Ley del 25 de Octubre de 1839: Confirmación de Fueros Vascos y Navarros
Ley confirmatoria del 25 de octubre de 1839, decretada por las cortes y sancionada por la regente en nombre de su hija, en la que se confirman los fueros del País Vasco y Navarra. Es una fuente primaria y de carácter jurídico y de contenido político.
Por el artículo primero se confirman los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía y en el artículo 2 el gobierno se compromete a escuchar a los representantes de las provincias antes de proceder a las modificaciones que se consideraran necesarias.
El Acuerdo de Bergara, firmado por Espartero y Maroto firmado dos meses antes el 31 de agosto de la promulgación de esta ley escenificado con el abrazo de los dos militares ante los batallones de ambos ejércitos, ponía fin a la primera guerra Carlista que había estallado tras la muerte de Fernando VII en 1833.
Pese a una redacción ambigua y poco comprometedora, el gobierno se comprometía a proponer a las cortes la concesión o modificación de los fueros, la regente sanciona esta ley cuya redacción podía suponer una amenaza para la continuidad del sistema foral que en el antiguo régimen había permanecido intacto. Tras los decretos de Nueva Planta promulgados a principios del siglo XVIII por los que se abolieron los fueros de los territorios de la corona de Aragón.
Únicamente el País Vasco y Navarra mantenían sus particularidades forales.
Con la llegada del liberalismo y más concretamente con la primera guerra carlista el régimen foral se ve amenazado, a pesar de ello se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. De esta manera en Navarra se conseguirá el 16 de octubre del 41 la ley paccionada que equivalía al final del régimen foral, quedaba convertida en una provincia sin competencias legislativas y sin exenciones fiscales. En las provincias vascas no se llegó a un pacto similar, el gobierno progresista de Espartero intentará uniformizar la nación del decreto del 29 de octubre del 41 que abolía la practica de los fueros pero la vuelta al poder de los moderados, devolvió las perdidas atribuciones a cambio de ganarse a los sectores moderados del liberalismo y de impedir un levantamiento militar del carlismo. Las provincias vascas ganaron autonomía administrativa al asumir las diputaciones atribuciones que tenia el poder central en el antiguo régimen.
Durante el reinado de Isabel II, la amenaza nunca concretada de la modificación foral coexistió con el mayor grado de desarrollo económico jamás alcanzado por el régimen foral. Pero esta situación tenía los días contados, a la definitiva derrota militar del carlismo (3ª guerra), le seguía la ley del 21 de julio del 76 elaborada por Cánovas y que procedía a la abolición de los fueros, a partir de este momento se iniciaba una nueva etapa para el País Vasco y para sus relaciones con el gobierno central.