Historia y Impacto de la Desamortización en España

La Desamortización en la España del Siglo XIX

Durante el siglo XIX, la agricultura fue la actividad económica más importante en España, tanto por la población activa empleada (unos dos tercios del total) como por el volumen de riqueza generada. Sin embargo, hasta mediados de siglo, soportó una permanente situación de atraso, como consecuencia de una desigual distribución de la tierra, la ausencia de innovaciones tecnológicas, los bajos rendimientos, la mayor aridez y la menor calidad del suelo.

La Desamortización fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó mayor impacto en la economía española del siglo XIX. No obedeció a un proyecto que persiguiese la reforma agraria, desde antiguo reclamada, sino que surgió de una motivación más inmediata: la insostenible situación de penuria de la hacienda pública.

Entendemos por desamortización la decisión unilateral del Estado de expropiar los bienes pertenecientes a «manos muertas» para obtener recursos económicos tras su venta en pública subasta.

Antecedentes del Proceso Desamortizador

Si bien el proceso desamortizador se sitúa principalmente en el reinado de Isabel II por generarse en él las medidas de mayor trascendencia, no hay que olvidar sus antecedentes, como las medidas adoptadas en los reinados de Carlos II, Carlos IV, y en el período histórico de la Guerra de Independencia.

Reinado de Carlos III

Carlos III, tras expulsar a la Compañía de Jesús de todos los dominios de la Corona de España, ordenó la incautación de sus bienes para integrarlos en los bienes del Estado. Gran parte de la riqueza inmueble de la Compañía pasaría a manos privadas al ser vendidas por el Estado en pública subasta.

Reinado de Carlos IV

En el reinado de Carlos IV, tuvo lugar la llamada desamortización de Manuel Godoy, por la cual se expropiaron bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías con la autorización de la Santa Sede.

Período de la Guerra de Independencia (Administración Bonapartista y Cortes de Cádiz)

En el período histórico de la administración bonapartista y tras la llegada de Napoleón a Madrid después de la victoria de Somosierra, se dictó el decreto de 4 de diciembre de 1808, por el cual se ordena la supresión de una tercera parte de los conventos. Poco tiempo después, la orden se hizo extensible a todas las órdenes regulares, monacales y mendicantes para dedicar sus bienes a afrontar los gastos de guerra de las tropas francesas.

Las Cortes de Cádiz, en 1813, para afrontar la deuda pública, recurrieron a las rentas de las tierras de los jesuitas, las pertenecientes a las órdenes militares, conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra; las de la recién abolida Inquisición y la mitad de los baldíos y realengos. Las fincas se cederían en pública subasta. Este decreto constituye la primera norma legal general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al inminente retorno de Fernando VII.

Trienio Liberal (1820-1823)

Durante el Trienio Liberal, de 1820 a 1823, se restableció la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz. Por decreto de 1820, se suprimían todos los monasterios de las órdenes monacales.