La Jurisprudencia: Fuente del Derecho en los Sistemas Legales

La Jurisprudencia: Concepto

La jurisprudencia se refiere a la interpretación que los tribunales hacen de la ley para aplicarla a casos específicos bajo su jurisdicción. Etimológicamente, significa "conocimiento del derecho" o "ciencia del derecho". La Real Academia Española la define como un término compuesto por juris (derecho) y prudentia (sabiduría).

Otras acepciones incluyen un conjunto de pronunciamientos jurisdiccionales emitidos por órganos judiciales y un conjunto de sentencias dictadas con un sentido uniforme. Generalmente, se considera que los fallos de los tribunales constituyen jurisprudencia.

La Sentencia Judicial como Fuente en el Derecho Legislado y en el Common Law

Un fallo es una sentencia que implica una decisión que resuelve una controversia. Para considerarla una fuente del derecho, debe ser:

• Final: No debe haber recursos pendientes que puedan impugnarla.
• Formal: Debe tener una estructura específica: visto, considerando y fallo.
• Escrita: Debe estar documentada por escrito, ya que es una decisión adoptada por el poder judicial, uno de los tres poderes del Estado.

El fallo es una decisión del juez, quien goza de autonomía e independencia en su cargo. La influencia de los fallos anteriores sobre los posteriores establece principios y doctrinas que permiten a los jueces extraer normas generales para guiar sus decisiones en situaciones similares.

Los jueces tienen la tarea de interpretar la normatividad, guiados por el principio de equidad. La sociedad confía en el poder judicial para resolver sus problemas pacíficamente. El orden jurídico no es absoluto, y la subjetividad de los abogados y jueces es esencial para que el sistema legal sea socialmente aceptable.

La sentencia es una norma general que debe ser compartida por otros jueces y la sociedad. La posibilidad de identificar el caso relacionado con una sentencia indica que la jurisprudencia como normatividad se está generalizando.

En el sistema jurisprudencial europeo, los jueces se pronuncian uniformemente ante casos similares aplicando una norma superior preexistente, la ley, dándole sentido al individualizarla. Esto permite a los miembros de la comunidad predecir las decisiones de los jueces en casos similares.

Una vez que un juez toma una decisión, existe una tendencia entre otros jueces a fallar de manera similar. En un ordenamiento jurídico basado en la separación de poderes, los jueces son los aplicadores del derecho expresado en la ley y están sujetos exclusivamente a ella, lo que garantiza su independencia.

En nuestro Estado, la máxima autoridad para interpretar la Constitución es el Poder Judicial, cuyo máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Principio de Clausura y la Supremacía Constitucional

Para Kelsen, la creación de una norma individual implica la aplicación de una norma general subordinada a una norma de mayor jerarquía, la Constitución Nacional. El "principio de clausura" establece que todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido.

El juez nunca puede abstenerse de fallar o juzgar. Toda aplicación es creación normativa. Del principio de supremacía se deriva la potestad del poder judicial para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

La separación de poderes y el papel del Poder Judicial como garante de la constitucionalidad actúan como freno a cualquier abuso de poder. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el intérprete final, pero no el único. En nuestro país, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley (art. 116 C.N).

La declaración de inconstitucionalidad de una ley no la deroga ni se extiende a terceros. La derogación solo puede realizarse mediante el mismo procedimiento que la creó.