Inmovilismo político y tecnocracia del Opus Dei en la España de los años 60

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El inmovilismo político

Si en el plano económico se inició una profunda modernización, en el político no se originó un proceso paralelo de liberalización y apertura hacia la democracia, sino un atrincheramiento en los tradicionales planteamientos autoritarios del régimen.

La era de los tecnócratas del Opus Dei

En el nuevo gobierno entraron dos miembros del Opus Dei que ocuparon dos ministerios: Hacienda y Comercio. Pero esto no fue más que el inicio de una carrera imparable por parte del Opus Dei. En los sucesivos gobiernos el número fue en aumento, hasta alcanzar en 1969 once de los dieciocho ministerios; el gobierno era monocolor.

Si el creciente protagonismo de los tecnócratas permitió reorientar la economía del país, las cuestiones puramente políticas pasaron a un segundo plano.

Una liberalización más aparente que real

La creciente presión social consiguió arrancar en esta etapa algunas tímidas medidas de liberalización, que en la práctica fueron más aparentes que reales. La primera de ellas fue la ley de Prensa e Imprenta, elaborada por Fraga. Esta nueva ley eliminaba la censura previa, pero no garantizaba la libertad de expresión, ya que se podían seguir aplicando multas y suspensiones.

Como mecanismo de precaución, establecía la figura de la consulta voluntaria. En definitiva, la nueva ley no fue bien acogida: se percibió como una trampa.

La segunda medida fue la ley de libertad religiosa, en la que se reconocía la igualdad de todas las confesiones religiosas. Su trascendencia fue mínima, dado el reducido número de españoles que profesaban otra religión que no fuera la católica.

La definitiva institucionalización del régimen: la Ley Orgánica del Estado

Con la promulgación en 1967 de la Ley Orgánica del Estado se trataba de ofrecer nuevamente una falsa apariencia de Estado de derecho, con el fin de despejar el camino hacia la definitiva integración de España en los organismos internacionales.

La nueva ley establecía las funciones y la organización de las instituciones estatales, y otorgaba al Jefe del Estado un poder omnímodo y prácticamente ilimitado.

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