracasó por la no incorporación de los campesinos, el miedo de la burguesía y la falta de apoyo del ejército. Además, el ejército cumplió la orden de disparar contra los obreros, y se produjeron 71 muertos y 2.000 detenidos en todo el país. El gobierno se vio en la obligación de acceder a las peticiones de las Juntas: dar paso a un gobierno de concentración o unidad nacional, con la inclusión de Cambó y los catalanistas, que consintieron participar ante el peligro de la revolución social. Sin embargo, las disputas internas y las presiones externas hicieron imposible su consolidación. Así, el ejército avanzó en su participación en la política. La presión de las Juntas acabó por derribar al gobierno de Dato, que fue sustituido por un gobierno de concentración o unidad nacional. Este intervencionismo militar tendrá su máxima expresión en el golpe de Estado de Primo de Rivera. En 1918, al llegar las noticias del éxito de la revolución comunista en Rusia, las huelgas y el enfrentamiento con el gobierno, las fuerzas de orden público y los patronos aumentaron sensiblemente, produciéndose lo que se ha denominado el "Trienio Bolchevique" (1918-1920), con revueltas, manifestaciones y huelgas, especialmente en Andalucía.

Finalmente, tras la crisis de 1917, el régimen canovista seguía vivo, pero no había salido ileso. El sistema político se encontraba en pleno proceso de descomposición interna debido a la división existente entre los viejos partidos, a la actitud del rey, inclinado a apoyar a los militares frente al poder civil por miedo a la radicalización social y, por último, a que el sistema era incapaz de renovarse y de integrar a las nuevas fuerzas sociales y políticas.

Por último, el nacionalismo gallego fundó en 1929 la Organización Republicana Gallega Autonomista (ORGA), un partido político autonomista y de izquierdas. En un principio era nacionalista, pero finalmente defendió el autonomismo. En 1931, Castelao fundó el Partido Galleguista, que trataba de aunar a nacionalistas de derecha y de izquierda.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

En 1921, el general Silvestre, gobernador de Melilla, llevó a cabo una imprudente campaña para ocupar la zona que se extendía cerca de Alhucemas. Las tropas españolas sufrieron una desastrosa derrota en Annual frente a los rifeños dirigidos por Abd-el-Krim, muriendo más de 12.000 soldados. El desastre tuvo un enorme efecto sobre la opinión pública, por lo que socialistas y republicanos no desaprovecharon la ocasión de atacar al régimen, apuntando directamente al rey como responsable último por su conocimiento y aprobación de los excesos. Se inició una investigación (Expediente Picasso) en la que varios mandos militares y varios políticos fueron acusados de negligencia, pero el informe nunca llegó a ser conocido, ya que lo impidió el golpe de Estado del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Dos días después, el rey Alfonso XIII mandó formar gobierno a Primo de Rivera, quien decidió convertirse en dictador militar único, aunque contaría con la asistencia de un directorio militar.

El nuevo régimen se presentó al país, a través de un Manifiesto, como un proyecto de regeneración, un "paréntesis de curación" de los males del país. La dictadura fue la solución autoritaria a una situación insostenible y se dividió en dos periodos: el Directorio Militar y el Directorio Civil.

El Directorio Militar (1923-1925)

Estaba formado por militares, cuyas primeras medidas fueron la suspensión (no derogación) del régimen constitucional, pues la dictadura sería la solución transitoria. La acción política de aquellos dos años se encaminó a acabar con los viejos partidos de la Restauración y el régimen parlamentario. Se disolvieron el Congreso y el Senado, y se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. También se produjo la militarización del orden público, implantándose el estado de guerra durante dos años. El orden público fue otra de las obsesiones de Primo de Rivera, para quien el movimiento obrero, las acciones anarquistas y la delincuencia eran una misma cosa. Se dictaron instrucciones terminantes a los gobiernos civiles para reprimir cualquier tipo de manifestación o protesta, al tiempo que se establecía una rígida censura de prensa. De esta manera, la organización anarquista quedó desarticulada. Se creó un partido político sin ideología llamado Unión Patriótica, que pretendía dar apoyo social a la dictadura (solo se afiliaron sus partidarios).

El gran éxito del Directorio Militar fue terminar con la guerra de Marruecos, resolviendo el conflicto mediante el desembarco de Alhucemas en 1925. En 1927 España había ocupado totalmente su zona de protectorado. La victoria en Marruecos colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio.

El Directorio Civil (1925-1929)

Primo de Rivera propuso al rey la sustitución del Directorio Militar por un gobierno civil con la entrada de políticos civiles, como José Calvo Sotelo. Este cambio demostraba la intención del dictador de perpetuarse en el poder. Para ello necesitaba transformar la dictadura en un nuevo régimen a su medida. El proceso de institucionalización de la dictadura se realizó mediante la formación de una Asamblea Nacional Consultiva, convocada en 1927. Además, se inició un proyecto de nueva Constitución presentado en 1929.

La prosperidad de la segunda mitad de la década de los años 20, de especial bonanza en la economía mundial, permitió en España un crecimiento importante. El Gobierno aprovechó este clima para realizar una política de intervencionismo económico mediante el fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, energía hidroeléctrica, pantanos), la creación de monopolios estatales (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera), etc., sin proponerse en ningún momento cambios de fondo en la estructura de la propiedad ni en la situación social de la producción. Además, creó los "comités paritarios" para resolver los conflictos entre obreros y patronos. Estas medidas, combinadas con la represión, redujeron la conflictividad social, donde los dirigentes del PSOE y la UGT colaboraron con el dictador hasta que este se volvió impopular.

A partir de 1928, la oposición fue ganando más apoyos. Los intelectuales como Valle-Inclán, Unamuno, Ortega y Gasset… criticaban la falta de libertades. Esta actitud arraigó en las universidades con la Federación Universitaria Escolar (FUE), que organizó manifestaciones. En las fuerzas militares crecía la división y se multiplicaba la oposición al dictador, incluso con intentonas golpistas (Sanjuanada, en 1926).

La crisis de 1929 devolvió los disturbios a las calles. Al final de la década, la mala coyuntura económica de 1929 (el famoso crack de la bolsa de Nueva York) impidió la continuación de las obras públicas y el régimen entró en crisis. Tanto la Asamblea Nacional como la Unión Patriótica demostraron ser un fracaso: ni obtuvieron respaldo popular ni eran una alternativa viable a la dictadura. Alfonso XIII decidió retirar su apoyo a Primo de Rivera, quien dimitió en enero de 1930 y se marchó a Francia, donde murió dos meses después.