Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Competencias, Órganos y Legitimación

Competencias de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo y con las disposiciones generales de rango inferior a la ley.

Materias Incluidas

• Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
• Contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de las Administraciones Públicas.
• Actos y disposiciones de las corporaciones de Derecho público.
• Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Materias Excluidas

La Ley 29/1998 delimita el ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa, indicando las materias que no forman parte de dicho ámbito:

• Cuestiones atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social.
• Recurso contencioso-disciplinario militar.
• Conflictos de jurisdicción entre los órganos judiciales y la Administración Pública.

Órganos Jurisdiccionales

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo está integrado por los siguientes órganos:

• Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
• Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
• Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
• Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
• Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Legitimación en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

La legitimación es la capacidad de una persona o entidad para demandar o ser demandada en un procedimiento contencioso-administrativo; está determinada por la relación de esa persona o entidad con el objeto del litigio.

Sujetos Legitimados

Están legitimados ante la jurisdicción contencioso-administrativa:

• Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
• Las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
• La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
• El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
• Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
• Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos previstos por la ley.
• Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los afectados, los sindicatos y las asociaciones cuyo fin sea la defensa de la igualdad de trato.