Inmigración en la Unión Europea: política comunitaria, pacto de inmigración y asilo, Programa de Estocolmo y directiva de retorno

Inmigración en la Unión Europea

I. La política comunitaria: Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa prevé actuaciones coordinadas del Parlamento Europeo y del Consejo para propiciar la integración de ciudadanos de terceros países residentes legalmente en territorio comunitario. Estas medidas deberán llevarse a cabo "con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros".

Los Estados tienen derecho a "establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia".

Antes del Tratado de Lisboa: la regulación de las cuestiones relativas a la inmigración legal debía ser objeto de adopción por unanimidad en el Consejo Europeo, y después del trámite de consulta del Parlamento.

Con el nuevo Tratado: pasarán a tramitarse por la vía de la adopción de decisiones a través del procedimiento legislativo ordinario, por mayoría cualificada y con poderes colegislativos del Parlamento.

La política de inmigración tiene cada vez más una vertiente internacional, aun cuando se respetan las reglas nacionales sobre fijación del número de personas que pueden acceder al país, o las propiamente comunitarias, como el principio de "preferencia comunitaria para el empleo", que otorga prioridad frente a los ciudadanos de terceros Estados.

II. Programa comunitario: Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (octubre de 2008)

• a) Organización de la inmigración legal, teniendo en consideración las necesidades, las prioridades y las capacidades de acogida determinadas por cada Estado miembro, y favorecer la integración.
• b) Lucha contra la inmigración irregular, asegurando en especial el retorno a su país de origen, o a un país de tránsito, de los extranjeros en situación irregular.
• c) Importancia de reforzar la eficacia de los controles en las fronteras.
• d) Construcción de una Europa del asilo.
• e) Creación de un partenariado global con los países de origen y de tránsito que favorezca las sinergias entre las migraciones y el desarrollo.

III. Programa de Estocolmo (2010-2014)

Prioridades en la política comunitaria para el quinquenio:

• Fomento de la ciudadanía y derechos fundamentales, con el objetivo de que la ciudadanía europea llegue a ser una realidad tangible y que se garantice plenamente el derecho de libre circulación en el espacio comunitario.
• Uno de los principios fundamentales en los que se basa la Unión y una de las libertades fundamentales de la Unión Europea.
• Una Europa del Derecho y la justicia, en la que todas las personas puedan hacer valer sus derechos en todos los Estados de la UE.
• Una Europa protectora que mejore la seguridad de las personas, e incluya entre otras medidas el refuerzo de la gestión de las fronteras.
• El acceso a Europa en un mundo globalizado de forma más efectiva y eficaz, combinándolo con una gestión integrada de las fronteras y una política de visados.
• La potenciación de la dimensión exterior de la UE, con la mayor integración de las políticas en materia de libertad, seguridad y justicia en las políticas generales de la UE.
• Desarrollo de "una política de migración europea previsora y global, basada en la solidaridad y responsabilidad".

Se trata básicamente de poner en marcha una política que responda, por una parte, a las prioridades y necesidades de los Estados miembros, y que por otra permita desarrollar plenamente el potencial de las personas migrantes.

El vínculo entre inmigración y mercado de trabajo es una de las características más significativas de la política comunitaria de inmigración.

Es necesario plantear objetivos a medio plazo y no dejarse guiar única y exclusivamente por la coyuntura a corto plazo (ya que en este supuesto probablemente daría una política muy restrictiva en cuanto a la admisión de nacionales de terceros Estados).

Europa, tanto por razones demográficas como por otras de índole puramente económica, va a seguir necesitando la llegada de inmigrantes. Es conveniente reforzar los mecanismos de favorecimiento de la migración legal, posibilitando dar respuesta tanto a las necesidades de cada Estado como a las personas inmigrantes en términos de una adecuada utilización de sus cualificaciones y competencias.

IV. Directiva "de retorno"

La directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos.

Situación irregular: la presencia en el territorio de un Estado miembro de un nacional de un tercer país que no cumple o ha dejado de cumplir las condiciones de entrada establecidas en el artículo 5 del Código de Fronteras Schengen u otras condiciones de entrada, estancia o residencia en ese Estado miembro.

1. Salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de carácter coercitivo, los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno, únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión.

2. El internamiento será ordenado por las autoridades administrativas o judiciales.

5. El internamiento se mantendrá mientras se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 y sea necesario para garantizar que la expulsión se lleve a buen término. Cada Estado miembro fijará un periodo limitado de internamiento, que no podrá superar los 6 meses.

