Jurisdicción Social en España: Impugnación de Actos Administrativos, Seguridad Social e Intermediación Laboral

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Impugnación de actos y resoluciones de la Administración

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS) atribuye a la jurisdicción social el conocimiento de la impugnación de determinadas actuaciones de la Administración en materia laboral y de Seguridad Social.

Sanciones y otros actos administrativos

Es competente en relación con la impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical, y demás impugnaciones que pongan fin a la vía administrativa en materia laboral y sindical.

La competencia del orden social se refiere a resoluciones administrativas dictadas en regulaciones de empleo por causa de fuerza mayor.

Reclamaciones contra las Administraciones Públicas (incluido el FOGASA)

Quedan encuadradas aquí las reclamaciones por el abono de salarios de tramitación en los juicios por despido cuando corran a cargo del Estado.

Intermediación laboral

Son competentes en los conflictos entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras, y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente.

Seguridad Social

Prestaciones de Seguridad Social

La competencia del orden social se proyecta, en primer lugar, sobre las prestaciones del sistema, en sus distintos aspectos: reconocimiento, existencia, contenido, alcance, vicisitudes o extinción.

Las reclamaciones sobre la prestación de asistencia sanitaria son competencia del orden social.

Se atribuye a la jurisdicción social el conocimiento de las controversias que surjan relativas al reconocimiento, suspensión, extinción o pago de las prestaciones en el caso de actividad del trabajador autónomo.

Prestaciones de dependencia

A pesar de la atribución competencial contenida en la LJS en materia de prestaciones derivadas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, dicha competencia no ha entrado en vigor y queda diferida a una ley ulterior.

Mejoras voluntarias

Los órganos de la jurisdicción conocen de las cuestiones que se promuevan en la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, siempre que su causa derive de:

  • una decisión unilateral del empresario;
  • un contrato de trabajo; o
  • un convenio, pacto o acuerdo colectivo.

Asimismo, en los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario.

La jurisdicción social es competente para resolver los litigios suscitados con ocasión de los planes de pensiones del sistema de empleo.

Litigios entre asociados y mutualidades

Conoce de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre los asociados y las mutualidades, entre fundaciones laborales o entre estas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones y derechos de carácter patrimonial.

Los litigios referidos a los aspectos orgánicos o de funcionamiento interno corresponden al orden civil, y los de actos administrativos de autorización y control, al orden contencioso-administrativo.

Impugnación de actos administrativos de Seguridad Social

Conoce de la impugnación de actos de las administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictados en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social.

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