El Estado integral en la Segunda República Española: concepto y funcionamiento

Resumen

El texto explica qué significaba el llamado «Estado integral» definido por la Constitución de 1931, un modelo intermedio entre el centralismo de 1876 y el federalismo de la I República. Recoge cómo se garantizaba la autonomía regional dentro de la unidad nacional, las competencias del Estado y de las regiones, el papel del Tribunal de Garantías Constitucionales en los conflictos y los estatutos aprobados en este periodo.

Puntos clave

La Constitución de 1931 definió a la República como un «Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones».
El modelo buscaba un equilibrio entre centralizadores, descentralizadores, federalistas y nacionalistas, y no satisfizo plenamente a ninguno.
Las regiones autónomas se formaban por la libre decisión de varias provincias limítrofes y contaban con un Estatuto, gobierno y parlamento propios.
Para constituir una región autónoma era necesario aprobar un Estatuto refrendado por el Parlamento.
Los conflictos de competencias entre el Estado y las regiones eran dictaminados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, y las Cortes tomaban la decisión final.
Se aprobaron el Estatuto de Cataluña (septiembre de 1932) y el Estatuto del País Vasco (octubre de 1936).

Ponte a prueba

El concepto de Estado integral en la Segunda República

¿En qué consistía el llamado “Estado integral” durante la II República? La Constitución de 1931 definió a la II República como un “Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones”.

Un modelo intermedio de organización territorial

Mediante esta Constitución se articuló un nuevo modelo de Estado que se distanció, por un lado, de la Constitución de 1876 de carácter centralizador, pero que tampoco se correspondía con el federalismo de la I República.

La diversidad ideológica que participó en la llegada de la II República (planteamientos centralizadores, descentralizadores, federalistas y nacionalistas) hizo necesario contentar, en la medida de lo posible, a los distintos grupos que integraron esta pluralidad republicana. Esta propuesta de “Estado integral, compatible...” fue, por ello, un intento de difícil equilibrio, pues:

Los nacionalistas lo consideraron insuficiente.
Las ideologías centralizadoras lo vieron como la puerta hacia el separatismo.

La autonomía regional bajo la unidad nacional

La Constitución de 1931 garantizó la autonomía de las regiones en el marco de un Estado integral, es decir, dentro de la estricta unidad de España. Se permitió la organización en regiones autónomas que se formaron a partir de la libre decisión de varias provincias limítrofes; esta región tendría un Estatuto con su propio gobierno y parlamento.

Se inició un proceso de reforma que permitiría una mayor autonomía a aquellas regiones con sentimientos nacionalistas, todo lo cual se convirtió en uno de los problemas más complejos a los que tuvo que hacer frente la República.

Competencias y resolución de conflictos

La Constitución determinaba las competencias exclusivas del Estado. Para formar una región autónoma era preciso la aprobación de un Estatuto que debería ser refrendado por el Parlamento; una vez aprobado, se podrían asumir aquellas competencias que no fueran atribución exclusiva del Estado.

Si las competencias entre la Administración central del Estado y las Administraciones de las regiones autónomas entrasen en conflicto, sería competencia del Tribunal de Garantías Constitucionales emitir un dictamen para que las Cortes tomasen una decisión.

Estatutos aprobados

Durante este periodo se aprobaron los siguientes documentos:

Estatuto de Cataluña: septiembre de 1932.
Estatuto del País Vasco: octubre de 1936.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Estado integral en la Segunda República?

Es el modelo territorial definido por la Constitución de 1931, que garantizaba la autonomía de municipios y regiones dentro de la estricta unidad de España. Se situaba entre el centralismo de la Constitución de 1876 y el federalismo de la I República.

¿Quién resolvía los conflictos de competencias entre el Estado y las regiones autónomas?

Según el texto, el Tribunal de Garantías Constitucionales emitía un dictamen y después las Cortes tomaban la decisión.

¿Qué estatutos de autonomía se aprobaron durante la Segunda República?

Se aprobaron el Estatuto de Cataluña, en septiembre de 1932, y el Estatuto del País Vasco, en octubre de 1936.