6. Los Estados miembros solo podrán prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 por un periodo limitado no superior a 12 meses más, con arreglo a la legislación nacional, en los casos en que, pese a haber desplegado todos los esfuerzos razonables, pueda presumirse que la operación de expulsión se prolongará debido a:

• a) la falta de cooperación del nacional de un tercer país de que se trate, o
• b) demoras en la obtención de terceros países de la documentación necesaria.

V. Empleo de inmigrantes altamente cualificados

Promoción de la admisión y la movilidad de nacionales de terceros países para estancias superiores a 3 meses, con fines de empleo altamente cualificado, "a fin de que la Comunidad se convierta en un destino más atractivo para estos trabajadores procedentes de todo el mundo y contribuir a la competitividad y el crecimiento económico".

• Regulación de un procedimiento abreviado de admisión para el trabajador y su familia, y reconocimiento de los mismos derechos económicos y sociales que los nacionales del país de acogida en una serie de ámbitos.
• La nueva tarjeta azul (Blue Card) permitirá a su titular entrar, permanecer, salir y volver a entrar en el territorio del Estado miembro que la expida.
• La norma fija un umbral salarial mínimo, de alcance comunitario, para determinar qué puede entenderse por trabajo altamente cualificado, con el objetivo de armonizar las reglas mínimas sobre condiciones de admisión en la Comunidad, y sin perjuicio de que los Estados puedan fijar umbrales salariales más elevados.
• Dicho mínimo o umbral salarial, que deberá constar en el contrato de trabajo o la oferta firme de empleo (de al menos un año), "no deberá ser inferior al correspondiente umbral salarial definido y publicado a estos efectos por los Estados miembros, que será como mínimo 1,5 veces el salario bruto anual medio en el Estado miembro de que se trate".

VI. Sanciones aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular

Tiene como finalidad combatir la inmigración clandestina, y a tal efecto se prohíbe emplear, por parte empresarial, a nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular.

Situación de irregularidad se concreta en la presencia en un Estado miembro de un nacional de un tercer país que no cumpla, o haya dejado de cumplir, "las condiciones necesarias para poder permanecer o residir en dicho Estado miembro", condiciones que serán fijadas por la normativa propia de cada Estado.

La parte empresarial deberá jugar un papel activo en la comprobación de la situación de regularidad administrativa del trabajador al que contrata, ya que en caso contrario podrían imputársele responsabilidades de índole económica.

La actuación diligente del empresario le permitirá quedar exonerado de responsabilidad si con posterioridad se constata que la documentación presentada por la persona extranjera para acceder al trabajo es falsa o se ha empleado de forma ilícita.

La responsabilidad económica se predica no solo del empleador, sino también de los posibles contratistas o subcontratistas que pueda haber en la cadena de actividad productiva.

La situación de irregularidad "consolidada" no implicará reconocimiento alguno para el inmigrante de poder permanecer, tanto a efectos de residencia como de trabajo, en el país de acogida.

La actuación empresarial manifiestamente vulneradora de los derechos de los trabajadores inmigrantes dará lugar a la tipificación penal de la misma.

Las sanciones que pueden imponerse a los empleadores que contraten irregularmente pueden ser de carácter económico "directo" o "indirecto".

Sanciones económicas directas: el pago de los salarios debidos al trabajador y las correspondientes cuotas empresariales a la Seguridad Social que no hayan sido abonadas durante todo el periodo de prestación irregular, así como, en su caso, el pago de los gastos de retorno de quienes trabajen irregularmente y a los que se aplique un procedimiento de retorno a sus países de origen que implique expulsión del territorio del país donde prestaban su actividad.

La norma dice que la duración de la relación laboral irregular ha sido como mínimo de 3 meses, y no obliga al Estado a cumplir subsidiariamente con el abono de los salarios o indemnizaciones impagadas por el empleador.

Sanciones económicas indirectas: se encuentran la exclusión del derecho a percibir ayudas públicas durante un periodo máximo de 5 años, la no participación durante el mismo periodo de tiempo en licitaciones públicas, el cierre provisional o definitivo de los establecimientos en donde se haya cometido la infracción, y la devolución de las cantidades que hubiera podido percibir en concepto de ayudas o subvenciones, nacionales y comunitarias, "hasta en los doce meses anteriores a la comprobación del empleo ilegal".