Historia y Evolución de la Tortura Judicial y la Prueba Legal

La Tortura Judicial: Historia, Práctica y Abolición

La tortura judicial ya existía en el derecho romano. A finales del Imperio Romano, fue desapareciendo. El derecho común conllevó la recuperación de la tortura, que se justificaba diciendo que Dios daría fuerza a los inocentes para que resistieran. La tortura se practicó en toda la Edad Moderna, pero acabó no usándose durante el siglo XVII, desde que apareció un movimiento abolicionista. El primer país europeo que la abolió legalmente fue Suecia, y Francia lo hizo en dos fases; en el resto de países se abolió entre los siglos XVIII y XIX.

Los dos argumentos que se usaban en contra de la tortura eran su brutalidad y que atentaba contra la dignidad humana. La amenaza y el dolor podían hacer confesar a los inocentes, aunque no fueran ellos los culpables. El jurista Chrystinen afirmó que más vale dejar impune un delito que condenar a un inocente.

En el último cuarto del siglo XX, el Tribunal Supremo de Israel permitió la aplicación de medios de presión física y psíquica a los sospechosos de colaborar en actos terroristas con la finalidad de obtener información. Después de una fase de pruebas y presentadas las alegaciones, el juez podría dictar el acto de tortura. Solían no aplicar la tortura a quienes gozaban de nobleza en cualquiera de sus grados, ancianos, niños, embarazadas, etc.

Procedimiento y Ejecución de la Tortura

En la ejecución de la tortura tenía que estar el juez, el notario de curia (quien levantaba acta) y el ejecutor de justicia. A veces, un perito sanitario estaba presente para indicar en qué momento tendrían que parar. El reo no debía haber comido. Si había más de un reo, se solía empezar por el más débil (niño o mujer), ya que se consideraba que confesaría antes.

1. Se le enseñaban los instrumentos de tortura, a ver si así confesaba. Si no lo hacía, el juez le diría que confesara.
2. Si se desmayaba, la tortura se posponía para otro día.
3. No podía haber ni abogado ni procurador.

La confesión obtenida bajo tortura tenía que ser repetida bajo juramento; si no lo hacía, se le volvía a torturar, hasta tres veces. En los países con un sistema político pacifista se aplicaba restrictivamente, y en países con un sistema político absolutista se aplicaba con amplitud.

Evolución de la Preferencia entre el Testimonio Oral y la Prueba Escrita

En el derecho romano se admitían ambas, con una cierta preferencia por la prueba escrita, mientras que los glosadores sostenían que era mejor la prueba oral, ya que cualquiera podía escribir algo en un papel. Pero la evolución de la sociedad ha hecho valorar más la prueba escrita. Diversas legislaciones usan la escrita.

Los Testimonios y la Prueba del Derecho

La doctrina considera inhábiles los testimonios de quienes no tienen uso de razón, también los de los condenados por delitos graves y los condenados a penas infamantes que comportan la inhabilitación para testificar. Pero sí que servían en los crímenes contra su majestad. Son inhábiles los testimonios de los familiares de los litigantes en general, y de todos los que tengan interés en la causa. Los testimonios se valoraban de forma diferente según la condición social y moral de cada testigo y según su relación con el proceso (tacha).

En los derechos germánicos y altomedievales no había distinción entre la prueba del derecho y los hechos. En el derecho romano, sí había distinción. La doctrina del derecho común suponía que todo el mundo conocía el derecho, que era escrito y más estable y fácil de conocer. Diferente era el caso de la costumbre, donde se redactaron compilaciones para facilitar las pruebas, que eran más difíciles de obtener. Solo era necesario probar el derecho cuando una parte invocaba una costumbre no sancionada por el legislador en un texto escrito. Hoy, la prueba del derecho solo debe practicarse en este caso y cuando una parte invoca una ley extranjera que el juez no tiene por qué conocer.